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  • Mañana se vota en el Congreo de los Diputados la reforma de la ley de extranjería
  • Saldrá adelante con el apoyo de PSOE, CIU y CC, si se cumplen las previsiones del Gobierno
  • Las organizaciones sociales creen que son insuficientes las modificaciones que se han producido en el texto desde que llegó al Congreso en verano
Manifestación contra reforma LOEX

Arriba las que luchan/ Flickr

Es la cuarta reforma que se aplica a la ley de extranjería desde que entró en vigor hace 9 años. Para el Gobierno se trata de un texto que consolida una inmigración legal, ordenada y adaptada a las necesidades del mercado laboral, mientras que las organizaciones sociales lo ven como un retroceso que convierte al inmigrante en una mera herramienta de trabajo.

El proceso, que comenzó en el mes de junio, cierra mañana una etapa con la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados en la que el Gobierno ya se ha asegurado el apoyo de Convergència i Unió (CIU) y Coalición Canaria (CC) gracias a la incorporación de 40 de las 60 enmiendas presentadas por CIU, la mayoría relacionadas con las competencias de las comunidades autónomas, y la suma de las propuestas de CC vinculadas al traspaso y tutela de los menores inmigrantes.

Más de 500 organizaciones sociales como Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Red Acoge o Cáritas han mostrado, sobre el papel a través de informes y en la calle con manifestaciones, su rechazo a un texto que, dicen, recorta derechos de los inmigrantes y cuyas principales críticas se resumen en estos puntos:

  • Se han ampliado de 40 a 60 días los periodos de detención en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), donde son recluidos los días previos a su expulsión. Las organizaciones rechazan esa prolongación, piden que el internamiento sea el último recurso y que se incluyan medidas alternativas aplicando el principio de proporcionalidad ya que estar en situación irregular es una falta administrativa que, a su juicio, no debería privarles de libertad.
  • En el ámbito de la educación, la reforma recoge el derecho de los menores inmigrantes indocumentados a acceder a la educación obligatoria, pero no el de los niños de educación infantil y el de los mayores de 18 años que aspiran estudios postobligatorios.
  • La reagrupación se realizará si forman parte del núcleo familiar, hijos y cónyuges, incluyéndose las parejas de hecho y siempre en el caso de que los inmigrantes solicitantes lleven al menos 5 años de estancia legal en España. Otras generaciones ascendientes como los abuelos sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años o alegando razones humanitarias.
  • Las mujeres inmigrantes en situación irregular que sufran violencia de género obtendrán un permiso temporal de residencia y de trabajo si denuncian a su agresor. Sin embargo, la denuncia como víctima les abre un procedimiento de expulsión, que aunque quedaría paralizado, podría ser un elemento de disuasión para estas mujeres que dificultara su salida de la espiral de violencia en la que se encuentran.
  • La nueva ley contemplará multas de hasta 10.000 euros para quienes inviten y acojan a inmigrantes que decidan continuar en España una vez concluido su periodo de estancia legal.
  • Se recogen avances en el apartado de los menores, como que éstos puedan nombrar a un defensor judicial en su proceso de repatriación, pero la reforma no incluye el principio de no devolución cuando no existan garantías de que el menor, si es deportado, tenga una vida digna. Tampoco se hace referencia a la obligación del Estado de informar y facilitar al menor su derecho a solicitar asilo.
  • A las ayudas a la vivienda sólo podrán optar los inmigrantes que tengan como mínimo 5 años de estancia legal en España.
  • La reforma garantiza la justicia gratuita, pero en el caso de los inmigrantes se ha incluído una nueva exigencia por la que se les obliga a solicitar una segunda vez la asistencia de un abogado cuando quieran recurrir una denegación de entrada, devolución o expulsión.
  • El texto no contempla el derecho de los polizones a la designación de un abogado. Amnistía Internacional asegura que en muchas Delegaciones del Gobierno no se permiten que reciban asistencia letrada y un intérprete en la primera entrevista con la policía, por lo que solicitan que ésta garantía quede incluida en la reforma.
  • Uno de los aspectos más positivos del texto es que por primera vez se reconocen los derechos de reunión y manifestación, asociación, sindicación y huelga de los inmigrantes, aplicando así la Sentencia del Tribunal Contitucional 236/2007 (PDF).

Las ongs, asociaciones de inmigrantes y el resto de organizaciones sociales aseguran que las modificaciones que ha sufrido hasta ahora el texto no son suficientes, aunque confían en que se sigan produciendo cambios hasta su aprobación definitiva que será, si se cumplen las previsiones, antes de que finalice el año.