No habrá más cárcel para el top manta en Vizcaya. La Audiencia provincial ha suprimido las condenas de prisión a los detenidos por la venta ambulante de copias de cds y dvds piratas, un acuerdo pionero en España.

Los jueces de las seis secciones de la Audiencia, tres civiles y tres penales, han fijado un criterio por el que los delitos contra la propiedad intelectual (cds y dvds) o industrial (cinturones, bolsos…) por la venta callejera de mercancía serán castigados con sanciones civiles y administrativas (multas o similares) pero no con penas de cárcel.

“Hasta ahora había muchas discrepancias entre los magistrados y el inmigrante tenía que jugar a la lotería, dependiendo de en cual de las secciones le tocara podía ser absuelto, multado o condenado a una pena de prisión” afirma Javier Galparsoro, Presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Euskadi. No se trata de una reforma del Código Penal sino un acuerdo sin efectos fuera de la Audiencia provincial. “La ley no cambia, los policías no tienen una orden que les diga que no detengan a los manteros, seguirán deteniéndolos, los jueces de instrucción seguirán condenándolos porque hay fiscales que seguirán acusándolos pero al llegar a la Audiencia no habrá penas de cárcel. La pregunta es si tiene sentido empezar un procedimiento contra una persona sabiendo que al final la van a absolver. Es una pérdida de tiempo, hay que perseguir las conductas más graves y no al último eslabón.”

Bira es uno de éstos eslabones, es senegalés y llegó a España hace dos años y medio. Ha trabajado en la construcción y la recogida de la fruta, pero desde que “no hay trabajo” pasa el día frente a un retal en el que coloca varias decenas de dvds y cds. “No sé cuántas veces los pongo y los quito, tenemos que estar pendientes de la policía porque si viene se lo lleva todo”. Un capítulo que se repite dos o tres veces al mes. El senegalés está al tanto del conflicto legal que genera el top manta. “Yo sé que la gente que graba los cds vive de esto y  yo no le quiero quitar la comida a nadie pero nosotros también tenemos que comer y no podemos hacer otra cosa. Ningún mantero te va a decir que le gusta vender cds”.

Él y un compatriota han pasado la tarde en una céntrica plaza pero no han vendido nada. Hay meses en los que sus ingresos casi no llegan a superar los 100 euros. “Ni siquiera nos da para comer, y menos para enviar dinero a casa”. Sin embargo, después de haber probado suerte en varias ciudades, aseguran que en el norte es donde se encuentran más a gusto. “En Madrid era mucho peor, allí hay demasiado control y te quitan continuamente la mercancía. Varios de mis compañeros han estado en la cárcel”.

En Madrid hay actualmente 25 personas cumpliendo condena por la venta callejera, detrás están provincias como Sevilla con 15 y Valencia con 10. En total, 118 manteros están presos en cárceles españolas por delitos contra la propiedad intelectual según los datos de Instituciones Penitenciarias. Más de 500 desde 2003 cuando se reformó el Código Penal.

“Lo que no sabemos es cuántos han sido expulsados del país por una falta que debe ser administrativa. La mayoría de los manteros está en el primer escalón para su inserción y muchos ni siquiera dominan bien el español, cuando los condenan les cierran las puertas a su regularización porque si se les abren procesos penales no pueden obtener los permisos de residencia” asegura Patxi de la Fuente abogado de la plataforma Mbolo Moye Doole.

Ésta y otras organizaciones esperan que la decisión de la Audiencia provincial de Vizcaya sea un impulso más para la reforma del artículo 270 del Código Penal que castiga la venta ambulante de copias ilegales de cds y dvds con penas de prisión de seis meses a dos años y multa multas de 12 a 24 meses. Desde noviembre del año pasado un grupo de juristas, con el apoyo de colectivos sociales y de actores, lucha por despenalizar el top manta y conseguir el indulto de aquellos que están actualmente en prisión. “Hemos creado una red de abogados que se está encargando de visitar a los presos en las cárceles y redactar las peticiones de indulto. De momento, ya hemos presentado 20 al Ministerio de Justicia” afirma Julian Ríos Profesor de Derecho Penal en la Universidad de Comillas y portavoz de la plataforma.

Si se cumplen las previsiones del Gobierno, antes de final de año llegará al Congreso la reforma del Código Penal en la que podría incluirse esta modificación, que según la plataforma, está teniendo “buena acogida” entre los grupos parlamentarios y los representantes del Ministerio de Justicia con los que se han reunido. “El sistema actual es muy injusto y por eso hay que cambiarlo, los manteros no dependen de su conducta sino del juez, la provincia y el juzgado que le toque. El derecho penal está para los culpables de todo el proceso no para quienes venden en la calle”.

“A los policías lo que nos gusta es detener a delincuentes, a violadores, a ladrones, a asesinos… y no tener que ir a una estación de metro o a la puerta de un colegio para detener a una madre o a un trabajador por no tener papeles. Los policías de a pie de calle también tenemos nuestro corazoncito”. Alfredo Perdiguero habla en nombre de los miembros de la Unión Profesional de Policía, a la que pertenecen la mayoría de los policías nacionales de Madrid.

“Estamos hartos de recibir presiones para que hagamos extranjería con el único objetivo de inflar las estadísticas de detenciones. Sabemos que no sirve nada más que para eso. Al inmigrante se le lleva a comisaría, se le apunta en el libro de detenciones para engrosar la lista y después se le deja ir porque no hay capacidad de hacer otra cosa. Con las estadísticas, los jefes policiales hacen méritos y suben en el escalafón”, se lamenta Perdiguero, que esta tarde se reune con el Gobierno para plantear estas quejas.

En los últimos meses, P+DH se ha hecho eco de las detenciones indiscriminadas y a veces en forma de redadas que se siguen produciendo en diferentes puntos del país, como en Madrid o Tenerife. El sindicato de policía confirma que “se obliga a los policías a dejar otras tareas prioritarias” y se dan órdenes para que, por ejemplo en Madrid, cada patrulla detenga a dos inmigrantes ilegales por turno. “La situación es la misma que la denunciada en febrero”, cuando el ministro Rubalcaba desautorizó estas prácticas y las achacó a un error. “Aunque Interior diga lo contrario, esto sigue pasando; si el Ministerio realmente hubiera dado orden de que no pasara, nadie se atrevería a desobedecer”, dice Perdiguero rechazando las versiones que hablan de boicot interno a las instrucciones del Gobierno.

España se encuentra en el punto de mira del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que acaba de exigir al Gobierno que cumpla con los tratados internacionales y no realice más controles policiales discriminatorios que puedan “propagar actitudes xenófobas”.

Casi 300 inmigrantes detenidos para ser deportados.

A pesar del cordón de protección de decenas de ciudadanos europeos defensores de los refugiados

Como ya adelantamos en P+DH en el verano, la Policía antidisturbios francesa comenzó este martes a detener a los inmigrantes que se refugian en el campamento conocido como ‘la jungla’, situado en la ciudad francesa de Calais (oeste), donde estos inmigrantes se congregan para intentar alcanzar Reino Unido, según Reuters

Fotos Vía indymedia.org.uk

Decenas de trabajadores de organizaciones humanitarias formaron una valla humana ante cerca de 100 inmigrantes que portaban pancartas con el lema ‘la jungla es nuestra’, aunque la Policía rodeó a la multitud, arrestó a los inmigrantes y los cargó en los autobuses.

El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, tuvo que salir en defensa de esta operación  que ha sido fuertemente criticada por las organizaciones humanitarias

Según la televisión francesa N24, la Policía antidisturbios ha arrestado a todos los refugiados y los ha llevado hasta los autobuses. “A los periodistas nos dijeron que abandonáramos el lugar, y pudimos ver cómo los inmigrantes eran arrestados”, afirma uno de sus periodistas.

“La mayor parte fue arrestada en espacio de 20 minutos, en unas escenas violentas. Los inmigrantes habían sido protegidos por un cordón de voluntarios de ONG, y la Policía los sacó, e intentó separar a los menores de 18 años de los adultos”, añadió.

Más fotografías del asalto en BBC y vídeo

Sigue la situación en directo por el twitter de los grupos de defensores de los inmigrantes en la zona o en su web

La última noche y el asalto al amanecer

Ya tenemos nombre. El nuevo medio digital dirigido por Javier Bauluz se llamará Periodismo Humano y se podrá visitar dentro de poco en periodismohumano.com.

Javier Bauluz presenta Periodismo Humano por Rosa Jiménez Cano en Vimeo.

Es un nombre fácil, sencillo, directo, sabes lo que te vas a encontrar. Queremos rescatar la ilusión por hacer periodismo junto lectores que quieran rescatar su confianza en los periodistas. Tal y como están las cosas no nos parece que hablar de un ‘periodismo humano’ sea redundante.

Javier Bauluz ha anunciado el nombre del nuevo medio, que nacerá en otoño, en el Congreso de Periodismo Digital de la APDA ‘Redescubriendo el periodismo’, donde ha dados los argumentos por los que en su opinión los periodistas tenemos “la obligación moral y social de recuperar el control sobre nuestro oficio”. Algunas de esas razones son:

“La información no puede ser una pura mercancía, víctima de la codicia y el ánimo de lucro en manos de intereses particulares. La función social del periodismo ha desaparecido y hay que recuperarla”.

“Cada día somos más los ciudadanos y periodistas que creemos que hay que ‘refundar el periodismo’ para poder tener información veraz, honesta e independiente, de servicio público.Sin ese tipo de información, la gente no puede opinar ni decidir en una democracia”

“Estamos en un momento histórico. Por primera vez, los periodistas podemos transmitir la información sin necesidad medios tecnológicos muy costosos. Esta independencia técnica hay que aprovecharla y actuar. Pasar de las quejas a la acción.”

“Con el Manifiesto de Periodismo y Derechos Humanoso, se ha demostrado que hay muchos ciudadanos, muchos periodistas y muchas organizaciones sociales que demandan un periodismo cuyo marco ético sea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la sociedad, a través de sus individuos o a través de sus organizaciones sociales o públicas, la que debe respaldar este nuevo modelo.”

Internet nos va a permitir hacer todo esto de forma absolutamente viable. Creemos en la información redistribuida, en las redes sociales, en la creación de comunidad, en un equipo profesional que valore la información aportada por el ciudadano y que produzca material propio de alta calidad.

En cuanto a la parte técnica, estamos convencidos de que no tiene sentido gastar decenas de miles de euros en un sistema de publicación cuando existen plataformas de software libre actualizadas permanentemente y que no tienen coste inicial. Sí, usaremos Wordpress. Gracias al trabajo con Nxtmdia, estamos desarrollando una herramienta única que potencie aún más la flexibilidad de este CMS. Ellos os contarán más.

Y nosotros también os contaremos más. El nombre, en realidad, va a ser lo de menos.

• 54 inmigrantes indios viven acampados en el monte de Ceuta desde hace casi un año y medio
• Reclaman al gobierno que les permita cruzar a la península para regularizar su situación

Las huellas de las pisadas sobre el monte del Renegado se pierden entre los árboles hasta desembocar frente a un viejo archivador de oficina sobre el que reposan el retrovisor de un coche y una cuchilla de afeitar. A pocos metros la chapa de un capó amarrada a plásticos y cartones protege un colchón. La imaginación es el único recurso que hace al monte un lugar un poco más habitable para los 54 inmigrantes indios que desde hace casi un año y medio acampan en él.

Antes vivían en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta pero lo abandonaron cuando comenzaron los rumores sobre su repatriación. “Vimos como otros indios, bengalíes y africanos salían deportados. La policía puede venir a por tí las 3 o las 4 de la mañana y ahí acaba todo. Nosotros no queremos volver así”, dice Gurpreet Singh, Babú como le conocen todos, un joven de 24 años que maneja con soltura el español y actúa como portavoz del grupo.

5 años perdidos

La historia de Babú es, con otros nombres y fechas, la de sus 53 compatriotas. Volver es el fracaso del que huye desde hace 5 años cuando salió de la India donde quedó su familia embargada tras ayudarle a costear los 15.000 euros de un viaje que le iba a llevar directo a Europa. Pero desde que cogió el primer avión de Nueva Delhi a Burkina Faso el tiempo comenzó a dilatarse.  Babú enumera cada uno de los puntos de la ruta como si fuese la tabla de multiplicar. “Llegué a Burkina Faso, después Koulikoro y Gao en Mali, Gardaia, Argel y Maghnia en Argelia, Rabat, Tánger, Oujda, Nador y Castillejos en Marruecos”. Recordar el camino es más fácil de lo que fue recorrerlo.

Pasó dos años sometido a las extorsiones de las mafias, detenciones, cárceles, expulsiones que le hacían volver sobre sus pasos y caminadas por el desierto. “Estuvimos 7 meses en el Sáhara, fue muy difícil, casi no comíamos ni bebíamos nada, nos daban arroz mezclado con tierra y agua con gasolina. Ví morir a dos compañeros, los metieron en bolsas de basura y los abandonaron en el desierto”.

En diciembre de 2006, tras pagar 3000 euros cruzó la frontera de Ceuta escondido en el salpicadero de un coche. “Estaba muy contento, pensaba que podría trabajar y ganar dinero para mi familia. Pero no. Aquí estamos otra vez atrapados, delante tenemos un mar que no podemos cruzar y detrás Marruecos donde no queremos volver”. A la frustración se suma la impotencia a la que se enfrentan cada vez que llaman a los suyos. “Mi familia vendió nuestra casa y ahora viven con mi primo. Siempre me dicen que cuándo habrá una solución y no sé qué decirles. Me preguntan que cuándo iré a la península y sólo sé decir que no lo sé, es difícil llamarles”. Satnam Singh tenía 17 años cuando salió de la región de Punjab.

No hay papeles en Ceuta

Para ellos como para el resto de inmigrantes que aguardan en el CETI, Ceuta es un limbo jurídico en el que sólo les queda esperar el día de regreso a sus países. La orden de expulsión se convierte un billete de vuelta que puede tardar meses o incluso años en ejecutarse. Como les ha ocurrido. En el mes de diciembre 31 de los 54 indios habrán completado 3 años en España.

Legalmente, a partir de entonces podrían solicitar el arraigo social. Sin embargo, “los trámites aquí son muy difíciles, tendrían que demostrar vínculos familiares que en su caso no existen o presentar un informe de los servicios sociales favorable pero ellos no reciben atención municipal. Además, se les pide una oferta de trabajo con contrato de una duración mínima de un año. Si les dejaran cruzar a la península cumplir los requisitos sería más sencillo, allí tendrían más posibilidades, por ejemplo, de encontrar empleo” aseguran desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Asimismo, al tener una orden de expulsión, su solicitud de arraigo probablemente no sería admitida a trámite por lo que ya han solicitado a la Administración que la sustituya por el pago de una multa que rondaría los 300 euros, pero de momento no han obtenido respuesta.

La Asociación Elín que les asesora e imparte clases de español recuerda, además, que en Ceuta los inmigrantes no pueden inscribise en el padrón municipal. “Este es un caso excepcional en España. No se les reconoce un derecho tan básico como el empadronamiento que les acceso entre otras cosas al servicio sanitario y que sí tienen en el resto del país”.

Una maraña legal que para Babú tiene una traducción más sencilla. “En una ciudad como Barcelona, Jaén o Pamplona si no trabajas puedes buscar en otro sitio. ¿Por qué no en Ceuta? ¿Por qué no podemos pasar? No somos igual que los inmigrantes de la península. Llevamos 5 años de nuestra vida esperando llegar a Europa y esto no es Europa”.

Para él y sus compatriotas, el tiempo, el esfuerzo y las deudas que adquirieron en sus países para costear el viaje, y que ahora no pueden pagar, son su carta de presentación cuando reclaman al gobierno español que les deje atravesar el Estrecho. Esperan una medida de gracia como la que se tomó hace dos años en el caso de 37 bengalíes que tras una protesta de seis meses en el monte fueron enviados Madrid donde regularizaron su estancia. “Estamos en la misma situación, a ellos les dieron los papeles ¿por qué a nosotros no?”. La misma pregunta que se hacen en Melilla 63 bengalíes que cada fin de semana acampan en el centro de la ciudad.

Pero el trámite de las expulsiones continúa. “La ley es la ley y ellos tienen que irse, la Administración están trabajando en su repatriación. Ahora los indios han dejado de llegar. Si con este trabajo de deportación se consigue que por aquí no entren, se están haciendo las cosas bien. Desde el CETI no podemos hacer más que decirles que tienen la puerta abierta para cuando quieran volver y dejar el monte” dice Valeriano Hoyos, director del Centro de Estancia Temporal.

Yo a tu casa y tú a la mía

Desde que comenzaron la protesta, los indios han contado con el respaldo de la Asociación Elín. Con su ayuda organizan la campaña “Yo a tú casa y tu a la mía”, una acampada solidaria en el monte del Renegado a la que esperan que se sumen los 470 inmigrantes que viven dentro del CETI y “quien quiera conocer los problemas que tenemos los inmigrantes en Ceuta”. Quien quiera conocer de cerca la historia de cincuenta y cuatro Ulises.

<<< capítulo anterior. En el laberinto del Estrecho (2) Encerrados en Ceuta

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta no tiene muros, las rejas verdes que lo rodean dejan ver la rutina de un recinto en el que conviven 470 inmigrantes de 31 nacionalidades diferentes, 470 historias de huidas y peregrinaciones. Los últimos en llegar fueron 25 subsaharianos rescatados el viernes a seis millas de la costa.

Desde el exterior se escuchan las risas de un grupo de nigerianas que charlan sentadas sobre mesas y bancos de piedra en los que se preparan para trenzarse el cabello. Mientras, varios niños corretean a su alrededor. Para la mayoría el centro es la única casa que conocen, aquí se han criado desde que llegaron a España siendo bebés o en el vientre de sus madres.

Darek es nigeriano, emplea indistintamente su lengua materna y el español, dependiendo de la nacionalidad de su interlocutor. Tiene 4 años, es muy activo y su madre, Sandra Osato, sonríe cuando lo ve desenvolverse con tanta soltura. La inocencia de Darek lo mantiene al margen de la historia que le ha traído a España y que comenzó en 2001 cuando Sandra salió de Nigeria escapando de un matrimonio concertado. “Le dije a mi padre que no podría casarme con un hombre tan viejo como aquel”. Huyó de las amenazas de muerte y del repudio de su familia con el novio que ella había escogido y que después se convertiría en su marido y padre de sus hijos. “Todos me abandonaron, yo estaba desesperada y quería empezar de nuevo”. Después de cruzar Libia y Argelia, llegaron a Marruecos donde sobrevivieron pidiendo en la calle durante 4 años y 5 meses. Cuando se quedó embarazada de Desmond, su segundo hijo, cansada de la vida que llevaba decidió probar suerte en el mar. “Le dije a mi marido que no podíamos seguir así y cogí la patera.” Partió sola con los niños.

Con un bebé en su vientre y otro de tres años en el regazo se subió a la embarcación en la que había otras 23 personas. “El viaje fue muy duro. Le pedía a Dios que todo terminara bien. Decía: `No quiero volver, no envíes a la policía para que me detenga´. Cuando nos metimos en el mar el motor se paró, se cayó al agua y empecé a llorar porque pensé que todo se acababa… pero vinieron a rescatarnos”.

Lleva más de un año sin ver a su marido, pero habla con él por el móvil a diario. “Está esperando en Tánger para cruzar porque no tiene dinero, ya ha intentado varias veces pasar la frontera nadando pero la policía marroquí lo coge y lo devuelve a Argelia. De vez en cuando me dice que no puede más y yo le suplico que no me deje sola. Le digo que es normal estar enfadado. A veces en las situaciones difíciles es necesario estarlo.”

El CETI está en una colina casi a las afueras de la ciudad, junto a una urbanización de chalets de varias plantas. Durante el día el trasiego de africanos es continuo en sus alrededores, bajan al centro para trabajar de aparcacoches o ayudando en los supermercados que es a lo que pueden aspirar si no tienen papeles. A la caída de la tarde se reúnen en grupos a la sombra de los árboles o en la playa desde donde los días claros ven emerger el perfil de la península como si sólo les separasen unos cuantos metros.

Chukube Manda mira al frente con indiferencia. Entró a Ceuta con un equipo de salvamento marítimo que lo rescató de una balsa a la deriva. La felicidad que le produjo pisar suelo español se convirtió a los pocos días en desengaño, “Creía que esto sería otra cosa. Lo mejor es ir directamente del bosque (de Marruecos) a la península. Los que llegamos a Ceuta no sabemos si estamos en España o seguimos en Marruecos. No puedes avanzar, te quedas parado. Es como una cárcel donde te tienen sin trabajar y sin hacer absolutamente nada hasta que un día vienen, te cogen y te mandan a tu país”.

Chubuka salió en enero de 2008 de Camerún. Ha peregrinado por las fronteras de Nigeria, Níger, Argelia y Marruecos, sin dinero, recorriendo cientos de kilómetros a pie por el desierto y sobreviviendo varios días sin comer ni beber. “Tengo muchos amigos que siguen allí y están en pleno desierto, `locos´ por culpa del sol y sin hacer nada. Pasan demasiado tiempo pensando”.

Actualmente, los residentes del CETI provienen mayoritariamente de países en conflicto como Congo, Somalia, Nigeria o Sudán, aunque los hay de toda la África Negra e incluso de Afganistán, Pakistán y la India, de estos últimos 54 abandonaron el centro y acamparon en el monte ceutí hace más de año medio, en señal de protesta, cuando recibieron sus expedientes de expulsión.

El 80 por ciento de los inmigrantes de la ciudad han solicitado asilo en España pero más del 70 por ciento de esas peticiones han sido denegadas. Ese dato, sumado a las deportaciones masivas, como la de finales de julio cuando 31 nigerianos fueron trasladados a la península y devueltos en avión a su país, hacen que los inmigrantes vivan entre la inseguridad y el miedo. Ibrahim Conde, costamarfileño, no alberga esperanza alguna en regularizar su situación en Ceuta, “sólo me queda pedir a Dios que el gobierno me mande a España pero que no llegue a repatriarme, como les ha pasado a algunos amigos que tengo en Madrid y Barcelona”. Son casos en los que la deportación no llega a ejecutarse. El inmigrante es trasladado a la península con una orden de expulsión e internado en un CIE (Centro del Internamiento de Inmigrantes) durante 40 días, máximo legal permitido que se verá ampliado a 60 días con la aprobación de la nueva ley de extranjería, si en ese tiempo no es devuelto a su país es puesto en libertad. Sólo entonces Ibrahim daría por concluido su viaje.

Stea Ishtaiq está en la entrada del CETI, ha llegado hace un par de días. Sentado en el suelo con las piernas cruzadas fija sus ojos en el torno de la puerta por el que van desfilando inmigrantes. Tiene la cara hinchada, muy rosada y seca a consecuencia del sol, una metáfora de cómo le ha tratado la vida en los últimos años desde que salió de Afganistán en 2007 con destino a Italia. Stea es pastún y trabajaba de transportista en Kandahar. “Un día al volver a casa me encontré los cadáveres de mis dos hermanos y mi padre, mi madre y mis hermanas no estaban”dice con un susurro que precede a un largo silencio.  A Stea le dieron una paliza y le pidieron dinero bajo amenaza de muerte. “Se lo conté a un amigo que me dijo que me ayudaría a llegar a Italia”. Lo dejó todo atrás y comenzó un viaje que le llevó a Pakistán y a Irán. Cruzó a Dubai como polizón, escondido en un barco. “Pasé dos o tres días sentado en una habitación. Después me taparon los ojos y me llevaron a otro barco en el que viajé durante tres meses hasta Abiyán, (capital de Costa de Marfil)”. De allí a Mali y al desierto de Argelia. Cuando llegó a la frontera con Marruecos le retuvieron con falsas promesas encerrado en un cuarto durante 14 meses.

“Un día me subieron a coche camino a Rabat o a Tánger, no lo sé. Estuve en el maletero durante 12 o 13 horas y después me dejaron en Castillejos (frontera sur de Marruecos y Ceuta), allí me dijeron que sería el último paso hasta Italia”. De Castillejos lo trasladaron a Beliones donde junto a otras 9 personas subió a una lancha a motor la noche del 24 al 25 de agosto.” Al llegar a Ceuta me aseguraron que ya estaba en Italia y me empujaron para que saliera de la barca. Unos indios me dijeron que esto era Ceuta, no Italia y que viniera al CETI. Aquí me han dado comida y ropa, estoy bien, mejor que en mi país. Allí no tengo futuro…no sé por qué mataron a mi familia, no tenemos dinero. Esa gente de Al Qaeda pone bombas en todos sitios, me matarán si vuelvo”.

• Primero de los tres capítulos en los que P+DH relatará los intentos de los inmigrantes que quieren cruzar a Ceuta y el desengaño de aquellos que consiguen llegar y se encuentran encerrados en la ciudad
• Medio centenar de inmigrantes viven escondidos en el bosque marroquí esperando su oportunidad
  
• Cada semana cuatro o cinco personas cruzan la frontera en barca, a nado o en dobles fondos de vehículos

El agua hierve en el interior de una vieja cacerola. El fuego de la hoguera brilla en los ojos de los seis africanos que lo rodean y dibuja sus perfiles en los árboles. El tiempo pasa lento, muy lento, en el bosque marroquí cercano a la frontera entre Marruecos y Ceuta donde unos cincuenta inmigrantes esperan su turno para cruzar a España.

Willy se limpia el sudor mientras se acomoda en el asiento que forman un par de troncos amarrados. Lleva casi una hora caminando por el monte para llegar al campamento. Ha pasado la tarde sentado en la carretera esperando a que alguien se detenga para darle comida. “La vida aquí es muy dura”. Repite esa frase por inercia, sin esperar una respuesta ni consuelo. Salió de Congo para dejar atrás la violencia y más de un año después continúa huyendo, escondiéndose “como un animal” de las redadas policiales, en un país en el que oficialmente nunca ha estado. Los compatriotas que le acompañaron en el camino consiguieron cruzar y él se ha quedado solo junto a un grupo de senegaleses con los que comparte comida y agua.

A las ocho y media de la tarde ya es noche cerrada y sólo quedan los destellos de las linternas que les ayudan a moverse por el monte, aunque todos podrían recorrer cada palmo del camino con los ojos cerrados. Este campamento es un lugar de paso para los inmigrantes que malviven entre chozas de plástico esperando el momento para cruzar, ya sea a nado, en lancha o saltando la doble valla de seis metros de altura que separa el pesquero pueblo marroquí de Beliones y Benzú, la pequeña aldea española que marca la diferencia entre estar en Europa o seguir en África. Así de simple, un centenar de metros.

A la luz del día nadie se atreve a intentarlo pero con la complicidad de la noche salen del letargo. A pesar del desánimo y el cansancio, algunos bajan a la orilla del mar para reconocer el terreno y preparar la travesía. A otros les ha llegado el momento, hoy volverán a intentarlo. Las fuerzas de seguridad marroquíes también despiertan de noche y activan la alerta en los puestos de control, vigilan la costa con lanchas a motor y recorren a pie la montaña en busca de clandestinos. Marruecos cumple a rajatabla el encargo de controlar la inmigración que le ha convertido en una subcontrata europea para externalizar fronteras.

La calma tensa en Beliones

Los vecinos de Beliones reconocen que antes había más movimiento pero aún así el goteo no cesa. “Ahora hay mucha vigilancia pero los “morenos” siguen bajando a la playa”, dice el dueño de un bar. “Por la noche se les ve, se esconden pero todo el mundo sabe que están ahí”.

La madrugada en el pequeño pueblo fronterizo es silenciosa. Es Ramadán, a las tres de la mañana el canto del muecín interrumpe la calma y los hombres salen a la calle camino a la mezquita. Después de la oración vuelven a casa y regresa el silencio. Alrededor de las cinco, dos policías aparecen entre la vegetación de la montaña que rodea Beliones, uno de ellos agarra violentamente a un joven negro por el cuello de la sudadera, lo arrastra hasta la carretera mientras grita y levanta la porra haciendo señas para que nadie se detenga a ver qué está ocurriendo. El detenido no ofrece resistencia pero su cara evidencia el terror que le produce quedarse frente a frente en la oscuridad con el gendarme marroquí.

Lo que podría ocurrir después, lo sabe Ibrahim. Este joven de Costa Marfil recuerda cómo el miedo le paralizó al encontrarse en esa misma situación. La policía marroquí lo detuvo en dos ocasiones cuando se preparaba para saltar la valla. “Me pegaron mucho y me llevaron a Oujda (frontera entre Marruecos y Argelia), allí me abandonaron y tuve que volver a empezar”. Ibrahim estuvo tres años entre Rabat y Beliones, se iba a la capital cuando escapaba de las redadas. Hasta que uno de sus intentos le abrió la puerta a Europa. Cruzó en barca hace un año y ocho meses. Ahora vive en Ceuta, sin papeles y trabajando de aparcacoches.

Por mar o por tierra

Desde septiembre de 2005, cuando más de 150 inmigrantes cruzaron la valla, y cinco murieron por disparos de los gendarmes marroquíes, el control policial tanto de Marruecos como de España ha hecho que acercarse a la verja sea tarea imposible. Ahora las entradas por tierra se registran sobre todo en los dobles fondos de vehículos y las marítimas, aprovechando que perdura el buen tiempo, en barcas o a nado, desafiando a las bajas temperaturas del agua y a las corrientes marítimas.

Samuel Faith llega a las puertas del CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) por la mañana, ha cruzado de madrugada y viene con lo puesto. “He llegado a la ciudad y unos compatriotas me han dicho que viniera aquí”. El paso de los minutos le relaja, pero una risa nerviosa va y viene mientras cuenta cómo ha conseguido entrar. “Mi mujer y mi hijo están en España desde hace 4 años, se lo expliqué a un marroquí y me dijo que me traería a Ceuta. En el viaje me agarré a su espalda y él fue nadando hasta dejarme en la orilla”. Pagó 300 euros por dos horas de viaje sobre un “motor humano”, como se les conoce a los nadadores. “El hombre que me trajo sólo me dijo que corriera al llegar a la playa porque si me cogía la policía me mandaría a Marruecos”. Samuel interrumpe su relato cuando dos policías nacionales llegan a buscarlo, el personal del CETI les ha avisado para que identifiquen al nigeriano y éste pueda quedarse en el centro. Faith se muestra confundido ante los agentes que le preguntan en español y atropelladamente su nombre y apellidos sin que él comprenda qué le están pidiendo hasta que, con nerviosismo, acierta a sacar una fotocopia gastada del libro de familia y entra en el coche que le lleva a comisaría.

Samuel Faith cubre las estadísticas de 4 o 5 inmigrantes que entran semanalmente en el CETI, una cifra que dista mucho de las de 2007 cuando llegaban 10 personas al día. De ello dan fe los vecinos de la playa de Benzú, la primera del lado español. “Antes venían todos los días, pero desde el año pasado se ven cada vez menos. Hay más control. Yo he ayudado a muchos que han entrado nadando, los escondíamos en otra playa. A veces venían mujeres embarazadas, ¿cómo no íbamos a ayudarlas?” dice un habitante de las casas más próximas a la arena. “Por las mañanas encontrábamos chalecos salvavidas y barcas hinchables abandonadas”. Cerca de esta playa la guardia civil española se esfuerza en ponerle puertas al mar, prolongando la valla fronteriza hasta el interior del agua. Desde la garita de control, los agentes vigilan con cámaras térmicas la zona y avisan a Marruecos de los intentos que registran para que la gendarmería les obligue a dar la vuelta y los detenga en la orilla.

Pero a pesar de la férrea vigilancia, se siguen echando al mar. El sábado pasado dos jóvenes subsaharianos detectados por la guardia civil tuvieron que dar media vuelta cuando rozaban la frontera de Benzú. Willy tampoco está dispuesto a desistir, hace unos días trató de cruzar la valla. Mientras esperaban agazapados el momento para encaramarse a la verja y saltar al otro lado llegó la policía marroquí y detuvo a tres de sus compañeros. Él consiguió escapar y ya planea otro intento en barca.

>>> Siguiente capítulo el próximo jueves: En el laberinto del Estrecho (2) Encerrados en Ceuta

• Naciones Unidas define como violación de los derechos humanos que la policía pida la documentación según el color de piel de las personas
  
• “Es una práctica discriminatoria, podría propagar actitudes xenófobas e incumple los tratados internacionales”

No tener ‘pinta de español’ no puede hacerte sospechoso de ninguna ilegalidad. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido a España de que las actuaciones policiales basadas en el color de piel de las personas “son discriminatorias”, son “contradictorias con una política efectiva de lucha contra la discriminación racial”, “podrían propagar actitudes xenófobas entre la población” e incumplen los acuerdos internacionales sobre derechos civiles que España se ha comprometido a cumplir (ver documento en PDF).

La mecha de este histórico pronunciamiento la encendió hace 17 años Rosalind Williams, una ciudadana española de raza negra a la que la policía solicitó la documentación sospechando que se trataba de una inmigrante ilegal. Williams, que contó con la representación legal de Diego López Garrido – hoy Secretario de Estado del Gobierno para la Unión Europea – denunció que los agentes le pidieron el DNI a ella y no a su marido (blanco) o a cualquiera de las decenas de personas que, como ella, estaban en la estación de tren de Valladolid. La reivindicación cayó en el saco roto de la justicia y la administración: ni los juzgados provinciales, ni el Ministerio del Interior, ni la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Constitucional consideraron que se hubiera vulnerado ningún derecho al solicitar a Williams los papeles por ser negra. La sentencia del Constitucional merece, por paradigmática y por contundente, una lectura:

“La actuación policial usó el criterio racial como meramente indicativo de una mayor probabilidad de que la interesada no fuera española. Ninguna de las circunstancias acaecidas en dicha intervención indica que el comportamiento del funcionario de la Policía Nacional actuante fuese guiado por un prejuicio racista o por una especial prevención contra los integrantes de un determinado grupo étnico (… )”

El argumento estadístico de los jueces – la probabilidad de ser ‘ilegal’ según la raza -  fue compartido por el  Gobierno. “Parece inevitable admitir que los controles policiales [para controlar la inmigración ilegal](…) pueden tomar en consideración determinadas características físicas o étnicas como razonablemente indiciarias del origen no nacional de la persona”, dijo el ejecutivo español en 2007 ante el Comité de Derechos Humanos. Una lógica que no ha convencido al organismo iternacional, que exige a España que se disculpe oficial y públicamente ante Williams y que tome medidas para que no ocurra más.

El caso Williams como precedente

Rosalind vive en Madrid, estos días atiende entrevistas y repasa documentos. “Estoy contenta, muy ocupada”. Pero su caso, además de una historia personal, una carrera de fondo salplicada con problemas psicológicos y económicos, puede marcar a millones de personas más en España. El pronunciamiento de Naciones Unidas se refiere a su caso en particular pero incuye instrucciones aplicables a otras situaciones y que son así de tajantes: “España tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar que sus funcionarios no incurran en actos como los del presente caso“.

“Los controles de inmigración en España no han cambiado mucho en estos 17 años por lo cual esta decisión es de inmensa importancia hoy en día”, nos cuenta Viviana Waisman, de Women’s Link Worldwide, la ONG que ha representado legalmente a Williams ante el Comité. “En una sociedad multiétnica no sirven esos estereotipos y prejuicios. ¿Cuál es el look español o europeo? El color de la piel no puede definir ni la nacionalidad ni la situación administrativa de una persona”, dice Waisman.

Durante todo el proceso legal, España ha argumentado, respaldada por el Tribunal Constitucional en 2007, que “no existe una orden o instrucción específica de identificar a los individuos de una determinada raza”. Sin embargo, tal y como hemos contado en P+DH, se han documentado varios casos recientes de redadas policiales en busca de extranjeros que pudieran ser inmigrantes sin permiso de residencia. Ocurrió mientras se repartía comida en una asociación de Madrid o en la hora del almuerzo en un comedor social de Tenerife. El objetivo de las redadas era, en algunos casos, llegar a un cupo de extranjeros detenidos por cada comisaría.

“Es un hecho generalizado. Si hay 40 personas en un sitio, le piden la documentación solo a una, a la que tiene un color de piel diferente”, explica como quien describe algo rutinario Antonio Díez, premio 2008 al Voluntariado y presidente de la asociación Karibú. Vivana Waisman pone otro ejemplo que han tenido que llevar hasta Constitucional después de agotar todos los pasos previos: “el caso de Beauty Solomon, una chica nigeriana a la que dos policías nacionales le pidieron la documentación en una zona de prostitución de Palma de Mallorca. Le pidieron los papeles a ella y no al resto de chicas de aspecto europeo, y después le gritaron ‘¡puta, negra, fuera de aqui!‘”.

“Los estados tienen un interés legítimo en controlar la inmigración ilegal”, pero habrá que buscar la manera de que “ese control siempre respete los derechos humanos”, concluye la directora de Women’s Link Worldwide. Para casos en los que no sea así, la organización de apoyo Ferrocarril ha elaborado una guía de actuación para documentar y denunciar controles injustos.

Y si no, ¿qué?

¿Puede tener este dictámen alguna consecuencia real en la vida de los millones de personas que viven en España y cuyo color de piel no es el blanco? Depende de lo que a España le importe que la ONU le siga poniendo en evidencia porque, de hecho, es lo único que puede hacer. “Sanciones morales”, lo llaman en Ginebra.

El Gobierno tiene 180 días para dar explicaciones a Naciones Unidas sobre el caso Williams y será interesante comprobar si rectifica en algo su política. España es firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por tanto tiene la obligación de cumplirlo. Sin embargo, no hay mecanismos de castigo más allá de la reprimenda. Si el Gobierno no toma las medidas que se les exige, el efecto boomerang puede acabar volviendo este dictámen en contra de Naciones Unidas en forma de desprecio internacional hacia su propia esencia y autoridad.