• ACNUR asegura que con la documentación de solicitante de asilo pueden circular libremente por el territorio español y estudia las posibles irregularidades
  
• CEAR prepara una demanda de protección de derechos fundamentales

Una semana después de que se conociera, como contamos en P+DH, que la Policía Nacional no deja cruzar a la península a los solicitantes de asilo acreditados por el Ministerio del Interior con un permiso temporal de residencia en España, la Delegación del Gobierno de Melilla ha confirmado a P+DH que está al tanto de lo que está sucediendo, pero elude hacer declaraciones y pasa la patata caliente al Ministerio del Interior quien “está estudiando el tema”. Mientras, quince inmigrantes documentados continúan sin poder salir de la Ciudad Autónoma porque la Policía Nacional les prohíbe subir al barco que les lleva a la península. Ante esta situación, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) va a presentar una demanda de protección de derechos fundamentales ante los juzgados de Melilla. “Siguen sin poder cruzar, la Policía no nos da más datos y no tenemos conocimiento de que se haya dado ninguna orden por escrito. Queremos que el juez reconozca que se ha lesionado el derecho a la libre circulación de estas personas que recoge la Constitución en su Artículo 19” asegura Mercedes Rubio, abogada de CEAR.

Junto a CEAR, otras organizaciones han dado la voz de alarma, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). “Con la ley en la mano estas personas están acreditadas como solicitantes de asilo, por tanto tienen residencia legal en España y pueden circular libremente por el territorio español. No tenemos conocimiento de que haya una razón especial que limite este derecho” afirma a P+DH Mª Jesús Vega, responsable de Relaciones Externas de ACNUR en España. El Alto Comisionado está investigando las posibles irregularidades que pueden estar cometiendo y asegura que consultará con las autoridades y recabará toda la información necesaria. El Consejo General de la Abogacía Española también ha mostrado su “preocupación” y anuncia que estudiará el caso.

José Luis Rodríguez, abogado experto en extranjería, denuncia que “estas personas tienen el derecho a circular libremente por todo el Estado, por tanto impedirles salir de Melilla es tanto como no considerar a Melilla parte del Estado. Es una decisión muy peligrosa y, por supuesto, ilegal”. El abogado achaca el silencio de las autoridades a esta ilegalidad. “Saben que están actuando al margen de la ley, por eso guardan silencio. No recuerdo ningún caso en el que se le haya prohibido a un solicitante de asilo en esas condiciones moverse por España. Es muy grave lo que está pasando”.

Un trabajador filipino de 75 años muestra la radiografía que determina su enfermedad por culpa de la exposición al amianto en la construcción de barcos para EEUU (AP Photo / Aaron Favila)

En España no dejará de morir gente por culpa del amianto hasta dentro de medio siglo. La exposición de los trabajadores a este mineral en la construcción de los coches que conducimos, de los barcos en los que enviamos nuestras mercancías o de los edificios en los que trabajamos provoca unos 300 enfermos de cáncer de pulmón al año, que van a ser más cuando a partir de 2015 la enfermedad dé la cara a una generación de currantes que todavía no saben que están afectados. Ahora que su uso es ilegal en la mayoría del mundo rico, el amianto se ha deslocalizado y corre a sus anchas por los pulmones de los países en vías de desarrollo.

Hubo un tiempo, no lejano, en que esos pulmones sin protección eran españoles. Un murciano, ya jubilado, tiene estos días contra las cuerdas a 22 empresas estadounidenses a las que ha llevado a juicio por provocarle un cáncer de pleura. Este trabajador del astillero de Cartagena, junto a otros cientos de compañeros, estuvo expuesto al amianto durante 29 años en la construcción de buques. Las compañías norteamericanas, con la complicidad de las autoridades, ignoraron en España las precauciones reguladas en su país desde los años 70 sobre un material reconocido internacionalmente como muy peligroso.

De aquellos negocios, estas muertes. La última víctima del amianto se llamaba Josu Murua, un trabajador bilbaino del sector naval que falleció el pasado mes de diciembre. Dejó a su mujer embarazada de ocho meses y medio y a una hija de 13 años.

Pero España ya sabe que, aunque sea dentro de 50 años, dejará de enfermar por culpa del amianto, también conocido como asbesto. Desde 2002 es ilegal, como también lo es en el resto de la Unión Europea, Chile, Argentina, Japón, Arabia Saudí, Emiratos Arabes, Sudáfrica o Nueva Zelanda. Los jóvenes que hoy empiezan a trabajar en la construcción en esos países pueden confiar en que sus alveolos estarán protegidos legalmente contra esas partículas que le han destrozado la vejez a sus padres, a sus vecinos o a sus hermanos mayores.

Como España ya no puede ser el cementerio del amianto, las empresas han tenido que buscar a otros a quienes contaminar. Estados Unidos no ha renunciado a encontrarlos dentro de su propio territorio, donde trescientos mil trabajadores siguen en contacto con un peligro, según datos de 2004 de la American Thoracic Society, que causa la muerte de uno de cada 125 hombres mayores de 50 años.

En todo el mundo, cien mil personas mueren cada año por culpa del amianto y más de cien millones de personas siguen respirándolo a diario, lo que asegura un impredecible pero en cualquier caso alto número de muertes durante este siglo. Canadá, siempre vista como la hermana buena de la familia norteamericana, determina parte de estas cifras. Exporta su amianto a lugares como India, Kirguistán, México, Pakistán, Filipinas, Ucrania o Vietnam, donde se puede trabajar y comercial con él con menos riesgo para su imagen, con menos gasto en salarios y con menos coste para su servicio público de salud.

Rusia y China también son líderes en la producción y consumo de materiales con amianto. En China, la mina más importante, que ha recibido premios de calidad por parte de las autoridades, es un campo de trabajo para presos (pdf).

Mina de amianto en Shimiankuang (China) (Foto: CentralAsianTraveler)

“¿Cómo puede ser que haya un contraste tan fuerte entre reacciones rápidas, por ejemplo, con la gripe porcina y la pasividad del mundo político frente a una causa de mortalidad mucho más importante?”, se pregunta en un completo artículo Laurent Vogel, experto en derecho laboral.  Y se responde: “Ha habido un lobby muy activo y coordinado de los grupos industriales” y se ha “arrastrado a sindicalistas en nombre de la defensa del empleo. La enfermedad del asbesto se consideraba como el precio del progreso“.

Hicham Bouchti lleva 11 días sin beber ni comer nada, ni siquiera agua y azúcar, en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla y su situación es crítica. Hicham es marroquí y lleva 8 meses esperando una respuesta a su petición de asilo, “lo pido por motivos políticos, si me devuelven a mi país mi vida corre peligro”. El mismo peligro que corre ahora con la huelga de hambre, hace dos días fue hospitalizado durante nueve horas y su salud puede sufrir daños irreversibles.

Vídeo:  melillafronterasur.com

Hicham, que fue miembro del Servicio de Información Militar de Marruecos, no es un desconocido para las autoridades y medios de comunicación españoles. A pesar de tener poco más de 30 años, su historia es ya una complicada madeja de acusaciones cruzadas, contraespionajes, supuestas torturas en cárceles secretas, conspiraciones, periodistas y camuflajes.

La vida le sitúa ahora en Melilla, donde consiguió llegar hace ocho meses para pedir asilo en España por segunda vez. Ocho meses que Bouchti ha vivido con miedo, temiendo que “la policía secreta marroquí vuelva a por mí”. Ayer su caso fue revisado en la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, el órgano que toma la decisión definitiva, pero todavía no le han comunicado nada. Su huelga de hambre continúa.

• La Policía Nacional impide a inmigrantes solicitantes de asilo con permiso de estancia temporal cruzar a la península desde Melilla
  
• Los defensores de derechos humanos advierten de que es ilegal y anuncian acciones legales
  

Foto: José Palazón

Feliz y documentado, Kamel compró ayer un billete de barco para cruzar desde Melilla a la península pero no pudo hacerlo. La Policía Nacional se lo prohibió. Kamel es argelino y uno de los quince primeros inmigrantes de la Ciudad Autónoma a los que la nueva Ley de Asilo le ha otorgado la tarjeta amarilla, un documento del Ministerio del Interior que autoriza su estancia temporal en España hasta que obtenga una respuesta a su solicitud de asilo y que le permite viajar por todo el territorio español incluida, claro está, Melilla.

A las doce de la noche zarpaba el barco rumbo a la península, Kamel llegó al puerto una hora antes acompañado de representantes de ONG y varios compatriotas. “Todo fue normal, estaba en la cola y cuando me tocó me dijeron que me pusiera a un lado”. La policía cogió su documentación y lo dejó esperando. Al cabo de un rato, y mientras el resto de viajeros continuaba entrando en el barco, un agente le comunicó que no podía pasar. “Le dijeron ‘tú no subes’, y lo dejaron allí”, afirma José Alonso Sánchez, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla. “Me acerqué, me presenté como abogado y les dije que era ilegal negarle la entrada, que estaba documentado y tenía derecho a subir al barco pero me respondieron que habían llamado a la Jefatura de policía de Melilla y desde allí le habían dado la orden de no dejarle pasar”. No hubo más explicaciones, a pesar de que el reverso de la tarjeta afirma que el titular “queda autorizado a permanecer en España durante el tiempo de validez del mismo”.

Mercedes Rubio de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), abogada de Kamel y del resto de solicitantes de asilo a los que se le ha concedido el permiso, asegura que “se están violando derechos fundamentales de los inmigrantes que recogen tanto la Ley de Asilo, como la Ley de Extranjería y la propia Constitución” y anuncia que van presentar una demanda de protección de los derechos fundamentales en los juzgados de Melilla.

Foto: José Palazón

Los acontecimientos de anoche no hacen más que constatar los temores que desde que entró en vigor la nueva Ley de Asilo se han expandido entre los defensores de derechos humanos en Melilla. Al haber disminuido los requisitos para que las solicitudes de asilo sean admitidas a trámite, hay más inmigrantes con autorización para vivir en España hasta que se resuelva definitivamente su caso, más inmigrantes que tienen derecho a entrar en la península. “Estábamos expectantes con la nueva Ley y desgraciadamente intuíamos que podría llegar a pasar una cosa así, por eso ayer fuimos todos, íbamos de observadores” afirma el abogado José Alonso. Con la Ley anterior la mayoría de los casos no pasaban el primer filtro y “los pocos que conseguían la tarjeta amarilla podían viajar a la península sin problemas”. El último cruzó el mes pasado.

La semana pasada, los propios inmigrantes habían denunciado que la policía les advirtió de que aunque estuviesen documentados no les dejaría viajar. “Es un disparate, el día que fueron a recoger los papeles les dijeron que no fuesen a comprar billetes de barco o de avión porque no les dejarían cruzar. Eso ilegal, pero aquí les da igual” asegura José Palazón de Prodein. Junto a Kamel otros 14 inmigrantes han recibido el permiso temporal de residencia. Ayer hicieron una colecta entre todos para pagar el billete del argelino y comprobar si las supuestas amenazas de la policía sobre no dejarles cruzar eran ciertas o todo se quedaba en un intento de desanimarlos. “Es una forma de disuadirlos. Esta gente tiene que hacer grandes esfuerzos para pagarse un pasaje, son personas sin recursos y se ríen de ellos” critica Palazón. De madrugada y después de más de dos horas de espera, Karmel y los compatriotas que le acompañaban, todos con sus tarjetas amarillas en los bolsillos, volvieron al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes donde continúan esperando, algunos desde hace meses y otros desde hace años, a que les abran las puertas del barco.

por Cristina F. Pereda. Washington D.C.

Un soldado norteamericano gesticula ante un grupo de haitianos durante un reparto de ayuda humanitaria.19 de Enero, 2010. (AP Photo / Jae C. Hong)

Haití no es Nueva Orleáns después del Huracán Katrina. Haití no pertenece a Estados Unidos. Pero la respuesta norteamericana a las consecuencias del terremoto bien podría equipararse a la que daría el gobierno de Obama ante cualquier catástrofe dentro de su territorio. O la que muchos exigieron a Bush tras el paso del huracán en 2005. Desde la donación inmediata de 100 millones de dólares a las promesas casi diarias de que Estados Unidos no abandonará a Haití una vez terminadas las labores de rescate y emergencia, Obama parece mirar a Haití como un Estado más. Y los medios americanos así lo contaron: “Haití, en todos los sentidos, se convirtió en el Estado número 51 el martes a las 4.53h de la tarde con el terremoto”, publicaba la revista Time bajo el título El ejército americano en Haití: Una invasión compasiva.

Una semana antes de que la tierra sacudiera Haití, Hillary Clinton comparecía en Washington para hablar sobre USAID, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. USAID es una agencia con el orgullo herido, atrapada entre la falta de fondos para ayudas y acusaciones de que las últimas respuestas en el tsunami de 2004 y los terremotos en China en 2008 no fueron suficientes. Una semana antes de la catástrofe, la Secretaria de Estado norteamericana anunciaba reformas en USAID para convertirla en un ejemplo a nivel internacional.

Pero el despliegue de ayuda no se ha visto con los mismos ojos dentro y fuera de Estados Unidos. Para los americanos, empujados por el lenguaje de los medios de comunicación, el ejército y los marines han dejado de imponer su imagen más dura para dedicarse a entregar agua y comida. Aunque vayan armados. En el extranjero, sobran las preguntas sobre por qué hacían falta 10.000 efectivos del ejército, un buque y la guardia costera mientras Haití clamaba por personal sanitario y medicamentos.

Aterrizaje de los marines ante el Palacio Presidencial de Haití (Ramón Espinosa/ AP)

Algunos editoriales defendieron que el terremoto en Haití no pone tanto a prueba a Estados Unidos como a Obama. Es la oportunidad de cumplir otra de sus promesas: que no dejarán sólo a ningún país o pueblo necesitado. Y de rebote, la posibilidad de mejorar la imagen de Estados Unidos en el extranjero. Pero Obama respondió igual que Bush durante Katrina. Cuando el estadio de Nueva Orleáns quedaba atestado de desplazados por el huracán a finales de Agosto de 2005 y los servicios de emergencia de Louisiana fallaron, Bush envió al personal de Blackwater, la agencia privada de seguridad que después manchó su nombre en Irak.

El diario Los Ángeles Times ha descrito el despliegue de medios de comunicación en Puerto Príncipe como el mayor desde el tsunami en Asia en 2004. Y parecieron trabajar al unísono. Mientras las televisiones estadounidenses mostraban imágenes de haitianos arañando el cemento para rescatar a familiares, los titulares dictaban la preocupación sobre la seguridad. A ningún locutor le chirriaba ese rótulo hablando del peligro en las calles de Puerto Príncipe, cuando su voz acompañaba escenas de heridos, desplazados, huérfanos y haitianos solidarios con desconocidos bajo los escombros. Las cámaras de la CNN tardaron varios días en encontrar escenas de gente en busca de comida entre los cascotes de los supermercados. Para entonces, la llegada de miles de marines parecía obedecer el dictado de los titulares: “La seguridad se convierte en la preocupación número uno”.

Un artículo de la revista online Slate titulado “Por qué Estados Unidos se centró en la seguridad en vez de ayudar a los haitianos” concluía la semana pasada que cualquier respuesta a esta pregunta es negativa para los americanos. O bien Estados Unidos tiene intereses en el país caribeño que sólo el tiempo va a revelar, “o no importa de qué color sea nuestro presidente. Incluso cuando esté haciendo las cosas bien, el gobierno americano puede ser racista y, aún en una operación civil y puramente burocrática, salvajemente cruel”.

Los rostros de los haitianos pidiendo ayuda han recordado a muchos a las víctimas afroamericanas de Katrina. Los mismos que se quejaron por el lenguaje utilizado en función del color de las víctimas del huracán Katrina -el adjetivo de saqueador siempre acompañaba a los afroamericanos, los blancos eran víctimas-, se preguntan estos días por qué después del tsunami en Asia o el terremoto en China los titulares no nombraron problemas de seguridad.

Las televisiones norteamericanas se dieron prisa por retratar a los marines como guardianes de la ayuda. Para apoyar esta teoría, todos los días llegaban imágenes del mismo rincón comercial de la ciudad. Grupos de haitianos escalando entre los escombros para conseguir cualquier cosa. Comida o una caja de cartón. Algo que pudieran vender. Los reporteros norteamericanos a veces tuvieron suerte y hasta encontraban imágenes de la policía intentando hacerse con el control. La estrella de la CNN Anderson Cooper (en sus peores cifras de audiencia antes de aterrizar en Puerto Príncipe) se topa con un adolescente desorientado. Le acaba de caer una pedrada en la cabeza. La imagen de Cooper llevando al joven ensangrentado hasta otra esquina alimenta el horario de la CNN durante toda la tarde.

Un trabajador de una organización estadounidense de asistencia médica en catástrofes sostiene la mano de un niño herido (Gerald Herbert / AP)

En España Francisco Perejil nos contaba que para encontrar escenas como esta, bastaba con ir al mismo cruce de calles donde antes estaba la actividad comercial. En Estados Unidos nadie confesó que repetían localización a diario.

Las imágenes de Haití llegaban con los nombres y apellidos que los norteamericanos nunca ponen a sus víctimas nacionales. Sean soldados o civiles, sus heridas nunca llegan a la pantalla de televisión ni a las páginas de un periódico. Las de los haitianos aparecían después de dos mensajes. Uno, la advertencia de que podían herir la sensibilidad de algunos televidentes. Y dos, que los medios se veían obligados a mostrarlas porque “esa es la realidad ahora mismo”. Si los norteamericanos necesitaban ver el terremoto en directo desde dentro de un orfanato, esos 15 segundos de gritos en la oscuridad, o si de verdad hacía falta poner el micrófono del reportero de la CNN entre los escombros para escuchar a las víctimas pidiendo ayuda, no lo sabemos.

Este fin de semana los defensores del lector del New York Times y Washington Post dedicaron una columna a justificar el uso de estas imágenes. Para el Times, “resultó duro mirar algunas imágenes de sufrimiento y muerte, pero era imposible no publicarlas”. En el Washington Post, sin embargo, reconocen que los lectores esperaban ese tipo de imágenes, “pero no estaban preparados para ver durante días una representación tan gráfica de la muerte”.

Puede que sin esas imágenes no hubieran llegado millones de dólares a través de mensajes de texto. Aunque, seguramente, sin cada uno de esos fotogramas dedicado a una víctima el argumento de que el ejército estaba allí para ayudar no sería sostenible.

Rebecca Solnit, autora del libro “Un Paraíso Construido en el Infierno” sobre Nueva Orléans después de Katrina, estudia la reacción de las autoridades en catástrofes naturales. Según Solnit, desde el terremoto de San Francisco en 1906 las autoridades y las leyes que les amparan están más preocupados por la propiedad que por las vidas humanas. “En casos de emergencia”, escribe Solnit, “la gente puede y de hecho acaba muriendo por esas prioridades. O son disparados por pequeños robos o por robos imaginarios. Los medios no sólo empujan estos resultados sino que casi de forma repetitiva prepara el camino para que se dé esta reacción”.

Con ayuda de los medios o no, Estados Unidos ha conseguido crear una imagen de salvador en Haití. Sólo los marines podían garantizar la entrega de ayuda, por eso la custodiaron en el aeropuerto de la capital durante días, mientras las organizaciones internacionales en el terreno se quedaban sin palabras para explicar que necesitaban la entrada de personal sanitario y medicamentos. Sólo los marines podían garantizar la seguridad de aquellos que entregarían las botellas de agua y raciones de comida. Por eso esperaron los haitianos.

El buque hospital militar "Comfort" de EEUU, junto al barco de Greenpeace "Esperanza" con ayuda humanitaria para Médicos sin Fronteras, ambos atracados en Puerto Príncipe. Haití. 24 de Enero, 2010 (AP Photo/Gregory Bull)

En casa, Obama ha vendido el mejor ejemplo de su prometida diplomacia humanitaria, la de la compasión y el diálogo. La compasión llegó en forma de dólares, buques y soldados. El diálogo aterrizó con Hillary Clinton, quien se sentó junto a René Préval, presidente de Haití. No hubo imágenes de Clinton sobrevolando la zona de la catástrofe en helicóptero. Llegó, escuchó y se marchó.

En el terreno, quedan los marines sin fecha de regreso.

• Admiten a trámite la solicitud de Fátima, una joven marroquí que podría ser condenada en su país a penas de entre un mes y un año de cárcel por ser madre soltera
• La expulsión del padre de su hijo, de nacionalidad india, continúa en marcha

“Se llama Vikram” dice Fátima mientras su voz se envuelve en una sonrisa. Harmeet, un joven hindú, y ella acaban de registrar a su hijo recién nacido en los juzgados de Melilla. “Ya somos oficialmente los padres, los dos hemos firmado un papel”.

Hace cuatro meses, Fátima tenía tres preocupaciones: la evolución de su embarazo, la resolución de la solicitud de asilo que ha presentado al Gobierno español y la orden de expulsión de Harmeet. La naturaleza es más rápida que la burocracia y la primera obtuvo respuesta el pasado 2 de enero cuando nació Vikram, su primer hijo, un niño “grande y fuerte”. De la segunda, ha recibido buenas noticias esta semana cuando le notificaron que han admitido a trámite su caso. La tercera preocupación, que acabe separada de su pareja, amenaza con romper la buena racha.

Fátima (nombre ficticio) es una joven marroquí cuya historia ya contamos en P+DH que ha pedido asilo en España para no volver a su país, en el que está amenazada por su familia porque el padre de su hijo es hindú y no musulmán, y donde por ser madre soltera podría enfrentarse a penas de entre un mes y un año de cárcel. En octubre presentó su segunda solicitud respaldada por la Asociación Pro Derechos Humanos de la Infancia (PRODEIN), que inició una campaña de información y envío de mails al Gobierno exigiéndole que diera marcha atrás en su denegación de asilo.

Fátima pudo abandonar la chabola en la que vivía por miedo a ser expulsada y volver al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) donde ha pasado el resto de su embarazo y ahora se recupera del parto. “Todo el mundo está pendiente de mí y otras mujeres inmigrantes me ayudan con el niño porque todavía no puedo moverme bien”. Vikram, tendrá la nacionalidad india, como su padre, ya que su madre no quiere que sea marroquí y no puede ser español a pesar de haber nacido en Melilla. En España los hijos de extranjeros obtienen la nacionalidad de sus padres, no la española.

José Palazón/ Prodein

Está feliz porque acaba de saber que, esta vez sí, evaluarán su petición de asilo. Más allá de superar un obstáculo administrativo, la admisión a trámite de la solicitud, en la práctica, es un pasaporte para viajar a la península, la idea que persigue Fátima desde que llegó a Melilla hace más de tres años. Los solicitantes de asilo que pasan ese primer filtro tienen una ventaja que no afecta el resto de inmigrantes del CETI, reciben una tarjeta amarilla que les autoriza a cruzar el Estrecho y permanecer en España hasta que el Gobierno se pronuncie sobre su caso.

Si decidiera irse, Fátima podría ser atendida, junto a su hijo, en un centro de acogida gestionado por una ONG. Pero no se quiere ir porque en sus cuentas ya no es una sola, son tres. Ella, su pareja y su hijo, una suma que no admite restas. “No me voy de aquí si Harmeet no viene conmigo. Es el padre de mi hijo. Ahora somos una familia aunque no lo diga un papel y no podemos separarnos, no imagino vivir en España sin él y menos pensar en que se lo lleven de vuelta a la India”.

Harmeet y Fátima llevan juntos tres años, en abril ella se quedó embarazada y desde entonces no se han separado. Sin embargo, mientras a madre e hijo se les empiezan a abrir las puertas a una regularización, él sigue en la misma situación desde hace cuatro años, cuando llegó a Melilla, sin papeles y con una orden de expulsión que la policía podría ejecutar en cualquier momento. “Mi vida está en España. Vine buscando un trabajo pero he encontrado una familia. Ahora tengo la responsabilidad de mantener a mi hijo y no podré cumplirla si me deportan. El mismo temor tiene Fátima.”¿Qué pasa si yo estoy fuera de aquí y se lo llevan? ¿Cómo voy a saber lo que está pasando?”.

José Palazón/ Prodein

En tres meses tendrán una respuesta definitiva, como recoge la nueva ley de asilo para los casos tramitados por vía urgente como éste. Si es negativa, la joven no volverá a Marruecos. “Me iría a la India, porque él no podría venir conmigo a mi país, es hindú y mi familia ya nos ha amenazado, tampoco quieren a mi hijo”. Si es positiva y Fátima se queda en España, podrían casarse y solicitar la reagrupación familiar. La otra opción es que ambos sean registrados como familia dentro del CETI y que la Delegación del Gobierno en Melilla los enviara a la península e instalara en centros de acogida o pisos gestionados por una ONG, como hace con otras familias que viven en el centro melillense.

Aquí o donde sea, pero juntos. “Somos una familia normal, queremos casarnos, tener nuestra casa donde criar a Vikram”. Pero los tiempos de la Administración son largos y mientras concluyen su pareja sigue en la cuerda floja, sabiendo ambos que cualquier día Harmeet puede ser detenido en una redada policial de las que habitualmente se realizan en el CETI y deportado, dejando solos en España a su hijo y a su mujer.

>> Otras noticias publicadas en P+DH sobre el caso de Fátima

Cuando el amor es un delito

Cartas por el asilo de una madre amenzada

Nueva solicitud de asilo, nuevo plazo para la madre amenazada

Raji Sourani (Foto: Patricia Simón)

Raji Sourani es el abogado palestino especializado en Derechos Humanos más reconocido internacionalmente. La primera vez que fue encarcelado por Israel, en 1979, pasó tres años en prisión por “actividades políticas”. Le siguieron dos encarcelamientos por ejercer como abogado defensor de las víctimas de la ocupación israelí. Sufrió torturas y Amnistía Internacional defendió su causa como preso político en 1988. Su independencia lo llevó a ser detenido durante 18 horas por la Autoridad Nacional Palestina por criticar la creación de unos tribunales propios. Es el fundador del Centro Palestino para los Derechos Humanos, promotor de la causa interpuesta ante la Audiencia Nacional española contra un ministro israelí y seis militares por un bombardeo a la casa de un miembro de Hamás que acabó con la vida de catorce civiles. La labor de Raji Sourani fue reconocida por la República Francesa con el Premio Derechos Humanos en 1995, dos veces por la Fundación Robert Kennedy, por la Asociación Internacional de Juristas de Londres en 2003, y hace apenas un mes por la Asociación ProDerechos Humanos de Andalucía.

¿Cuál es la situación en Gaza un año después del ataque?

Nada ha cambiado. De hecho, la situación es mucho peor porque todo sigue como entonces: la destrucción, no hay máquinas ni cemento para la reconstrucción y, por supuesto, el bloqueo ilegal de medicinas. El sitio continúa, estamos aislados. No tenemos agua potable, petróleo, gas para cocinar, medicinas, hospitales, quirófanos. No hay reciclaje de aguas ni residuos. Todo va al mar, que está absolutamente contaminado.Hay más de 5.000 discapacitados como consecuencia de esta guerra. Las heridas psicológicas y físicas siguen abiertas. La comunidad internacional no paraba de decir que iba a reconstruir Gaza después de la guerra, pero no lo han hecho. Y una de las cosas más peligrosas: los palestinos pensaban que podrían actuar legalmente contra los métodos ilegales de Israel, ya fuera a través de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, del Informe Goldstone o a través de la justicia de países de la Unión Europea como la española. Pero ahora, que ven que no ocurre nada, se piensa que los ataques contra civiles se pueden repetir en cualquier momento. La gente tiene miedo del mañana.
En resumen, en Gaza hay dos máquinas de matar: una es el desastre humanitario y otra es que no hay Corte que juzgue contra esta impunidad.

Cuando nos encontramos con Raji Sourani está inmerso en una gira por toda España que ha organizado aprovechando la entrega del premio de la organización andaluza. En cada una de las ciudades se reúne con organizaciones  amigas de la causa palestina, ofrece conferencias y atiende a los periodistas. Lleva años denunciando internacionalmente la situación de los Territorios Ocupados de Palestina, explicando, repitiendo y contagiando del convencimiento, de la confianza que el tiene depositada en la legalidad, porque es lo único que le queda, “la única arma de los débiles”, como la define Luis García Montero. Su rostro desvela su cansancio, pero su amabilidad, su buena disposición son sólo la antesala de la capacidad de su discurso, y del tono de su voz para prevenirnos de panoramas aún más desoladores.

¿Cómo cree que va a afectar a Gaza la construcción del muro metálico bajo tierra en la frontera con Egipto?

El muro no va a ayudar a resolver el problema. Estamos en el mundo de internet donde no hay fronteras. Estamos en el mundo post-muro de Berlín. Del otro muro, el que separa Israel de Gaza, la Corte Internacional de Justicia, no sólo ha dicho que es ilegal sino que es un crimen de guerra y que debería ser castigado por la Comunidad Internacional. Este nuevo muro sólo va a provocar más aislamiento, y cuando digo aislamiento, quiero decir extremismo, sangre y destrucción. Esto nos sitúa en un panorama no muy lejano, en el que el 60%  de la población será menor de 18 años, en el que aparecería la primera generación de extremistas de élite, siguiendo la estela de Bin Laden.

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por Leila Nachawati

Tras el terremoto del 12 de enero, que ha dejado unos 100.000 muertos, todo el mundo habla estos días de Haití, país que se describe rutinariamente como “el más pobre de Latinoamérica”.

El bombero español Óscar Vega coge en brazos Redjeson Hausteen, un niño de dos años que fue rescatado de una casa derrumbada por el terremoto en Puerto Príncipe, Haiti (AP Photo/Gerald Herbert)

Para hablar con propiedad, más que pobre deberíamos decir que Haití es un país empobrecido, ya que no le han faltado recursos ni capacidades sino que ha sido llevado a la pobreza. En el Máster en Cooperación al Desarrollo y Gestión de ONG en la Universidad de Granada vimos en detalle las dimensiones de conceptos como pobreza-empobrecimiento y de otros relacionados con la cooperación y la ayuda al desarrollo que encajan perfectamente con el contexto de Haití y que me gustaría explicar en esta entrada.

Al hablar de Haití, decir que no se ha hecho lo suficiente para paliar las consecuencias de un desastre natural más que anunciado es quedarse muy corto. La historia de Haití es la de una miseria deliberada, fomentada por las potencias occidentales.

Haití fue el primer país en rebelarse contra la esclavitud. Desde que la isla fue invadida por Cristóbal Colón y se convirtió en el mayor proveedor de esclavos a las colonias españolas en América, su historia ha sido la de la lucha contra la esclavitud, de la que nunca ha logrado librarse del todo. Cada paso que el país ha dado hacia su autonomía política y económica ha sido aplastado por intereses occidentales. A la colonización española siguió la de Francia, que supuso la tala indiscriminada de bosques y la sobreexplotación de los recursos naturales de la isla. Los enfrentamientos entre España, Francia e Inglaterra por el control de Haití fueron aprovechados por el revolucionario François Dominique Toussaint-Louverture, que organizó el levantamiento de la población contra los ocupantes.

EEUU, que ahora anuncia a bombo y platillo los millones destinados a ayuda humanitaria, invadió la isla en 1915 y ha mantenido una intervención constante en los cambios políticos que se han ido sucediendo. Apoyó militar y económicamente al dictador François Duvalier, Papa Doc, al que sucedió su hijo. Respaldó después a Jean-Bertrand Arisitide, elegido presidente democráticamente, hasta que giró hacia políticas más izquierdistas. Entonces apoyó un golpe de estado contra él.

El intervencionismo político ha ido unido a una imposición de modelos económicos liberales que no responden a las necesidades de la isla y que han asfixiado su economía. Estos son algunos de los instrumentos que han secuestrado el desarrollo de Haití:

• El libre comercio: En teoría consiste en eliminar o rebajar los aranceles que protegen bienes o servicios entre países. En la práctica, entre países en situaciones económicas desiguales tiene a menudo muy poco de comercio y nada de libre. La competencia entre países desarrollados y en desarrollo suele ser desleal y poco transparente, lo que con frecuencia se traduce en inundar países empobrecidos de productos occidentales cubiertos por subvenciones estatales con las que las que los locales no pueden competir. El arroz es el alimento básico y la principal fuente de actividad en Haití, que cuenta con productores bastante eficientes, pero en la última década su producción se ha visto secuestrada por la liberalización del sector, que ha producido enormes beneficios a Estados Unidos y ha hundido en la miseria a los pequeños agricultores haitianos. En un estudio publicado en el Observatorio de Economía Latinoamericana se analizan en detalle la producción de arroz en Haití, el proceso de liberalización comercial y sus devastadoras consecuencias

• Los créditos FAD, también llamados “créditos concesionales”: Consisten en otorgar préstamos a países en desarrollo a condición de que los fondos se destinen a proyectos que debe aprobar el país que los presta. Además, las empresas que llevan a cabo los proyectos también deben ser del país que concede el crédito. Según el ICEX estos créditos permiten “la penetración de empresas españolas en nuevos mercados y el conocimiento de sus productos, otorgando para sus proyectos unas condiciones de financiación muy ventajosas, que hacen su oferta más competitiva.” Es decir, un chollo para el país del primer mundo, que además de recibir la devolución del dinero se asienta comercialmente en el país al que supuestamente dice ayudar. Lo más escandaloso de estos créditos es que forman parte de las políticas de Ayuda Oficial al Desarrollo, cuando no hacen más que secuestrar las economías de los receptores. Plataformas como 2015 y más, que lucha por que se cumplan los Objetivos de Desarrollo del Milenio, promueven campañas para cancelar este tipo de “ayudas”.

• La deuda externa: A través de créditos FAD, que les resulta imposible devolver, y de la dependencia que crea la imposición de productos extranjeros, los países empobrecidos acumulan una deuda a la que no pueden hacer frente. La deuda se convierte en un cáncer para estas economías maltrechas y boicotea su desarrollo. Iniciativas como Quién debe a quién reclaman desde hace años a los gobiernos la condonación de la deuda externa de países como Haití, que debe 30 millones de euros solamente a España.

Condonar la deuda, sustituir los créditos FAD por verdaderos mecanismos de ayuda y establecer intercambios comerciales justos que fomenten el desarrollo serían buenas iniciativas para intentar reparar el daño causado y reaccionar al desastre humanitario en el que está sumido Haití. De momento, y como de costumbre, la única reacción es poner parches en forma de grandes despliegues económicos bien publicitados. No dejan de ser irónicas las palabras de la Secretaria de Estado de EEUU, Hilary Clinton, en rueda de prensa ayer: “Estaremos en Haití hoy, mañana y siempre”.

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Actualización 20, 40h

Médicos Sin Fronteras denuncia que den prioridad a los aviones con militares

• El Gobierno presiona a los bancos para que “solucione el problema”
• Las entidades achacan los “errores” a que “los sistemas informáticos están hechos para cobrar”

“Conozco esa información y le puedo decir que ayer el Gobierno hizo algunas gestiones con la Asociación Española de Banca para ver si se puede abordar y solucionar ese problema”. María Teresa Fernández de la Vega.

Las noticias de los casos de comisiones en transferencias bancarias para las ONG que operan en Haití (ver información original en P+DH) y las protestas ciudadanas han llegado a la mesa del Gobierno y de la Asociación Española de la Banca, la patronal donde se integran los principales bancos españoles.

La banca ha recibido la llamada del Ejecutivo, pero en declaraciones a P+DH, la AEB reduce el “problema” a “errores involuntarios” porque “los sistemas informáticos están hechos para cobrar”. Eso sí, sus socios se comprometen a que se devolverá todo el dinero cargado por esta vía a los clientes que lo reclamen.

Siempre la informática

La principal asociación de bancos explica que “algunas veces hay errores porque todos los programas informáticos están hechos para cobrar y técnicamente, si el cliente no avisa, los sistemas no tienen por qué saber que estás haciendo una transferencia a una ONG que trabaja en Haití”.

Uno de los lectores de P+DH proponía ayer una primera idea para solucionar esto último: “¿No sería idóneo identificar estas cuentas con un código tipo para que el sistema informático al existir ese código asumiera que no se le debe repercutir comisión alguna?”. Otro usuario en menéame comentaba anoche: “acabo de hacer una donación de 30€ en Caixa Galicia y a una cuenta de Médicos sin Fronteras que tienen en Caixa Galicia y me han cobrado comisión. Y eso que ponen en el portal que no las cobran. Espero que me la quiten, pero no creo que sea tan difícil hacer algún programa que no cobre comisiones para las cuentas de ONG que ellos mismos anuncian en su web”.

Esto, desarrollado en palabras de la Coordinadora de ONG y asociaciones de consumidores y usuarios de banca como Adicae, Ausbanc o Facua, pasaría “por la creación de un protocolo común que se active coordinadamente en estas ocasiones”.

En cualquier caso, hay casos en los que no es posible anular la comisión ni siquiera si el cliente avisa de sus intenciones a un operador, como se ha comprobado en varias ocasiones, por ejemplo en el teléfono de atención al cliente del Banco Santander:

[audio:http://pmasdh.periodismohumano.com/files/2010/01/llamada-haiti-santander.mp3]

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, denuncia que esa intención de no lucrarse con la catástrofe “no circula internamente por las entidades” y que se dan estos casos en los que “cualquier empleado de banca o un operador te diga ‘yo no sé nada’ y se niegue a quitar la comisión”. “Nunca se han puesto realmente en marcha para resolver realmente el problema”, insiste Facua. “Solo cuando tiene sonoridad mediática, se ponen medidas”.

“Menos demagogia”

Consciente de estas fallas, la patronal de bancos se ha puesto en contacto con las principales entidades, entre ellas el BBVA, el Santander o el Banco Popular, “para recordarles que hay una tradición común de eliminar las comisiones”. Porque no es la primera vez que esto pasa. “Esto es algo reiterativo. Ya en 1999 se habló del cobro de comisiones tras el terremoto de Turquía y desde entonces se han enviado varias cartas internas”, que no tienen carácter vinculante.

La AEB “entiende el malestar de los usuarios“, pero pide “menos demagogia”. Según han comunicado a esta patronal los principales bancos (ver listado), “todo el dinero que se haya cobrado se devolverá“, aunque augura que, en los casos en los que las entidades no tengan identificadas los beneficiarios, será un proceso complicado porque “el cliente tiene que demostrar que el ingreso es a una cuenta que no es de un amigo suyo”.

Los bancos quieren destacar la multitud de opciones que tienen los ciudadanos de hacer su donación a la población de Haití sin riesgo de errores ni comisiones. Buena parte de esas opciones, que han sido ampliadas en las últimas horas, pueden consultarse en la información de ayer, donde incluimos una guía para evitar problemas.

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• Las ONG y asociaciones de usuarios reclaman a las entidades financieras que eliminen por completo las comisiones en casos de emergencia
• Los lectores de P+DH nos cuentan sus experiencias

La solidaridad económica en tiempos globales también tiene aranceles. Hacer una transferencia de 50 euros a una cuenta gestionada por una ONG que esté trabajando en Haití puede dejar en manos de tu banco un mínimo de 3 euros. Hay formas de evitarlo, pero algunas entidades no lo están poniendo fácil.

Hacemos la prueba y comenzamos por el caso más voluntarioso, el del BBVA. Llamamos al teléfono de atención al cliente:

[audio:http://pmasdh.periodismohumano.com/files/2010/01/llamada-BBVA-info.mp3]

“Es un desastre humanitario y si se da un donativo, no se va a cobrar…”

En el BBVA sí se ha dado orden de que no se cobren comisiones sobre las donaciones y, para los usuarios que estén alerta, se comprometen a devolver aquellas que se carguen “por error”. Por error quiere decir por falta de previsión y de reacción: por un lado, los sistemas informáticos no siempre están preparados para excepciones y, por otro, la información no llega a las sucursales. Llamamos a una oficina cualquiera del BBVA, en Segovia. No saben nada.

[audio:http://pmasdh.periodismohumano.com/files/2010/01/llamada-oficina-BBVA.mp3]

“Que yo sepa, eso no es así. Las transferencias son gratis solo si tienes la nómina con nosotros”

El ‘efecto sorpresa’ o la confusión que podría alegarse quedan anulados por la magnitud de la tragedia y, sobre todo, por la experiencia. En 2004, tras el tsunami del Índico en el que murieron más de 200.000 personas, varias organizaciones de consumidores y humanitarias se quejaron del beneficio que los bancos estaban sacando de la solidaridad posterior a la tragedia. La mayoría de las entidades bancarias rectificaron y retiraron sus comisiones. Entonces argumentaron que no se habían visto en una así y que todo se debió a la “falta de experiencia”.

Haití , 14 Enero 2010 (Photo United Nations, Logan Abassi)

Han pasado más de 5 años y en el teléfono del Banco Santander nos dicen que “esto es como los préstamos o las hipotecas; dependiendo de la relación con el cliente, de la confianza depositada, te pueden quitar la comisión en tu sucursal. Si la haces por Internet o teléfono, no podemos hacer nada”. Ni rastro de que haya una orden parecida a la del BBVA. Todo depende de la voluntad de quien maneja tu oficina de cabecera.

El problema, en el lado de las sucursales, es encontrar una persona que quiera – o sienta – que puede ejercer su autonomía y quitarte esa comisión. “Nosotros no hemos recibido notificación ninguna de que podamos condonar ese recargo”, dice una trabajadora de una sucursal de La Caixa, elegida al azar en Cáceres. En sus oficinas centrales de Barcelona argumentan que, a pesar de que no se hayan eliminado las comisiones, en la práctica no tiene por qué haberlas. “Si realizas una transferencia a una cuenta dentro de La Caixa no hay cargo”, señala un portavoz oficial, “y todas las ONG en Haití tienen una cuenta de La Caixa”, en referencia a este listado.

Solidaridad libre de comisiones

“Para la gran mayoría de bancos y cajas, el terremoto financiero que sacude sus balances debe enjugarse con dinero recaudado como sea”, dice Paco Sanz, de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (ADICAE), “y la normativa no pone límites en absoluto al cobro de comisiones”. La política lo ha intentado por las buenas, pero sin éxito: el Parlamento Europeo en 2004 y el Congreso español en 2005 pidieron formalmente a los bancos que se comprometieran a eliminar las comisiones en periodos inmediatamente posteriores a una catástrofe natural o humanitaria.

Gunsly Milsoit consuela a su cuñado Leo Pierre tras la muerte de Milsoit Kelly, su hermana y esposa de Leo, embarazada de tres meses. (Gerald Herbert / AP)

La Coordinadora de ONG al Desarrollo de España confirma que desde el tsunami de 2004 “las cosas no han cambiado”. “Sabemos que algunos bancos negocian a nivel particular con algunas ONG para eliminar ciertos recargos, o que negocian los los clientes a título personal, pero no hay un compromiso oficial ni colectivo”, afirman los portavoces de la Coordinadora, que piden a los donantes que, al hacer su transferencia, “exijan moralmente al personal del banco que elimine todo recargo”.

Actualización (15/01 | 13.20h)

En declaraciones a P+DH, la organización de usuarios y consumidores FACUA, a través de su portavoz Rubén Sánchez, se une a la Coordinadora de ONG y pide a los bancos “que desarrollen un protocolo que garantice realmente que estas transferencias sean libres de comisiones”. Además, también hacen un llamamiento “a todos los donantes para que, si creen que les han cobrado, exijan que se lo reembolsen”.

Ausbanc acaba de hacer público un comunicado sumándose a la petición “a las entidades bancarias para que no cobren las transferencias a las ONG y, en el caso de haberlo hecho, que reintegren el dinero”.

Los lectores de P+DH aportan sus casos Actualización (17.00h)

Los lectores de P+DH están compartiendo desde esta mañana sus experiencias en nuestra página de Facebook y en meneame.net:

• Nuria: “Desde el Banco Popular haciendo un traspaso a la cuenta del banco popular de la Cruz Roja me cobran 1,04 €uros. Repito es un traspaso de mi cuenta del Banco Popular a la cuenta de la Cruz Roja del mismo banco. INDIGNANTE y VERGONZOSO”.

• Jellheimn: “Sí, habrá un desastre pero esas entidades financieras tienen que mantener muchos puestos de trabajo cada día. Para hacer una transferencia hay personal que se encarga de tramitarlo, supervisarlo, cuadrar… son empleados con nómina”.

• Xabi: “Ayer mismo, tras hacer una transferencia, escribí una queja a mi banco diciéndoles que me parecía fatal que sacaran ganancia de una donación a una ONG. Lo busqué bien y no tenían ningún lugar específico para realizar donaciones, ni en su página principal ni en la de gestión de mi cuenta…Me han respondido diciendo que no tienen medios técnicos para saber si la transferencia es una donación a una ONG… ja!”

• Cristina: “Hice una transferencia a la cuenta de Triodos Bank de MSF desde la web de Barclays (…) Me han cobrado 2,63 euros (…) Automáticamente he mandado un mensaje a Barclays pidiéndoles que o bien me devuelvan la comisión o, al menos, den ese dinero a la ONG. (…) Esta es la respuesta del banco:

Estimado Sr.[sic]: Le informamos que Barclays, en colaboración con las organizaciones Cruz Roja y Unicef, pone a disposición de sus clientes la siguiente cuenta destinada a la captación de fondos para contribuir a los trabajos de recuperación por el terremoto de Haiti: 0065 – 0100 – 15 – 0001581749 Puede ordenar un traspaso totalmente gratuito a esta cuenta. Si requiere de más información le rogamos contacte con el Servicio de Banca Telefónica en el número de teléfono 901 14 14 14. Atentamente, Barclays.

A lo que Cristina responde “¿Por qué tienen que elegir ellos a qué ONG doy mi donativo?”.

Cómo evitarlo

1. Llama a tu sucursal de confianza y no al teléfono de información general. Puede que tengas que convencer al banquero de que no te cobre comisión.
2. Realiza tus donaciones a través de las webs que algunas entidades han creado específicamente para este caso. Por ejemplo, La Caixa tiene en portada de su web un enlace a un sistema de donaciones sin comisión. El BBVA ha creado colaboraconhaiti.com
3. Busca una cuenta bancaria de destino que “cuadre” con tus condiciones. Si te salen gratis las transferencias desde donde domicilias tu nómina, busca una cuenta que la ONG de destino tenga en esa misma entidad.
4. Cambia de banco. Hay entidades que no cobran nunca comisiones por transferencias, como ING Direct, y otros que practican la banca ética, como Tríodos.
5. Y, por supuesto, no te fíes de extraños intermediarios.

Actualización (16 de enero): La banca admite errores y el Gobierno pide una solución

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