P+DH – el blog de la redacción de periodismohumano

  • El Gobierno reconoce que ha dado la orden de prohibir cruzar a la península a los solicitantes de asilo con la documentación expedida por él mismo
  • El Defensor del Pueblo considera que no es legal “impedirles la libre circulación por todo el territorio español”

Primero fue Melilla y ahora Ceuta. La orden que prohíbe a los solicitantes de asilo con permiso de residencia temporal en España, por la admisión a trámite de sus solicitudes, cruzar a la península se ha formalizado en ambas ciudades autónomas. Se acabaron los tabúes, las Delegaciones del Gobierno, que hasta ahora se habían limitado a guardar silencio derivando las preguntas al Ministerio del Interior han reconocido que la orden existe y la justifican con el cumplimiento del Acuerdo de Schengen, el convenio con el que se suprimieron los controles fronterizos entre la mayoría de países de la Unión Europea, e incluso aseguran que se trata de una medida con la que “no se están vulnerando sus derechos, sino todo lo contrario, ya que se les está dando protección y atención”, según el Delegado del Gobierno melillense, Gregorio Escobar.

tarjeta amarilla

Foto: José Palazón

Estas explicaciones no convencen, ni a organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que ya han mostrado su preocupación y están estudiando la situación, ni al Defensor del Pueblo que abrió una investigación a raíz del caso de Kamel, el primer inmigrante al que se le prohibió cruzar a la península desde Melilla el pasado 26 de enero y del que ya hablamos en P+DH.

El Gobierno argumenta que la prohibición se debe a que Ceuta y Melilla no pertenecen al espacio Schengen, a pesar de ser territorio español, por lo que los extranjeros que acceden a ellas no pueden entrar en la Unión Europera si no están documentados. “España mantendrá controles (controles de identidad y de documentos), en las conexiones marítimas y aéreas provenientes de Ceuta y Melilla que tengan como único destino otro punto del territorio español”, dice el convenio. Pero este punto no justifica que se impida el paso a los solicitantes de asilo admitidos a trámite, ya que ellos sí cuentan con un permiso de residencia en España hasta que el Gobierno les reconozca o no como refugiados, según las declaraciones del Defensor del Pueblo a P+DH. De hecho, “el artículo el artículo 5 del Acuerdo asegura que estas normas no serán un obstáculo para la aplicación de las disposiciones especiales relativas al derecho de asilo”.

El Defensor afirma que “la explicación oficial hasta ahora ofrecida por la que se impidió la salida de Melilla al interesado (Kamel), titular de un documento de identidad de solicitante de asilo, no resulta suficiente [...] Por tanto, no encontramos base legal para impedirle la libre circulación por todo el territorio español a una persona a la que se le haya admitido a trámite su solicitud de asilo en las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla”.

Las investigaciones de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado van en la misma línea que el Defensor. “Las alegaciones de la Policía están cogidas con pinzas. Es una excusa rocambolesca porque la realidad es muy fácil de entender. En Ceuta y Melilla hay fronteras, los españoles las cruzan mostrando su DNI y los solicitantes de asilo mostrando la tarjeta amarilla (el documento que les permite circular por España), como han hecho hasta ahora. Por tanto, están infringiendo los derechos de los solicitantes de asilo y están infringiendo su propio procedimiento porque actúan sin emitir la resolución”, denuncia Alejandro Romero, abogado de CEAR en Ceuta. A pesar de la prohibición, los inmigrantes lo siguen intentando, “el último caso fue el viernes pasado, al chaval le pidieron una autorización expresa de la Delegación o no podía cruzar”, a pesar de que el joven llevaba el documento expedido por el Ministerio del Interior. La situación en Ceuta y Melilla seguirá así, según las Delegaciones del Gobierno de ambas ciudades, hasta que conozcan las conclusiones de un estudio que está elaborando la Abogacía del Estado sobre el futuro de los solicitantes de asilo con la entrada en vigor de la nueva ley de asilo. Mientras unos estudian, otros esperan y el Estrecho sigue cerrado.


  • ACNUR asegura que con la documentación de solicitante de asilo pueden circular libremente por el territorio español y estudia las posibles irregularidades
  • CEAR prepara una demanda de protección de derechos fundamentales

Una semana después de que se conociera, como contamos en P+DH, que la Policía Nacional no deja cruzar a la península a los solicitantes de asilo acreditados por el Ministerio del Interior con un permiso temporal de residencia en España, la Delegación del Gobierno de Melilla ha confirmado a P+DH que está al tanto de lo que está sucediendo, pero elude hacer declaraciones y pasa la patata caliente al Ministerio del Interior quien “está estudiando el tema”. Mientras, quince inmigrantes documentados continúan sin poder salir de la Ciudad Autónoma porque la Policía Nacional les prohíbe subir al barco que les lleva a la península. Ante esta situación, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) va a presentar una demanda de protección de derechos fundamentales ante los juzgados de Melilla. “Siguen sin poder cruzar, la Policía no nos da más datos y no tenemos conocimiento de que se haya dado ninguna orden por escrito. Queremos que el juez reconozca que se ha lesionado el derecho a la libre circulación de estas personas que recoge la Constitución en su Artículo 19” asegura Mercedes Rubio, abogada de CEAR.

Junto a CEAR, otras organizaciones han dado la voz de alarma, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). “Con la ley en la mano estas personas están acreditadas como solicitantes de asilo, por tanto tienen residencia legal en España y pueden circular libremente por el territorio español. No tenemos conocimiento de que haya una razón especial que limite este derecho” afirma a P+DH Mª Jesús Vega, responsable de Relaciones Externas de ACNUR en España. El Alto Comisionado está investigando las posibles irregularidades que pueden estar cometiendo y asegura que consultará con las autoridades y recabará toda la información necesaria. El Consejo General de la Abogacía Española también ha mostrado su “preocupación” y anuncia que estudiará el caso.

José Luis Rodríguez, abogado experto en extranjería, denuncia que “estas personas tienen el derecho a circular libremente por todo el Estado, por tanto impedirles salir de Melilla es tanto como no considerar a Melilla parte del Estado. Es una decisión muy peligrosa y, por supuesto, ilegal”. El abogado achaca el silencio de las autoridades a esta ilegalidad. “Saben que están actuando al margen de la ley, por eso guardan silencio. No recuerdo ningún caso en el que se le haya prohibido a un solicitante de asilo en esas condiciones moverse por España. Es muy grave lo que está pasando”.


  • La Policía Nacional impide a inmigrantes solicitantes de asilo con permiso de estancia temporal cruzar a la península desde Melilla
  • Los defensores de derechos humanos advierten de que es ilegal y anuncian acciones legales
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Foto: José Palazón

Feliz y documentado, Kamel compró ayer un billete de barco para cruzar desde Melilla a la península pero no pudo hacerlo. La Policía Nacional se lo prohibió. Kamel es argelino y uno de los quince primeros inmigrantes de la Ciudad Autónoma a los que la nueva Ley de Asilo le ha otorgado la tarjeta amarilla, un documento del Ministerio del Interior que autoriza su estancia temporal en España hasta que obtenga una respuesta a su solicitud de asilo y que le permite viajar por todo el territorio español incluida, claro está, Melilla.

A las doce de la noche zarpaba el barco rumbo a la península, Kamel llegó al puerto una hora antes acompañado de representantes de ONG y varios compatriotas. “Todo fue normal, estaba en la cola y cuando me tocó me dijeron que me pusiera a un lado”. La policía cogió su documentación y lo dejó esperando. Al cabo de un rato, y mientras el resto de viajeros continuaba entrando en el barco, un agente le comunicó que no podía pasar. “Le dijeron ‘tú no subes’, y lo dejaron allí”, afirma José Alonso Sánchez, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla. “Me acerqué, me presenté como abogado y les dije que era ilegal negarle la entrada, que estaba documentado y tenía derecho a subir al barco pero me respondieron que habían llamado a la Jefatura de policía de Melilla y desde allí le habían dado la orden de no dejarle pasar”. No hubo más explicaciones, a pesar de que el reverso de la tarjeta afirma que el titular “queda autorizado a permanecer en España durante el tiempo de validez del mismo”.

Mercedes Rubio de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), abogada de Kamel y del resto de solicitantes de asilo a los que se le ha concedido el permiso, asegura que “se están violando derechos fundamentales de los inmigrantes que recogen tanto la Ley de Asilo, como la Ley de Extranjería y la propia Constitución” y anuncia que van presentar una demanda de protección de los derechos fundamentales en los juzgados de Melilla.

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Foto: José Palazón

Los acontecimientos de anoche no hacen más que constatar los temores que desde que entró en vigor la nueva Ley de Asilo se han expandido entre los defensores de derechos humanos en Melilla. Al haber disminuido los requisitos para que las solicitudes de asilo sean admitidas a trámite, hay más inmigrantes con autorización para vivir en España hasta que se resuelva definitivamente su caso, más inmigrantes que tienen derecho a entrar en la península. “Estábamos expectantes con la nueva Ley y desgraciadamente intuíamos que podría llegar a pasar una cosa así, por eso ayer fuimos todos, íbamos de observadores” afirma el abogado José Alonso. Con la Ley anterior la mayoría de los casos no pasaban el primer filtro y “los pocos que conseguían la tarjeta amarilla podían viajar a la península sin problemas”. El último cruzó el mes pasado.

La semana pasada, los propios inmigrantes habían denunciado que la policía les advirtió de que aunque estuviesen documentados no les dejaría viajar. “Es un disparate, el día que fueron a recoger los papeles les dijeron que no fuesen a comprar billetes de barco o de avión porque no les dejarían cruzar. Eso ilegal, pero aquí les da igual” asegura José Palazón de Prodein. Junto a Kamel otros 14 inmigrantes han recibido el permiso temporal de residencia. Ayer hicieron una colecta entre todos para pagar el billete del argelino y comprobar si las supuestas amenazas de la policía sobre no dejarles cruzar eran ciertas o todo se quedaba en un intento de desanimarlos. “Es una forma de disuadirlos. Esta gente tiene que hacer grandes esfuerzos para pagarse un pasaje, son personas sin recursos y se ríen de ellos” critica Palazón. De madrugada y después de más de dos horas de espera, Karmel y los compatriotas que le acompañaban, todos con sus tarjetas amarillas en los bolsillos, volvieron al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes donde continúan esperando, algunos desde hace meses y otros desde hace años, a que les abran las puertas del barco.


  • Admiten a trámite la solicitud de Fátima, una joven marroquí que podría ser condenada en su país a penas de entre un mes y un año de cárcel por ser madre soltera
  • La expulsión del padre de su hijo, de nacionalidad india, continúa en marcha

26990009“Se llama Vikram” dice Fátima mientras su voz se envuelve en una sonrisa. Harmeet, un joven hindú, y ella acaban de registrar a su hijo recién nacido en los juzgados de Melilla. “Ya somos oficialmente los padres, los dos hemos firmado un papel”.

Hace cuatro meses, Fátima tenía tres preocupaciones: la evolución de su embarazo, la resolución de la solicitud de asilo que ha presentado al Gobierno español y la orden de expulsión de Harmeet. La naturaleza es más rápida que la burocracia y la primera obtuvo respuesta el pasado 2 de enero cuando nació Vikram, su primer hijo, un niño “grande y fuerte”. De la segunda, ha recibido buenas noticias esta semana cuando le notificaron que han admitido a trámite su caso. La tercera preocupación, que acabe separada de su pareja, amenaza con romper la buena racha.

Fátima (nombre ficticio) es una joven marroquí cuya historia ya contamos en P+DH que ha pedido asilo en España para no volver a su país, en el que está amenazada por su familia porque el padre de su hijo es hindú y no musulmán, y donde por ser madre soltera podría enfrentarse a penas de entre un mes y un año de cárcel. En octubre presentó su segunda solicitud respaldada por la Asociación Pro Derechos Humanos de la Infancia (PRODEIN), que inició una campaña de información y envío de mails al Gobierno exigiéndole que diera marcha atrás en su denegación de asilo.

Fátima pudo abandonar la chabola en la que vivía por miedo a ser expulsada y volver al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) donde ha pasado el resto de su embarazo y ahora se recupera del parto. “Todo el mundo está pendiente de mí y otras mujeres inmigrantes me ayudan con el niño porque todavía no puedo moverme bien”. Vikram, tendrá la nacionalidad india, como su padre, ya que su madre no quiere que sea marroquí y no puede ser español a pesar de haber nacido en Melilla. En España los hijos de extranjeros obtienen la nacionalidad de sus padres, no la española.

Fátima

José Palazón/ Prodein

Está feliz porque acaba de saber que, esta vez sí, evaluarán su petición de asilo. Más allá de superar un obstáculo administrativo, la admisión a trámite de la solicitud, en la práctica, es un pasaporte para viajar a la península, la idea que persigue Fátima desde que llegó a Melilla hace más de tres años. Los solicitantes de asilo que pasan ese primer filtro tienen una ventaja que no afecta el resto de inmigrantes del CETI, reciben una tarjeta amarilla que les autoriza a cruzar el Estrecho y permanecer en España hasta que el Gobierno se pronuncie sobre su caso.

Si decidiera irse, Fátima podría ser atendida, junto a su hijo, en un centro de acogida gestionado por una ONG. Pero no se quiere ir porque en sus cuentas ya no es una sola, son tres. Ella, su pareja y su hijo, una suma que no admite restas. “No me voy de aquí si Harmeet no viene conmigo. Es el padre de mi hijo. Ahora somos una familia aunque no lo diga un papel y no podemos separarnos, no imagino vivir en España sin él y menos pensar en que se lo lleven de vuelta a la India”.

Harmeet y Fátima llevan juntos tres años, en abril ella se quedó embarazada y desde entonces no se han separado. Sin embargo, mientras a madre e hijo se les empiezan a abrir las puertas a una regularización, él sigue en la misma situación desde hace cuatro años, cuando llegó a Melilla, sin papeles y con una orden de expulsión que la policía podría ejecutar en cualquier momento. “Mi vida está en España. Vine buscando un trabajo pero he encontrado una familia. Ahora tengo la responsabilidad de mantener a mi hijo y no podré cumplirla si me deportan. El mismo temor tiene Fátima.”¿Qué pasa si yo estoy fuera de aquí y se lo llevan? ¿Cómo voy a saber lo que está pasando?”.

Familia

José Palazón/ Prodein

En tres meses tendrán una respuesta definitiva, como recoge la nueva ley de asilo para los casos tramitados por vía urgente como éste. Si es negativa, la joven no volverá a Marruecos. “Me iría a la India, porque él no podría venir conmigo a mi país, es hindú y mi familia ya nos ha amenazado, tampoco quieren a mi hijo”. Si es positiva y Fátima se queda en España, podrían casarse y solicitar la reagrupación familiar. La otra opción es que ambos sean registrados como familia dentro del CETI y que la Delegación del Gobierno en Melilla los enviara a la península e instalara en centros de acogida o pisos gestionados por una ONG, como hace con otras familias que viven en el centro melillense.

Aquí o donde sea, pero juntos. “Somos una familia normal, queremos casarnos, tener nuestra casa donde criar a Vikram”. Pero los tiempos de la Administración son largos y mientras concluyen su pareja sigue en la cuerda floja, sabiendo ambos que cualquier día Harmeet puede ser detenido en una redada policial de las que habitualmente se realizan en el CETI y deportado, dejando solos en España a su hijo y a su mujer.

>> Otras noticias publicadas en P+DH sobre el caso de Fátima

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  • Amnistía Internacional denucia malos tratos y abusos en los centros terapeúticos de menores
  • El Comité contra la Tortura pide a España que investigue las denuncias de aislamiento y medicación

“Me ataban a la silla con la boca tapada, me duchaban con agua fría, y me hinchaban a pastillas. Una vez llegué a perder el conocimiento y me dejaron tumbada en el suelo. Si intentaba contar lo que estaba pasando me decían ‘ten cuidado con lo que hablas’, así me callaban”. Cuando pasó Sara era menor de edad y estaba internada en un centro terapéutico. “Estuve tres años, de los 15 a los 18, sin salir y mi madre ni siquiera sabía donde estaba. Casi no lo sabía ni yo, me tenían siempre sedada. Tomaba cuatro pastillas por la mañana, 3 al mediodía y otras 4 por la noche, me tenían que sentar en una silla de ruedas porque no tenía fuerza”. La vida de Sara, como la de muchos otros menores que pasan por los centros terapéuticos, no ha sido fácil. “Llegan de entornos de pobreza y exclusión estigmatizados, pero en vez recibir ayuda son castigados, aislados, vejados, amordazados e incomunicados, vulnerando sus derechos fundamentales” asegura Elena Estrada, investigadora de Amnistía Internacional.

Hoy existen en España 58 centros terapeúticos donde se trabaja por la reintegración de estos menores con trastornos en la conducta y dificultades sociales. No son delincuentes, ya que sobre ellos no pesa ningún delito, sino adolescentes conflictivos que provienen de familias en su mayoría desestructuradas y con dificultades socioeconómicas que no pueden hacerse cargo de ellos.

En los centros, según el informe “Si vuelvo me mato” de Amnistía Internacional, los menores son con frecuencia castigados sin comer, amorzándoles, prohibiéndoles la visita de sus familiares y obligándoles a permanecer durante horas de pie. En los testimonios recogidos por la organización, los jóvenes aseguran que pasan días e incluso semanas en celdas de aislamiento, “asfixiantes y siniestras…con portones blindados de hierro y paredes forradas con caucho o goma negra, que apenas alcanzan los tres metros sin ventilación ni comunicación alguna… Antes de entrar en estas celdas reclaman, a veces, una medicación que les ayude a soportar el emparedamiento” como las define en otro estudio el Defensor del Pueblo.

Ante comportamientos violentos, los menores son reducidos entre varias personas hasta inmovilizarlo e incluso atarlo, técnicas abusivas y que suelen usarse con frecuencia sin recurrir a otras alternativas menos agresivas según AI. “Una de las veces un vigilante me agarró del cuello y me tiró al suelo, me sujetaron entre dos vigilantes aplastándome contra el suelo y retorciéndome el brazo, había restos de cristales y me corté en la frente” afirma uno de los menores. Otra forma de castigo es la medicación. Amnistía afirma que los jóvenes reciben tratamiento médico sin diagnóstico previo y sin haber sido informados de lo que están tomando. “Si preguntas qué medicamentos son, no te informan ‘tú no tienes por qué saberlo’. Y si te niegas a tomarlos te amenazan o fuerzan mediante contención. Si te resistes puedes acabar atado en una silla o en el banco al sol todo el día donde, si aún te resistes te amordazan (con papel de embalar adhesivo) y te pueden llegar a inyectar algo que te deja KO”. Así lo describen Aránzazu y Esteban (19 y 18 años) que estuvieron internos en Barcelona. En los últimos 6 años 10 adolescentes se han suicidado en los centros españoles.

Amnistía denuncia que existe “oscuridad” en torno a los centros terapéuticos. La mitad de ellos no son supervisados por un juez o fiscal, ni existen resoluciones judiciales para el ingreso de los menores. “Son invisibles. Hay casos en los que los menores no salen del centro en años. Sin una orden judicial, los medicamentan para que no molesten y cuando llegan a la mayoría de edad a la calle, sin formación y sin un futuro” denuncia Estrada. AI asegura que cuando termina su internamiento en los centros la mayoría no han acabado la enseñanza obligatoria y carecen de un entorno social, lo que deriva en la marginación, la delincuencia y la cárcel. “Si se trata de un centro terapéutico, ¿por qué no salen ‘curados’? Salen peor de lo que entraron.”
El informe se centra en los de Andalucía, Cataluña y Madrid que acaparan el 55% de los centros españoles, donde según la organización han encontrado continuas trabas a la hora de llevar a cabo la investigación porque las Comunidades Autónomas le han denegado el acceso a los recintos, ignorado sus peticiones o imponiendo condiciones que dificultaba su trabajo y la libertad de los menores supervisándolos a la hora de realizar sus declaraciones. La Generalitat ha respondido a estas acusaciones negando los malos tratos y asegurando que el trabajo de AI está “tergiversado” y es “demagógico”.

De los 58 centros de toda España, sólo 3 son públicos. El resto están gestionados por convenios con asociaciones sin ánimo de lucro, empresas privadas o fundaciones como Dianova y O’Belén quienes gestionan un mayor número de centros. Dianova, es responsable de 7 centros y cuenta con un presupuesto de 5 millones de Euros, y O’Belén con alrededor de 12 millones de euros, según los datos de Aministía, y en la actualidad está encargada de 3 centros después de que durante los meses de septiembre y octubre cerrasen dos recintos de Castilla La Mancha. Más del 90 por ciento del dinero que reciben proviene de las Administraciones. “La responsabilidad última es del Gobierno. Es muy grave, porque se ha producido una privatización de la gestión y el Estado ha cometido una dejación de sus funciones por no supervisarlo”, afirma Elena Estrada. Según los testimonios, en los públicos no se cometen esas irregularidades.

En el mes de febrero el Defensor del Pueblo de febrero publicó un informe [pdf] en el que ya alertaba de estas irregularidades en los centros terapéuticos  y por el que el Comité contra la Tortura pidió explicaciones a España, ante la vaga respuesta del Gobierno español el organismo internacional ha reiterado el mes de noviembre su preocupación principalmente por las denuncias de aislamiento y administración de fármacos que contradicen a los artículos 11 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y exige una investigación al Gobierno.


  • Las operaciones policiales se han multiplicado en los últimos días.
  • Los inmigrantes denuncian que son tratados como “delincuentes”
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José Palazón/PRODEIN

A las 7 de la mañana del miércoles, 6 furgones de la policía nacional rodearon el CETI de Melilla mientras los inmigrantes dormían. “Venían a coger ‘morenos’  de Mali, Nigeria y Senegal. Entraron y nos despertaron con gritos mientras localizaban a los que iban buscando”, cuenta un interno. Uno de los detenidos era un nigeriano pareja, y padre del hijo, de una joven nigeriana que salió de la habitación pidiendo que no se llevaran a su compañero, “la mujer tenía al niño en brazos y no paraba de gritar cuando uno de los policías le quitó al hijo, lo dejó en el suelo, la empujó y le pegó mientras otro se llevaba a su novio”. Ese día se llevaron a otros 3 subsaharianos.

Las detenciones dentro del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla se han multiplicado desde el mes de noviembre y las fechas y horas de las operaciones varían continuamente. “Antes venían los lunes por la mañana, los inmigrantes se levantaban de madrugada y salían del CETI antes de que llegaran” dice José Palazón, Presidente de la Asociación PRODEIN. Pero desde hace un mes la rutina ha cambiado y se ha extendido entre los internos una sensación de inseguridad que ha llevado a un grupo de más de 100 inmigrantes, según PRODEIN, a abandonar el centro y trasladarse a chabolas fuera de la ciudad.

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José Palazón/PRODEIN

“Aquí hacen que te sientas como un delincuente, los ves bajar de los coches armados y no dejan salir a nadie de su habitación. Entran en todos los cuartos y nos despiertan gritando ‘levanta, levanta’ y nos hacen enseñarles nuestra identificación”. A los nombres que coinciden con la lista de las expulsiones se los llevan. Mientras unos agentes realizan la búsqueda dentro otros esperan fuera rodeando la valla para evitar que alguien pueda escapar. “ Aquí la gente ya sabe cómo funciona esto, hay grupos que pasan la noche despiertos y avisan a los otros cuando llega la policía. Es una locura, ves a hombres y mujeres que salen corriendo y saltan las vallas, muchos se caen o se clavan los hierros, se hacen heridas y se rompen huesos“. Otros han dejado de arriesgar y se han ido a las chabolas, prefieren el frío y los plásticos a vivir con el miedo de ser devueltos a sus países. La mayoría son hombres porque las mujeres embarazadas o con niños duermen en el CETI, saben que ellas corren menos riesgo de ser deportadas. Al principio eran unos 50 subsaharianos pero desde la semana pasada cuando la policía detuvo a 4o argelinos, casi un centenar de esta nacionalidad se ha trasladado también al campo. “Es una situación muy dura, están viviendo a la intemperie en pleno invierno, con la lluvia. Muchos trabajan como aparcacoches y el dinero que ganan lo juntan entre todos para comprar comida porque saben que si van al CETI se la juegan”. La semana pasada la policía apareció por el recinto a la hora de la cena y se llevó a 15 subsaharianos.

No es la primera vez que los inmigrantes abandonan el centro. Generalmente, a lo largo del año suele haber pequeños grupos viviendo fuera pero cuando aumentan las repatriaciones como ahora el número es muy superior, como también lo es el miedo. “Hay quien lleva cuatro años en España” asegura Palazón, “ahora que se habla mucho de la ampliación de estancia en los CIE a 60 días, ¿qué pasa con esta gente? ¿cúanto tiempo más va a estar así? Llevan años viviendo encarcelados en esta ciudad sin poder salir más que para ser expulsados”.


  • El Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma de la Ley de Extranjería
  • Una “decepción” para las organizaciones sociales porque no se han modificado los artículos más polémicos

La nueva Ley de Extranjería ha sido aprobada entre los aplausos de PSOE, CIU y Coalición Canaria y la decepción de las más de 500 organizaciones sociales que han mantenido el pulso con el Gobierno desde que comenzó el trámite de la reforma, la cuarta de los últimos 9 años.

Después de haber pasado el filtro del Senado por un solo voto más a favor, el Congreso de los Diputados dio ayer el espaldarazo definitivo al texto. Las organizaciones se han manifestado en la calle y se han reunido en los despachos con los grupos parlamentarios a los que han presentado sus enmiendas, algunas de ellas incorporadas a la ley, pero no han conseguido que se modifiquen los puntos que han generado un mayor rechazo como la ampliación hasta 60 días de los periodos de detención en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) donde los inmigrantes permanecen los días previos a su deportación, y cuyas condiciones han quedado en entredicho en un informe publicado recientemente. Tampoco ha habido cambios en las limitaciones en la reagrupación familiar, en la apertura de un expediente de expulsión a las víctimas de la violencia de género sin papeles que decidan denuncian a su agresor o en el incremento de las sanciones por estancia irregular.

En las últimas negociaciones parlamentarias entre el Gobierno y los grupos políticos se han incluido enmiendas que han restringido aún más las garantías de los inmigrantes según han denunciado CEAR, Cáritas y la Red Acoge. Una de las condiciones de CIU ha sido incluir el concepto de `esfuerzo de integración´ que los inmigrantes tendrán que realizar si quieren renovar sus permisos de trabajo o residencia y que incluye, por ejemplo, que se tenga en cuenta su conocimiento de las lenguas oficiales. Una medida que consideran discriminatoria. “Esto no es más que el equivalente al `contrato de integración´ que en su día propuso el PP y que rechazó el PSOE. Es una medida unilateral que sólo se impone a las personas inmigrantes y deja a las Comunidades Autónomas que sean ellas quienes decidan qué tipo de inmigración quieren”, aseguran las organizaciones.

Además, recuerdan que “la nueva ley trata a los menores no acompañados como inmigrantes irregulares y capacita a las Comunidades Autónomas para llegar a acuerdos con los países de origen, priorizando así la repatriación y no la agrupación familiar de los menores”. En referencia al padrón municipal, la ley impondrá graves sanciones a quienes inscriban a inmigrantes. “Son un colectivo en continuo movimiento a la hora de buscar trabajo, esta medida es un desincentivo que les va a cerrar el acceso a servicios básicos como la asistencia sanitaria“.


  • Con 58 disidentes presos, encabeza la lista de países con menos libertad de expresión en Internet
  • Las ONG han denunciado una campaña de represión coincidiendo con la visita de Obama
  • 40.000 personas trabajan en el control de los contenidos de la Red

Ilustración: Guy Billout / Wired

“Soy un gran partidario de la no censura”. Barack Obama capeaba el asunto de la falta de libertad de expresión en China durante su encuentro con un grupo de universitarios de Shanghai preparado por la Embajada estadounidense. El eco de sus palabras ha retumbado más fuera que dentro del país, donde sólo pudieron ser publicadas en 30 páginas web.

Organizaciones como Human Rights in China (HRIC) o Chinese Human Rights Defenders (CHRD) han denunciado que durante la reciente visita del presidente estadounidense, el Gobierno de Hu Jintao realizó una campaña de control y detención de disidentes y activistas, entre las que se encuentran 90 personas que se manifestaban en Pekín contra la demolición de sus casas ante la celebración de la Exposición Universal de Shanghai 2010. Según CHRD hubo 42 arrestados que fueron trasladados a las “cárceles negras“, centros de detención ilegales donde se violan los derechos de los prisioneros según Human Rights Watch.

En el gigante asiático hay 300 millones usuarios de internet de los que 60 millones son blogueros. China tiene la mayor comunidad de internautas del mundo, tan grande como su capacidad de censurar miles de webs, incluidas las de Facebook y Twitter. En su tarea cuenta con el respaldo de Microsoft, Google, Yahoo y Baidu.cn (éste último acapara el 60% de las búsquedas), que filtran los contenidos “subversivos” y colaboran en la desaparición de informaciones relativas los derechos humanos, el Dalai Lama, la Carta 08 o la democracia y en el bloqueo del acceso a las páginas de Internet de organizaciones como Reporteros sin Fronteras y Amnistía Internacional.

A éstas se suman otras estrategias como la orden de que los ordenadores fabricados a partir de julio llevasen instalado un software de control de contenidos, que ante el rechazo que suscitó entre los usuarios y los propios fabricantes quedó como una opción voluntaria para las marcas, a la que se acojen muchas de ellas. Un estudio de OpenNet Initiative afirma que esta medida no es más que una forma con la que el Estado pretende limitar los contenidos políticos y religiosos.

40.000 empleados del Estado y el Partido vigilan los ficheros que circulan por la Red. El informe “Los enemigos de Internet” de RFS asegura que sólo en 2008 alrededor de 3.000 páginas fueron bloqueadas a través de un sistema de “palabras prohibidas” que serían, por ejemplo, las asociadas a la matanza de Tiananmen en 1989: oleada estudiantil del 89, movimiento estudiantil del 89, alteraciones, revueltas, masacres, etc.

En China 58 ‘ciberdisidentes’ están encarcelados, algunos de ellos desde hace más de 9 años. Tras la breve apertura a la que se vio forzado el país con la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín, el Gobierno ha vuelto a levantar la Gran Muralla virtual que comparte países como Arabia Saudí, Birmania, Cuba, Egipto, Irán, Uzbekistán, Siria, Túnez, Turkmenistán o Vietnam.

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Niveles de filtro de contenidos | Mapa: OpenNet Initiative


  • La reforma del Código Penal dejará en manos de los jueces si los manteros van a la cárcel, como hasta ahora, o sólo se les impone una multa.
  • El Congreso pide al Gobierno que quienes se dedican al top manta no sean condenados a prisión por ser una medida “desproporcionada”.

Daquella manera/ Flickr

En plena gestación de la reforma del Código Penal las voces que piden la despenalización del top manta se hacen cada vez más visibles. Las últimas dentro del propio Congreso, donde PSOE, CIU y UPyD han respaldado una propuesta de Izquierda Unida donde pide al Gobierno que en la próxima reforma del Código “evite la criminalización y el ingreso en prisión” de las personas que venden CDs y DVDs en el top manta.

La iniciativa, una proposición no de ley aprobada en la Comisión de Justicia del Congreso, no obliga al Gobierno pero sirve para consolidar y respaldar una exigencia que desde hace mucho tiempo reclaman organizaciones como Ferrocarril o Mbolo Moy Doole y la plataforma “Ni un solo mantero en prisión”. Y se suma al gesto de los jueces de la Audiencia Provincial de Vizcaya, quienes acordaron hace poco más de un mes, como ya comentamos en P+DH, que los delitos que juzguen contra la propiedad intelectual (cds y dvds) o industrial (cinturones, bolsos…) por la venta callejera de mercancía no serán castigados con penas de cárcel.

El ruido llega a un debate al que el Gobierno ya se ha adelantado introduciendo un nuevo párrafo en el artículo 270.1:

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique […] una obra […] sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”.

Éste artículo es el foco de las principales críticas y la reforma pretende suavizarlo añadiéndole:

“No obstante, en los casos de distribución al por menor [...], atendidas las circunstancias del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido por éste, el juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días”.

Pero no es suficiente.“Estamos otra vez dependiendo de los jueces y eso sólo nos lleva a que dos personas en la misma situación sean condenadas según del juzgado que lleve su caso a pena de cárcel o a trabajos en beneficio de la comunidad”, dice Patxi de la Fuente, abogado de Mbolo Moy Doole.

Calafellvalo/ Flickr

La preocupación de las organizaciones no se centra sólo en el presente y futuro de los manteros, también en quienes ya han sido condenados porque tanto la Ley de Extranjería vigente [art. 31] como la reforma que se está tramitando contemplan que para obtener un permiso de residencia el inmigrante no puede tener antecedentes penales, y haber sido condenado por vender en el top manta les cierra las puertas a su regularización. La solución para las organizaciones pasa por que deje de ser un delito, y eso tenga carácter retroactivo para los manteros que ya han sido condenados.

Ante ese dilema se encontrará Alaji si consigue quedarse en España. Es un joven senegalés al que hace dos años la policía detuvo junto a un compañero con una mochila con cds y dvds en Torrelavega. Fue condenado a seis meses de cárcel, 900 euros de multa y a indemnizar con 650 euros a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). La pena fue sustituida por la expulsión y el día 3 de julio el juez lo mando a prisión para que no se fugara antes de ser devuelto a su país. Pero el proceso se ha alargado y Alaji no ha sido deportado, está pagando la multa y lleva en prisión 4 meses, 2/3 partes de la condena le impusieron en un principio.

“Está bastante agobiado, sigue en la cárcel, no puede trabajar y no tiene como pagar la multa hasta ahora lo ha hecho con préstamos de sus amigos”. Es la pescadilla que se muerde la cola, sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles. Alaji espera desde la cárcel la respuesta al indulto que ha solicitado, mientras que el compatriota al que detuvieron junto a él y que también pidió el indulto lo hace desde su casa.”Fue el mismo juicio y la misma sentencia pero resultados diferentes, uno espera la respuesta en libertad y el otro en la cárcel”. A Alaji le han concedido el tercer grado y está a la espera de saber si le dan o no la libertad condicional.

La petición de indulto es la vía que está empleando la plataforma “Ni un solo mantero en prisión” en la campaña que ha emprendido con una red de abogados por toda España para sacar a los manteros de la cárcel, ya han presentado al Ministerio de Justicia 50 solicitudes de los 118 manteros (datos de septiembre) que hay en prisión.


  • Mañana se vota en el Congreo de los Diputados la reforma de la ley de extranjería
  • Saldrá adelante con el apoyo de PSOE, CIU y CC, si se cumplen las previsiones del Gobierno
  • Las organizaciones sociales creen que son insuficientes las modificaciones que se han producido en el texto desde que llegó al Congreso en verano
Manifestación contra reforma LOEX

Arriba las que luchan/ Flickr

Es la cuarta reforma que se aplica a la ley de extranjería desde que entró en vigor hace 9 años. Para el Gobierno se trata de un texto que consolida una inmigración legal, ordenada y adaptada a las necesidades del mercado laboral, mientras que las organizaciones sociales lo ven como un retroceso que convierte al inmigrante en una mera herramienta de trabajo.

El proceso, que comenzó en el mes de junio, cierra mañana una etapa con la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados en la que el Gobierno ya se ha asegurado el apoyo de Convergència i Unió (CIU) y Coalición Canaria (CC) gracias a la incorporación de 40 de las 60 enmiendas presentadas por CIU, la mayoría relacionadas con las competencias de las comunidades autónomas, y la suma de las propuestas de CC vinculadas al traspaso y tutela de los menores inmigrantes.

Más de 500 organizaciones sociales como Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Red Acoge o Cáritas han mostrado, sobre el papel a través de informes y en la calle con manifestaciones, su rechazo a un texto que, dicen, recorta derechos de los inmigrantes y cuyas principales críticas se resumen en estos puntos:

  • Se han ampliado de 40 a 60 días los periodos de detención en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), donde son recluidos los días previos a su expulsión. Las organizaciones rechazan esa prolongación, piden que el internamiento sea el último recurso y que se incluyan medidas alternativas aplicando el principio de proporcionalidad ya que estar en situación irregular es una falta administrativa que, a su juicio, no debería privarles de libertad.
  • En el ámbito de la educación, la reforma recoge el derecho de los menores inmigrantes indocumentados a acceder a la educación obligatoria, pero no el de los niños de educación infantil y el de los mayores de 18 años que aspiran estudios postobligatorios.
  • La reagrupación se realizará si forman parte del núcleo familiar, hijos y cónyuges, incluyéndose las parejas de hecho y siempre en el caso de que los inmigrantes solicitantes lleven al menos 5 años de estancia legal en España. Otras generaciones ascendientes como los abuelos sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años o alegando razones humanitarias.
  • Las mujeres inmigrantes en situación irregular que sufran violencia de género obtendrán un permiso temporal de residencia y de trabajo si denuncian a su agresor. Sin embargo, la denuncia como víctima les abre un procedimiento de expulsión, que aunque quedaría paralizado, podría ser un elemento de disuasión para estas mujeres que dificultara su salida de la espiral de violencia en la que se encuentran.
  • La nueva ley contemplará multas de hasta 10.000 euros para quienes inviten y acojan a inmigrantes que decidan continuar en España una vez concluido su periodo de estancia legal.
  • Se recogen avances en el apartado de los menores, como que éstos puedan nombrar a un defensor judicial en su proceso de repatriación, pero la reforma no incluye el principio de no devolución cuando no existan garantías de que el menor, si es deportado, tenga una vida digna. Tampoco se hace referencia a la obligación del Estado de informar y facilitar al menor su derecho a solicitar asilo.
  • A las ayudas a la vivienda sólo podrán optar los inmigrantes que tengan como mínimo 5 años de estancia legal en España.
  • La reforma garantiza la justicia gratuita, pero en el caso de los inmigrantes se ha incluído una nueva exigencia por la que se les obliga a solicitar una segunda vez la asistencia de un abogado cuando quieran recurrir una denegación de entrada, devolución o expulsión.
  • El texto no contempla el derecho de los polizones a la designación de un abogado. Amnistía Internacional asegura que en muchas Delegaciones del Gobierno no se permiten que reciban asistencia letrada y un intérprete en la primera entrevista con la policía, por lo que solicitan que ésta garantía quede incluida en la reforma.
  • Uno de los aspectos más positivos del texto es que por primera vez se reconocen los derechos de reunión y manifestación, asociación, sindicación y huelga de los inmigrantes, aplicando así la Sentencia del Tribunal Contitucional 236/2007 (PDF).

Las ongs, asociaciones de inmigrantes y el resto de organizaciones sociales aseguran que las modificaciones que ha sufrido hasta ahora el texto no son suficientes, aunque confían en que se sigan produciendo cambios hasta su aprobación definitiva que será, si se cumplen las previsiones, antes de que finalice el año.