P+DH – el blog de la redacción de periodismohumano

  • “Y así, como hormiguitas, como artesanos de la información llevamos tres años en Periodismo Humano, visibilizando a miles de personas que siendo receptores de los medios, nunca pensaron que aparecerían en la portada de uno de ellos, y en el que se reconocen sintiéndose respetados en su dignidad”

Que alguien te acompañe hasta una encrucijada de caminos inexplorados, que te descorran las cortinas para descubrir un mar de posibilidades, que muchas personas derriben muros para constatar que sí se puede; que no hace falta que nadie nos reconozca como artista para ser capaces de crear, que aunque tristemente no hayamos crecido acompañados de la certeza de sabernos inventores nunca perdemos la inherente capacidad de pensar y de  decir en voz alta que hay otras formas de convivir. Y en la mayoría de las ocasiones, es sólo cuestión de suerte cruzarnos con esas personas que nos revelan que lo más divertido en esta vida es recorrerla encontrándonos con los otros, y el mayor arrojo ser capaces de ponernos, tan naturalmente como el respirar, en el lugar del otro. Personas que nos regalan la herramienta más valiosa, la que deberían recordarnos cada día en el colegio, la de vivir sabiendo que sí es posible.

Porque yo tuve esa suerte y conocí a Javier Bauluz dando la cara por los derechos de los inmigrantes en España, tan rebelde como para no tener miedo a alzar la voz cuando pocos lo hacían contra el gobierno que inventó la caza del inmigrante, el de Aznar, y que los demás han perpetuado hasta hoy, no me extrañó cuando empezó a compartir conmigo su nuevo proyecto y decirme que “Internet era el presente y no el futuro” como se decía allá por 2004 (cualquiera diría que hace menos de una década), y que si los medios de comunicación tradicionales habían decidido darle la espalda a los temas sociales, a los derechos humanos… los periodistas debíamos retomar el control de nuestro oficio, crear nuestros propios medios y recuperar el servicio público haciendo llegar la información directamente a los ciudadanos y ciudadanas. Leer más


  • 1.100 de cada 100.000 mujeres mueren durante el parto en Burundi.
  • En el Día de la Mujer, Médicos sin Fronteras pone el foco en uno de los países más pobres del mundo.
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© François Dumont/MSF

En el 99º aniversario de la celebración del Día de la Mujer, a doce meses de cumplir el primer centenario, la igualdad en derechos de la mujer ha avanzado más en un siglo que en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, la vida de cientos de millones de mujeres sigue estando amenazada física, psicológica y sexualmente desde el día de su nacimiento en la mayoría de los países del mundo por el mero hecho de ser mujer.

La cuestión del género empieza a ser introducida en la jurisdicción de determinados crímenes contra la humanidad, como la violación como arma de guerra. La cooperación al desarrollo también ha introducido el empoderamiento de la mujer como uno de los motores fundamentales para la construcción de sociedades más justas. La situación de la mujer empieza a ocupar un papel fundamental en la percepción internacional que se tiene de los países. Y la salud de la mujer es ya entendida como uno de los flancos que debilitan y expolian las posiblidades de desarrollo de un país.

Éste último caso es el que subraya en su último informe la ONG Médicos Sin Fronteras en el caso de Burundi, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

Quedarse embarazada y dar a luz en Burundi conlleva graves riesgos para la mujer. Según la OMS 1.100 de cada 100.000 mujeres mueren durante el embarazo o el parto. Además, 41 de cada 1.000 niños nacidos vivos mueren antes de su primer año de vida. Una cifra muy alta incluso para tratarse de África y de uno de los países más pobres del mundo.

Hace una semana Mary Nicinanze, de 30 años, llegó al centro para urgencias durante el embarazo y el parto que desde 2008 Médicos Sin Fronteras gestiona en el sur del país, en la región de Burumbura, junto al lago Tanganika. Mary estaba en estado de desnutrición, con las piernas muy hinchadas y sin color en los labios.  Una ambulancia de la ONG la había traído desde el centro de salud local porque allí no tenían los medios necesarios para hacerle la transfusión de sangre que necesitaba. Su estado de salud era preocupante por lo que se quedó ingresada hasta dar a luz a una niña.

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© Sune Juul-Sorensen / MSF Nicizanye Mary junto a su bebé y su madre.

“La pequeña recién nacida está durmiendo en el regazo de su madre envuelta en una tela de colores que le han dado en la maternidad. Cuando nació estaba anémica y por debajo del peso normal y durante los dos primeros días tuvo muchos vómitos, pero poquito a poco ha ido recuperándose y ahora está mucho mejor”. Así explica el documento de MSF la situación del bebé.

“Si no hubiera venido al hospital mis hijos no tendrían madre”, explica Mary que tiene ya cinco hijos. Mientras, su propia madre hace lo que otras muchas abuelas en el centro, cuidar de su hija  y de su nieta y cocinar la comida que le ofrece el centro. Mary no sabe qué le ocurrirá cuando vuelva a su casa. Su marido no quiere saber nada de ella desde que enfermó por la desnutrición y ni siquiera sabe que ha tenido una hija.

Mientras, Mary sigue abrazando a Nduwakezan, que en Kirundi, la lengua local, quiere decir, Buena Noticia.

Más de 3000 asistencias en 2009

En Burundi, que arrastra las consecuencias de una guerra civil que se alargó desde 1996 hasta 2003, sólo la mitad de las mujeres cuenta con personal competente durante el parto. Los centros de salud locales a menudo carecen de servicios obstetricios o de urgencia. Por ello, Médicos Sin Fronteras cuenta con tres ambulancias que durante las 24 horas del día trasladan a las mujeres desde los ambulatorios a la maternidad de la organización.

© François Dumont/MSF  En Kabezi se atienden a cualquier hora del día los casos de urgencia provenientes de otros veinte centros de salud de la zona. El equipo dispone para ello de tres ambulancias, de un sistema de comunicación por radio y de personal médico cualificado.

© François Dumont/MSF En Kabezi se atienden a cualquier hora del día los casos de urgencia provenientes de otros veinte centros de salud de la zona. El equipo dispone para ello de tres ambulancias, de un sistema de comunicación por radio y de personal médico cualificado.

“Más de 200 bebés nacen aquí cada mes. El objetivo del proyecto es sobre todo reducir la mortalidad de las madres y de los recién nacidos” explica la comadrona de MSF Ann van Harver. ” La mayoría de las mujeres que mueren por las complicaciones del embarazo fallecen durante el parto o durante la primera semana después de éste”. Una cesárea a tiempo o una intervención rápida puede salvar en la mayoría de los casos la vida de la madre y del niño.

De hecho, otro de los sistemas que salva la vida de muchos niños prematuros es el método canguro: “se arropa bien al niño cerca de pecho de la madre para que el contacto corporal le aporte el calor que necesita. El efecto es parecido al que proporciona una incubadora y, al mismo tiempo, reconforta tanto a la madre y como al niño y estimula la producción de leche materna”, explica la comadrona.


La revista colombiana que desveló, gracias a un curtido equipo de periodistas de investigación, la parapolítica colombiana, es decir, el vínculo entre muchos políticos y miembros del Gobierno de Uribe con el paramilitarismo; los falsos positivos, es decir, los asesinatos de civiles por parte del Ejército que luego son presentados como miembros de la guerrilla para conseguir ascensos y parabienes, así como para demostrar a la ciudadanía el éxito de la lucha contra las guerrillas; la concesión de subsidios agrarios a jefes del paramilitarismo, entre otros, ha sido cerrada por sus dueños, la Casa Editorial El Tiempo del grupo español Planeta.

La revista Cambio nació en los noventa como una filial del periódico español Cambio 16, pero poco más tarde fue adquirida por una editorial en la que participaba García Márquez, quien la dirigió durante algunos años y donde escribió algunos de sus mejores trabajos periodísticos. El 3 de febrero, su propietaria la Casa Editorial Tiempo anunció que esta revista semanal pasaría a publicarse mensualmente y que dejaría de ser un medio de análisis político para dedicarse al entretenimiento. Argumentaban problemas económicos aunque según su editora Jefa, María Elvira Samper, “fuimos víctimas de ejecuciones extrajudiciales y presentados como muertos en el combate de las cifras. Pero hay mucho más que eso”.  Numerosos organismos nacionales e internacionales apuntan a que  la decisión se ha adoptado por tratarse de un medio crítico con el gobierno de Uribe y porque estamos en vísperas de las elecciones, a las que pretende volver a presentarse modificando la Constitución, y de una adjudicación de un canal televisivo mediante un concurso en el que el Grupo Planeta es candidato. El grupo español Prisa también compite por este canal.

El periodista Hollman Morris, que denunció la semana pasada la persecución y amenazas por parte de una agencia estatal de las que ha sido víctima, ha entrevistado a la editora jefa de la revista Cambio.

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Tres contra dos. Tres votos a favor. Dos en contra. Y madres y padres de desaparecidos, huérfanos, torturados, defensores de la vida y de la Justicia, todos ninguneados, alzaron sus brazos, gritaron, se abrazaron y lloraron en bares, casas y rincones de todo Chile. Y en muchos otros países. Cinco jueces lores británicos acaban de votar a favor de retirarle la inmunidad soberana al general Pinochet, lo que podría suponer su extradicción a España para ser juzgado si el gobierno británico lo permite.

El escritor Juan Gelman contaba ayer en el diario argentino Página 12: “Conocí al juez Garzón en 1997, cuando, con mi esposa Mara La Madrid, le elevamos una denuncia por el asesinato de mi hijo Marcelo Ariel y la desaparición de mi nuera María Claudia, padres de una niña o un niño nacido en cautiverio del cual supe la existencia por la Secretaría de Estado de El Vaticano. Era el único juez ante quien podíamos hacerlo: no había otro en el mundo dispuesto a escuchar el relato de los crímenes cometidos por la dictadura militar argentina. No había otro juez en el mundo que atendiera las heridas de las víctimas de Pinochet y no hubo otro que decidiera procesarlo”.

Último paseo de Pinochet como presidente. (c) Javier Bauluz /Piraván

Último paseo de Pinochet como presidente. (c) Javier Bauluz /Piraván

El juez Baltasar Garzón había decidido emprender el que sería el proceso que, entre otras cosas, iniciaría a España en la práctica de la Justicia Universal. Algunos de los periodistas españoles que cubren el acontecimiento en Chile tienen que mentir sobre su nacionalidad. Ser español en Chile en aquellos momentos podía ocasionarles graves problemas entre los partidarios de Pinochet. Alguno de ellos lo recuerda como la única vez que han visto contentas a las víctimas.

El día de esta histórica votación era 25 de Noviembre de 1998 y cientos de miles de personas en todo el mundo reafirmaron su convicción en la justicia como única vía para combatir la impunidad. Muchos sintieron la necesidad de compartir sus impresiones, sus convicciones democráticas pero la única forma que tenían a su alcance era escribir una carta al Juez, para muchos de ellos extranjero, que había hecho este caso posible, aprovechar los medios de comunicación si algún periodista les preguntaba o, simplemente reunirse con personas con las que compartían su alegría cargada de dolor.

Y mientras, un movimiento de solidaridad internacional se gestaba a través de las imágenes de televisión, fotografías y crónicas. Pero no podían relacionarse entre ellos ni demostrar públicamente su apoyo al proceso sin intermediarios. Desde entonces han pasado sólo once años, pero las vías y herramientas para ejercer el derecho a la libertad de expresión permiten hoy alzar la voz de una forma inmediata, pública y en interacción con los otros de una manera que, inevitablemente, va a cambiar los mecanismos democráticos y el peso de la opinión pública en éstos.

El pasado miércoles por la mañana los medios de comunicación daban la noticia: la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial había acordado por unanimidad iniciar los trámites para suspender de funciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Era el resultado, entre otros, del intento del juez de juzgar los crímenes de la dictadura franquista, lo que desencadenó una ofensiva en su contra por parte de dos grupos de extrema derecha, Falange Española y Manos Limpias. Le acusan de prevaricación por intentar localizar y exhumar a los víctimas de la dictadura franquista.

Al mediodía de este mismo miércoles, se hacía público un Manifiesto por la Justicia de Garzón a través de una web y un grupo de Facebook donde todo aquel que quisiera pudiera unirse. En poco más de 48 horas han firmado el manifiesto  2.000  ciudadanos en el grupo de Facebook y casi 1.000 en la web. Casi 3.000 personas con sus nombres, apellidos y profesión una gran mayoría, enfermeros, secretarios, profesores, periodistas, jubilados, parados, cooperantes, conserjes, profesores, catedráticos, publicistas, escritores, estudiantes, abogados, soldados, magistrados, ciudadanos en definitiva, han contado con la posibilidad de hacerse oir públicamente. Y no sólo como un mero número. La mayoría además ha explicado el por qué, rompiendo así no sólo con las barreras impuestas hasta ahora para la expresión de la opinión pública si no con los miedos a hablar alto y claro.

Para desmentir los rumores que ha señalado algún medio de que detrás de este manifiesto está un secreto y supuesto lobby dirigido por abogados y un vocal del Consejo General del Poder Judicial amigos de Garzón, me declaro culpable de haber expresado mi opinión como ciudadana y de haber creado las herramientas y las vías para que otros ciudadanos pudieran hacerlo igualmente.

A este manifiesto hay que sumarle otras muchas otras reacciones. Un grupo de intelectuales, entre los que se encuentran José María Caballero Bonald, Manuel Rivas, Ian Gibson, Juan Goytisolo y otros, ha manifestado que se consideran “sentados en el mismo banquillo que Garzón” y que están convencidos de que asistirán“al kafkiano proceso de un tribunal que encausa, en carne, a la Justicia, sufriendo con ello nuestra democracia el peor golpe desde el 23-F”.

La periodista Maruja Torres, en su columna en El País, explica a través de un ingenioso cuento como “un dragón muy malo (…) llamado Garrzón” fue por fin enfrentado por unos héroes acompañados de “Mary Provida, Mary Demagogia y el señor Odios” que encontraron en la Justicia “implacables justicieros como ellos”. David Trueba, en el mismo periódico, apuntaba a cómo “van a matar con un tecnicismo” a Garzón y que “no se entiende nada porque todo es una ficción judicial”.

"Falange Española pide ayuda para sentar a Garzón en el banquillo. Dada la escasez de recursos de FE JONS, solicitamos tu colaboración" dicen en su web. "FE JONS muestra su alegría por lo que podría ser el principio del fin de la impunidad (..) y quiere felicitar al Sindicato Manos Limpias y a los Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por su valentía".

"Falange Española pide ayuda para sentar a Garzón en el banquillo. Dada la escasez de recursos de FE JONS, solicitamos tu colaboración" dicen en su web. "FE JONS muestra su alegría por lo que podría ser el principio del fin de la impunidad (..) y quiere felicitar al Sindicato Manos Limpias y a los Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por su valentía".

La periodista Rosa María Artal también publicó un texto, suscrito por periodistas como Enrique Meneses y Fernando Berlín, en el que señalaba como “los países democráticos no pueden entender la condición de intocable del franquismo en España”refiriéndose al apoyo que ha recibido el juez por parte de prestigiosos juristas internacionales. De hecho, en el nuevo recurso presentado por el juez Garzón incluye cinco juristas internacionales como testigos para demostrar que los crímenes contra la humanidad no son amnistiables según tratados internacionales suscritos por España. Entre ellos, se encuentran Carla del Ponte, ex fiscal del Tribunal Internacional para los crímenes de guerra de la ex Yugoslavia y de la Corte Penal Internacional y Eugenio R. Zaffaroni, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina cuando ésta derogó las leyes de amnistía posteriores a la dictadura de ese país.

Amnistía Internacional ha manifestado que Garzón no puede ser acusado de  “delito de prevaricación por intentar localizar y exhumar a las víctimas de los crímenes del franquismo, justificándolo como contrario a la ley de Amnistía del año 1977″ porque “la impunidad de crímenes contra el derecho internacional no puede ser convalidada por ninguna ley de amnistía. Es el deber de las autoridades judiciales españolas investigar, sancionar y reparar todos aquellos crímenes que hayan sido cometidos en un país, aunque sea en el pasado”.

 Familiares de los cinco republicanos asesinados, según testigos, por falangistas y que fueron enterrados en la Fosa de Turanzas (Llanes, Asturias) observan la exhumación de los restos. (c) Javier Bauluz / Piraván

Familiares de los cinco republicanos asesinados, según testigos, por falangistas y que fueron enterrados en la Fosa de Turanzas (Llanes, Asturias) observan la exhumación de los restos. (c) Javier Bauluz / Piraván

Jueces por la Democracia junto a la Unión Progresistas de Fiscales han expresado que este proceso supone “criminalizar la discrepanacia jurídica” puesto que la investigación de los crímenes de lesa humanidad “se ajusta completamente a la legalidad nacional e internacional”.

El ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha definido la trayectoria de Garzón en la Cadena Ser como “el juez que más se ha enfrentado a ETA y a su entorno, el que más eficazmente ha combatido el narcotráfico y la delincuencia financiera. Desarticuló las cuentas secretas del BBVA en Jersey o el caso Pretoria, que alcanza a Alavedra y Prenafeta. Combatió la guerra sucia contra el terrorismo del GAL, el caso Gürtel de corrupción en el seno del PP, las dictaduras latinoamericanas. El factor determinante es que se atrevió a lo que nadie se había atrevido, a investigar las desapariciones forzadas, cien mil desapariciones”. Según Jiménez Villarejo “la extrema derecha española ha conseguido poner a su servicio a una parte de la magistratura” movidos por el “recelo, de envidia, de venganza”.

También políticos del PSOE y de IU han mostrado su apoyo a Garzón: el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, le definió como un “profesional decente” y mostró su esperanza de  “que le vaya lo mejor que le pueda ir en este trance”. El coordinador general del IU, Cayo Lara, dijo que IU está en  “completa solidaridad” con el juez.

Son muchos los perfiles y los ciudadanos que se han mostrado en contra de este proceso contra el Juez Garzón. Y en esta ocasión, como cada vez es más habitual, los ciudadanos no han tenido que esperar a que otros se manifiesten, se generen corrientes de opinión desde las altas esferas o desde los medios de comunicación para expresar sus opiniones y sentimientos. El nuevo ecosistema de comunicación de los ciudadanos funciona. Y su voz puede ser expresada y escuchada.


Una de las pruebas encontradas por la Fiscalía que vinculan al DAS con la campaña de terror y desprestigio llevada a cabo contra Hollman Morris

Una de las pruebas encontradas por la Fiscalía en las dependencias del DAS.

El presidente Álvaro Uribe Vélez es el máximo y directo responsable de los actos criminales ejecutados por el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 en contra del periodismo y la libre expresión en el país, y debe pedir perdón públicamente por los ataques que durante su gobierno y desde el DAS se han cometido contra periodistas en Colombia”.

Así se han expresado hoy, día del Periodista en Colombia, dos de los reporteros más reconocidos en este país, Hollman MorrisClaudia Duque, durante la rueda de prensa que han dado en la Universidad Javeriana de Bogotá para denunciar la persecución policial secreta a la que llevan sometidos desde hace años. Las pruebas y los testimonios judiciales que han presentado y que se encuentran en poder de la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia “son contundentes en señalar la responsabilidad del jefe del Estado, por acción y omisión, en la persecución contra más de 300 personas entre miembros de ONGs, periodistas, magistrados y líderes de la oposición” según han explicado.

Entrevista de Hollman Morris en Radio W momentos antes de la rueda de prensa:

[audio:http://blip.tv/file/get/Pmasdh-EntrevistaAHollmanMorrisEnWRadio942.mp3]

Hollman Morris, premiado como defensor del año 2007 por Human Right Watch, entre otros, ha trabajado para los medios de comunicación más importantes de Colombia, es corresponsal de Radio Francia Internacional y desde 2003 es el director del programa Contravía, reconocido internacionalmente por sus reportajes sobre las distintas facetas y actores del conflicto colombiano. En 2003, Hollman Morris y Claudia Duque, de cuya situación en peligro ya informamos en P+DH, elaboraron un documental en el que se demostraba la existencia de un montaje puesto en marcha por el Departamento Administrativo de Seguridad Colombiano (DAS) para desviar la investigación sobre el asesinato del periodista y humorista más conocido en aquel momento en Colombia, Jaime Garzón.

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Desde entonces, la persecución contra ambos reporteros y sus familias se incrementó. En el caso de Hollman Morris, según las pruebas referenciadas por los periodistas, el DAS diseñó una campaña de desprestigio nacional e internacional que incluía la elaboración de un video que lo señalaba como miembro de la guerrilla. “Según las pruebas en poder de la Fiscalía, al parecer serían ejecutadas en coordinación con el Ejército nacional y las AUC (los paramilitares). El DAS tenía planeado“bloquear” la financiación internacional del programa Contravía y la obtención de visas para otros países (…)”.

En el caso de Claudia Duque, después de años de amenazas que la llevaron al exilio, la Fiscalía encontró pruebas que demostraban que el DAS había desarrollado un protocolo de actuación para infundirle terror y en el que se especificaba cómo realizar las llamadas telefónicas o las cosas que debían decirle, como que iban a violar y a quemar viva a su hija de diez años.

Los dos periodistas han acusado directamente a Álvaro Uribe de su situación, puesto que “la Constitución de Colombia define que el DAS actuará bajo la dirección del Presidente de la República, responsable del nombramiento del director”. Cuatro de los cinco responsables del DAS en el gobierno de Uribe han salido del organismo por graves escándalos de paramilitarismo, persecución política y espionaje ilegal. El exdirector del DAS, Jorge Noguera, a quien vemos en el documental sobre el asesinato de Jaime Garzón, y que en la actualidad está siendo juzgado por paramilitarismo y homicidio, confesó la semana pasada haber recibido órdenes de Uribe para el nombramiento de José Miguel Narváez como subdirector del DAS, responsable en la práctica del ente  y vinculado en la investigación por el asesinato del periodista Jaime Garzón y del senador Manuel Cepeda Vargas.

El presidente Uribe ha admitido haber ordenado al DAS “hacerle inteligencia al terrorismo”. Sin embargo, como llevan años denunciando grupos de defensores de los Derechos Humanos y de periodistas, el problema es qué considera Uribe terrorismo. Según el infome de Human Rights Watch de 2009, “un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno, [quienes los acusan de] ‘terroristas’ o ‘guerrilleros’”. De hecho tras un discurso presidencial en septiembre de 2003 contra los defensores de derechos humanos, un documento interno del DAS calificó a Claudia Duque como “traficante de derechos humanos”. Los ataques públicos contra Hollman Morris por parte del presidente Uribe son conocidos popularmente en Colombia. Le ha acusado de “hacer alianzas con el terrorismo para grabar atentados”, pidió que se le investigara penalmente por “entrevistar bajo presión”policías y soldados recién liberados por las FARC, acusó a la OEA y a la ONU de no ser imparciales con la valoración que hicieron del proceder del periodista, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que retirase las medidas de protección cautelares que le han otorgado al reportero, y le acusó de evadir la protección del Estado para viajar a encuentros con la guerrilla. El ex Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo de él que era “afín a las FARC”. Inmediatamente recibió 50 e-mails amenazándole. Meses después, la Fiscalía archivó la investigación contra Hollman Morris, admitiendo que había obrado conforme a la ética periodística.

Día del periodista en Colombia: “En Colombia son empresarios quienes destruyen sus propios medios para congraciarse con el gobierno”

“Contrario a la campaña internacional que realiza el gobierno nacional sobre el “existoso” modelo colombiano para la protección de periodistas, las cifras demuestran un preocupante aumento de los ataques contra los informadores: mientras en el año 2007 la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) y el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, registró 97 agresiones contra el ejercicio periodístico y durante el 2008 110, el año pasado los ataques denunciados por periodistas ascendieron a 167″.

Con esta frase comienza el informe que FECOLPER ha publicado con motivo del día del Periodista en Colombia. Y siguen sumando. Sobre el cierre de la famosa revista Cambio apuntan “un secreto a voces que se trata de una determinación política para castigar la independencia del medio frente al gobierno nacional. Resulta paradójico que mientras en otros países los gobiernos ejecutan la censura con el cierre de medios, en Colombia son empresarios quienes destruyen sus propios medios para congraciarse con el gobierno”. Tanto la revista como el diario Hoy, que también ha cerrado, son propiedad del grupo español Planeta que compite con el también grupo español PRISA por la concesión de un canal de televisión por parte del gobierno.

Más. Los procesos judiciales que sufrieron 9 reconocidos periodistas en 2009, 5 de ellos con la demanda del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Alfredo Escobar Araújo “quien a pesar de su reconocida amistad con un extraditado miembro de la mafia italiana -de quien recibió regalos según consta en grabaciones- consideró mancillado su buen nombre, cuando los columnistas hicieron mención al tema”, apunta FECOLPER.

Y como fin de fiesta de la celebración del día del periodista, el fallo que se comunicará mañana de la demanda en contra del periodista, escritor y sociólogo Alfredo Molano por delito de injuria y calumnia, hecha por miembros de una reconocida familia de políticos, dos de cuyos miembros tuvieron orden de captura en su contra y uno se encuentra tras las rejas. “Pasamos del crimen, del asesinato, a la limitación y la autocensura, y luego a llevar a los periodistas a los tribunales; me parece que ahí hay una concatenación interna, sólida y peligrosa”, advierte Molano en una entrevista realizada por Radio Nederland.


Raji Sourani (Foto: Patricia Simón)

Raji Sourani (Foto: Patricia Simón)

Raji Sourani es el abogado palestino especializado en Derechos Humanos más reconocido internacionalmente. La primera vez que fue encarcelado por Israel, en 1979, pasó tres años en prisión por “actividades políticas”. Le siguieron dos encarcelamientos por ejercer como abogado defensor de las víctimas de la ocupación israelí. Sufrió torturas y Amnistía Internacional defendió su causa como preso político en 1988. Su independencia lo llevó a ser detenido durante 18 horas por la Autoridad Nacional Palestina por criticar la creación de unos tribunales propios. Es el fundador del Centro Palestino para los Derechos Humanos, promotor de la causa interpuesta ante la Audiencia Nacional española contra un ministro israelí y seis militares por un bombardeo a la casa de un miembro de Hamás que acabó con la vida de catorce civiles. La labor de Raji Sourani fue reconocida por la República Francesa con el Premio Derechos Humanos en 1995, dos veces por la Fundación Robert Kennedy, por la Asociación Internacional de Juristas de Londres en 2003, y hace apenas un mes por la Asociación ProDerechos Humanos de Andalucía.

¿Cuál es la situación en Gaza un año después del ataque?

Nada ha cambiado. De hecho, la situación es mucho peor porque todo sigue como entonces: la destrucción, no hay máquinas ni cemento para la reconstrucción y, por supuesto, el bloqueo ilegal de medicinas. El sitio continúa, estamos aislados. No tenemos agua potable, petróleo, gas para cocinar, medicinas, hospitales, quirófanos. No hay reciclaje de aguas ni residuos. Todo va al mar, que está absolutamente contaminado.Hay más de 5.000 discapacitados como consecuencia de esta guerra. Las heridas psicológicas y físicas siguen abiertas. La comunidad internacional no paraba de decir que iba a reconstruir Gaza después de la guerra, pero no lo han hecho. Y una de las cosas más peligrosas: los palestinos pensaban que podrían actuar legalmente contra los métodos ilegales de Israel, ya fuera a través de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, del Informe Goldstone o a través de la justicia de países de la Unión Europea como la española. Pero ahora, que ven que no ocurre nada, se piensa que los ataques contra civiles se pueden repetir en cualquier momento. La gente tiene miedo del mañana.
En resumen, en Gaza hay dos máquinas de matar: una es el desastre humanitario y otra es que no hay Corte que juzgue contra esta impunidad.

Cuando nos encontramos con Raji Sourani está inmerso en una gira por toda España que ha organizado aprovechando la entrega del premio de la organización andaluza. En cada una de las ciudades se reúne con organizaciones  amigas de la causa palestina, ofrece conferencias y atiende a los periodistas. Lleva años denunciando internacionalmente la situación de los Territorios Ocupados de Palestina, explicando, repitiendo y contagiando del convencimiento, de la confianza que el tiene depositada en la legalidad, porque es lo único que le queda, “la única arma de los débiles”, como la define Luis García Montero. Su rostro desvela su cansancio, pero su amabilidad, su buena disposición son sólo la antesala de la capacidad de su discurso, y del tono de su voz para prevenirnos de panoramas aún más desoladores.

¿Cómo cree que va a afectar a Gaza la construcción del muro metálico bajo tierra en la frontera con Egipto?

El muro no va a ayudar a resolver el problema. Estamos en el mundo de internet donde no hay fronteras. Estamos en el mundo post-muro de Berlín. Del otro muro, el que separa Israel de Gaza, la Corte Internacional de Justicia, no sólo ha dicho que es ilegal sino que es un crimen de guerra y que debería ser castigado por la Comunidad Internacional. Este nuevo muro sólo va a provocar más aislamiento, y cuando digo aislamiento, quiero decir extremismo, sangre y destrucción. Esto nos sitúa en un panorama no muy lejano, en el que el 60%  de la población será menor de 18 años, en el que aparecería la primera generación de extremistas de élite, siguiendo la estela de Bin Laden.

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  • En una homilía navideña, el Arzobispo de Granada, Javier Martínez, dijo que si una mujer aborta “eso da a los varones licencia absoluta de abusar del cuerpo de la mujer” y comparó la situación de los profesionales de la medicina que realizan abortos con la de los soldados de Hitler y Stalin.
  • Casi 8.000 ciudadanos piden que la justicia actúe contra él, por incitación y justificación de la violencia de género, en un grupo de facebook creado hace 48 horas que además ya está llevando a cabo otras acciones concretas.
Fotografía (c) Javier Bauluz /Piravan

Fotografía (c) Javier Bauluz /Piraván

El pasado 20 de diciembre, el Arzobispo de Granada, Javier Martínez, durante su homilía dominical pronunció las siguientes palabras:

Pocas imágenes en la historia más tristes que la que han ofrecido nuestros parlamentarios aplaudiendo lo que por fin se ha convertido en un derecho: matar a niños en el seno de la madre. ¿Y a eso lo llaman progreso? Se promulga una ley que pone a miles de profesionales (médicos, enfermeras,…) -sobre todo, a ellos- en situaciones muy similares a las que tuvieron que afrontar los médicos o los soldados bajo el régimen de Hitler o de Stalin, o en cualquiera de las dictaduras que existieron en el siglo XX y que realmente establecieron la legalidad de otros crímenes, menos repugnantes que el del aborto. Porque es de cobardes matar al débil. Hubo en la Edad Media -en esa preciosa Edad Media que nadie se atreve a recordar porque tampoco es políticamente correcto- una orden militar cristiana donde los caballeros hacían el juramento de no combatir nunca con menos de dos enemigos a la vez, porque para un caballero cristiano era indigno combatir de igual a igual con quien no era cristiano.

El mundo puede llamarlo estupidez. Yo le llamo valor. Pero matar a un niño indefenso, ¡y que lo haga su propia madre! Eso le da a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar del cuerpo de la mujer, porque la tragedia se la traga ella, y se la traga como si fuera un derecho: el derecho a vivir toda la vida apesadumbrada por un crimen que siempre deja huellas en la conciencia y para el que ni los médicos ni los psiquiatras ni todas las técnicas conocen el remedio.

El Arzobispo de Granada, Javier Martínez, es el mismo que también sobresaltó a la opinión pública cuando dijo que el preservativo había propagado el sida en África, sumándose así a la teoría hecha pública por el Papa Benedicto XVI en febrero del pasado año en un viaje por el continente africano, refrendada por algunos medios de comunicación, y que le costó la reprobación de países como Francia y Bélgica y la crítica de importantes sectores del ámbito científico. En aquella carta pública de Javier Martínez apuntaba como culpables de esta situación a:

Los mismos que han decidido que a cualquier cosa —incluso constitutivamente estéril— se la puede llamar matrimonio, haciendo burla de los millones de personas de las que ellos viven, porque son quienes pagan como pueden sus impuestos, aunque ninguna de esas personas —absolutamente ninguna— haya nacido de esas uniones estériles. Los mismos que deciden que matar a un ser humano, siempre que no haya nacido y no tenga voz para gritar, ni acceso a los medios de comunicación para defender sus derechos, ni un sindicato que le defienda, es legítimo, con tal de que les convenga a alguno de los adultos implicados. Los mismos que están a punto de decidir “una salida” igualmente digna y honrosa “a favor” de quienes han dejado ya de producir, para que no sean una carga para la Seguridad Social. Los mismos que piden mil controles para obtener un antibiótico, pero dan a menores, sin que sus padres lo sepan, sin rechistar y sin comentario, y todas las veces que haga falta, una píldora abortiva cuyas consecuencias, absolutamente conocidas en caso de abuso, no se quieren decir, para que no quede rastro o huella alguna, para que nadie les pueda reclamar el día de mañana por este crimen contra la humanidad de nuestros adolescentes (y contra su salud mental, afectiva y corporal).

Que la justicia actúe contra el Arzobispo de Granada

Éste es el nombre del grupo de facebook que en menos de 48 ha conseguido casi 8.000 miembros y que pide que se abra una causa a Javier Martínez por incitar y justificar la violencia de género.

En la carta modelo que se ha elaborado para que sea enviada a diversas instituciones como el Ministerio de Igualdad, el Instituto de la Mujer Nacional así como los autonómicos, el Defensor del Pueblo y que ya ha sido insertada numerosos blogs, leemos:

La violencia de género es una lacra social que se cobra muchas más vidas que el terrorismo. No podemos permitir que nadie, y menos si lo hace desde una tribuna pública o un púlpito, pueda contribuir con sus palabras a su propagación y justificación.

Entendemos que la ley debe ser igual para todas y todos, seas cristian@, musulmán/a, agnóstic@ o ate@, te escondas tras un pasamontañas, una sotana o un despacho institucional.

Y recuerdan que en España, en 2004, un imán fue condenado a quince meses de prisión y una multa de 2.000 euros por justificar la violencia contra la mujer. Lo hacía en un libro en el que enseñaba cómo agredir sin dejar huellas en el cuerpo. Entonces, la sentencia reconocía el derecho constitucional a la libertad religiosa del acusado, pero precisaba que eso no es pretexto para amparar la violencia de género.

Los miles de ciudadanos que le han plantado facebook al arzobispo de Granada han materializado su añoranza medieval por la que los guerreros católicos no se enfrentaban con menos de dos enemigos. Ya son casi ocho mil y probablemente muchos de ellos sean cristianos.


  • La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a México por no garantizar la vida e integridad de las mujeres de Ciudad Juárez.
  • Es la primera sentencia de un tribunal americano que condena a un Estado por violaciones de derechos humanos por discriminación de género y condición social.
Una de las manifestaciones que se han ido sucediendo en los últimos años contra los asesinatos de mujeres en el estado de Chihuaha. Ésta tuvo lugar en 2002, y fue la primera en la que cientos de mujeres se concentraron en México DF contra esta situación. (Ismael Rojas/AP)

Una de las manifestaciones que se han ido sucediendo en los últimos años contra los asesinatos de mujeres en el estado de Chihuaha. Ésta tuvo lugar en 2002, y fue la primera en la que cientos de mujeres se concentraron en México DF contra esta situación. (Ismael Rojas/AP)

“Las mujeres que tienen vida nocturna, salen a altas horas de la noche y entran en contacto con bebedores están en riesgo. Es díficil salir a la calle y no mojarse”. Así explicaba los asesinatos en Ciudad Juárez, en la frontera mexicana con Estados Unidos, el entonces Procurador de Justicia del Estado de Chihuahua, Arturo González Rascón, máximo responsable en la región para la investigación de estos casos, en el diario más importante de la ciudad. Ahora, las familias y las organizaciones demandantes se han encontrado con que será precisamente él uno de los encargados de supervisar el cumplimiento de la sentencia por parte de México, ya que ahora es el Fiscal General de la República. Ya a finales de los noventa, un tribunal mexicano y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos lo acusaron de obstruir la investigación de varios asesinatos de mujeres y un informe de la ONU señaló graves irregularidades en el esclarecimiento de estos casos en 2003.  En todos estos años, González Rascón ha mantenido la misma actitud en relación al asesinato de mujeres que el gobierno mexicano, la indiferencia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha encontrado al Estado de México culpable de no prevenir adecuadamente la muerte y agresiones físicas y psicológicas de tres mujeres jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero en Ciudad Juárez. Viviana Weisman, representante de Women Link Worldwide, nos explica que “lo que hace muy bien la Comsión es presentar casos individuales representativos de una situación estructural, por lo que esta sentencia sienta jurisprudencia en el ámbito de violaciones de derechos por cuestión de género, y no sólo en Latinoamérica sino en todo el mundo”.

Efectivamente, el caso juzga la desaparición y posterior investigación de la desaparición de tres jóvenes en septiembre y octubre de 2001, que fueron encontradas a principios de 2002 junto a otros cinco cadáveres que no forman parte del caso porque no habían sido identificados cuando se inició la causa judicial. Pero el caso Algodonero representa perfectamente el feminicidio que tiene lugar en Ciudad Juárez:

- Laura Berenice Ramos Monárez, de 17 años, no regresó a casa después de ir al colegio y trabajar como camarera en un bar.

-Claudia Ivette González , de 20 años, fue vista por última vez al salir de la maquiladora donde trabajaba y donde no le dejaron entrar por llegar dos minutos tarde.

-Esmeralda Herrera Monreal desapareció cuando volvía a casa después de trabajar como empleada de hogar en una casa de ciudad Juárez.

El Campo Algodonero el día que se encontraron los cadáveres de las tres jóvenes de este caso junto a los de otras cinco jóvenes. (Álex Sánchez, Diario de Juárez/AP)

El Campo Algodonero el día que se encontraron los cadáveres de las tres jóvenes de este caso junto a los de otras cinco jóvenes. (Álex Sánchez, Diario de Juárez/AP)

Cuando los familiares fueron a denunciar su desaparición, los policías les dijeron que estarían con sus novios y no las buscaron. Un patrón de violencia y de conducta policial que se lleva repitiendo desde 1993, cuando el Tratado de Libre Comercio con América del Norte intensificó la presencia de maquiladoras -empresas textiles estadounidenses- en la zona, que contratan prioritariamente a mujeres. El rol de éstas cambió abruptamente en una sociedad patriarcal y machista. Éste es uno de los causas que los expertos, y la propia sentencia, identifican en la raíz de un feminicidio del que se carecen de cifras exactas, y que oscilan entre las 400 que recogen informes de Amnistía Internacional y del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) a partir de los datos de las ONG nacionales hasta los 2.415 casos de desaparecidas de los que el Estado dijo no poder informar porque “los expedientes no los tenían físicamente”. Se calcula que, en Ciudad Juárez, desde mediados de los noventa, más de mil mujeres han sido violadas, torturadas, asesinadas y desaparecidas. Pero no son las cifras de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez el único aspecto específico de esta situación puesto que, según el último informe del Instituto de las Mujeres de Ciudad México, el 60% de las mujeres mexicanas han sufrido violencia machista. Es la suma de los siguientes circunstancias las que confieren especicificidad a la situación del estado de Chihuahua, dando lugar a un patrón de violencia sistemática basada en el género, la condición social y la edad:

  • Mujeres de entre 15 y 25 años, pero también niñas, de escasos recursos, trabajadoras –sobre todo de maquilas-, estudiantes y/o migrantes.
  • Las mujeres son secuestradas y mantenidas en cautiverio, sus familiares denuncian su desaparición y tras días o meses sus cadáveres son encontrados en terrenos baldíos, pero transitados. De hecho, normalmente los cuerpos no se encuentran tras una profusa investigación policial, sino que son encontrados casualmente por transeúntes. Los cuerpos tiene signos de gran violencia, incluyendo la violación u otros tipos de abusos sexuales, tortura y mutilaciones que sólo pueden perpetrarse en el cuerpo de las mujeres.

De hecho, a una de las víctimas de Algodoneros le habían arrancado o cortado un pecho y, como a otra de las mujeres, el pezón del otro pecho. Según la investigación llevada a cabo durante el juicio, el trato recibido antes de su muerte les causó “un sufrimiento psicológico agudo, y tuvieron un móvil sexual pues fueron encontradas semidesnudas, aunque no se puede determinar exactamente las circunstancias  por el gran deterioro sufrido por los cadáveres por el paso del tiempo.

  • “Esta sentencia es muy importante porque pone en evidencia dos tipos de discriminación: la propia violencia en sí y la falta de acceso a la justicia de las víctimas. Y son personas en las que confluyen muchos ámbitos de discriminación”, explica Weisman. De hecho, uno de los aspectos más importantes de esta sentencia es que también condena a México por no hacer justicia en estos casos lo que le hace responsable de la impunidad de estas violaciones de derecho que “perpetúa la aceptación social del fenómeno de la violencia contra las mujeres, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en la administración de justicia” según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por cada mujer que muere en el Estado de Chihuahua, son miles las que sufren todo tipo de maltrato y vejaciones. Éstas apenas si denuncian. Y los casos resueltos de mujeres asesinadas son una minoría ínfima, de la que se carece de cifras porque aunque el Estado afirmó que un 40% de los casos habían sido resueltos no aportó documentación que así lo acreditase.

La tendencia a juzgar la conducta de las desaparecidas antes de iniciar los procedimientos para su búsqueda así como tener que informar sobre las preferencias sexuales de éstas, lo cual estaba recogido en el protocolo según la propia sentencia, fueron otro de los malos tratos a los que los familiares tienen que hacer frente cuando van a poner la denuncia de desaparición. Tanto es así que Amnistía Internacional denunció que “en el año 2001 la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua había puesto en práctica el criterio de ‘desapariciones de alto riesgo’, basado únicamente en el comportamiento de la víctima. Si la mujer desaparecida era una persona con una rutina estable, ésta podría ser candidata para este tipo de búsqueda. Este criterio resultó altamente discriminatorio y poco funcional ya que para el año 2003, solo existía un caso de desaparición considerado como de alto riesgo”.

Amicus Curiae

Otra de las peculiaridades de este proceso ha sido la implicación de decenas de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres mexicanas, de familiares de las víctimas así como de organismos internacionales como la Comisión Internacional de Juristas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Programa internacional de salud sexual y reproductiva de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto y Women Worldwide Link, entre muchos otros. Participaron en el proceso a través de la figura jurídica del Amicus Curiae, por la que personas o entidades ajenas al litigio ofrecen sus conocimientos y opinión sobre el tema en cuestión y que suele utilizarse cuando está en juego algún derecho fundamental o libertad. “Las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer hemos estado muy pendientes porque sabíamos que de aquí podría salir una sentencia muy importante y paradigmática”, nos explica la directora ejecutiva y cofundandora de Women Worldwile Link.

La condena

En el ámbito jurídico y de defensa de los derechos humanos es conocida la exhaustividad y pedagogía de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos y creada con la función de salvaguardar el cumplimiento de los Derechos Humanos en los países firmantes. De carácter consultivo, sus decisiones son vinculantes, definitivas e inapelables. Y en este caso, además la condena es muy amplia y específica, por lo que resulta de especial interés conocer todos los aspectos que recoge:

  • conducir eficazmente el proceso penal de estas tres jóvenes asesinadas.
  • investigar  y juzgar a los funcionarios acusados de irregularidades.
  • publicar en un plazo de seis meses y en un diario de amplia circulación en el estado de Chihuahua esta sentencia.
  • realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en honor a la memoria de las tres asesinadas, así como destinarles un monumento en su memoria y de las víctimas de homicidios por razón de genero en Ciudad Juárez.
  • adecuar a los estándares internacionales los mecanismos y protocolos de investigación y persecución de estos delitos.
  • creación de una web y una base de datos que recoja toda la información de las víctimas de esta violencia en Chihuahua desde 1993.
  • Implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género destinados a los funcionarios públicos y a la población de la región.
  • Ofrecer atención médica, psicológica o psiquiátrica a los familiares de las desaparecidas de este caso y pagarles unas indemnizaciones, que los familiares no solicitaron, pero que la Corte consideró oportunas, de unos 27.000 euros de media a cada una de las familias de las víctimas.
  • Crear una Comisión Nacional que será le encargada de vigilar y asegurar el cumplimiento de la sentencia. Uno de sus miembros será el ex Procurador Arturo González Rascón, cuyas declaraciones recogíamos al principio del texto.

La sentencia introduce dos avances jurídicos en el ámbito de los derechos humanos de las mujeres: declaró violaciones directas a la convención Belém Do Pará de la OEA, dedicada a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de la mujer,  lo que siente jurisprudencia en su incorporación al derecho de pleno, y reconoce que los homicidios por razones de género son conocidos como feminicidio, otorgándole una entidad jurídica propia.

Al conocer la sentencia, la madre de Esmeralda Herrera, Irma Monreal, declaró a IPS con los ojos anegados de lágrimas “No podía quedarme de brazos cruzados ante la muerte de mi hija. La condena es una buena noticia para las familias, me siento reivindicada”.


La Cumbre de Copenhague parece haber roto con la esperanza que numerosos sectores de la sociedad civil depositaban en lo que consideraban la última oportunidad después de muchas otras últimas oportunidades: la oportunidad para un acuerdo que atajara realmente el cambio climático, la plasmación de un orden internacional multipolar y la colaboración entre los organismos civiles ,que llevan décadas comprometidos con la protección del medio ambiente, y los mandatarios que han ido posponiendo el compromiso de hacerlo efectivo.

Juan López de Uralde y Nora Christiansen, de Greenpeace detenidos durante la recepción real en Copenhague

Juan López de Uralde y Nora Christiansen, de Greenpeace detenidos durante la recepción real en Copenhague

Pero la cita de Copenhague ha vuelto a caer como un jarro de agua fría sobre las esperanzas de los que creían que era posible la colaboración y la ejecución de medidas reales por parte de los gobiernos: no se ha cumplido ninguno de los mínimos que se habían establecido como metas, las reticencias de China obligó a Obama a gestar un acuerdo a duras penas con este país, junto a Brasil, India y Suráfrica, con el objetivo de sacar algo de una cumbre agonizante, lo que ha sido tomado como una traición al nuevo orden mundial multilateral prometido durante su campaña, y la ONU ha vuelto a demostrar su debilidad al hacerlo propio, y las masivas detenciones preventivas ejecutadas contra miles de manifestantes -muchos de ellos miembros de las ONG para el medio ambiente más emblemáticas- han convertido a esta cumbre en una más de confrontación entre los mandatarios y la sociedad civil, de alejamiento de la necesaria gobernanza mundial y de retroceso en los procesos democráticos en la gestión de los temas más acuciantes.

En este marco tiene lugar la detención del director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, cuando consiguió colarse en la recepción que la Reina Margarita II ofrecía a los 120 jefes de Estado participantes. Junto a Nora Christiansen que hacía de su acompañante, desplegaron dos pancartas en las que se leía “Los políticos hablan, los líderes actúan”. Desde entonces, el jueves, permanecen junto a otros dos miembros de la ONG en prisión preventiva, dictada hasta el 7 de enero, acusados de falsificación de documentos, de pretender ser una autoridad pública, de entrar sin permiso en lugar privado y de alterar un acto con presencia de la reina. Según ha declarado el abogado de la organización, José Manuel Marraco, “permanece con la moral alta porque la razón nos asiste”.

http://www.dailymotion.com/video/xbjk7t

“Mientras los culpables del crimen real de dejar pasar una oportunidad histórica de salvar el clima han vuelto a su país en aviones privados, asistimos atónitos al procedimiento de las autoridades danesas, que han detenido, sin juicio, a cuatro activistas pacíficos durante toda la Navidad” ha declarado el director internacional de Greenpeace, Kumi Naidoo. “Sus familias van a pasar unas tristes vacaciones sabiendo que sus familiares están encarcelados y aislados por actuar para salvar el clima; por representar a cientos de millones de personas e incontables especies que se verán severamente afectados por un cambio climático catastrófico”.

La movilización a través de las redes sociales ha sido inmediata: según Greenpeace, más de 10.000 personas han pedido la liberación de los activistas este fin de semana en Internet. Esta mañana se ha celebrado una rueda de prensa en la que se ha pedido su liberación y en la que han participado Manuel Rivas, escritor y periodista, en representación del ámbito de la cultura; José Antonio Hernández, portavoz de Intermón Oxfam, en representación de las ONG de ayuda al desarrollo; Joaquín Nieto, presidente de Sustain Labour, en representación del ámbito sindical; Luis González, secretario general de Ecologistas en Acción, y Mario Rodríguez director de Campañas de Greenpeace, quien consideró “desproporcionada” la medida y anunció  que el próximo miércoles, día 23, a las 17.00 horas habrá una concentración pacífica a las puertas de la Embajada de Dinamarca en Madrid.

Mientras un grupo de personas se manifiestan ante la prisión Vestre Faengsel, donde están encarcelados, otro grupo anuncia una concentración (kedada) para mañana martes 22, en la Plaza Callao de Madrid a las siete y media.

En el blog de Greenpeace contestan con varias propuestas a la pregunta más demandada ¿Qué puedo hacer yo? , desde firmar el manifiesto, hasta facebook, cartas, llamadas, otras concentraciones, twitter, etc


La periodista Claudia Duque

La periodista Claudia Duque

  • La Federación Internacional de Periodistas denuncia las amenazas sufridas por la periodista Claudia Duque, quien fue espiada durante años por una agencia del gobierno colombiano siguiendo un protocolo establecido para este fin.
  • Los guardaespaldas que el Estado le asignó para protegerla eran los propios encargados de elaborar los infomes que serían utilizados para intimidarla.
  • La Federación Internacional de Periodistas ha denunciado las amenazas sufridas por la periodista colombiana Claudia Duque, quien no sólo habría sido espiada por el Departamento Administrativo de Seguridad colombiano (DAS), sino que esos intentos de intimidación habrían seguido un protocolo establecido por los agentes del DAS.

    El DAS, dependiente de la Presidencia de la República, ha sido un organismo de inteligencia que -durante varios años- se ha visto implicado en casos de escuchas ilegales, de operaciones turbias y de corrupción. El presidente Uribe anunció su reforma hace pocos meses, pero el caso de la periodista Claudia Julieta Duque pone de manifiesto que los mismos agentes que se encargaban de la protección de periodistas amenazados, podrían estar implicados en el esquema que intentaba infundirles miedo e inseguridad.

    En octubre de 2008, la periodista logró una sentencia de la Corte Constitucional que exigía al DAS que le entregase toda la información recabada de manera ilegal sobre su persona, desde el 2001. No lo ha hecho, pero sí han continuado las amenazas y la intimidación.

    Los documentos incriminatorios para el DAS han aparecido entre la documentación descubierta en diversos allanamientos ordenados por la Fiscalía General de la Nación. Ahí se incluían todos los datos personales, teléfonos, correos electrónicos de Claudia Duque, así como los pasos para actuar sin ser detectado, y cómo tener cuidado para evitar señalarse ante la Policía Nacional de Colombia. Éstas son algunas de las directrices encontradas:

    • Hacer la llamada en cercanía a las instalaciones de Inteligencia de la Policía.
    • No tartamudear, ni durar en la llamada más de 49 segundos.
    • Llamar preferiblemente desde un teléfono de la empresa ETB.
    • Constatar que en el perímetro no haya cámaras de seguridad. Así sean de tránsito.
    • Quien realice la llamada la debe hacer sólo y desplazarse en bus hasta el sitio.
    • Extremar las medidas preventivas dado que Claudia Julieta avisará inmediatamente de la llamada al coronel Novoa de la Policía Nacional (el mismo que en otras oportunidades nos ha afectado institucionalmente).
    • claudiaduque

      Michel Cambon, Asociación Mundial de Periódicos

    También se decía cómo amenazar a la periodista, diciéndole que su hija –que en aquel momento tenía 10 años- podía ser violada y quemada viva. “Su hija va a sufrir, la vamos a quemar viva, le vamos a esparcir los dedos por la casa”, le dijeron una vez. La periodista y su hija abandonaron el país por un tiempo.

    Según le explicó a la Federación Colombiana de Periodistas la propia afectada, fue ella quien descubrió el siniestro manual de instrucciones al revisar la documentación que la Fiscalía manejaba tras haberla confiscado en la sede del DAS. La periodista ha sufrido amenazas en distintos períodos, después de que empezara a investigar el caso del periodista y humorista, Jaime Garzón, asesinado en 1999 por los paramilitares de extrema derecha y cuyo entierro provocó una gran manifestación de duelo popular. La periodista ahora amenazada encontró indicios de la tergiversación y desviación de pruebas por parte del DAS en el caso Garzón.

    En una entrevista de la Asociación Mundial de Periódicos, Duque explicaba así las consecuencias de su investigación periodística en este caso: “Tres exilios, múltiples amenazas de muerte contra mi persona y la de mi hija, aislamiento, silencio y sufrimiento. También pesa sobre mí una demanda legal, hecha por el ex director adjunto del DAS. A través de los años, he aprendido que no existe en Colombia ni perdón ni olvido para quienes combaten la impunidad en casos flagrantes de violaciones de los derechos humanos. Hubo épocas en las que no podía salir a disfrutar del sol ni ir a un parque a jugar con mi hija pequeña, quien ha tenido que aprender a no responder al teléfono, a no dar detalles de índole personal y a no confiar en nadie”.

    Con respecto a la situación de los periodistas en Colombia, Duque explicaba que “la única manera de garantizar algún día la instauración de algo que pueda llamarse una auténtica libertad de expresión es acabar con la impunidad en los casos de asesinatos, torturas, intimidaciones y amenazas contra los periodistas, una situación que no he experimentado ni remotamente. La consolidación de programas alternativos de protección a los periodistas debería acompañarse de una política auténtica en favor de las libertades civiles en Colombia. Mientras el propio Presidente, junto con sus amigos cercanos y otros altos mandatarios estatales, sigan amenazando y poniendo en tela de juicio el derecho a la libertad de expresión y estigmatizando a los periodistas y disidentes, no será posible crear un marco seguro para que se desarrolle el periodismo en este país”.

    “Lo que es de manual, pero del manual más sombrío, es el esquema puesto en marcha para lanzar las amenazas”, ha dicho Paco Audije, de la Federación Internacional de Periodistas.“En toda sociedad sana y democrática, esas amenazas deben ser rechazadas, investigadas y castigadas, sean quienes sean sus autores. Especialmente si son funcionarios del Estado. Estamos en contacto con nuestros colegas de FECOLPER y de nuestro Centro de Solidaridad en Bogotá, para apoyar en todo lo posible a Claudia Duque. En Colombia, quizá son las propias instituciones las que tienen que revisar profundamente sus propias cloacas y debilidades internas”, ha añadido Audije, antes de concluir “Por el contrario, el caso Duque, como otros en aquel país, nos muestra -una vez más- el servicio que los periodistas colombianos prestan a sus ciudadanos y al ejercicio de las libertades democráticas”.