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Quien hace la ley hace la trampa pero en esta ocasión la trampa la puso el traductor. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en contra de lo que dice la versión española del Acuerdo Schengen, España no está obligada a expulsar a los inmigrantes irregulares [PDF]. Se trata de un error en la traducción de la directiva.

El texto en español [PDF], en su artículo 11, dice que la persona “será expulsada”:

1. Cuando el documento de viaje de un nacional de un tercer país no lleve sello de entrada, las autoridades nacionales competentes podrán presumir que el portador no reúne o dejó de reunir las condiciones de duración de la estancia aplicables en el Estado miembro de que se trate. […]
3. De no refutarse la presunción a que se refiere el apartado 1, el nacional del tercer país será expulsado por las autoridades competentes del territorio del Estado miembro de que se trate.»

Inmigrantes senegaleses deportados llegan a su país. Foto:marchaigualdad.blogspot.com

En la versión original el “será expulsado” es un “podrá ser expulsado”, modificando así la naturaleza de la sanción que no se plantea como una obligación, y que deja en manos de la legislación de cada país su aplicación, como recuerda la sentencia del Tribunal de Justicia:

En su versión en español, dicho apartado impone una obligación, en la medida en que prevé que, si no se refuta la presunción, el nacional de un tercer país «será expulsado» del territorio del Estado miembro de que se trate por sus autoridades competentes. En cambio, en todas las demás versiones lingüísticas, la expulsión aparece como facultativa para dichas autoridades.

De hecho, la ley de extranjería española, que está siendo reformada, ya recoge que la expulsión puede ser sustituida por una multa de hasta 6.000 euros. Una práctica que se lleva a cabo de forma desigual en España, donde las resoluciones judiciales varían ante un caso de similares características en función de la sala donde se tramite. El propio Tribunal Supremo ha dictado multitud de sentencias (como ésta, PDF) donde afirma que la sanción a imponer ante estas “faltas graves”, como las denomina la ley, es la de multa y no la de expulsión pues no existe un plus que justifique la sustitución una por la otra.

Ése es el caso de los inmigrantes bolivianos que motivaron la sentencia del Tribunal europeo, ambos recibieron en el año 2006 una orden de expulsión de la Delegación del Gobierno de Murcia y la prohibición de pisar el territorio Schengen durante cinco años. Presentaron un recurso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la comunidad por considerar que la decisión era desproporcionada y pidieron su sustitución por una multa. El TSJ de Murcia ha recurrido [PDF] al Tribunal de Justicia de la UE para preguntarle sobre si el Derecho comunitario obliga o no a expulsar a los inmigrantes sin papeles, y el organismo europeo asegura que esa no es la intención del Acuerdo.

La voluntad real del legislador no fue imponer a los Estados miembros de que se trata la obligación de expulsar de su territorio al nacional de un tercer país que no consigue refutar la presunción contemplada en el apartado 1 de dicho artículo, sino dejarles la facultad para hacerlo.