Hace exactamente un año, el programa Hora 25 de la Cadena SER emitía un reportaje del equipo de P+DH (del que pronto nacerá periodismohumano.com) sobre las condiciones de vida y maltrato que soportan los inmigrantes en Marruecos, en su eterno camino hacia Europa.

Uno de los protagonistas de ese reportaje, Charli Tido, justo un año después, está en España. Lo ha conseguido. Esta noche, de nuevo en Hora25 a las 21 horas, conoceremos la segunda parte de esta historia.

[audio:http://blip.tv/file/get/Juanlu-QuOcurreTrasLaVallaDeMelillaJuanLuisSnchezYSergiCma303.mp3]

Puedes escuchar aquí el reportaje emitido el año pasado (mañana pondremos aquí la emisión de hoy), que fue acompañado por entrevistas y análisis de personas que trabajan profundamente por conocer mejor la inmigración y denunciar sus injusticias, como José Palazón, Helena Maleno o Nicolás Castellano. Del tramo especial dedicado al asunto (más de 30 minutos) pudimos sacar estas conclusiones:

1. Detrás de la valla de Melilla ocurren cosas de las que nunca nos enteramos.
2. Los inmigrantes que esperan en los montes de Marruecos para entrar en España viven durante años en las peores condiciones. A pesar de ello, mantienen la dignidad por encima de todo.
3. El ejército y la policía marroquí utilizan métodos fuera de toda ley para causar el terror dosificado a los inmigrantes  y mantenerles a una distancia prudencial de la frontera con España.
4. Se han producido asesinatos, ejecuciones; se les traslada sistemáticamente al desierto, donde se les abandona a su suerte en tierra de nadie.
5. Las mujeres son las que salen peor paradas. A las vejaciones que sufren sus compañeros varones, hay que añadir las violaciones que se producen en tierras de nadie, cuando la policía les abandona en el desierto tras las redadas.
6. El Gobierno de España ha confiado a Marruecos, a cambio de dinero, la protección de su frontera sur, por tanto no se puede desentender de lo que ocurra.

El asesinato por apuñalamiento de un adolescente colombiano en Barcelona, encendió  la alarma y los periódicos empezaron a hablar de ritos iniciáticos protagonizados por bandas de jóvenes latinoamericanos, los Ñetas y los Latin Kings. Muchos de ellos llegaron a España huyendo de la pobreza y buscando un futuro mejor. Sin embargo, la realidad es más dura de lo que imaginaban en los grises suburbios españoles.

Texto y fotografías: Leonardo Faccio

Cinco años antes de caer preso en Barcelona acusado de asesinato, José Antonio Méndez Méndez, el Che, reparaba coches en un taller mecánico de Santo Domingo, la capital de República Dominicana. “Venir a España fue el error. Ahí, estuvo la falla”, me dirá, en la monotonía de la cárcel donde ahora cumple una condena casi tan larga como su vida: fue arrestado a los 21 años y sentenciado a 17 de prisión por una pelea que terminó con una puñalada frente a un colegio secundario.

La historia comenzó en 2003, pero el Che la recuerda como si fuera hoy. Eran las cinco de la tarde del 28 de octubre en Barcelona cuando sonó el timbre que anunciaba la salida del instituto Sant Josep de Calassanç. Él y cuatro de sus amigos esperaban en la acera de enfrente. “Ese de pelo largo” dijo uno, y todos fueron tras él.

Después hubo patadas, insultos, y una puñalada que fue a dar al pecho de Ronny Tapias, de 17 años, nativo de la ciudad colombiana de Bucaramanga, que minutos más tarde estaba muerto en el Pasaje Catalunya, un callejón oscuro y alejado del centro de la ciudad.

Una semana después la policía detuvo al Che y sus compañeros. Dos de ellos, Jeury y Pavel, resultaron ser menores de edad. Otros cuatro latinoamericanos fueron detenidos como presuntos colaboradores. El Che y sus amigos más cercanos, Sandy Benítez Piantini, alias Bolón, y Yohan Smith Calderón Rivas, recibieron idéntica condena en 2005, acusados de matar a Ronny Tapias. Los tres habían llegado desde República Dominicana y ninguno tenía antecedentes penales.

La foto de Ronny apareció durante días en la portada de los periódicos españoles. Era la primera vez que el asesinato de un latinoamericano recibía tanta atención. La puñalada a sangre fría que acabó con su vida develaba una forma de justicia que sorprendió a todo el país, y el asesinato confirmó en muchos la sospecha que los medios habían sembrado: las bandas latinoamericanas, importadas de sus países de origen, crecían en Madrid y Barcelona, donde, además, estaban en guerra.

“El miedo a Las bandas ya es una realidad”, fue el titular del diario La Vanguardia. “Barcelona se está convirtiendo en una ciudad insegura para sus ciudadanos”, escribió el periódico de distribución gratuita “20 Minutos”. Se hablaba, sobre todo, de dos de ellas: los Ñetas, que habían surgido en la década del ochenta en Puerto Rico, y los Latin Kings que brotaron en los barrios pobres de Chicago a mediados de los cuarenta. Según los primeros partes policiales, Ronny Tapias habría sido miembro de los Latin Kings y víctima de una venganza a mano de los Ñetas.

Pero según el Che, el asesinato fue la inesperada consecuencia de una pelea que había comenzado una noche cerca de Caribe Caliente, la discoteca latinoamericana más famosa de la ciudad. Leer más

Un juez sin oposiciones condena a la cárcel a dos periodistas por una información veraz con nombres y apellidos y por ser publicada en internet.

¿Nos condenará por contar aquí cosas tan absurdamente surrealistas como las de este pequeño resumen irónico de las últimas semanas del año 2009,  s.XXI?

El director de Greenpeace preso por alterar la cena de una reina danesa

Mil manifestantes por el futuro del planeta son detenidos por la policía del pensamiento

Los politicos hablan, los líderes callan, no actúan o no existen

Ser homosexual es ser un criminal

Una mujer saharaui es expulsada de su propio país

Decenas de adolescentes son maltratados por sus cuidadores terapéuticos

Cien inmigrantes huyen del centro de acogida

Asesinos y torturadores siguen libres e impunes

Los africanos no pueden usar condones

El jefe de la ONU en huelga de hambre porque no le hacen caso

En Europa se enjaula a cientos de niños inmigrantes

El muro más grande del mundo sigue en pie

Etc.

Feliz Navidad, sobre a todo a los que creéis que un periodismo humano es necesario y posible.

(Si la autoridad y el tiempo no lo impiden)

Según ha comunicado la organización Greenpeace “los cuatro activistas de Greenpeace continuarán durante Navidad y Año Nuevo en la prisión de Copenhague donde fueron recluidos el pasado 17 de diciembre tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Dinamarca que ha rechazado el recurso presentado por Greenpeace pidiendo su libertad. Procedentes de España (Juan López de Uralde, Director de Greenpeace España), Noruega ( Nora Christiansen) Holanda (Joris Thijssen) y Suiza (Christian Schmutz), los cuatro fueron arrestados por llevar a cabo una protesta durante la cena de gala ofrecida por la reina Margarita II a los Jefes de Estado que asistieron a la Cumbre del Clima.

La organización ha publicado el video del making off de la acción que los ha llevado a protagonizar este “21 días en la cárcel”.

Greenpeace ha condenado la decisión del Tribunal Superior danés y la califica como una “injusticia climática” y  ha reclamado a la opinión pública que continúe presionando para conseguir la liberación de los cuatro activistas, así como de otras personas que participaron en protestas pacíficas en Copenhague y que también continúan detenidas.

Fotografías de los activistas encarcelados junto al barco Rainbow Warrior en el puerto de Copenhague. Foto © Greenpeace / Maximilian Calabrese

Greenpeace ha remarcado que la protesta que llevaron a cabo durante la cena de gala no fue ninguna operación sofisticada. Los materiales utilizados fueron sencillos. Por ejemplo, las identificaciones que Greenpeace colocó en los parabrisas de las limusinas alquiladas para llegar al banquete fueron sujetados con un par de calcetines. Una de las matrículas de los coches llevaba el logotipo de Greenpeace y el número 007, en referencia a James Bond. Las luces de policía que se pusieron encima de otro de los coches fueron compradas por internet y costaron 50 coronas danesas (6,70 euros).

A pesar de la decisión de la justicia danesa, la liberación de los activistas en prisión preventiva y en aislamiento, sigue siendo potestad del Jefe de Policía de Dinamarca”

Mario Rodríguez, Director de Campañas de Greenpeace España.- ” La policía insiste en retenerlos en prisión hasta el 7 de enero de 2010. Privarles de pasar estas fechas con sus familias es una condena sin juicio y parece más un acto de venganza”.

Bathini y Lindiwe fueron dos de las primeras mujeres en casarse en Sudáfrica, donde es legal el matrimonio homosexual desde 2006.. (AP Photo/Denis Farrell)

Que se casen dos personas del mismo sexo es legal en España desde el verano de 2005. Los dos primeros novios, Carlos y Emilio, fueron noticia. Luego vino la normalidad, hasta tal punto que se ha demostrado que la cuestión no era tanto “quiero casarme” como “quizá no me case, pero exijo tener derecho a elegirlo”.

Después de que el apocalipsis no llegara, casi nadie pide que la ley sea derogada y nadie amenaza con hacerlo si gana las elecciones. Es un avance social consumado que tarde o temprano, dice la lógica de los tiempos, acaba dando ejemplo a otros países. Sin embargo, también se está produciendo el fenómeno contrario y la represión de la homosexualidad por vía legal va en aumento.

Hablamos de Uganda, por ejemplo. La cosa, en vez de mejorar, va a peor. Ser homosexual en Uganda es delito desde hace décadas y un ugandés que le dé un beso a otro ugandés puede pasar hasta 10 años en la cárcel. La cuestión es que el Gobierno quiere reformar la ley para poder castigarles con cadena perpetua o incluso condenar a pena de muerte a los seropositivos homosexuales (y no a los heterosexuales). Además, aquellos que “ayuden o faciliten” a “cometer” actos homosexuales – en esto se incluye difundir pornografía para este público – serán también sancionados.

“Esto es una forma de asesinato dirigido”, comenta Jacqueline Kasha, de Freedom and Roam Uganda (FAR-UG). Según vaticinan cientos de organizaciones de dentro y fuera del país, la iniciativa provocará el exilio a cerca de medio millón de ugandeses que seguramente huirían del país antes de correr el riesgo de ser detenidos.

A donde parece que no podrán emigrar – otros condicionantes al margen – es a su vecina del sur, Ruanda. Este país no tenía tipificado hasta ahora el delito de homosexualidad, pero el parlamento ruandés planea sancionar las relaciones sexuales entre adultos del mismo sexo con entre 5 y 10 años de prisión. La norma, de ser aprobada a principios del año que viene, también declarará punible el hecho de “promover” la homosexualidad. “Nuestro país y nuestra gente se niega a reconocer que existimos“, se quejan las asociaciones LGTB ruandesas, pero la realidad es que su condición puede empezar a ser visible, pueden empezar a ‘existir’, y no precisamente para bien. No denunciar también será delito.

Pongamos que los ugandeses y los ruandeses perseguidos huyen hacia el sur. Se encontrarán con Burundi, otra ex colonia francesa donde ser gay o lesbiana ya es ilegal. No desde tiempos acenstrales. No por tradición anquilosada o impuesta. Es ilegal desde el pasado mes de abril. Unos meses después de promulgar la reforma, el presidente del país, Pierre Nkurunziza, recibió el premio de la Paz de una organización católica italiana por, según él mismo, “luchar contra la homosexualidad”.

Ruanda, Uganda y Burundi son países casi netamente cristianos y mayoritariamente católicos. Varios activistas internacionales de la defensa homosexual sugieren que este repunte de la homofobia está reforzado por la influencia de la jerarquía eclesiástica. Por otra parte, en Estados Unidos se habla de que han sido gurús norteamericanos los que han inspirado a los gobernantes ugandeses.

“Tiene usted las manos llenas de sangre”. En esta entrevista de MSNBC, la periodista Rachel Maddow pone contra las cuerdas al escritor anti-gay (y ex-gay) Richard Cohen, autor del libro Coming Out Straight (traducción aproximada: salir del armario siendo hetero), que ha sido utilizado como manual de referencia entre los legisladores ugandeses

El texto justificativo de la ley ugandesa dice:

“Teniendo en cuenta los valores históricos, legales, culturales y religiosos de Uganda que establecen que la familia, basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, es la unidad básica de la sociedad (…) Los estudios señalan que la homosexualidad tiene muchas consecuencias negativas incluyendo altos índices de violencia, transmisión de enfermedades venéreas y consumo de drogas. El alto número de separaciones y rupturas en las parejas homosexuales también crea un ambiente muy inestable para criar niños y por consiguiente justifica la censura a la adopción, además de causar fuertes secuelas psicológicas en aquellos niños. Sin mencionar que la promoción del comportamiento homosexual afecta nuestros valores familiares tradicionales.”

El Parlamento Europeo acaba de pedir a Uganda que se retracte de su ley. Esta petición ha sido aprobada con una participación pírrica de los eurodiputados (según Dos Manzanas, sólo se quedaron a votar 65 de los 736), y con 3 votos en contra. Los tres eurodiputados que se opusieron a pedir al país africano que no apruebe la ley homófoba fueron los alemanes Monika Holhmeier y Bernd Posselt, representantes de la CSU (Unión Social Cristiana) y la polaca Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, los tres integrados en el Partido Popular Europeo.

Obviamente, ni el único fundamentalismo homófobo en África es el cristiano (en Mauritania o Sudán también está establecida la pena de muerte para estos casos) ni Ruanda, ni Burundi, ni inminentemente Uganda son los únicos países africanos donde ser gay o lesbiana es ilegal; al menos treinta países del continente prohíben la homosexualidad. En una decena de ellos, esta prohibición solo está escrita para los hombres, pero decir que el lesbianismo está permitido es interpretar la ley desde la ficción. Sudáfrica es el único país africano donde el matrimonio homosexual es legal, desde 2006.

África no es una foto fija donde todo va mal, porque Sudáfrica es una prueba de que las cosas pueden ir mejor. En Ruanda o Burundi ser homosexual no era delito hace un año. En Uganda, donde esa lógica de los tiempos hacía pensar que dejaría de serlo, será ahora castigado con pena de muerte. No estamos hablando de derechos por conseguir en el continente de los derechos por conseguir, sino de derechos perdidos y tirados al pozo de la involución. No alcanzar no es lo mismo que perder.

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Mapa: legislación sobre la homosexualidad en el mundo (Wikipedia)

La Cumbre de Copenhague parece haber roto con la esperanza que numerosos sectores de la sociedad civil depositaban en lo que consideraban la última oportunidad después de muchas otras últimas oportunidades: la oportunidad para un acuerdo que atajara realmente el cambio climático, la plasmación de un orden internacional multipolar y la colaboración entre los organismos civiles ,que llevan décadas comprometidos con la protección del medio ambiente, y los mandatarios que han ido posponiendo el compromiso de hacerlo efectivo.

Juan López de Uralde y Nora Christiansen, de Greenpeace detenidos durante la recepción real en Copenhague

Pero la cita de Copenhague ha vuelto a caer como un jarro de agua fría sobre las esperanzas de los que creían que era posible la colaboración y la ejecución de medidas reales por parte de los gobiernos: no se ha cumplido ninguno de los mínimos que se habían establecido como metas, las reticencias de China obligó a Obama a gestar un acuerdo a duras penas con este país, junto a Brasil, India y Suráfrica, con el objetivo de sacar algo de una cumbre agonizante, lo que ha sido tomado como una traición al nuevo orden mundial multilateral prometido durante su campaña, y la ONU ha vuelto a demostrar su debilidad al hacerlo propio, y las masivas detenciones preventivas ejecutadas contra miles de manifestantes -muchos de ellos miembros de las ONG para el medio ambiente más emblemáticas- han convertido a esta cumbre en una más de confrontación entre los mandatarios y la sociedad civil, de alejamiento de la necesaria gobernanza mundial y de retroceso en los procesos democráticos en la gestión de los temas más acuciantes.

En este marco tiene lugar la detención del director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, cuando consiguió colarse en la recepción que la Reina Margarita II ofrecía a los 120 jefes de Estado participantes. Junto a Nora Christiansen que hacía de su acompañante, desplegaron dos pancartas en las que se leía “Los políticos hablan, los líderes actúan”. Desde entonces, el jueves, permanecen junto a otros dos miembros de la ONG en prisión preventiva, dictada hasta el 7 de enero, acusados de falsificación de documentos, de pretender ser una autoridad pública, de entrar sin permiso en lugar privado y de alterar un acto con presencia de la reina. Según ha declarado el abogado de la organización, José Manuel Marraco, “permanece con la moral alta porque la razón nos asiste”.

“Mientras los culpables del crimen real de dejar pasar una oportunidad histórica de salvar el clima han vuelto a su país en aviones privados, asistimos atónitos al procedimiento de las autoridades danesas, que han detenido, sin juicio, a cuatro activistas pacíficos durante toda la Navidad” ha declarado el director internacional de Greenpeace, Kumi Naidoo. “Sus familias van a pasar unas tristes vacaciones sabiendo que sus familiares están encarcelados y aislados por actuar para salvar el clima; por representar a cientos de millones de personas e incontables especies que se verán severamente afectados por un cambio climático catastrófico”.

La movilización a través de las redes sociales ha sido inmediata: según Greenpeace, más de 10.000 personas han pedido la liberación de los activistas este fin de semana en Internet. Esta mañana se ha celebrado una rueda de prensa en la que se ha pedido su liberación y en la que han participado Manuel Rivas, escritor y periodista, en representación del ámbito de la cultura; José Antonio Hernández, portavoz de Intermón Oxfam, en representación de las ONG de ayuda al desarrollo; Joaquín Nieto, presidente de Sustain Labour, en representación del ámbito sindical; Luis González, secretario general de Ecologistas en Acción, y Mario Rodríguez director de Campañas de Greenpeace, quien consideró “desproporcionada” la medida y anunció  que el próximo miércoles, día 23, a las 17.00 horas habrá una concentración pacífica a las puertas de la Embajada de Dinamarca en Madrid.

Mientras un grupo de personas se manifiestan ante la prisión Vestre Faengsel, donde están encarcelados, otro grupo anuncia una concentración (kedada) para mañana martes 22, en la Plaza Callao de Madrid a las siete y media.

En el blog de Greenpeace contestan con varias propuestas a la pregunta más demandada ¿Qué puedo hacer yo? , desde firmar el manifiesto, hasta facebook, cartas, llamadas, otras concentraciones, twitter, etc

La periodista Claudia Duque

La Federación Internacional de Periodistas ha denunciado las amenazas sufridas por la periodista colombiana Claudia Duque, quien no sólo habría sido espiada por el Departamento Administrativo de Seguridad colombiano (DAS), sino que esos intentos de intimidación habrían seguido un protocolo establecido por los agentes del DAS.

El DAS, dependiente de la Presidencia de la República, ha sido un organismo de inteligencia que -durante varios años- se ha visto implicado en casos de escuchas ilegales, de operaciones turbias y de corrupción. El presidente Uribe anunció su reforma hace pocos meses, pero el caso de la periodista Claudia Julieta Duque pone de manifiesto que los mismos agentes que se encargaban de la protección de periodistas amenazados, podrían estar implicados en el esquema que intentaba infundirles miedo e inseguridad.

En octubre de 2008, la periodista logró una sentencia de la Corte Constitucional que exigía al DAS que le entregase toda la información recabada de manera ilegal sobre su persona, desde el 2001. No lo ha hecho, pero sí han continuado las amenazas y la intimidación.

Los documentos incriminatorios para el DAS han aparecido entre la documentación descubierta en diversos allanamientos ordenados por la Fiscalía General de la Nación. Ahí se incluían todos los datos personales, teléfonos, correos electrónicos de Claudia Duque, así como los pasos para actuar sin ser detectado, y cómo tener cuidado para evitar señalarse ante la Policía Nacional de Colombia. Éstas son algunas de las directrices encontradas:

• Hacer la llamada en cercanía a las instalaciones de Inteligencia de la Policía.
• No tartamudear, ni durar en la llamada más de 49 segundos.
• Llamar preferiblemente desde un teléfono de la empresa ETB.
• Constatar que en el perímetro no haya cámaras de seguridad. Así sean de tránsito.
• Quien realice la llamada la debe hacer sólo y desplazarse en bus hasta el sitio.
• Extremar las medidas preventivas dado que Claudia Julieta avisará inmediatamente de la llamada al coronel Novoa de la Policía Nacional (el mismo que en otras oportunidades nos ha afectado institucionalmente).


Michel Cambon, Asociación Mundial de Periódicos

También se decía cómo amenazar a la periodista, diciéndole que su hija –que en aquel momento tenía 10 años- podía ser violada y quemada viva. “Su hija va a sufrir, la vamos a quemar viva, le vamos a esparcir los dedos por la casa”, le dijeron una vez. La periodista y su hija abandonaron el país por un tiempo.

Según le explicó a la Federación Colombiana de Periodistas la propia afectada, fue ella quien descubrió el siniestro manual de instrucciones al revisar la documentación que la Fiscalía manejaba tras haberla confiscado en la sede del DAS. La periodista ha sufrido amenazas en distintos períodos, después de que empezara a investigar el caso del periodista y humorista, Jaime Garzón, asesinado en 1999 por los paramilitares de extrema derecha y cuyo entierro provocó una gran manifestación de duelo popular. La periodista ahora amenazada encontró indicios de la tergiversación y desviación de pruebas por parte del DAS en el caso Garzón.

En una entrevista de la Asociación Mundial de Periódicos, Duque explicaba así las consecuencias de su investigación periodística en este caso: “Tres exilios, múltiples amenazas de muerte contra mi persona y la de mi hija, aislamiento, silencio y sufrimiento. También pesa sobre mí una demanda legal, hecha por el ex director adjunto del DAS. A través de los años, he aprendido que no existe en Colombia ni perdón ni olvido para quienes combaten la impunidad en casos flagrantes de violaciones de los derechos humanos. Hubo épocas en las que no podía salir a disfrutar del sol ni ir a un parque a jugar con mi hija pequeña, quien ha tenido que aprender a no responder al teléfono, a no dar detalles de índole personal y a no confiar en nadie”.

Con respecto a la situación de los periodistas en Colombia, Duque explicaba que “la única manera de garantizar algún día la instauración de algo que pueda llamarse una auténtica libertad de expresión es acabar con la impunidad en los casos de asesinatos, torturas, intimidaciones y amenazas contra los periodistas, una situación que no he experimentado ni remotamente. La consolidación de programas alternativos de protección a los periodistas debería acompañarse de una política auténtica en favor de las libertades civiles en Colombia. Mientras el propio Presidente, junto con sus amigos cercanos y otros altos mandatarios estatales, sigan amenazando y poniendo en tela de juicio el derecho a la libertad de expresión y estigmatizando a los periodistas y disidentes, no será posible crear un marco seguro para que se desarrolle el periodismo en este país”.

“Lo que es de manual, pero del manual más sombrío, es el esquema puesto en marcha para lanzar las amenazas”, ha dicho Paco Audije, de la Federación Internacional de Periodistas.“En toda sociedad sana y democrática, esas amenazas deben ser rechazadas, investigadas y castigadas, sean quienes sean sus autores. Especialmente si son funcionarios del Estado. Estamos en contacto con nuestros colegas de FECOLPER y de nuestro Centro de Solidaridad en Bogotá, para apoyar en todo lo posible a Claudia Duque. En Colombia, quizá son las propias instituciones las que tienen que revisar profundamente sus propias cloacas y debilidades internas”, ha añadido Audije, antes de concluir “Por el contrario, el caso Duque, como otros en aquel país, nos muestra -una vez más- el servicio que los periodistas colombianos prestan a sus ciudadanos y al ejercicio de las libertades democráticas”.

La policía danesa interviene en la manifestación del sábado en Copenhague / Foto: Vanenana

• Más de mil personas han sido retenidas durante 12 horas y después liberadas sin cargos
• Dinamarca ha cambiado las leyes para que durante la Cumbre del Clima la policía pueda detener ‘por si acaso’
• Fernando Piernavieja, experto penalista: “Es para echarse a temblar”

¿Puede la Policía arrestar a mil personas de golpe solo “por si acaso”? Sí, en Dinamarca puede. En menos de una semana, han sido arrestadas 1.500 personas. Hasta el día de ayer, solo se habían presentado cargos contra menos de 30, es decir, sobre menos del 2% de los arrestados. La Cumbre del Clima de Copenhague ha servido para que se permitan oficialmente las “detenciones preventivas” en las concentraciones públicas.

En esta ocasión, no se le puede achacar a la policía danesa o a sus responsables que sobreactuaran por encima de sus atribuciones. Los mandos cumplieron escrupulosamente una ley (traducción automática de Google) ideada y aprobada para ser aplicada durante las manifestaciones de la Cumbre del Clima y que permite detener a tantas personas como sea necesario para evitar que éstas participen en un altercado de órden público, aunque no den pruebas de estar haciéndolo o tener intención de hacerlo.

La policía detuvo ayer a otros 230 manifestantes (RTVE)

La reforma entró en vigor 4 días antes del comienzo de la cumbre, impulsada por el Gobierno de coalición de liberales y conservadores. “Es para echarse a temblar que los países primermundistas que van de defensores de los derechos humanos se entreguen a las tendencias represoras”, opina indignado Fernando Piernavieja, abogado y experto penalista, miembro de las comisiones de Derechos Humanos y Derecho Penal del Consejo General de la Abogacía Española. “Lo más preocupante es que se trata de una modificación ad-hoc, una adaptación de la ley justo para detener a quien sea durante la cumbre”. Piernavieja teme que “esta ley no sea retirada y que quede ahí para tirar de ella cuando convenga”. En eso coincide con voces críticas como las del parlamentario nacional Line Barfod, que predice que este procedimiento podría aplicarse por ejemplo en los partidos de fútbol de alto riesgo.

Detenciones a ciegas

Entre las decenas de miles de manifestantes del sábado, la policía danesa asegura que había un grupo de jóvenes vestidos de negro cuyas intenciones eran violentas. En la parte de atrás de esta manifestación pacífica de decenas de miles de personas, un pequeño grupo empezó a tirar piedras y petardos contra sedes del gobierno danés. Los agentes ejercieron su reciente derecho a arrestar ‘a todo lo que se mueva’ y 968 manifestantes estuvieron hasta 12 horas retenidos, primero esposados y sentados al aire libre con temperaturas de 2 grados bajo cero y luego en un gran calabozo específicamente habilitado para esta semana. Solo 4 han sido acusados.

THIBAULT CAMUS / AP

En la noche del lunes, otras 210 personas fueron detenidas en el peculiar barrio de Christiania. Tras un acto de debate en el que participaba la escritora canadiense Naomi Klein, la policía asegura que ardieron varias barricadas. Los agentes tomaron el barrio. El porcentaje de ‘acierto’ mejoró, pero no mucho: de 210 detenidos, sólo 12 han sido acusados.

Amnistía Internacional en Dinamarca ha calificado como “desproporcionada” la actuación policial de esta semana y critica que se haya puesto en riesgo la libertad de expresión y de reunión. El Gobierno danés se defiende: gracias a estas actuaciones, “Copenague es una de las pocas ciudades que no ha acabado en llamas” durante una cumbre mundial de este tipo.

Cuando se persiguen tipos de personas, no delitos

La reforma danesa, a juicio de Piernavieja, es una victoria más de la seguridad sobre la libertad y un paso más en la instauración del “derecho penal del enemigo”: en vez proteger a la sociedad de los hechos delictivos en sí, se protege a la sociedad de determinado tipo de personas, que se convierten en enemigos por prejuicio. “Lo que se dice que se evita con este tipo de legislación, se acaba volviendo en contra a medio plazo. Alimenta la desconfianza en el sistema y facilita la aparición de movimientos extremistas”. La Patriot Act estadounidense no fue la primera pero sí la más sonada. Y el abogado hace su apuesta: “en dos años, tenemos una ley de este tipo en España”.

¿Es que no ocurren detenciones de este tipo en nuestro país? En el caso de que ocurrieran, serían ilegales, que es un matiz importante. “En España no hay una ley que permita detener a nadie sin que exista la sospecha de que ha cometido un delito concreto”, aclara Piernavieja. Eso sí, hay ámbitos como la inmigración en el que los límites entre la estadística y el prejuicio empiezan a estar difusos: el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a la policía y la Justicia en España por sostener que el color de la piel de una persona es argumento para solicitarle la documentación.

• Amnistía Internacional denucia malos tratos y abusos en los centros terapeúticos de menores
• El Comité contra la Tortura pide a España que investigue las denuncias de aislamiento y medicación

“Me ataban a la silla con la boca tapada, me duchaban con agua fría, y me hinchaban a pastillas. Una vez llegué a perder el conocimiento y me dejaron tumbada en el suelo. Si intentaba contar lo que estaba pasando me decían ‘ten cuidado con lo que hablas’, así me callaban”. Cuando pasó Sara era menor de edad y estaba internada en un centro terapéutico. “Estuve tres años, de los 15 a los 18, sin salir y mi madre ni siquiera sabía donde estaba. Casi no lo sabía ni yo, me tenían siempre sedada. Tomaba cuatro pastillas por la mañana, 3 al mediodía y otras 4 por la noche, me tenían que sentar en una silla de ruedas porque no tenía fuerza”. La vida de Sara, como la de muchos otros menores que pasan por los centros terapéuticos, no ha sido fácil. “Llegan de entornos de pobreza y exclusión estigmatizados, pero en vez recibir ayuda son castigados, aislados, vejados, amordazados e incomunicados, vulnerando sus derechos fundamentales” asegura Elena Estrada, investigadora de Amnistía Internacional.

Hoy existen en España 58 centros terapeúticos donde se trabaja por la reintegración de estos menores con trastornos en la conducta y dificultades sociales. No son delincuentes, ya que sobre ellos no pesa ningún delito, sino adolescentes conflictivos que provienen de familias en su mayoría desestructuradas y con dificultades socioeconómicas que no pueden hacerse cargo de ellos.

En los centros, según el informe “Si vuelvo me mato” de Amnistía Internacional, los menores son con frecuencia castigados sin comer, amorzándoles, prohibiéndoles la visita de sus familiares y obligándoles a permanecer durante horas de pie. En los testimonios recogidos por la organización, los jóvenes aseguran que pasan días e incluso semanas en celdas de aislamiento, “asfixiantes y siniestras…con portones blindados de hierro y paredes forradas con caucho o goma negra, que apenas alcanzan los tres metros sin ventilación ni comunicación alguna… Antes de entrar en estas celdas reclaman, a veces, una medicación que les ayude a soportar el emparedamiento” como las define en otro estudio el Defensor del Pueblo.

Ante comportamientos violentos, los menores son reducidos entre varias personas hasta inmovilizarlo e incluso atarlo, técnicas abusivas y que suelen usarse con frecuencia sin recurrir a otras alternativas menos agresivas según AI. “Una de las veces un vigilante me agarró del cuello y me tiró al suelo, me sujetaron entre dos vigilantes aplastándome contra el suelo y retorciéndome el brazo, había restos de cristales y me corté en la frente” afirma uno de los menores. Otra forma de castigo es la medicación. Amnistía afirma que los jóvenes reciben tratamiento médico sin diagnóstico previo y sin haber sido informados de lo que están tomando. “Si preguntas qué medicamentos son, no te informan ‘tú no tienes por qué saberlo’. Y si te niegas a tomarlos te amenazan o fuerzan mediante contención. Si te resistes puedes acabar atado en una silla o en el banco al sol todo el día donde, si aún te resistes te amordazan (con papel de embalar adhesivo) y te pueden llegar a inyectar algo que te deja KO”. Así lo describen Aránzazu y Esteban (19 y 18 años) que estuvieron internos en Barcelona. En los últimos 6 años 10 adolescentes se han suicidado en los centros españoles.

Amnistía denuncia que existe “oscuridad” en torno a los centros terapéuticos. La mitad de ellos no son supervisados por un juez o fiscal, ni existen resoluciones judiciales para el ingreso de los menores. “Son invisibles. Hay casos en los que los menores no salen del centro en años. Sin una orden judicial, los medicamentan para que no molesten y cuando llegan a la mayoría de edad a la calle, sin formación y sin un futuro” denuncia Estrada. AI asegura que cuando termina su internamiento en los centros la mayoría no han acabado la enseñanza obligatoria y carecen de un entorno social, lo que deriva en la marginación, la delincuencia y la cárcel. “Si se trata de un centro terapéutico, ¿por qué no salen ‘curados’? Salen peor de lo que entraron.”
El informe se centra en los de Andalucía, Cataluña y Madrid que acaparan el 55% de los centros españoles, donde según la organización han encontrado continuas trabas a la hora de llevar a cabo la investigación porque las Comunidades Autónomas le han denegado el acceso a los recintos, ignorado sus peticiones o imponiendo condiciones que dificultaba su trabajo y la libertad de los menores supervisándolos a la hora de realizar sus declaraciones. La Generalitat ha respondido a estas acusaciones negando los malos tratos y asegurando que el trabajo de AI está “tergiversado” y es “demagógico”.

De los 58 centros de toda España, sólo 3 son públicos. El resto están gestionados por convenios con asociaciones sin ánimo de lucro, empresas privadas o fundaciones como Dianova y O’Belén quienes gestionan un mayor número de centros. Dianova, es responsable de 7 centros y cuenta con un presupuesto de 5 millones de Euros, y O’Belén con alrededor de 12 millones de euros, según los datos de Aministía, y en la actualidad está encargada de 3 centros después de que durante los meses de septiembre y octubre cerrasen dos recintos de Castilla La Mancha. Más del 90 por ciento del dinero que reciben proviene de las Administraciones. “La responsabilidad última es del Gobierno. Es muy grave, porque se ha producido una privatización de la gestión y el Estado ha cometido una dejación de sus funciones por no supervisarlo”, afirma Elena Estrada. Según los testimonios, en los públicos no se cometen esas irregularidades.

En el mes de febrero el Defensor del Pueblo de febrero publicó un informe [pdf] en el que ya alertaba de estas irregularidades en los centros terapéuticos  y por el que el Comité contra la Tortura pidió explicaciones a España, ante la vaga respuesta del Gobierno español el organismo internacional ha reiterado el mes de noviembre su preocupación principalmente por las denuncias de aislamiento y administración de fármacos que contradicen a los artículos 11 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y exige una investigación al Gobierno.

• Carlos Villán Durán es uno de los dos abogados internacionales de Aminatou Haidar, que trabaja junto a otras dos letradas centradas en el ámbito nacional.

• Jurista, trabajó durante más de veinte años como investigador de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en el Instituto Internacional de DDHH de Estrasburgo.
• En 2008, fundó la Asociación Española para el Derecho Internacional de los DDHH y fue promotor de la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz.

¿Cuál es la situación de Aminatou Haidar?

La situación de la señora Haidar es de extrema debilidad y no se ha muerto aún porque ingiere agua azucarada que es lo que la mantiene mínimamente en vida. Pero esta situación se puede deteriorar en cualquier momento. Es una persona que sufre varias patologías previas y además es una antigua torturada. Durante los primeros cuatro años que estuvo detenida y desaparecida por Marruecos, fue torturada y violada diariamente.

Sus abogados internacionales hemos trabajado en el plano de los derechos humanos de la política internacional. Solicitamos y se ha realizado una intervención de la Alta Comisionada de los DDHH de las Naciones Unidas, pidiendo al gobierno de Marruecos que reconozca el derecho de Aminatou a volver a su tierra. La Relatora Especial para los Defensores de los DDHH de la ONU también ha realizado una acción urgente para que pueda volver. El regreso es una condición sine quae non, y además es que es un derecho humano básico que no puede ser condicionado ni suspendido. Y su voluntad es seguir en huelga de hambre hasta regresar a su tierra, viva o muerta. Esa es la apuesta por la que está jugándose la vida, una apuesta que significa la defensa de la dignidad humana, familiar y como representante del pueblo saharaui. Y es evidente que es muy respetable la lucha de esta madre coraje que cuando habla por teléfono con sus hijos no hace más que llorar. Imagínate qué sufrimiento.

De izda a dcha: Carlos Villán, el abogado palestino Raji Sourani y el diputado de Izquierda Unida, Gaspar LLamazares en las jornadas sobre la justicia universal celebradas en Gijón el pasado viernes. Foto: Patricia Simón

Carlos Villán ha sido uno de los participantes de la jornada dedicada al recorte de la Justicia Universal en España, organizada por el Comité de Apoyo a la Causa Árabe en Gijón (Asturias). Allí, ante el público asistente volvió a pedirle públicamente a Haidar que finalice la huelga de hambre para salvar su vida y así poder seguir representando la lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui.

Además de la intervención ante organismos internacionales, ¿van a llevar a cabo acciones judiciales?

Por supuesto. Los abogados españoles ya están trabajando en la denuncia que Haidar interpuso contra las autoridades españolas porque no le permitían volver a Marruecos durante sus primeros días en Lanzarote. Estaba retenida en el aeropuerto. Felizmente el gobierno español rectificó a los quince días y reconoció que Haidar tiene todo el derecho a volver a su país e intentó facilitarle su regreso, que impidió Marruecos con la negativa al vuelo que se preparó. Aún así España tiene responsabilidades internacionales que van más allá de esto. En relación con el ejercicio de la libre determinación del pueblo saharaui autóctono, España tiene un compromiso como antigua potencia colonial que no está asumiendo.

Diversos organismos y observadores consideran que el aumento de la represión contra los defensores de los DDHH y de la autodeterminación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos responde a un miedo por un alejamiento de la administración estadounidense y de la ONU desde la llegada de Obama al gobierno. ¿Qué opina de esta teoría?

Todavía son más expectativas que realidades, pero me parece muy legítimo alimentar las expectativas. El cambio de la administración estadounidense es una expectativa que tenemos que alimentar porque es difícil imaginar un panorama más gris o negro. En el caso del gobierno de Obama parece que sí hay una serie de movimientos que tratan de alejarse de un alineamiento vergonzoso y total con los intereses de Marruecos que ha mantenido EEUU y Francia todos estos años, y que iba arrastrando cada vez más a España. También ayuda el cambio de representante de la ONU porque el anterior fue un desastre. Quiso legalizar ante la ONU la anexión del Sáhara mediante la concesión de un estatuto de autonomía descafeinada que los saharauis no aceptaron -y que yo les aconsejaría que nunca aceptaran- porque ¿qué tipo de autonomía pueden tener en un régimen teocrático y dictatorial?

¿Cómo va a afectar internacionalmente el recorte de la justicia universal en España?

La jurisdicción universal es una institución emergente que aún no se ha consolidado en el plano del derecho internacional pero que tiene mucha importancia porque trata de perseguir a los criminales de guerra y de lesa humanidad. Por tanto, se trata de una gran contribución a la lucha contra la impunidad que es la moneda corriente cuando hablamos de este tipo de delitos. Éste es el caso paradigmático de las violaciones de derechos fundamentales que comete Israel contra el pueblo palestino y por la que ningún político,  militar ni religioso ha sido juzgado, lo que explica que puedan actuar de una manera tan despiadada. Por ejemplo, el caso de Pinochet, con independencia de que al final no pudiera ser juzgado en España por la vergonzosa decisión del por entonces Ministro de Interior británico, Jack Straw, produjo dos efectos importantísimos: que el dictador Pinochet no se sintiera impune nunca más y que el juez chileno Guzmán, apoyado por el juez Garzón y por organizaciones de defensa de los DDHH, abriera una causa contra él. El proceso quedó inconcluso porque Pinochet murió, pero murió procesado por sus propios tribunales.

De todas formas, la reforma no impide absolutamente el ejercicio del principio de la justicia universal puesto que no puede contradecir los tratados universales que España ha firmado y que le obligan a ejercerla: los cuatro convenios de Ginebra sobre Derecho Humanitario Internacional, las convenciones de las Naciones Unidas contra la tortura, el apartheid, el genocidio, la piratería, la trata de seres humanos… Eso es insalvable. Además no tiene efecto retroactivo por lo que la causa que se abrió en enero de 2009 en la Audiencia Nacional por el asesinato de varias decenas de seres humanos durante uno de los ataques selectivos que Israel realiza en zonas de viviendas, sigue su proceso para juzgar a los responsables de este crimen de guerra.

La justicia universal además se enfrenta a determinadas normas internacionales muy aceptadas como la inmunidad de los dirigentes políticos mientras ejercen sus funciones. Pero la consolidación de la Corte Penal Internacional y el ejercicio de la Justicia Universal son dos reductos muy claros que avisan al criminal de guerra que su impunidad ya no está garantizada.

¿Cómo interpreta la huelga de hambre que realizaron el Secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, y el director de la FAO, Jacques Diouf, durante la última Cumbre de seguridad alimentaria?

Es una demostración de dos realidades palpables: la debilidad de las organizaciones internacionales, porque olvidamos que son intergubernamentales, que son sus Estados miembros los que tienen el poder y que sus directivos son sólo ejecutores de lo que acuerdan los gobiernos, por lo que su campo de maniobra es bastante limitado. A esto le añadimos un contexto de crisis sistemática que brota por todas partes y evidencia la debilidad del sistema. Ahora mismo, oficialmente, hay 1020 millones de seres humanos que pasan hambre todos los días y muchos de ellos están condenados a morir, especialmente las mujeres y los niños. ¿Por qué está aumentando el número de personas hambrientas si en realidad, si los gobiernos fueran coherentes con los objetivos del milenio en 2015, deberían ser la mitad de los 850 millones de entonces? Pero las expectativas son que en 2015 serán 1200 millones de personas hambrientas. ¿Es el hambre algo imposible de combatir? En absoluto. Los científicos dicen claramente que con lo que tenemos podríamos alimentar al doble de la población actual. Entonces, no deriva de la capacidad, sino de que se ha construido un gran negocio  en torno a la comida y al agua. Para tener acceso a ellos hay que pagar y los pobres no pueden, además de que una botella de agua es infinitamente más cara en Palestina o en el Sáhara que en Gijón. El capitalismo neoliberal ha establecido las reglas de enriquecimiento sin límites de las multinacionales, incluidas las de los alimentos. Y el que menos recibe en esta cadena es el que los produce, el campesino. La mayoría de la gente que se muere de hambre son agricultores. No tiene ningún sentido.

En este sentido, los líderes de la ONU y de la FAO han intentado, a través de esta huelga de hambre, llamar la atención de los líderes para que cumplan con sus compromisos de una vez. Pero no lo han conseguido porque lo que se aprobó es un texto retórico sin promesa concreta ni cifras.

Pero, ¿qué le parece que se pongan en huelga de hambre?

Si yo estuviera en su piel no dudaría en dimitir inmediatamente porque, desde el punto de vista moral y de coherencia política, sería la única salida posible. Si no me hacen caso me voy. Pero también me parece que ninguno de los dos comparten mis mismos principios morales. El señor Diouf tiene mucha retórica pero viene de un país profundamente corrupto y él es un señor profundamente corrupto. Habla del hambre en el mundo, pero la verdad es que podría hacer mucho más de lo que hace en la FAO. Una organización dominada por estructuras de la Guerra Fría en la que la atención al derecho a la alimentación lo gestiona un equipo de unas cinco personas. No dedica los recuersos humanos y materiales necesarios, y a su disposición, para combatir el hambre. Y en cuanto a Ban Ki Moon, creo que es un señor muy gris y muy triste, con poca capacidad de liderazgo internacional, muy mediatizado por Estados Unidos. La ONU tiene cierto margen de autonomía que podría utilizar de una manera más eficaz. Por ejemplo, en el caso de Haidar. Sabemos por los medios que se ha interesado por su situación ante el gobierno marroquí pero ¿ha visto que haya comparecido en una rueda de prensa o ante una cámara de televisión y haya dicho eso? Y lo podría decir, pero le supondría un tirón de orejas por parte de Marruecos y es uno de sus aliados más fieles. Pero yo como secretario general podría soportarlo porque es legítimo exigir a los Estados que cumplan con el derecho internacional, y recordarles que el derecho a la autodeterminación de los pueblos está consagrado en las cartas internacionales.