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  • El Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma de la Ley de Extranjería
  • Una “decepción” para las organizaciones sociales porque no se han modificado los artículos más polémicos

La nueva Ley de Extranjería ha sido aprobada entre los aplausos de PSOE, CIU y Coalición Canaria y la decepción de las más de 500 organizaciones sociales que han mantenido el pulso con el Gobierno desde que comenzó el trámite de la reforma, la cuarta de los últimos 9 años.

Después de haber pasado el filtro del Senado por un solo voto más a favor, el Congreso de los Diputados dio ayer el espaldarazo definitivo al texto. Las organizaciones se han manifestado en la calle y se han reunido en los despachos con los grupos parlamentarios a los que han presentado sus enmiendas, algunas de ellas incorporadas a la ley, pero no han conseguido que se modifiquen los puntos que han generado un mayor rechazo como la ampliación hasta 60 días de los periodos de detención en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) donde los inmigrantes permanecen los días previos a su deportación, y cuyas condiciones han quedado en entredicho en un informe publicado recientemente. Tampoco ha habido cambios en las limitaciones en la reagrupación familiar, en la apertura de un expediente de expulsión a las víctimas de la violencia de género sin papeles que decidan denuncian a su agresor o en el incremento de las sanciones por estancia irregular.

En las últimas negociaciones parlamentarias entre el Gobierno y los grupos políticos se han incluido enmiendas que han restringido aún más las garantías de los inmigrantes según han denunciado CEAR, Cáritas y la Red Acoge. Una de las condiciones de CIU ha sido incluir el concepto de `esfuerzo de integración´ que los inmigrantes tendrán que realizar si quieren renovar sus permisos de trabajo o residencia y que incluye, por ejemplo, que se tenga en cuenta su conocimiento de las lenguas oficiales. Una medida que consideran discriminatoria. “Esto no es más que el equivalente al `contrato de integración´ que en su día propuso el PP y que rechazó el PSOE. Es una medida unilateral que sólo se impone a las personas inmigrantes y deja a las Comunidades Autónomas que sean ellas quienes decidan qué tipo de inmigración quieren”, aseguran las organizaciones.

Además, recuerdan que “la nueva ley trata a los menores no acompañados como inmigrantes irregulares y capacita a las Comunidades Autónomas para llegar a acuerdos con los países de origen, priorizando así la repatriación y no la agrupación familiar de los menores”. En referencia al padrón municipal, la ley impondrá graves sanciones a quienes inscriban a inmigrantes. “Son un colectivo en continuo movimiento a la hora de buscar trabajo, esta medida es un desincentivo que les va a cerrar el acceso a servicios básicos como la asistencia sanitaria“.