• El reglamento recoge que se pague 0,20 euros por cada libro comprado y 0,20 euros cada vez que el ejemplar sea prestado.
  
• Las organizaciones anti-canon denuncian que el control del canon esté en manos de las gestoras de propiedad intelectual.

Desde que en 2007 se aprobó la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, el Ministerio de Cultura paga 0,20 euros por cada libro que una biblioteca pública compra, una medida nueva que se incluyó en la ley después de que España fuera condenada por el Tribunal Europeo. Tras dos años aún no está  claro cómo se va a regular el canon por el préstamo de libros en las bibliotecas públicas ya que bibliotecarios por un lado, y entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, por otro, barren para casa.

Los libros que se pueden adquirir en cualquier librería ya incluyen en su precio final un 10% destinado a la propiedad intelectual. Sin embargo, la ley recoge que los libros cuyo fin sea el préstamo en bibliotecas y en otros establecimientos públicos “deben tener un sobrecoste de 0,20 euros por cada copia adquirida y 0,20 euros más, cada vez que el ejemplar sea prestado“, según recoge el borrador del reglamento que se prevé vea la luz en unos meses y al que hace referencia Blanca Calvo, portavoz de la Plataforma No al préstamo de pago y directora de la biblioteca pública de Guadalajara cuando afirma “que nadie entiende que se tenga que pagar dos veces por lo mismo”.

Jody_art/Flickr

Pero, ¿quién pagará ese canon? Hasta el momento es el Ministerio de Cultura quien está asumiendo este gasto, pero una vez que se apruebe dicho reglamento las Comunidades Autónomas tendrán que responsabilizarse de las bibliotecas municipales y de las regionales. Un modelo híbrido de pago del canon entre administraciones públicas que implica que el dinero “salga de los bolsillos de la gente y que estamos pagando sin notarlo” y que, según Calvo, va en detrimento de los servicios que actualmente ofrecen las bibliotecas y del repunte que la lectura había conseguido en los últimos años en España.

La Plataforma No al Préstamo de pago ve como una amenaza contra la labor de las bibliotecas públicas, la lectura y la cultura en general, que el control de la gestión de la propiedad intelectual de las obras esté en manos de entidades privadas, ya que serán las encargadas de la recaudación y posterior reparto del canon. Asimismo, quienes apoyan esta medida argumentan que está pensada para defender la creación y a los autores, a pesar del canon ya establecido en el precio final de un libro, las ayudas públicas al sector editorial y a la creación. “La labor de las bibliotecas está muy lejos de perjudicar las ventas de los libros, ya que son una pieza clave para el fomento e incentivo de la lectura”, señala Calvo.

Al respecto, Blanca Calvo, señala que “los autores no van a ser más ricos” y compara el caso de España con el de Inglaterra, donde el préstamo de libros siempre ha estado sujeto a un canon y los índices de lectura son mayores que en España, y donde “dos tercios de los autores cobran una media de 12 euros mensuales gracias al canon,  por lo que es mentira que con esta medida los autores vayan a ganar más dinero. Son las entidades gestoras las que están presionando y las que realmente ganan”. Además, señala que con este sobrecoste “se les está negando a muchos autores y sobretodo, escritores más minoritarios el derecho de perdurar, de ser leídos y de formar parte del corpus cultural de nuestro país“.