Ocurrió en Rabat, la madrugada del pasado sábado, según informa el corresponsal del diario ABC, Luis de Vega, en su blog “La Frontera débil” :

“El problema de los refugiados (en Marruecos), del que ya hablamos hace unos días, se ha enquistado,(…) hartos de que no se les reconozcan sus derechos como contempla la Convención de Ginebra (…) de las manifestaciones ante la sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se pasó a una acampada  (…) hasta que las autoridades marroquíes decidieron manu militari poner fin (….) Fue en la madrugada del sábado. Sin luces ni taquígrafos.”

RABAT (MARRUECOS). 27-6-2009. Un grupo de refugiados subsaharianos es golpeado por los agentes marroquíes después de ser desalojados por la fuerza de la puerta de la oficina de la ONU para los refugiados ACNUR en Rabat. Fotografía: LUIS DE VEGA. Blog "La frontera débil"

“Rodeado el edificio y cortadas todas las calles adyacentes, el titular de este blog y Erena Calvo, de la cadena Ser, trataron de llegar en vano hasta el lugar. Logramos llegar a medio centenar de metros de los manifestantes, donde una veintena de agentes con y sin uniforme nos pararon a empujones, nos provocaron, nos insultaron y se mofaron de nosotros mientras nos hacían recular.”

“De fondo, los subsaharianos gritaban al ver la escena mientras eran introducidos como cabras en furgones policiales. Estaban recibiendo el mismo trato que el dispensado hace unos días por agentes españoles a un senegalés en el aeropuerto de Barajas”

“Ya en el popular barrio de Takadum y a golpe de porra los refugiados seguían protestando y gritando. Las principales consignas iban dirigidas contra el responsable de la oficina de ACNUR en Rabat, Johannes van der Klaauw.”

“Entre los contusionados había una mujer en avanzado estado de gestación. Estuvo tirada en el suelo más de una hora”

Ver el artículo completo y más imágenes  en “La Frontera débil”, el blog de Luis de Vega >>>>>>

• Se están incumplendo las órdenes de Interior de no realizar detenciones arbitrarias
• Los agentes aprovecharon el reparto de comida en dos centros de ayuda de Madrid y Tenerife
• Uno de los detenidos ayuda habitualmente a las monjas en la cocina y lleva 20 años en Canarias

En España se siguen produciendo las detenciones aleatorias de inmigrantes denunciadas en febrero a pesar de las órdenes del Gobierno. El Ministerio del Interior admitió entonces que en determinadas comisarías los agentes tenían que cumplir un cupo mensual de inmigrantes arrestados, calificó esta práctica como un “error operativo” e hizo circular la orden de actuar solo para evitar problemas de delincuencia “en el ámbito de las infracciones penales” y “siempre de manera individualizada”.

O el Ministerio del Interior dice una cosa y hace otra o “hay alguien en la Policía Nacional incumpliendo órdenes”. Esta última opción es la que le consta a Antonio Diaz, director de la Asociación Karibu, una de las más reconocidas organizaciones de ayuda humanitaria para inmigrantesen Madrid, en cuya sede de Madrid se ha vivido una de estas redadas.

Ocurrió el 12 de junio a las 12 de la mañana. “Había unas 120 personas en la sede de la Asociación, algunos inmigrantes nos estaban ayudando a cargar y empezar a distribuir la comida cuando se presentaron dos policías”, se colocaron cada uno en cada puerta “y comenzaron a pedir la documentación a la gente”, comenta Díaz para P+DH en un relato que también ha remitido por escrito ante el Gobierno.

El director describe cómo los propios agentes “se encontraban muy incómodos por tener que pedirle los papeles a madres, niños y hombres que estaban simplemente recibiendo leche, arroz, pasta o medicamentos. Ellos mismos decían que les daba vergüenza tener que hacer aquello, pero que estaban cumpliendo órdenes“. Órdenes de la Comisaría de la zona madrileña de Chamberí. Antonio Díez sabe, “de buena fuente, que en el Ministerio del Interior están en contra de los cupos y que las normas internas dicen que esto no puede pasar, así que alguien les está engañando“.

Finalmente, en aquella redada hubo un detenido. “Se tenían que llevar a alguno y, ante nuestra oposición, decidieron llevarse solo a uno porque tenían que cumplir el expediente con el jefe, según sus propias palabras”, sostiene el director de Karibu, que ha recibido en 2008 el Premio al Voluntariado concedido por la Secretaría de Estado de Política Social y Familiar del Gobierno. “Ayer nos dieron un premio y hoy nos lo quitan”.

Más de 20 policías esperándoles

Un hecho que sería aislado si no se hubiera repetido por ejemplo esa misma semana en Santa Cruz de Tenerife. Sor Josefina, junto a sus compañeras hermanas de La Caridad, regenta un comedor social en el centro de la ciudad. “Aquí vienen para poder comer, pero también a abrigarse, ducharse o lavar algo de ropa. En el salón caben como 80 personas y aquel día estaba lleno”, recuerda la monja por teléfono. “Llegaron más de 20 policías y se pusieron en la puerta a esperar que la gente terminara de comer y saliera. Se llevaron detenidos a un buen grupo” que Josefina no sabe especificar pero que el diario canario El Día cifra en 17. “Algunos han vuelto por aquí, pero otros estarán en un centro de internamiento esperando que los expulsen a su país o a cualquier sitio”.

Una de las personas retenidas se llama Filemón Panoso, es boliviano y lleva dos años y cuatro meses en España. Le faltan seis meses para poder regularizarse por arraigo, a pesar de que tiene un hermano y un sobrino en la isla y a pesar de que ha estado trabajando sin papeles para poder mandar dinero a su mujer y a sus tres hijos en Bolivia. Estaba ya consiguiendo una oferta legal de empleo para cuando se cumplieran los 3 años que exige la ley. “De todas formas, algunos jueces tramitan la expulsión argumentando precisamente que si van a un comedor social es que no tienen nada aquí y, por tanto, no existe el arraigo“, comenta una fuente que ha seguido el caso de Filemón. La única persona que ha podido hablar con él hasta ahora es su abogado, Plácido Peña, que tiene claro que “si con patrullas en cada puerta y cordón policial eso no es una redada, que venga el ministro y lo vea. Y si está pasando en Madrid y en más sitios, es que son instrucciones de arriba”. Peña tiene experiencia en inmigración y asegura que las instituciones “están actuando casi al margen de la ley en asuntos de extrajería”.

Paradojas y vacíos legales

En la cocina del comedor de Tenerife hay alguien especial para las hermanas: “nos ayuda todos los días para cargar los sacos de patatas y cosas con peso que nos trae la gente, porque como la mayoría somos jubiladas, solas no podemos”. Y hasta la cocina entraron cuatro policías para detener a esta persona de origen magrebí que lleva 20 años viviendo en España. Después de 8 horas en los calabozos, a las diez de la noche fue puesto en libertad, llamó a las monjas y les dijo “ya estoy libre, mañana vuelvo al comedor a ayudaros”. “Y aquí está”, comenta Sor Josefina.

En el caso de Madrid hay otra lectura paradójica que solo es comprensible a la luz de un vacío legal. La comida y medicamentos que suministra Karibu, como otros colectivos de ayuda humanitaria, procede de los excedentes de la Unión Europea que gestiona el Gobierno. En otras palabras, es comida ‘pública’ que se pone en manos de determinadas organizaciones seleccionadas y reguladas para que hagan los repartos. “Nosotros entregamos la comida y los medicamentos según la necesidad de cada uno. No miramos si tienen papeles o no, eso la administración lo sabe. Y si no puede ser así, no queremos las subvenciones”, espeta Antonio Díaz. “No tiene sentido que manden a la policía a detener a aquellos que están recibiendo una ayuda pública a la que reconocen que tienen derecho”.

Diferentes asociaciones han denunciado más casos como éste y están recogiendo testimonios directos para probar que las redadas arbitrarias siguen existiendo.

Más de ochenta colectivos sociales de Galicia se manifestan en Santiago contra “la creciente persecución policial” de inmigrantes  que “hace que parezcan terroristas internacionales”.

• El Congreso de los Diputados aprueba la reforma de la ley de asilo, un “retroceso” según las organizaciones sociales.
• Si una persona quiere pedir asilo no podrá hacerlo en la embajada española como hasta ahora, tendrá que venir a España
  
• Los ciudadanos de la UE no podrán obtener el asilo.
  
• España acogerá a un cupo anual de refugiados y otorgará el asilo por cuestiones de género, violencia sexual e identidad sexual
  

42 millones de personas huyen en el mundo abandonado sus casas por conflictos y persecuciones raciales, religiosas o ideológicas. El año pasado España registró tan sólo 4500 solicitudes de asilo, un 40% menos que el año anterior y la cifra más baja desde 1989. No piden asilo porque no pueden llegar. El control externalizado de las fronteras que realizan países como Marruecos, Mauritania o Senegal, gracias a los acuerdos alcanzados con la Unión Europea, está provocando que “muchas personas que intentan viajar a España huyendo de violaciones de derechos humanos no hayan podido llegar y pedir asilo o no hayan sido identificadas como personas necesitadas de protección internacional“, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Amnistía Internacional, quienes denuncian que se está produciendo un endurecimiento de las políticas de inmigración. El último de estos casos fue el de cuatro polizones congoleños que el pasado fin de semana llegaron a Valencia y que partieron el lunes hacia Génova sin haber sido asesorados por CEAR.

Inmigrantes recién llegados a Fuerteventura son detenidos por la Guardia Civil. Fotografía de Javier Bauluz / Piravan

El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la ley de asilo. El texto que armoniza la legislación española con las directivas europeas cuenta con el consenso político de los grupos parlamentarios, salvo Izquierda Unida, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, pero no con el de las organizaciones sociales para quienes la nueva normativa es un “retroceso”. CEAR que participó activamente en la elaboración de la actual ley de asilo en 1984 no ha sido convocada en la redacción de la reforma. Ésta y el resto de organizaciones sólo tuvieron acceso al borrador cuando ya había sido publicado en la web del Congreso. Desde entonces han realizado una campaña en defensa del derecho al asilo y mantenido reuniones con los grupos parlamentarios quienes han incorporado algunas de sus reivindicaciones al proyecto de ley. Aún así, se quejan de no haber recibido hasta última hora el documento que ha llegado al Congreso. “Se ha hecho sin contar con las organizaciones más acreditadas, sin haberse reflexionado de forma serena y debatido en profundidad por lo que la urgencia de esta modificación no está justificada.”

Uno de los puntos más controvertidos de la nueva normativa es que no se podrá solicitar el asilo desde las Embajadas o Consulados españolas. Ante la polémica desatada, hace unos días la Comisión encargada de la ley en el Congreso volvió a incluir este punto en el borrador pero sin las mismas garantías que en la normativa vigente. En la ley vigente hasta ahora, si un colombiano quiere pedir el asilo en España tiene que salir de Colombia y solicitarlo desde la embajada española de otro país. Si el gobierno español da el visto bueno, el colombiano viene a España a comenzar los trámites. Con la reforma de la normativa, este mismo ciudadano deberá solicitar directamente el asilo en España, para lo que necesitaría un pasaporte (a veces nada fácil de conseguir para persona que huye de su país) y un visado, quedando así en manos de la embajada española la decisión de que ese persona pueda venir o no España a solicitarlo personalmente. “A veces recibimos llamadas muy angustiosas de personas que están siendo perseguidas y cuya vida corre peligro, este cambio supone dejarlos a su suerte, no es más que un obstáculo añadido a la tarea titánica de llegar a España”.

Los ciudadanos de la UE no podrán solicitar asilo en España, otro “paso atrás” que incumple según las organizaciones la Convención de Ginebra de 1951 cuyo 3º artículo prohibe la discriminación “por motivos de raza, religión o país de origen” y el derecho reconocido en la propia Constitución Española en su artículo 13 “los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.” Para CEAR se trata de “un pensamiento de ingenuidad y soberbia en el que se impone la idea de que Europa es segura. Reconocer que en ella se pueda pedir asilo es reconocer que aquí también se comenten atentados contra los derechos humanos”.

La reforma contempla, además, la elaboración de un listado de “países seguros” en los que no estaría justificada la petición de asilo. En estos países a partir de ahora “se rechazarán las solicitudes sin tener que estudiarlas de forma individual”. CEAR recuerda que existe una sentencia del 2008 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que no acepta la creación de estas listas.

CEAR y Amnistía Internacional critican también la ampliación que contempla el proyecto de ley de los plazos de detención en la frontera, el establecimiento de formas diferentes de solicitar el asilo dependiendo del lugar donde se haga la tramitación, el aumento de las causas que deniegan el asilo, y que se reduce de 3 meses a uno el plazo para solicitarlo desde que se pisa territorio español. Hay muchas personas que llegan huyendo a España sin saber qué es ser un refugiado y que este derecho existe. “En un mes no tenemos tiempo de organizar su atención y recabar la documentación necesaria”.

A pesar de las críticas, la reforma recoge grandes avances como que a partir de ahora España participará en los programas de reasentamiento de refugiados de ACNUR con un cupo anual. A los conceptos de raza, religión y nacionalidad como motivos de persecución a valorar para la concesión del derecho de asilo se suman cuestiones de género, identidad sexual y orientación sexual. Además, el proyecto de la nueva normativa dedica un apartado específico a los menores, recogiendo los casos de niños soldado, los matrimonios forzosos, la mutilación genital, el tráfico de menores, la pornografía o el abuso infantil.

• Crisis estructural + crisis alimentaria + crisis económica occidental = 1.020 millones de personas pasan hambre en el mundo.
• Nunca antes hubo tanta gente malnutrida, según la FAO.
• Los bancos han recibido en un año 10 veces más dinero que los países pobres en medio siglo.

Hace falta una lupa muy potente para entender la dimensión real y humana de las crisis económicas. Historias de desempleo, de falta de liquidez para poder generar riqueza, de cobertura social incompleta, de desconfianza, de miedo y sensaciones encontradas de desencanto y traición. Con esa lupa podemos mirar las consecuencias humanas de la crisis internacional en nuestra sociedad del bienestar. Pero ¿y si le damos la vuelta a la lupa?

Si le damos la vuelta a la lupa y miramos por el lado cóncavo, ese que nunca usamos, veremos las cosas con otra perspectiva. Veremos un mundo más grande y que aparece del revés. Con esta parte de la lupa podemos ver que este año alcanzaremos una cifra sin precedentes: 1.020 millones de personas pasando hambre a diario, según acaba de publicar la FAO. “Pasar hambre” significa “no tener acceso suficiente a la comida para consumo doméstico“. Y más de mil millones de afectados significa una de cada seis personas.

Este triste récord – que esconde historias que podríamos mirar de cerca si le volvemos a dar la vuelta a la lupa – es conscuencia de la triple crisis que ahoga a ‘los nadies’.

1.La crisis estrucutural

La de siempre, la que hace que se hable de un “Primer Mundo” y un “Tercer Mundo” con naturalidad, casi como si se asumiera que así debe ser.

2.La crisis alimentaria.

El encarecimiento de los alimentos elementales en los países pobres se perfilaba hace un par de años como el centro del debate social internacional. Hasta que estalló la burbuja de la avaricia financiera. El interés por la subida de precios en productos básicos desapareció y el foco se centró en uno de los causantes de esa subida: “la política aberrante y la especulación”, en palabras de un relator oficial de Naciones Unidas.

3. La crisis económica occidental.

Los dos factores anteriores y “la desaceleración económica mundial”, ha dicho el director general de la FAO, “ha empujado a unos 100 millones de personas más al hambre y la pobreza”. Menos trabajo, menos empleo, menos riqueza, menos remesas, más hambre. Sin embargo, la reparación de la negligencia financiera en occidente no está ayudando a solventar sus nefastas consecuencias sociales. Para salir del socavón, la industria financiera ha recibido en un año 10 veces más (18.000 millones de dólares) que todos los países pobres en 50 años, que seguirán a merced de las migajas y las fórmulas de dependencia y explotación.

Podrá ser peor. Existe el temor de que los países ricos recorten los presupuestos de cooperación al desarrollo y que, como resultado, las tres crisis se agraven. En España, el Gobierno ha asegurado que mantendrá su camino hacia el 0,7% en 2012.

En el conjunto de los países desarrollados, 15 millones de personas sufren hambre crónica. En Asia y el Pacífico se calcula que son 642 millones de personas; en el África subsahariana, 265 millones; en Latinoamérica y el Caribe, 53 millones; en África del norte y Oriente medio, 42 millones. Otra vuelta a la lupa. Si nuestra familia fuera el mundo, el hermano pequeño no tendría nada para comer mientras el resto repite postre.

Exposición Noticias de los nadies, de Javier Bauluz / Piraván.

Adriana Espinosa, la estudiante de Periodismo que está a la espera de un jucio en Turquía por acudir a una manifestación ilegal durante su Erasmus en la ciudad turca de Gaziantep, ha vuelto a defender esta mañana en rueda de prensa su derecho y su deber “de conocer la realidad de primera mano” como periodista y socióloga en formación.

La estudiante no ha evitado la autocrítica pero ha defendido su papel independiente en la manifestación y ha reclamado protección a la Universidad de Sevilla. Citamos algunas de sus reflexiones:

A una semana del juicio, mantengo dos reivindicaciones básicas:

• Primero, que el Periodista y el investigador social (formado o en proceso) tienen el derecho y el deber de conocer la realidad de primera mano, al servicio de la verdad y del rigor informativo y de la exactitud del conocimiento.
• Segundo, que los estudiantes universitarios son miembros de la Comunidad Universitaria, con derechos y deberes análogos a los profesores y personal de administración e investigación. Por tanto, el problema que pueda surgir a un estudiante dentro del ámbito académico es un problema propio de la Universidad, que debe ser atendido como si le aconteciera a un profesor, investigador o miembro de la administración o servicios de la misma.
• Por ello, desde el Cadus [Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla] se va a proponer la creación de un protocolo para asegurar que los futuros Erasmus desarrollen con garantías su experiencia docente en cualquier país de destino ofertado (…)

Puedes descargarte el comunicado completo (pdf).

El delito por el que se le juzgará el próximo 1 de julio es de “participación en manifestación ilegal”, precisando una acusación anterior por “dirección, preparación o participación en concentraciones ilegales”, para los que se establece una condena de entre 1 y 3 años de cárcel. La rocambolesca historia de lo sucedido puede consultarse en un artículo previo de P+DH.

A la convocatoria, celebrada en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, ha acudido una delegación de Aminstía Internacional, que estudiará el caso.

• Adriana Espinosa asegura que acudió “por curiosidad periodística” y para hacer un trabajo académico.
• Registraron su casa, se llevaron su ordenador y analizaron sus archivos personales.

Una estudiante Erasmus acude a una manifestación en Turquía al mes y medio de llegar al país. Cuatro semanas después, descubre que podría ser condenada a “cumplir hasta cinco años de cárcel o pagar hasta 50 millones de euros”, según la ley, por delito de propaganda del terrorismo. Ése es el resumen del calvario que está viviendo Adriana Espinosa, sevillana de 24 años que está terminando Periodismo y que espera en España a que se celebre su juicio a principios de julio.

En conversación telefónica con P+DH, y por si alguien necesitara alguna explicación de qué hacía Adriana en una manifestación, la estudiante aclara que acudió por curiosidad periodística para “un trabajo para la Facultad sobre la libertad de prensa en Turquía” y que se trataba de una pequeña concentración pacífica “de unas 100 personas en apoyo de los derechos del pueblo kurdo”, al que pertenecían sus compañeras de piso, convocada por un partido político legal, el DTP. Si bien es cierto que algunas facciones de esta formación están supuestamente vinculadas con grupos que la Unión Europea y el estado turco considera terroristas, la concentración transcurrió sin ningún tipo de incidente y “se disolvió cuando la Policía dio la órden”.

La vida siguió normalmente y Adriana incluso se fue de viaje a Siria. Pero al volver, el portero de su edificio le contó que la Policía había registrado su casa, había detenido a sus compañeras de piso y se había llevado documentos de su ordenador. Documentos que las autoridades turcas “han considerado propaganda del terrorismo” a pesar de que “fueron descargadas de páginas legales, porque las ‘ilegales’ están bloqueadas en Turquía”, matiza Adriana.

Así se lo hicieron saber un mes después, cuando fue llevada por la policía ante un fiscal. “Me interrogaron, sacaron un dossier con fotos mías en la manifestación y datos de mi familia”. Adriana estaba acusada de “dirigir, coordinar y participar” – acciones que se consideran equivalentes en el código penal turco para estos casos – “en manifestación ilegal”.

Miedo a partir de entonces. Que personas bien informadas le confesaran que este tipo de espionaje a los estudiantes “es común” y que era posible que tuviera el teléfono y el correo electrónico intervenidos provocaron su decisión de abandonar su piso, perder el contacto con sus compañeras – a una de ellas “la ví alguna vez, pero no me acerqué a hablar con ella” – e incluso no decirle nada a su familia. Dejó de publicar en su blog. Volvió a España.

Se encuentra en Sevilla. Se ha decidido a contar su historia para reclamar protección a la Universidad y denunciar una persecución policial injustificada. “Algunos amigos me dicen que esto me pasa por moverme y meterme en líos; pero digo yo que no podemos encerrarnos y vivir en islas privilegiadas sin tener un mínimo de curiosidad por el mundo”.

Adriana ha hecho pública su propia narración de los hechos, con detalles que alguien perfectamente podría llevar al cine para hacer un thriller de éxito. Veremos con qué final.

• El autor del vídeo de Barajas habla para P+DH desde Senegal
• Las versiones policiales son contradictorias y niegan un trato indigno
• Asociaciones profesionales de abogados están investigando el caso

Lydia Molina / Juan Luis Sánchez

Su vídeo se ha convertido en uno de los más vistos del día en los medios de comunicación, pero casi nadie le ha llamado desde España para saber qué ocurrió. Lamine Mbengue, productor audiovisal senegalés que vive y trabaja en España, grabó cómo la Policía Nacional reducía a un inmigrante al pie de un avión con unos métodos que han condenado varias organizaciones sociales.

Lamine se disponía a subir a ese mismo avión con destino Dakar el pasado martes 16 de junio. Antes de comenzar a embarcar, “vimos que la Policía intentaba meter a una persona en el avión, pero que éste no quería subirse. Nosotros podíamos ver a la Policía, pero ellos a nosotros no”. Lamine, como el resto del pasaje – “españoles, franceses, senegaleses” – observó “cómo uno de los policías le pegaba”. Y entonces “saqué mi cámara”.

“Le han pegado, le han metido una cosa en la boca para que no gritara, le han atado… le han tratado como a una oveja. No es normal”, comenta Lamine. “Nosotros sabemos que hacer volver a un senegalés así a su país es como matarlo, porque matas la esperanza de toda su familia”. Lamine niega que su compatriota mostrara una actitud agresiva: “no intentó pegarle a la Policía. Es solo un chico que no quería subir a un avión. ¡Ya está!”.

Surgió entonces “un movimiento de solidaridad con esta persona maltratada entre los pasajeros”, que no querían subir al avión para impedir que saliera con el inmigrante a bordo. Tras más de 8 minutos inmovilizándolo, la Policía subió al detenido a la furgoneta y le perdieron de vista.

Reacciones policiales contradictorias

Las declaraciones de las diferentes fuentes policiales no coinciden. Tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como la Conferación Española de Policía (CEP) han sostenido que el ciudadano senegalés es un inmigrante en situación irregular procedente del Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras que “ha sido puesto en libertad instantes después del incidente” porque “el plazo para su repatriación”, tras el máximo legal de 40 días, “expiraba el martes”. Sin embargo, fuentes de la Policía Nacional han asegurado que el detenido es “un delincuente con antecedentes” que, al mostrar resistencia a ser deportado, “fue trasladado a dependencias policiales”.

Por otro lado, el sindicato mayoritario de policías reclama a las autoridades que les indique claramente hasta qué punto pueden ejercer la fuerza en estos casos. La respuesta está en las Normas de Actuación en las Repatriaciones (…) (pdf), aprobadas en septiembre de 2007 por el Ministerio del Interior, que establece que los expulsados que se resistan “podrán ser inmovilizados por medios que no pongan en peligro su dignidad e integridad física” (punto 4.3.8).

En el minuto 5:25 del vídeo se aprecia cómo uno de los agentes tapa la boca del detenido, ya inmovilizado en el suelo. La CEP acusa a una de las organizaciones que han denunciado los hechos de “mentir de forma temeraria al afirmar que a los inmigrantes ’se les pone un bozal’”. Hace menos de un mes, el Defensor del Pueblo ha tenido que reclamar que “no se obstruyan las vías respiratorias”.

La Asociación de Abogados Europeos de Inmigración (ABEDIE) y la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM) han confirmado a P+DH que están investigando el caso y que lo han puesto en conocimiento del Colegio de Abogados de Madrid.

Senegal, pendiente del caso

La noticia está ya en todos los medios senegaleses, según cuenta Lamine: “todo el país quiere saber dónde está el chico, si está vivo o muerto, si tiene problemas, si le han maltratado mucho y qué van a hacer con los policías que han hecho una cosa así. Si el Gobierno de España no dice nada, es que está de acuerdo con lo que ha hecho la Policía”.

ETA ha acabado esta mañana con la vida de Eduardo Antonio Puelles García, inspector del Cuerpo Nacional de Policía, en otro agónico empeño de la banda de sembrar el terror en la sociedad vasca, mientras que sus estructuras militares y políticas se resquebrajan. ETA ha dejado huérfanos a dos hijos y a una esposa, a amigos, a vecinos y a sus compañeros de Grupo de Vigilancias Especiales de la Brigada de Información de Bilbao.

Primera foto del atentado, subida a Twitter por @ncuentra

ETA ha conseguido mucho dolor y esta foto, pero poco más. Habrá que estar atentos a la manifestación de repulsa convocada para mañana el Bilbao.

Una entrevista de Maria José Furió

Francisco Goldman (1957) es un prestigioso periodista y novelista nacido en Estados Unidos, de padre norteamericano y madre guatemalteca. En la década de los ochenta cubrió las guerras de Centroamérica. Actualmente, además de su trabajo literario, dicta talleres de Periodismo de Investigación en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, fundado por García Márquez en Colombia. Su primera novela, La larga noche de los pollos blancos, fue llevada al cine por John Sayles con el título de Hombres armados, protagonizada por Federico Luppi.

El arte del asesinato político, primer libro de no-ficción de Goldman, es la ampliación del artículoVictory in Guatemala, publicado por The New York Review of Books en 2002. El artículo primero y ahora el libro en su versión castellana han obtenido una enorme repercusión en América. Es una vigorosa crónica informando del fin de la impunidad para los militares en Guatemala, después de que varios oficiales y un sacerdote han sido hallados culpables del asesinato del obispo Juan Gerardi Conedera y condenados a largas penas de cárcel.

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Daniel Patiño es un fotoperiodista ecuatoriano residente en Barcelona que fue agredido y detenido por la policía griega cuando cubría una manifestación ilegal de inmigrantes árabes el pasado 22 de mayo. Está a la espera de juicio por una acusación de “pertenecer a un grupo que incitó al desorden público”. Lo que más le preocupa ahora es que la policía utilicé las fotos que tomó durante la manifestación, y que le borraron de la tarjeta, para tomar acciones legales contra las personas que participaron en la manifestación.

Entrevista Daniel Patiño from PmasDH on Vimeo.

A continuación puedes encontrar algunas de las partes más interesantes de la entrevista.

1′ 00″ El policía le agarra el Corán y se lo pisotea. Esto desató la ira de la comunidad musulmana de Atenas.

5′35″  Un policía saca un cuchillo me lo pone en la cara y luego lo baja y simula que me va a cortar los genitales.

6′10″   No nos permitían tomar agua, ir al baño… Recién pudimos alimentarnos al día siguiente a las siete de la mañana. Hicimos una colecta para poder comprar alimentos.

6′ 40″ Me quisieron obligar a firmar un documento donde yo me declaraba culpable.

7′ 00″  Nunca nos dijeron de qué nos acusaban.

7′ 20″ Yo mostraba el pasaporte ecuatoriano y lo tiraban por el corredor.

7′ 50″ Esa frustación de darte cuenta de que un ser humano considera que tú eres menos que él y te tiene que tratar así. Eso significa autoridad para ellos. Espeluznante.

8′ 35″  Nunca me imaginé que algo así iba a ocurrir en un país europeo.

10′ 15″  Un policía me dijo: Hemos cometido un error pero lamentablemente tú estuviste en el lugar equivocado y con el color de piel equivocado.

18′ 10″   (Su interpretación de la situación de los inmigrantes en España en la actualidad) Ya hicieron los edificios pero no necesitamos que ustedes vivan en ellos. Yo te renté los brazos pero no te pagué la vida así que … vete.