Puedes ver lo que está pasando en Irán al segundo en el nuevo twazzup.com en twitters, fotos y links a toda la información de última hora.

En The Big Picture la selección de impresionantes fotografías de las agencias de prensa sobre los sucesos. Como esta imagen y otras del gran trabajo de OLIVIER LABAN-MATTEI de AFP

Tambien puedes ver el blog www.madyariran.com, realizado por Mojtaba Saminejad, un joven periodista iraní, detenido, encarcelado y torturado varias veces y que está subiendo a su blog y twitter una seleccion de las imágenes que hablan por si solas de lo que está sucediendo ahora mismo en Irán tras las elecciones.

Y aquí puedes leer el análisis y la opinión de Carlos Sardiña, otro enfoque muy interesante.

El gobierno peruano ha dado marcha atrás suspendiendo durante 90 días el decreto conocido como Ley Forestal y de Fauna Silvestre, una de las normas que han provocado las protestas indígenas en el país latinoamericano y que fue declarada inconstitucional por una Comisión creada en el Congreso para investigar su legalidad. Tras los conflictos de la semana pasada el gobierno ha aceptado dialogar con los indígenas a través de la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo.

Los indígenas lo consideran un paso pero no el fin de la lucha con la que esperan conseguir la derogación de los 7 decretos legislativos que el gobierno elaboró para adaptarse al Tratado de Libre Comercio (TLC) alcanzado entre Perú y Estados Unidos, y que regulan la explotación de los recursos forestales e hidráulicos en la región de la Amazonia permitiendo a compañías extranjeras, como la Repsol, Perenco y  PlusPetrol, acceder a la zona norte del país, rica en petróleo, gas natural y minerales.
La suspensión de la ley llega tras la oleada de condenas, dentro y fuera de Perú, contra los hechos que se produjeron el pasado cinco de junio cuando la policía y el ejército desalojaron la carretera de acceso a la ciudad de Bagua, bloqueada por las comunidades de Awajum y Wampis del Alto Marañón, y que acabó con 28 indígenas y 26 policías muertos, 80 detenidos, más de 150 heridos y decenas de desaparecidos.

Alberto Pizango, líder de los indígenas y culpable de los enfrentamientos según el gobierno que ha ordenado su busca y captura, fue acogido en la embajada de Nicaragua donde ha recibido el asilo político.

La Defensoría del Pueblo Peruano, la Conferencia Episcopal y organizaciones internacionales como  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rigths Watch recuerdan al Estado su obligación de esclarecer lo sucedido:

“Según algunos informes de prensa, los helicópteros de la policía habrían disparado indiscriminadamente contra los manifestantes, lesionando a varios de ellos, incluido un conocido líder y activista indígena…Asimismo, los manifestantes habrían presuntamente agredido violentamente y asesinado a varios policías que habían secuestrado en una localidad cercana … En vista de la gravedad de estas acusaciones, y a fin de asegurar que estos delitos se investiguen y juzguen adecuadamente, es de vital importancia que su Fiscalía realice una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de todos los presuntos crímenes, tanto aquellos cometidos por civiles contra policías, como los cometidos por la propia policía”

A pesar de que se va cumplir una semana, los hechos siguen siendo confusos y los indígenas acusan al gobierno de quemar y arrojar los cadáveres de los nativos al río Marañón para ocultar el número real de muertos. “Hasta tres veces se detuvo el helicóptero para recoger los cuerpos. Eso fue entre ocho y nueve de la mañana del viernes” denuncia Luis Padilla de la comunidad Río Santiago. El gobierno denuncia una conspiración contra la estabilidad democrática del país y ha difundido éste vídeo por los canales de televisión.

Los hechos de la semana pasada fueron la punta del iceberg de un conflicto latente en Perú desde hace casi un año y que se endureció a pricipios de abril cuando más de 30 000 indígenas habitantes de las diferentes provincias de la Amazonia y el Alto Andino comenzaron una campaña de protestas bloqueando carreteras y ríos a lo que el gobierno respondió declarando el estado de emergencia en las siete provincias de la región de Amazonas, suspendiendo durante 60 días los derechos constitucionales referidos a la libertad de reunión y tránsito e inviolabilidad de domicilio.
El origen de las protestas está en la elaboración de los decretos en la que Alan García no contó con los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que habitan en la zona, incumpliendo así y el artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo que recoge en su artículo 6:
“Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”

Los indígenas exigen tener voz en las decisiones sobre el desarrollo de la Amazonia, y reclaman la derogación de los decretos. Están respaldados por la Defensoría del Pueblo y los obispos de la Amazonia .“Para nadie es desconocida la contaminación de los ríos con el plomo y otros metales pesados y  sustancias tóxicas como efecto de una actividad minera (formal e informal) y la extracción de petróleo, de manera irresponsable. Somos testigos, además, de la tala indiscriminada de la madera sin ningún tipo de control”.

García hace oídos sordos a las críticas y responde a los indígenas: “Las tierras de la Amazonía son de ustedes, de sus hijos, son de toda la nación, son de todos los peruanos y no de un pequeño grupo que viva allí…Las riquezas de Perú son de todos los peruanos”, los acusa de ser el perro del hortelano.

ONG como Survival International denuncian que más del 70% de la Amazonia peruana ha sido dividida en los últimos años en parcelas concedidas a empresas para la exploración de gas y petróleo, y una serie de descubrimientos amenazan con transformar gran parte de la selva virgen de los indígenas, y según Save Americas Forest desde 2006, año en el que Alan García entró en el gobierno, el número de hectáreas concedidas a las multinacionales ha pasado del 15 al 72%.

Ver más fotos de los enfrentamientos

Sobre oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

Melilla no es una ciudad cualquiera y eso se aprende en la escuela primaria. Melilla, junto a Ceuta, tiene un estatus administrativo diferente al del resto de las ciudades españolas. Melilla está en África; tiene el tamaño y la población equivalente a la de cualquier barrio pequeño de una gran ciudad y en ella conviven cristianos, hebreos, musulmanes e hindúes. Melilla, fontera sur de Europa, es la puerta de la esperanza para las personas que intentan emigrar. Por eso en Melilla hay un muro metálico ‘atrapainmigrantes’, centros de internamiento y un refuerzo especial de Policía y Ejército.

Eso es lo que se sabe de Melilla. Pero hay mucho más. El periodista Francisco Serrano ha elaborado un documental que ha tenido que publicar finalmente en Internet. Ninguno de los medios de comunicación a los que ha acudido ha querido emitirlo.

Serrano, despues de un año de solitario trabajo, hace en algo más de una hora una amplia disección de la Melilla que ha conocido trabajando en medios locales de la ciudad autónoma y que nunca le han dejado contar. El resultado es un cóctel de escándalos, presuntas irregularidades y delitos que van más allá de lo político, más allá de lo ético, más allá de lo moral, y a veces más allá de lo civilizado: la surrealista situación de los medios de comunicación, indicios de compra de votos a cambio de bonos de comida en elecciones municipales y generales, violaciones de derechos humanos y protocolos fronterizos, tortura a los inmigrantes, muertes sin explicar, mercadeo político por parte de todas las siglas, permisividad al narcotráfico y al mercado negro, exhuberancia ligada a la economía sumergida… y un largo etcétera. Todo oculto por el fino pero pesado manto de la censura. Todo en una ciudad española que se rige – o debería – por las mismas leyes y normas que cualquier otra. Todo contado con testimonios y documentación suficiente para soportar cualquier test de independencia periodística.

Melilla es una bomba de relojería que pone a prueba la capacidad pública y mediática de atajar problemas que son sobradamente conocidos allí pero que requieren soluciones complejas y medioplacistas. Es un error pensar que hablamos de asuntos locales. En este enclave se esconden casos como el de Hicham Bouchti, ex militar marroquí huido de su país al que España ha denegado el asilo, que protagoniza una de las historias de espías más rocambolescas y más oscuras que se puedan imaginar.

Tan compleja es Melilla que un periodista como Serrano siente la necesidad de justificar en una heterodoxa introducción al documental las razones que le han llevado a hacerlo y las presiones que ha sufrido por ello. Ése es el comienzo de este minucioso trabajo periodístico. Y, luego, todo lo demás.

Texto: Patricia Simón. Entrevistas: Lydia Molina y Jessica Romero. Fotos: Javier Bauluz   (c) PIRAVÁN

A principios de año el gobierno israelí recomendó a sus militares no viajar a España, Francia, Reino Unido y los países nórdicos porque podrían ser detenidos y juzgados por crímenes de guerra, tal como le sucedió en 1997 al dictador Pinochet. Si la reforma de la Justicia Universal española prospera los culpables de crímenes contra la humanidad podrán seguir paseando su impunidad por el mundo. Contra la propuesta del PP y del PSOE se han alzado más de 100 organizaciones sociales.

La recomendación del gobierno israelí  tuvo lugar el 25 de enero, apenas una semana después de que acabase la ofensiva israelí contra Gaza que asesinó 1400 palestinos en poco más de veinte días. Era la respuesta a las denuncias de numerosos organismos internacionales y de defensa de los derechos humanos contra la comisión de crimenes contra la humanidad y que exigían la apertura de procesos judiciales en los tribunales internacionales y nacionales.

El gobierno israelí también  anuncia una resolución para regir la protección legal y política de los militares que fuesen denunciados fuera del país por crímenes de guerra.

Palestino golpeado y esposado por soldados israelíes durante la primera Intifada. (c) Javier Bauluz /PIRAVÁN

Cuatro días después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acepta a trámite una querella por los ataques israelíes que se produjeron sobre Gaza en el año   2002   y que mataron a 14 personas (un presunto líder de Hamás y el resto civiles), imputando al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer junto a seis militares israelíes.

Inmediatamente, la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, que en esos momentos encabezaba candidatura en plena campaña electoral israelí, realiza unas declaraciones en la que dice que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le ha prometido reformar el sistema judicial para evitar este tipo de acciones. A su vez Moratinos en una entrevista radiofónica reconoce la existencia de la gestión y asegura que se hará lo posible para modificar la normativa española.

-  En marzo, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pide a la Fiscalía que le informe de si debe investigar la querella interpuesta contra seis abogados norteamericanos considerados los “responsables jurídicos” de la creación del centro de detención de Guantánamo. Tras la negativa de la Fiscalía, el caso es asumido por el juez Eloy Velasco quien remite una rogatoria a Estados Unidos en la que pide ser informado si ha realizado alguna investigación en relación a la cárcel de Guantánamo. Paralelamente, ante la desclasificación de los documentos elaborados por los asesores de la Administración Bush, en los que se definía el marco legal para que la CIA empleara la asfixia y el ahogamiento simulados y otras prácticas coercitivas en interrogatorios, el presidente Barack Obama prometía que los ejecutores de las torturas no serían juzgados, aunque dejaba la puerta abierta para los responsables políticos.

El 27 de abril, Garzón abre  una causa para investigar a los posibles “autores materiales, inductores, cooperadores necesarios y cómplices” de los delitos de torturas cometidos en el centro de detención norteamericano de Guantánamo basándose en la desclasificación de los mencionados documentos en los que “se constata lo que antes se intuía: un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido”, apunta el magistrado en el auto.

La noticia tiene gran impacto en Estados Unidos, se convierte en portada de los principales periódicos, es aplaudida por las organizaciones de derechos humanos y rechazada por numerosos representantes del partido republicano, pero también del demócrata, un sector del cual quiere cerrar este asunto del que estaban al tanto durante el mandato de Bush.
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Luis García Montero es uno de los poetas españoles más reconocidos. Pero también es uno de los intelectuales más participativos en el debate social que se desarrolla en los espacios públicos. Su libro Inquietudes Bárbaras es un compendio de su pensamiento humanista, político y social, si bien estos conceptos no son más que las distintas caras de su firme defensa de la democracia y de la condición de ciudadano. Sobre estos asuntos, sobre Europa, la crisis financiera mundial, la ética de lo común, la inmigración, el trabajo, el arte, el republicanismo y sobre las inquietudes a las que nos enfrentamos los demócratas hablamos con Luis García Montero en una entrevista que revela a un pensador hasta ahora más conocido por su faceta como poeta.

Como siempre, por si no tienes tiempo para ver la entrevista completa ahora, te adelantamos algunos de los aspectos más interesantes. Leer más