Una mujer sentada frente a las ruinas de un edificio tras el terremoto de 8,8 en Talca, Chile, Feb. 27, 2010. (AP Photo/Sebastian Martinez)

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Recursos informativos por Ramón Salaverría

El pasado 27 de diciembre escribía el siguiente texto desde el Hotel Palestina de Bagdad, un lugar prácticamente vacío en el que los guardias se mostraban totalmente relajados, los controles de seguridad eran prácticamente inexistentes y la sensación de normalidad contaminaba la precaución natural que cualquier extranjero debe mantener en Bagdad, sea cual sea la circunstancia. Ayer, menos de un mes más tarde, un terrorista suicida se inmoló frente a la puerta del establecimiento, entre el edificio y el paseo de Abu Noass, punto de referencia de la prensa internacional que recala en la ciudad y teóricamente una de las zonas más seguras de la capital iraquí. Junto al Palestina, los hoteles Sheraton, Al Hamra y Babel han sido también seriamente dañados por una cadena de atentados suicidas que ha dejado 36 muertos, decenas de heridos y un mensaje claro, dirigido al gobierno iraquí en primera instancia: “ninguna zona de Bagdad es segura” y secundariamente a las decenas de periodistas que ya tendrían incluso habitación reservada para la cobertura de las próximas elecciones: “sabéis lo que os espera cuando lleguéis a Bagdad”.

Una madre iraquí con sus hijos frente a su casa destruida por un coche bomba en Bagdad, Irak. 25 enero de 2010. (AP Photo/Hadi Mizban)

La calle Al Saydoun, en Karrada, con terrazas repletas de estudiantes que comen y beben zumos podría recordar a Beirut. Por primera vez, tras viajar desde Basora hasta Bagdad, las mujeres descubiertas son casi tantas como las cubiertas y los tejanos y zapatillas deportivas superan ampliamente en número a los vestidos tradicionales, mayoritarios en el sur del país. Ali Kareem, estudiante de Dirección teatral en la Academia de Bellas artes de Bagdad señala una manzana de construcciones de planta baja: “Son los locales de la comunidad homosexual de Bagdad”. – ¿Y nadie les ataca? . – “No. Ya no”. Assim y Bilal, compañeros de Ali en la Universidad y estudiantes de diseño y escultura, respectivamente, con los que se comparte terraza, aseguran que esa época ya ha terminado. Hay alcohol disponible, terrazas repletas y normalidad casi absoluta. “Sabemos lo que puede pasar en cualquier momento. Pero también que cada vez sucede con menos frecuencia”.

Caminamos hasta Abu Noass, el paseo más transitado frente al río Tigris, en Bagdad. Allí ha sobrevivido una estatua, la del poeta que loa el amor homosexual durante el califato de Harum al Raschid. Se trata de uno de los parques más bellos y pacíficos de la ciudad y parece imposible ahora, con el aire de normalidad que se respira, que en el peor momento de la guerra sectaria que partió la ciudad en varios pedazos hace un año medio, el Ministerio de Sanidad abriese un recuento diario de cuerpos torturados y asesinados que aparecían flotando en el río, frente al lugar en el que nos sentamos a disfrutar de un pic-nic.

En la actualidad, Abu Noass está ocupado una mañana cualquiera, un viernes cualquiera de diciembre por pandillas de jóvenes y familias que disfrutan de la comida en alguna de las terrazas abiertas, parejas de enamorados que pasean cogidos de la mano y partidos de fútbol bajo el sol del templado invierno iraquí en los que un equipo juega con la indumentaria del Real Madrid y el contrario lo hace con la del Barcelona. Sólo rota la calma por helicópteros norteamericanos a los que nadie hace el más mínimo caso – son casi siete años de costumbre- y que despegan desde la Zona verde, situada al otro lado del río, frente a los hoteles Sheraton y Palestina, no sólo totalmente vacíos en la actualidad sino sometidos ya a mínimas medidas de seguridad. Ni siquiera es posible ver las armas, apoyadas en el interior de las cabinas, de los guardias que registran con desgana a quienes entran, cargados con mochilas, al recinto que los hoteles comparten con dos canales de televisión locales.

Ali, Bilal, Assim comen al aire libre y bromean. felices pero no quieren confiarse: “No queremos que transmitas una idea equivocada, el hecho de que estés aquí con nosotros sigue sin ser normal. Eres extranjero. Así que no te separes de nosotros y quédate callado siempre que alguien te pregunte cualquier cosa. Déjanos hablar a nosotros”. Tienen la misma edad. Entre los 20 y los 25 años. Prácticamente no recuerdan el régimen anterior. Y se sienten relativamente libres. “Nosotros no hemos podido elegir y hemos vivido casi toda nuestra vida en guerra hasta un punto en el cual dejas de pensar en ella y te limitas a vivir el día a día. Quizás tardemos un poco más de lo necesario en acabar nuestro estudios porque es necesario trabajar al mismo tiempo pero hacemos teatro, pintamos, vamos a exposiciones, escuchamos música y nos divertimos”.

La definición de Ali de su vida diaria no difiere de la que podría hacer cualquier estudiante de otra universidad en cualquier país mientras espera ilusionado a que se abra de nuevo el teatro del Colegio de Bellas Artes, a punto de ser remozado totalmente por un programa de cooperación del ejército norteamericano. Algo que no parece provocarle ninguna contradicción. “Sí, una vez les pregunté a los soldados que entraban en la Universidad por qué habían asesinado a tantas mujeres y niños iraquíes. No me respondieron. También les pregunté por qué entraban armados en la Universidad. Me respondieron que por seguridad. ¿por la vuestra o por la mía? Silencio. Sólo pienso que deberían irse cuanto antes. Sí, si quieres puedo decirte eso. Pero también que tengo miedo de lo que pueda suceder cuando se vayan. Lamentablemente, no confío en los iraquíes“.

Una mujer iraquí llora frente a su casa destruida después de un atentado con bomba en Bagdad, Irak, el lunes, 25 de enero de 2010. Tres coches bomba aparcados explotaron cerca de tres populares hoteles de Bagdad donde se alojan periodistas occidentales y hombres de negocio. (AP Foto)

Probablemente no exista una relación directa entre la ejecución, pocas horas antes, de Alí el Químico, primo de Saddam Hussein y responsable del exterminio masivo de población kurda durante la campaña militar de Al Anfal a finales de los años 80 por parte del régimen de Saddam Hussein y la reciente cadena de atentados. Pese a su coincidencia. Ali “El Químico” llevaba condenado a muerte casi tres años y todos los analistas daban por hecho que su ejecución no se consumaría.

Los ataques han tenido lugar de manera demasiado ajustada en el tiempo para considerarse una represalia planificada. Pero es casi seguro que la reciente decisión tomada por la Comisión de la Justicia y la Responsabilidad del gobierno iraquí (antiguo Comité de des-baazificación) de no permitir a casi 500 candidatos concurrir a las elecciones legislativas del próximo 7 de marzo acusados de pertenencia al partido Baaz, anunciada hace varios días y que levanta un gran polémica, si puede encontrarse en la base del ataques que devastaron Bagdad ayer. Si alguien pensaba que el enfrentamiento sectario podía darse por finiquitado, probablemente se equivocaba. Es fácil y recurrente culpar directamente a Al Qaeda de cualquier explosión. Corre, en cambio, en boca de todos los iraquíes, el previsible repunte de la violencia antes de la convocatoria electoral y no hemos sido testigos más que de su primera manifestación, que tras un mínimo análisis de contexto, podría perfectamente ser atribuido a la insurgencia suní, la llamada “resistencia”, agrupada bajo diversos nombres y alianzas a grupos supervivientes de la estructura del antiguo régimen baazista.

El pasado diciembre Hassan Oleiwi, dirigente del Partido Comunista de Irak en la ciudad de Najaf respondía a mi pregunta respecto al origen de la situación actual de la siguiente manera: “No habrá paz interna hasta que las milicias chiítas no acepten las reglas del juego político democrático y los antiguos baazistas regresen de algún modo a la vida pública, con una constitución que se respete y un parlamento fuerte”. Y cuando se le preguntaba, pocos días antes, al alcalde de Rumeitha, una ciudad situada en el sur chiíta del país si creía posible la reconciliación con los sunitas y los supervivientes del antiguo régimen, en tanto miembro del Partido del gobierno Al Dawa y político más votado del pueblo, respondía lo siguiente: “El partido Baaz debería ser legalizado de nuevo y debería participar del proceso político. Son parte de la población. Todos los profesionales e intelectuales del partido que no tengan las manos manchadas de sangre deberían regresar a sus puestos y reincorporarse a la Administración. Por ejemplo, la mayoría de los diplomáticos y muchos profesores universitarios. Es lo mejor para el país. Integrar a los que piensan diferente en el sistema democrático y no mantenerlos en la clandestinidad y las armas. Toma el ejemplo del Ejército del Mahdi, antes eran una milicia feroz, ahora son un partido político más (Saderistas), y no precisamente quienes están desestabilizando al país. Definitivamente, mi opinión es que el Partido Baaz debería ser legalizado y reincorporado al Parlamento. La democracia iraquí se haría más fuerte”.

El alcalde de un pequeño pueblo puede permitirse expresar opiniones como ésta, que no son compartidas por los miembros del gobierno, pero han sido escuchadas en repetidas ocasiones a lo largo de las semanas de estancia en Irak. A medida que aumenta el nivel de responsabilidad decrece la relación entre posicionamientos políticos de la ciudadanía y decisiones en consecuencia del régimen político existente.

Resulta especialmente sorprendente que se prohíba presentarse a las elecciones al actual Ministro de Defensa, Abdel Qader al-Obeidi, responsable de la exitosa transferencia de la seguridad de manos norteamericanas a manos iraquíes a lo largo del último año. El motivo: ha mostrado en público su apoyo a Iyad Alaui, principal adversario del Primer Ministro Al Maliki en las encuestas. En el Irak actual, incluso las leyes de reconciliación y memoria histórica respecto al pasado se utilizan, casi siempre, para la defensa de intereses privados. El precio, como siempre, lo pagan quienes pasaban por la calle en ese momento.

Las huellas de las pisadas sobre el monte del Renegado se pierden entre los árboles hasta desembocar frente a un viejo archivador de oficina sobre el que reposan el retrovisor de un coche y una cuchilla de afeitar. A pocos metros la chapa de un capó amarrada a plásticos y cartones protege un colchón. La imaginación es el único recurso que hace al monte un lugar un poco más habitable para los 54 inmigrantes indios que desde hace casi un año y medio acampan en él.

Antes vivían en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta pero lo abandonaron cuando comenzaron los rumores sobre su repatriación. “Vimos como otros indios, bengalíes y africanos salían deportados. La policía puede venir a por tí las 3 o las 4 de la mañana y ahí acaba todo. Nosotros no queremos volver así”, dice Gurpreet Singh, Babú como le conocen todos, un joven de 24 años que maneja con soltura el español y actúa como portavoz del grupo.

Dos inmigrantes indios en un campamento del monte de Ceuta. Sept 2009. Fotografía: Sergi Cámara / Piravan (c)

5 años perdidos

La historia de Babú es, con otros nombres y fechas, la de sus 53 compatriotas. Volver es el fracaso del que huye desde hace 5 años cuando salió de la India donde quedó su familia embargada tras ayudarle a costear los 15.000 euros de un viaje que le iba a llevar directo a Europa. Pero desde que cogió el primer avión de Nueva Delhi a Burkina Faso el tiempo comenzó a dilatarse.  Babú enumera cada uno de los puntos de la ruta como si fuese la tabla de multiplicar. “Llegué a Burkina Faso, después Koulikoro y Gao en Mali, Gardaia, Argel y Maghnia en Argelia, Rabat, Tánger, Oujda, Nador y Castillejos en Marruecos”. Recordar el camino es más fácil de lo que fue recorrerlo.

Pasó dos años sometido a las extorsiones de las mafias, detenciones, cárceles, expulsiones que le hacían volver sobre sus pasos y caminadas por el desierto. “Estuvimos 7 meses en el Sáhara, fue muy difícil, casi no comíamos ni bebíamos nada, nos daban arroz mezclado con tierra y agua con gasolina. Ví morir a dos compañeros, los metieron en bolsas de basura y los abandonaron en el desierto”.

Raja Singh se afeita la barba en el campamento del monte. Ceuta. Sept 2009. Fotografía: Sergi Cámara / Piravan (c)

En diciembre de 2006, tras pagar 3000 euros cruzó la frontera de Ceuta escondido en el salpicadero de un coche. “Estaba muy contento, pensaba que podría trabajar y ganar dinero para mi familia. Pero no. Aquí estamos otra vez atrapados, delante tenemos un mar que no podemos cruzar y detrás Marruecos donde no queremos volver”. A la frustración se suma la impotencia a la que se enfrentan cada vez que llaman a los suyos. “Mi familia vendió nuestra casa y ahora viven con mi primo. Siempre me dicen que cuándo habrá una solución y no sé qué decirles. Me preguntan que cuándo iré a la península y sólo sé decir que no lo sé, es difícil llamarles”. Satnam Singh tenía 17 años cuando salió de la región de Punjab.

No hay papeles en Ceuta

Para ellos como para el resto de inmigrantes que aguardan en el CETI, Ceuta es un limbo jurídico en el que sólo les queda esperar el día de regreso a sus países. La orden de expulsión se convierte un billete de vuelta que puede tardar meses o incluso años en ejecutarse. Como les ha ocurrido. En el mes de diciembre 31 de los 54 indios habrán completado 3 años en España.

Raja Singh se afeita la barba en el campamento del monte. Ceuta. Sept 2009. Fotografía: Sergi Cámara / Piravan (c)

Legalmente, a partir de entonces podrían solicitar el arraigo social. Sin embargo, “los trámites aquí son muy difíciles, tendrían que demostrar vínculos familiares que en su caso no existen o presentar un informe de los servicios sociales favorable pero ellos no reciben atención municipal. Además, se les pide una oferta de trabajo con contrato de una duración mínima de un año. Si les dejaran cruzar a la península cumplir los requisitos sería más sencillo, allí tendrían más posibilidades, por ejemplo, de encontrar empleo” aseguran desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Asimismo, al tener una orden de expulsión, su solicitud de arraigo probablemente no sería admitida a trámite por lo que ya han solicitado a la Administración que la sustituya por el pago de una multa que rondaría los 300 euros, pero de momento no han obtenido respuesta.

La Asociación Elín que les asesora e imparte clases de español recuerda, además, que en Ceuta los inmigrantes no pueden inscribise en el padrón municipal. “Este es un caso excepcional en España. No se les reconoce un derecho tan básico como el empadronamiento que les acceso entre otras cosas al servicio sanitario y que sí tienen en el resto del país”.

Una maraña legal que para Babú tiene una traducción más sencilla. “En una ciudad como Barcelona, Jaén o Pamplona si no trabajas puedes buscar en otro sitio. ¿Por qué no en Ceuta? ¿Por qué no podemos pasar? No somos igual que los inmigrantes de la península. Llevamos 5 años de nuestra vida esperando llegar a Europa y esto no es Europa”.

Campamento del monte del Renegado. Ceuta. Sept 2009. Fotografía: Sergi Cámara / Piravan (c)

Para él y sus compatriotas, el tiempo, el esfuerzo y las deudas que adquirieron en sus países para costear el viaje, y que ahora no pueden pagar, son su carta de presentación cuando reclaman al gobierno español que les deje atravesar el Estrecho. Esperan una medida de gracia como la que se tomó hace dos años en el caso de 37 bengalíes que tras una protesta de seis meses en el monte fueron enviados Madrid donde regularizaron su estancia. “Estamos en la misma situación, a ellos les dieron los papeles ¿por qué a nosotros no?”. La misma pregunta que se hacen en Melilla 63 bengalíes que cada fin de semana acampan en el centro de la ciudad.

Pero el trámite de las expulsiones continúa. “La ley es la ley y ellos tienen que irse, la Administración están trabajando en su repatriación. Ahora los indios han dejado de llegar. Si con este trabajo de deportación se consigue que por aquí no entren, se están haciendo las cosas bien. Desde el CETI no podemos hacer más que decirles que tienen la puerta abierta para cuando quieran volver y dejar el monte” dice Valeriano Hoyos, director del Centro de Estancia Temporal.

Tres inmigrantes indios lavan la ropa en la playa Benítez. Ceuta. Sept 2009. Fotografía: Sergi Cámara / Piravan (c)

Yo a tu casa y tú a la mía

Desde que comenzaron la protesta, los indios han contado con el respaldo de la Asociación Elín. Con su ayuda organizan la campaña “Yo a tú casa y tu a la mía”, una acampada solidaria en el monte del Renegado a la que esperan que se sumen los 470 inmigrantes que viven dentro del CETI y “quien quiera conocer los problemas que tenemos los inmigrantes en Ceuta”. Quien quiera conocer de cerca la historia de cincuenta y cuatro Ulises.

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Los indígenas lo consideran un paso pero no el fin de la lucha con la que esperan conseguir la derogación de los 7 decretos legislativos que el gobierno elaboró para adaptarse al Tratado de Libre Comercio (TLC) alcanzado entre Perú y Estados Unidos, y que regulan la explotación de los recursos forestales e hidráulicos en la región de la Amazonia permitiendo a compañías extranjeras, como la Repsol, Perenco y  PlusPetrol, acceder a la zona norte del país, rica en petróleo, gas natural y minerales.
La suspensión de la ley llega tras la oleada de condenas, dentro y fuera de Perú, contra los hechos que se produjeron el pasado cinco de junio cuando la policía y el ejército desalojaron la carretera de acceso a la ciudad de Bagua, bloqueada por las comunidades de Awajum y Wampis del Alto Marañón, y que acabó con 28 indígenas y 26 policías muertos, 80 detenidos, más de 150 heridos y decenas de desaparecidos.

Alberto Pizango, líder de los indígenas y culpable de los enfrentamientos según el gobierno que ha ordenado su busca y captura, fue acogido en la embajada de Nicaragua donde ha recibido el asilo político.

La Defensoría del Pueblo Peruano, la Conferencia Episcopal y organizaciones internacionales como  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rigths Watch recuerdan al Estado su obligación de esclarecer lo sucedido:

“Según algunos informes de prensa, los helicópteros de la policía habrían disparado indiscriminadamente contra los manifestantes, lesionando a varios de ellos, incluido un conocido líder y activista indígena…Asimismo, los manifestantes habrían presuntamente agredido violentamente y asesinado a varios policías que habían secuestrado en una localidad cercana … En vista de la gravedad de estas acusaciones, y a fin de asegurar que estos delitos se investiguen y juzguen adecuadamente, es de vital importancia que su Fiscalía realice una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de todos los presuntos crímenes, tanto aquellos cometidos por civiles contra policías, como los cometidos por la propia policía”

A pesar de que se va cumplir una semana, los hechos siguen siendo confusos y los indígenas acusan al gobierno de quemar y arrojar los cadáveres de los nativos al río Marañón para ocultar el número real de muertos. “Hasta tres veces se detuvo el helicóptero para recoger los cuerpos. Eso fue entre ocho y nueve de la mañana del viernes” denuncia Luis Padilla de la comunidad Río Santiago. El gobierno denuncia una conspiración contra la estabilidad democrática del país y ha difundido éste vídeo por los canales de televisión.

Los hechos de la semana pasada fueron la punta del iceberg de un conflicto latente en Perú desde hace casi un año y que se endureció a pricipios de abril cuando más de 30 000 indígenas habitantes de las diferentes provincias de la Amazonia y el Alto Andino comenzaron una campaña de protestas bloqueando carreteras y ríos a lo que el gobierno respondió declarando el estado de emergencia en las siete provincias de la región de Amazonas, suspendiendo durante 60 días los derechos constitucionales referidos a la libertad de reunión y tránsito e inviolabilidad de domicilio.
El origen de las protestas está en la elaboración de los decretos en la que Alan García no contó con los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que habitan en la zona, incumpliendo así y el artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo que recoge en su artículo 6:
“Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”

Los indígenas exigen tener voz en las decisiones sobre el desarrollo de la Amazonia, y reclaman la derogación de los decretos. Están respaldados por la Defensoría del Pueblo y los obispos de la Amazonia .“Para nadie es desconocida la contaminación de los ríos con el plomo y otros metales pesados y  sustancias tóxicas como efecto de una actividad minera (formal e informal) y la extracción de petróleo, de manera irresponsable. Somos testigos, además, de la tala indiscriminada de la madera sin ningún tipo de control”.

García hace oídos sordos a las críticas y responde a los indígenas: “Las tierras de la Amazonía son de ustedes, de sus hijos, son de toda la nación, son de todos los peruanos y no de un pequeño grupo que viva allí…Las riquezas de Perú son de todos los peruanos”, los acusa de ser el perro del hortelano.

ONG como Survival International denuncian que más del 70% de la Amazonia peruana ha sido dividida en los últimos años en parcelas concedidas a empresas para la exploración de gas y petróleo, y una serie de descubrimientos amenazan con transformar gran parte de la selva virgen de los indígenas, y según Save Americas Forest desde 2006, año en el que Alan García entró en el gobierno, el número de hectáreas concedidas a las multinacionales ha pasado del 15 al 72%.

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Las investigaciones se han centrado en las órdenes religiosas de los Hermanos Cristianos, las Hermanas de la Misericordia y las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad y Refugio. Los primeros administraban residencias masculinas, donde los abusos sexuales fueron “endémicos”. Las niñas en manos de las monjas sufrieron menos vejaciones sexuales pero igual maltrato físico y emocional. Una realidad retratada en la película “Las hermanas de la Magdalena”

Los menores crecieron en un “clima de miedo producto de castigos arbitrarios, excesivos y dominantes”. Fueron golpeados, azotados y pateados. Ayer, Mick Waters que entonces tenía 10 años contaba su experiencia en El País: “Aquellos enormes dormitorios con 250 niños tenían una habitación de castigo y se oían los gritos de los niños llorando de horror y dolor. Los gritos se extendían por todo el dormitorio y eran otra forma de meternos el miedo en el cuerpo. Y abusaban sexualmente de los niños, les degradaban sexualmente enfrente de los otros niños. De mí también abusaron sexualmente. Oh, sí. Yo era una persona fuerte. Aún lo soy. Y a la gente con carácter siempre la llevaban a la habitación de castigo y ahí dos o tres hermanos hacían lo que querían contigo, para satisfacer sus costumbres más sucias. Cuando eres un niño no comprendes los abusos sexuales. No sabes lo que es el sexo. Pero en el fondo del corazón sabías que era algo malo. Hay cosas que no comprendes pero sabes que son algo terrible”.

Las víctimas de ese infierno no verán hacer justicia. El informe sólo cita a quienes ya han sido condenados pero ningún supuesto el pederasta será denunciado. Tampoco lo hará la Iglesia que por aquel entonces se limitaba a trasladar de residencia a los presuntos abusadores, donde en muchos casos volvían a delinquir. Hoy “paga“, se disculpa y avergüenza pero no busca culpables.

No es la primera vez que se habla de pederastia dentro del catolicismo irlandés. El informe publicado esta semana fue encargado por el Bertie Ahern cuando era Primer Ministro en 1999, tras pedir perdón en nombre del Estado a los miles de niños que habían sido víctimas de los abusos. En 2005, el informe Ferns reveló más de 100 denuncias de violaciones y  maltrato infantil entre 1962 y 2002 contra una veintena de sacerdotes.

Como en Irlanda muchos otros países vienen destapando desde la década de los 90 una realidad que durante años ha quedado presa en la dictadura del silencio. Las primeras denuncias fueron en Estados Unidos donde el informe John Jay acusó a más de 4.000 sacerdotes estadounidenses de abusos en un lapso de 50 años, lo que representaba el 4% del clero de ese país. El documental “Líbranos del Mal” narra la historia del sacerdote pedófilo Oliver O’Grady, y de algunas de sus víctimas durante los setenta y los ochenta en California.

La carretera que conduce a una de las playas más turísticas de Huelva no revela pista alguna sobre la realidad que ocultan los pinares que la bordean. En su interior, a poco más de doscientos metros, se encuentra el mayor asentamiento de la provincia andaluza, donde malviven entre el hambre y el miedo cientos de inmigrantes de los dos mil que este año llegaron a Huelva en busca de un trabajo en la recogida de la fresa.

Foto: Cáritas Huelva

Son las tres de la tarde, sentado en un bidón de plástico, Issa Sonkone descansa rodeado de varios compatriotas malíes con los que charla en bambara, su lengua, señal de que hoy tampoco ha habido suerte. “Me levanto a las seis de la mañana, voy a la gasolinera donde los empresarios van a buscar a la gente y después andando por los invernaderos”, un ritual que este joven de Mali repite en vano, a diario, desde que llegó a Huelva hace tres meses. “Yo pido trabajo, ellos me piden papeles y no tengo, así que no hay trabajo”.

A su alrededor bajo los árboles se levantan chabolas construidas con ramas, cartones y retales de plásticos de invernadero para proteger los colchones que yacen tumbados en el suelo, donde duermen desde hace meses e incluso años. La tierra se tiñe de círculos negros, huellas de hollín de las hogueras encendidas en los meses de más frío. Con la llegada del calor, las sombras de los pinos protegen del sol a los pequeños grupos de chabolas que salpican el paisaje, junto a las que se reúnen sus habitantes, hombres jóvenes, principalmente malíes y de otros países del África subsahariana. Los hay estudiantes, licenciados y hasta empresarios que vendieron sus negocios para pagarse el pasaje a España. La mayoría no tiene papeles.

Issa pisó España por primera vez hace un año y medio, desde entonces su hoja de ruta ha sido el calendario de las campañas de recogida de la fruta que le ha llevado por Lérida, Valencia, Almería, Jaén y Huelva. En ese tiempo sólo ha conseguido trabajar 15 días en la aceituna jienense durante el mes de febrero. Esos ahorros no dieron para mucho y, cuando se acabaron hace varias semanas, Issa comenzó a vivir de las bolsas de alimentos que Cáritas reparte semanalmente en la iglesia de Mazagón. Una situación difícil de asumir para un joven de 24 años que arriesgó su vida con la idea de mantener a su familia desde España y cuya propia manutención depende ahora de la solidaridad de otros. “Si antes de salir de mi país me hubiesen advertido de que en Europa iba a pasar hambre no lo habría creído”.

Foto: PIRAVÁN

La historia de este malí podría ser la de cualquiera de los rostros con los que se cruza en el asentamiento. Salió de Bamako hace más de cuatro años abandonando a su familia bajo la promesa de enviarles dinero lo antes posible. Después de un largo periplo de más de un año por el desierto consiguió entrar en Argelia. Allí trabajó dos años como soldador hasta ahorrar el dinero suficiente para pagar la patera que le llevó a Motril. Un viaje del que a Issa no le gusta pormenorizar detalles, “fue muy duro”, murmulla mientas menea la cabeza. Los recuerdos de aquellos días no le dejan acompañar a sus amigos cuando van a la playa.“No voy porque no quiero ver el mar, todavía no” y sus ojos quedan fijos en el suelo durante un largo silencio.

En las chabolas no hay electricidad y el agua les llega a través de una manguera que han enganchado al sistema de riego de un invernadero próximo. En otros asentamientos, como el que hay a varios kilómetros, los inmigrantes gastan algo más de una hora al día en hacer el trayecto que les separa de la fuente donde se abastecen de agua potable. Allí vive Gibrilou, también malí y uno de los pocos inmigrantes que ha conseguido trabajo como temporero a pesar de no tener papeles. “No me gusta vivir aquí”, se lamenta. Su jefe no tiene alojamiento para él en los locales donde duermen el resto de trabajadores, “no hay sitio porque soy ilegal”, reconoce mientras se encoge de hombros con la misma resignación con la que se ha acostumbrado a vivir en un tipi de plástico en el que ni siquiera puede entrar erguido.

Foto: PIRAVÁN

En los asentamientos las visitas son recibidas entre la incredulidad y el recelo, no quieren cámaras ni periodistas, hay mucho miedo. Miedo a que su denuncia sea pública en los medios y que la guardia civil vuelva, como ha hecho otras veces, a derribar sus chabolas. Miedo a que sus familiares puedan ver las condiciones reales en la que viven y que la mayoría oculta para protegerlos del sufrimiento que ellos ya soportan. Y miedo a que se ejecuten en cualquier momento las órdenes de expulsión que casi todos recibieron como regalo de bienvenida al bajarse de la patera en la que llegaron a España. Ese es el miedo que los mantiene enjaulados en los pinares de Huelva sin salir más que para buscar trabajo.

Muchos apenas saben español pero la palabra crisis ya forma parte de su vocabulario básico. La escuchan en todos sitios, a todas horas, este año se ha convertido en un obstáculo insalvable. “Les ha hecho mucho daño. En Huelva los españoles han vuelto al campo, y los inmigrantes peones de la construcción, al quedarse parados, han venido desde otras ciudades a los asentamientos, y esos son los que se han encontrado trabajo. Los empresarios no se arriesgan con los que no tienen documentación” asegura José Manuel Gómez, responsable de inmigración de Cáritas Huelva.

No siempre fue así, “si la fresa es hoy el motor de la economía en Huelva es porque los inmigrantes comenzaron a trabajar en ella hace diez años, cuando los españoles no querían, es lo mismo que va a pasar al terminar la crisis” pronostica André Boissy, presidente de la recién nacida asociación Nuevos Ciudadanos, una organización creada por los propios inmigrantes para asesorar a sus compatriotas y trabajar en la sensibilización de los países de origen.

Foto: PIRAVÁN

Sin trabajo y sin dinero, el reloj se para a la una de la tarde, cuando los invernaderos empiezan a vaciarse y los inmigrantes saben que han vuelto a restar un día a sus aspiraciones. Es entonces cuando regresan al asentamiento. Unos dedican la tarde a jugar al fútbol, otros se sientan a esperar a que llegue la noche, algunos se arreglan para ir al pueblo a llamar a sus familias y otros se apartan del grupo dejando correr el tiempo. “Lo pasan muy mal, estar lejos de todo lo que quieres es muy duro, por eso una de sus mayores necesidades es la atención psicológica, son personas que lleva tres o cuatro años sin ver a su familia, que pasan las horas muertas pensando en los suyos, y en que lo que dejaron en su país siempre fue mejor que lo que tienen ahora”.

La clandestinidad no se da sólo en el campo, también en núcleos urbanos como Lepe, uno de los municipios con mayor renta per cápita de España, donde centenares de inmigrantes habitan en casas abandonadas. Mamadou Wourry vive junto a otros veinte africanos entre las ruinas de una casa de poco más de 100 metros cuadrados en los alrededores del centro de la ciudad. El espacio protegido por lo que antes eran los muros de una vivienda familiar está repartido en habitaciones construidas con cartones, palos y plásticos en las que duermen de 4 a 5 personas. En el centro, sentados en sillas y cajas vacías dos malíes juegan a las damas mientras un grupo sigue atentamente la partida. A su derecha Mamadou está cocinando arroz “como en África”, dice sonriendo mientras remueve la olla que reposa sobre una candela de leña. “Aquí vivimos más de 20 personas, los pocos que han trabajado se han ido a Lérida [a otras campañas] pero nosotros no, no tenemos dinero”. Mamadou llegó a España con los 1500 euros que su familia obtuvo de la venta de las vacas con las que se ganaban la vida. “Mi madre me llama pidiéndome dinero y siempre tengo que decirles que no hay nada”.

Nada, ni siquiera servicios sociales tan básicos como la atención sanitaria. Sin embargo, aunque la frustración y la soledad refuercen a diario la idea de volver a sus países, nadie quiere regresar a casa con las manos vacías. “Cuando hablo con mi familia y les cuento que duermo en la calle, mi padre me dice que me manda dinero para volver”, la voz de Mamadou Diallo se resquebraja pero no deja caer las lágrimas. Tiene 19 años. Su padre, su madre y sus hermanos depositaron en él todas las esperanzas. “No, yo no he venido a viajar, he venido a trabajar, a ganar dinero, pero… ¿tu crees que alguien puede vivir así?”. Su sueño, vivir en Europa, se ha convertido en una pesadilla, un limbo legal donde no les queda nada más que su dignidad y la ropa que cuelga de los árboles que les rodean.

Niños trabajadores de Bangladesh descansan en una fábrica de ollas de plata. Por cada semana de trabajo ganan 200 taka (1 dólar = 70 taka aprox), trabajando casi 10 horas al día.

Trabajo infantil [parte 1 | parte 2] fotografiados por G.M.B. Akash.

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El Biblioburro es un proyecto que a día de hoy ha trascendido de los medios de comunicación al propio Gobierno colombiano, que nombró al profesor Soriano “Colombiano ejemplar” y ha incluído esta biblioteca móvil en la Red de Bibliotecas Nacionales, por llevar los libros y la literatura a los niños con pocos recursos para aprender a leer. El Biblioburro y su jinete llevan recorriendo la zona norte de Colombia desde hace varios años, donde ha conseguido la implicación de los profesores, padres y niños de estas pequeñas comunidades con el objetivo de educar y crear sociedad más allá de las dificultades geográficas y sociales.

El director Carlos Rendón cuenta en un documental, que se estrenó el pasado mes de marzo, la vida de este profesor de primaria y cómo funciona su bibliburro.

No sé quién era quién,  pero yo me sentí como un alienígena al salir, con mi hijo de 12 años, de la película de dibujos animados con el título de este post. Menos mal que no duró unos segundos más, ya que sino hubieramos sido atropellados en la misma puerta del cine. Acababa de encender un cigarro y observaba a los niños, jóvenes y adultos que había a mi alrededor. Unos ligaban, otros jugaban o paseaban por la plaza peatonal. Paz y tranquilidad de sábado tarde en Gijón.

Fue entonces cuando lo ví. Un joven negro con una expresión extraña venía corriendo hacia nosotros. Busqué la causa de su carrera y antes de que nos rebasara rozandonos, ví al policía. Iba subido en una potente moto e intentaba dar caza al ciudadano mientras por la acera sorteaba como podía a los sorprendidos y alarmados peatones,  grandes y pequeños. La moto pasó rápido a nuestro lado mientras el supuesto peligroso delincuente doblaba la esquina a 10 metros. Confieso que por unos segundos me quedé desconcertado, no sabía si estaba en la película y quién era monstruo o alienígena.

Tras comprobar que mi hijo y los hijos de los demas estaban vivos, le dije a mi niño: “¡vamos!”,  y como buenos periodistas corrimos tras ellos.  Al doblar la esquina vimos al joven que volvía corriendo en nuestra dirección por la acera de enfrente, al fondo el policía, parado e intentando girar la gran moto.  Después aceleró, saltó sobre la acera, esta vez sin peatones, y continuó la persecución. Levanté la cámara y disparé antes de que la moto bajara de la acera y girara la esquina. Corrimos otra vez y vimos al policía local parado en una bifurcación. Del hombre que huía ya no había ni rastro.

Me pregunté que terrible crimen habría cometido aquel hombre perseguido para ser objeto de una caza tan denodada y peligrosa para los ciudadanos inocentes.  Por desgracia estoy habituado a cambiar los conceptos, monstruos por alienígenas y viceversa, así que nos encaminamos a comprobar si mis sospechas podían ser absurdamente ciertas. Tras andar menos de cien metros nos encontramos en el Muro de la playa con varias motos, coches y policías, ademas de pequeños grupos de personas reunidos. Fotografié a un policía metiendo bultos en su coche.

Preguntamos a varias personas si habían visto que había pasado. “Vino a la policía a detener a los inmigrantes que venden cds en mantas y estos huyeron corriendo. A uno de ellos lo atropelló ese Mercedes grande. Dió una voltereta y  quedó en el suelo. Cuando los policías se acercaron a cogerle se levantó y salió corriendo a duras penas. Una moto salió a perseguirle”. Por eso llevaba aquella cara extraña el alienígena o ¿era el monstruo?. Iba conmocionado, pero el miedo le daba fuerzas para correr.

El hombre del Mercedes hablaba con los policías, supongo que del “incidente” y de la delantera de su coche abollada y del parachoques desencajado. Más problemas para el más que posible pasajero de patera. Sobrevivir al mar para dañar a un Mercedes y morir atropellado no es un buen final.

Pero ¿por que se jugó la vida dos veces más hoy?. ¿Por qué huyó cruzando el tráfico? ¿Por qué, ya atropellado, encontró fuerzas para levantarse y correr? ¿Por qué con la moto detrás siguió huyendo? ¿Por qué?. ¿Por qué tenía tanto miedo?. La mayoría de los ciudadanos, mientras compran los cds piratas, creen que cuando los inmigrantes salen corriendo con sus mantas perseguidos por la policía, es para evitar que les requisen sólo su miserable forma de vida. Tal vez creen que también les pongan una multa o que los tengan enchironados una noche, para que aprendan que la propiedad privada, intelectual, es tan sagrada como el Mercedes posiblemente asegurado  a todo riesgo gracias a una “barata” póliza. Aunque tengan hambre, sed y lleven años pasando miedo, angustia, frío, dolor y soledad en su largo camino hasta el paraíso de Gijón y no tengan papeles para trabajar con derechos.

La realidad es otra. Y no por menos conocida menos real. ¿Pero, a quién le importa?. Son alienígenas, ¿o son monstruos?. Desde hace años trabajo sobre la inmigración y cada día veo más claro que, tal vez ellos sean alienígenas, pero los monstruos somos nosotros. Ese hombre pobre escapaba de los seis meses a dos años de carcel que le podrían caer, según el artículo 270 del Código Penal. Además de poder ser deportado y de una impagable multa que equivale a 12 a 24 meses más de cárcel.

Según cuenta Público: “Un año de cárcel por vender DVD falsificados en la calle. Es la pena que acaba de cumplir Alioune, un mauritano de 27 años que hace 10 días salió del Centro Penitenciario Madrid 6-Aranjuez: “Han sido los peores 12 meses de mi vida”. “Es una locura que se les sancione con la cárcel”, dice Marta Malo, de la organización Punto Mantero. En países como Italia, la sanción es sólo económica. La SGAE aboga por la cárcel porque “no es lo mismo vender CD que tomates”. En el caso de Alioune, la pena que le impuso el juez fue de seis meses de cárcel y 12 de multa. Al no poder pagar la parte económica ganaba entre 150 y 200 euros al mes y enviaba 40 a su familia, su encierro en el centro penitenciario se amplió seis meses más. Él era una de las 63 personas que cumplían penas de prisión por delitos contra la propiedad intelectual.”

Con vistas a la cercana reforma del Código Penal, un grupo de jueces  y ongs ha solicitado reducir las sanciones y despenalizar el top manta porque consideran “desproporcionada” la condena y abogan por considerar esta actividad como una falta en vez de un delito, cuando la mercancía no supere los 400 euros. También sugieren que las penas sean de multa, sanciones administrativas o servicios a la comunidad. Por otro lado hay una campaña de recogida de firmas que reclama “que se otorgue de oficio el indulto particular total a todas las personas que cumplen pena de prisión por mera exposición o venta al por menor de copias pirata”. Además ante el previsible gran número de sentencias por llegar reclaman que “el Ministerio de Interior sobresea los expedientes abiertos”.

No sé que habrá pasado con el huido, tal vez haya sido detenido en el hospital, si fue allí tras darse cuenta de que estaba herido. Tal vez tenga que pagar los daños del coche, resistencia a la autoridad, dos años de càrcel o ser deportado a la miseria de su país. Y todo por querer comer y trabajar con derechos. Sé que con esta pequeña historia se cuenta parte de la gran historia de la inmigración y nosotros.

Y a mí no me extraña que el alienígena negro huyera como alma que lleva el monstruo en que nos hemos convertido.

PD. Aqui podeís ver la versión de mi hijo en su blog y la de un diario al que informamos

“Es indecente usar el derecho penal para defender la propiedad intelectual”

Otro Día, En Extranjería from Roger Casas-Alatriste on Vimeo.

Desde la primera vez que estuve ahí, hace cuatro años cuando hice 11 horas de cola para que luego me rechazaran la solicitud por una imprecisión en un documento, hasta el día de hoy, las visitas a la Delegación de Extranjería de la Avenida de los Poblados en Madrid resultan siempre una experiencia nefasta.

En los últimos cuatro años he acudido para hacer todos los trámites concernientes a mi permiso de residencia y trabajo: ingresar solicitudes, poner huellas digitales y recoger credenciales -la original y dos renovaciones-  más las muchas otras veces que hay que regresar al día siguiente por tener información errónea sobre los documentos a presentar, o por no saber las fechas u horarios en los que se reciben (los teléfonos de información están colapsados siempre y en la entrada al edificio hay fotocopias improvisadas que dan ciertas instrucciones sobre algunos procesos) por lo que calculo que voy a la Brigada de Aluche una media de tres veces al año.