La teoría dice que nuestro sistema económico se vale de sí mismo para garantizar el bien común: el mercado premiará lo mejor, lo bueno, lo ético para todos, y por tanto se producirán beneficios económicos. ¿Es la crisis una prueba de que interés y ética no son dos caras de la misma moneda?

Momento del debate "Crisis mundial; ¿hay soluciones posibles?" en Campus Excelencia 2009

“No hay ningún pensador serio que no conecte liberalismo y ética. La humanidad tiene que asumir que las crisis forman parte del sistema”. Lo dice Antonio Garrigues, icono de la asesoría política y legal al más alto nivel (ver Wikipedia). “Sin la Economía de Mercado no hay futuro. ¿Cuál es la alternativa? ¿Un estado interviniente?”

“Precisamente”, le contestan otros ponentes del Campus Excelencia 2009 como Bernardo Kliksberg, asesor de Naciones Unidas. “Esta crisis está provocada por una falta de ética por parte de toda una generación de políticos y empresarios en Estados Unidos. Las instituciones de regulación dejaron de funcionar; eso es un fracaso ético y un atentado público contra los derechos humanos. Si no ponemos remedio, esto volverá a repetirse”.

Garrigues reconoce que con las cifras históricas de hambruna “hay que afrontar el futuro de otra manera”, pero considera que lo prioritario es combatir la corrupción, “la única leucemia importante de la economía, que afecta siempre más a los pobres que a los ricos”. Y otro objetivo: que la Corte Penal Internacional funcione, que haya justicia global, y para eso “habrá que unificar los cinco sistemas jurídicos – anglosajón, europeo, marxista, islámico e indígena”.

“Todos somos cómplices silenciosos. ¿Cuántas vidas se salvan con el dinero que gastamos en ir al cine? ¿Cuántas vacunas se compran con lo que saquemos ahora mismo del bolsillo”, dice Miguel Ángel Cañizares, ex ministro de Educación de Panamá. “Con 20 dólares por niño, se pagan todas esas vacunas”, responde Kliksberg. “¿Acaso es una ficción que se mueran? Lo que es una ficción es que podamos vivir en el planeta de este modo sin tener un riesgo permanente de explosión social”.

Balbir Mathur, Sam Daley-Harris y Ana Lucina García Maldonado centran sus mensajes en la esperanza, las lecciones aprendidas y la estimulación de proyectos locales.

Y entonces, ¿qué?

El moderador saca de su chistera una pregunta de esas que se le hacen a los niños para que se muestren en toda su ingenuidad ante la televisión. “Y entonces usted, ¿qué sería lo primero que haría si fuera nombrado secretario general de Naciones Unidas?“. La sombra del realismo se cierne sorprendentemente sobre los ponentes y la cuestión se vuelve trascendental.

Lo primero que haría Garrigues sería llamar a Obama. Cañizales también llamaría a Estados Unidos y además a China. Lo primero que haría Mathur sería llamar a los jefes de estado de todas las naciones para mejorar la educación en el mundo. Lo primero que haría Maldonado sería también llamar a Obama para que combata sobre todo “la situación de las mujeres en los países árabes” (sic).

Esta ficticia “ronda de llamadas” es sintomática: el debate de las ideas es ancho, pero el abanico de iniciativas institucionales que el sistema permite a ciertos niveles es muy estrecho y redundante hasta la ineficacia (cabe pensar que el actual jefe de la ONU ya ha hecho todas esas cosas antes de tener que recurrir a ponerse en huelga de hambre). Es la hora de la creatividad: “Yo llamaría a los países, sí – apunta Sam Daley-Harris, que hace lobby político en favor de los microcréditos – pero también llamaría a los medios de comunicación para que juntos nos impliquemos socialmente con organizaciones que nadie conoce en los lugares donde la ayuda se necesita y, luego, exportar su ejemplo”.

Varios lectores de P+DH estáis compartiendo en Facebook y otras redes sociales, escandalizados, un vídeo de los informativos de Intereconomía TV, cadena que emite fundamentalmente a través de licencias públicas de TDT en varias ciudades españolas importantes. El reportaje en cuestión, emitido a principios de este año, intenta explicar las razones por las que, según las tesis de la Iglesia Católica, los condones no sirven para frenar el SIDA en África.

Nada en este vídeo pasa desapercibido – tampoco que en el primer plano se lea “homeopatía” – pero aún así hemos querido transcribir algunas frases del reportaje, emitido no como un espacio de opinión sino como un trabajo periodístico, con el título “Razones científicas que ratifican las declaraciones del Papa Benedicto XVI”:

“En aquellos países donde se difunde la fe católica, la enfermedad del SIDA se expande menos que en las regiones donde se reparte el profiláctico”

“Hay que tener cuidado y no rasgar el producto con las manos; en fin, la manicura en África no destaca”

“Y si a esto sumamos que los ciudadanos del Tercer Mundo no saben leer, el uso del preservativo puede ser un peligro”

“Prácticamente toda la población del continente se encuentra en zonas donde el clima es eminentemente caluroso, lo que hace dificil la conservación de los preservativos”

“Aun si entendieran lo que leen, es dudoso que los africanos lleguen a aplicar directrices como la de tener cuidado al desplegar la funda. Muchos habitantes de zonas rurales del continente negro tienen unas manos que pueden ser no aptas para la manipulación del preservativo”.

Esto podría pasar por una anécdota, pero esto tiene consecuencias. La menos grave es el escándalo de muchos. La más preocupante, la asunción de otros tantos de que lo descrito es una verdad científica, como aquella de Margarita, “una madre de familia”, sobre las relaciones homosexuales.

El próximo día 1 de diciembre es el Día Mundial contra el SIDA. Ese día hablaremos de otras cosas.

• El documental “La escuela expandida” muestra una experiencia innovadora en el ámbito de la educación basada en el intercambio libre de conocimientos.
• El Banco Común de Conocimientos es una apuesta por un modelo educativo más flexible y horizontal donde primen las relaciones personales.

La educación sale de las aulas y lo que se aprende no tiene por qué estar escrito en la pizarra con tiza blanca o en los libros de textos. “La educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar” y un ejemplo es el documental “La escuela expandida”, una producción de ZEMOS98 Gestión Creativo Cultural e Intermedia Producciones, grabado durante la 11 edición del Festival Internacional ZEMOS98, que este año giraba sobre la Educación Expandida.

Foto: Antonio Miñán

“La escuela expandida” resume dos semanas de trabajo del colectivo Platoniq y ZEMOS98 con los alumnos del I.E.S. Antonio Domínguez Ortíz, ubicado en el barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla, donde pusieron en marcha el proyecto Banco Común de Conocimientos (BCC). A través de dinámicas de trabajo muy sencillas basadas en la oferta y demanda de saberes, se crean redes de intercambio de conocimientos. “Yo puedo enseñar a usar Tuenti” dice Christian, un alumno que pertenece  a Aula Abierta, un grupo para jóvenes que son absentistas crónicos y tienen por lo tanto un desfase curricular. La profesora Inmaculada Domene no sabe cómo arreglar su moto estropeada y las parábolas son más fáciles de entender si se enseñan en una cancha de baloncesto. A través de un sistema de post-it verdes y rosas (oferta y demanda) se van cruzando los intereses de alumnos, profesores y vecinos de este barrio sevillano.

“Pasarlo bien a través del diálogo y la comunicación”, dice Rubén Díaz de ZEMOS98, fue uno de los objetivos fundamentales del BCC en el I.E.S Antonio Domínguez Ortíz, una experiencia educativa de educación flexible y horizontal que, por un lado, revaloriza las dinámicas participativas y colaborativas entre alumnos y profesores; y por otro, incentiva el conocimiento sin límites. Las vivencias que recoge “La escuela expandida” rompe con las barreras de la educación tradicional y propone un ejercicio social de reflexión y análisis del conocimiento como conector a través del intercambio y, por tanto, de las relaciones personales.

Análisis

El Estado de derecho no puede ser el principal obstáculo para el cumplimiento del deber del Estado. Sin embargo, así se ha planteado incansablemente durante las semanas que ha durado el secuestro del Alakrana. “El gobierno tiene que traer de vuelta a casa los pescadores como sea. Para eso apenas hay límites. Lo de la justicia es otra cosa“. Éste ha sido el mensaje que importantes creadores de opinión de nuestro país han repetido hasta la saciedad. Pero, ¿realmente puede el interés del Estado encontrar en el Estado de derecho un obstáculo? ¿Qué se está diciendo realmente cuando se plantea el cumplimiento de la justicia como un error? ¿Por qué el caso del Alakrana ha roto con alguno de los consensos más básicos sobre los pilares de la democracia?

A continuación analizamos las tres principales ideas cuestionables que han dominado el debate en torno al secuestro del Alakrana:

El juez ha cometido un gravísimo error al abrir una causa a los dos presuntos piratas extraditados a España. Lo ha complicado todo.

O  El juez ordena traer a España a los dos piratas, como aún podemos leer en algún medio de comunicación.

Los dos somalíes fueron detenidos y extraditados a España por órdenes del Gobierno español. Una vez que la abogacía del Estado presenta el caso en la Audiencia Nacional el juez, en este caso estaba de guardia Baltasar Garzón, tiene la obligación de iniciar el procedimiento judicial.
Pero desde muchos ámbitos se achacó la decisión al juez, se rechazó de repente y sin precedentes el papel de la Justicia en este caso de crimen organizado porque se presentaba, de nuevo sin precedentes, a la justicia como un obstáculo para la consecución de los objetivos más inmediatos, la liberación de los secuestrados. Se han presentado los vacíos y las juegos de equilibrio legales como las mejores vías para solucionar “el desaguisado que había montado la justicia” y poder así liberar a los dos presuntos secuestradores inmediatamente.  Se ha presentado a los abogados defensores como otro escollo a esquivar y, sobre todo, se ha presentado a la justicia como un impedimento molesto para saltarse la legalidad.

Según nos explica el catedrático de Derecho Internacional Público y director del Insituto de Estudios Europeos de la Universidad de Coruña, José Manuel Sobrino Heredia, “los jueces han hecho lo que tenían que hacer”. Y apostilla que, desde el punto de vista de la gestión del gobierno “el interés de Estado hubiera permitido que los dos supuestos piratas fueran trasladados a Kenia para ser juzgados allí, con quien la Unión Europea tiene convenios, donde existe el delito de piratería e, incluso desde el punto de vista de los derechos humanos, es más recomendable por la cercanía con el lugar de lo hechos. Eso no hubiera significado una afrenta al Estado de Derecho, que a lo que obliga al gobierno es a operar para que estos somalíes sean juzgados. Esto fue la oportunidad perdida”.

Hay que pagar el rescate que sea y rápido.
España es un país experimentado en la lucha contra el terrorismo, que se ha negado social, política y judicialmente a sucumbir a los chantajes a los que ETA le ha sometido en numerosos secuestros; donde durante la última tregua de 2008, la oposición acusó al gobierno de estar humillando al Estado por estar negociando con terroristas;  y donde la batalla contra estos se ha librado durante los últimos veinte años principalmente desde el ámbito judicial. Sin embargo, como ha sucedido en anteriores ocasiones con los secuestros de españoles en el extranjero, los más recientes el del fotoperiodista José Cendón o los tripulantes de la embarcación Playa de Bakio y ahora con el caso del Alakrana, el discurso general ha cambiado radicalmente. Se ha exigido el pago del rescate desde la mayoría de los ámbitos “el que sea y rápido “. ¿Por qué mantener posiciones distintas frente al crimen nacional e internacional?

Hay que armar a los buques pesqueros que fanean en esa zona. De lo contrario estaríamos abandonando a nuestros pescadores, a nuestra gente.
Esta idea, que sí ha encontrado una mínima oposición, ha dado lugar a una curiosa situación. Así como sí se podía plantear esta idea, no se admitía de buen grado el cuestionar la permanencia de flota pesquera en esta región, no sólo por cuestiones de seguridad sino también en términos de mercado justo. Introducir elementos nuevos en el debate público se consideraba enturbiar el ambiente de unidad necesario para la consecución de la liberación.  Sí se podía exigir la incorporación de seguridad privada o militar en la flota pesquera española que faena en esta región, pero no se podía cuestionar su permanencia.

A través del secuestro del Alakrana, públicamente, se  ha criminalizado la justicia, se ha embargado el principio de no aceptar chantajes ni sobornos de los criminales y se ha aceptado sin debate previo el endurecimiento de las condiciones en las que se va a desarrollar la pesca española en aguas internacionales. ¿Por qué? Mucho lo achacarán a la necesidad de responder a la desesperación de las familias y las víctimas. Sin embargo, ahora que está resuelta la situación, es el momento de plantear cómo nos enfrentaremos a situaciones similares en el futuro. Cómo defenderemos el Estado de derecho, la legalidad, frente al ataque de los criminales.

• El reglamento recoge que se pague 0,20 euros por cada libro comprado y 0,20 euros cada vez que el ejemplar sea prestado.
  
• Las organizaciones anti-canon denuncian que el control del canon esté en manos de las gestoras de propiedad intelectual.

Desde que en 2007 se aprobó la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, el Ministerio de Cultura paga 0,20 euros por cada libro que una biblioteca pública compra, una medida nueva que se incluyó en la ley después de que España fuera condenada por el Tribunal Europeo. Tras dos años aún no está  claro cómo se va a regular el canon por el préstamo de libros en las bibliotecas públicas ya que bibliotecarios por un lado, y entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, por otro, barren para casa.

Los libros que se pueden adquirir en cualquier librería ya incluyen en su precio final un 10% destinado a la propiedad intelectual. Sin embargo, la ley recoge que los libros cuyo fin sea el préstamo en bibliotecas y en otros establecimientos públicos “deben tener un sobrecoste de 0,20 euros por cada copia adquirida y 0,20 euros más, cada vez que el ejemplar sea prestado“, según recoge el borrador del reglamento que se prevé vea la luz en unos meses y al que hace referencia Blanca Calvo, portavoz de la Plataforma No al préstamo de pago y directora de la biblioteca pública de Guadalajara cuando afirma “que nadie entiende que se tenga que pagar dos veces por lo mismo”.

Jody_art/Flickr

Pero, ¿quién pagará ese canon? Hasta el momento es el Ministerio de Cultura quien está asumiendo este gasto, pero una vez que se apruebe dicho reglamento las Comunidades Autónomas tendrán que responsabilizarse de las bibliotecas municipales y de las regionales. Un modelo híbrido de pago del canon entre administraciones públicas que implica que el dinero “salga de los bolsillos de la gente y que estamos pagando sin notarlo” y que, según Calvo, va en detrimento de los servicios que actualmente ofrecen las bibliotecas y del repunte que la lectura había conseguido en los últimos años en España.

La Plataforma No al Préstamo de pago ve como una amenaza contra la labor de las bibliotecas públicas, la lectura y la cultura en general, que el control de la gestión de la propiedad intelectual de las obras esté en manos de entidades privadas, ya que serán las encargadas de la recaudación y posterior reparto del canon. Asimismo, quienes apoyan esta medida argumentan que está pensada para defender la creación y a los autores, a pesar del canon ya establecido en el precio final de un libro, las ayudas públicas al sector editorial y a la creación. “La labor de las bibliotecas está muy lejos de perjudicar las ventas de los libros, ya que son una pieza clave para el fomento e incentivo de la lectura”, señala Calvo.

Al respecto, Blanca Calvo, señala que “los autores no van a ser más ricos” y compara el caso de España con el de Inglaterra, donde el préstamo de libros siempre ha estado sujeto a un canon y los índices de lectura son mayores que en España, y donde “dos tercios de los autores cobran una media de 12 euros mensuales gracias al canon,  por lo que es mentira que con esta medida los autores vayan a ganar más dinero. Son las entidades gestoras las que están presionando y las que realmente ganan”. Además, señala que con este sobrecoste “se les está negando a muchos autores y sobretodo, escritores más minoritarios el derecho de perdurar, de ser leídos y de formar parte del corpus cultural de nuestro país“.

• La reforma del Código Penal dejará en manos de los jueces si los manteros van a la cárcel, como hasta ahora, o sólo se les impone una multa.
• El Congreso pide al Gobierno que quienes se dedican al top manta no sean condenados a prisión por ser una medida “desproporcionada”.

Daquella manera/ Flickr

En plena gestación de la reforma del Código Penal las voces que piden la despenalización del top manta se hacen cada vez más visibles. Las últimas dentro del propio Congreso, donde PSOE, CIU y UPyD han respaldado una propuesta de Izquierda Unida donde pide al Gobierno que en la próxima reforma del Código “evite la criminalización y el ingreso en prisión” de las personas que venden CDs y DVDs en el top manta.

La iniciativa, una proposición no de ley aprobada en la Comisión de Justicia del Congreso, no obliga al Gobierno pero sirve para consolidar y respaldar una exigencia que desde hace mucho tiempo reclaman organizaciones como Ferrocarril o Mbolo Moy Doole y la plataforma “Ni un solo mantero en prisión”. Y se suma al gesto de los jueces de la Audiencia Provincial de Vizcaya, quienes acordaron hace poco más de un mes, como ya comentamos en P+DH, que los delitos que juzguen contra la propiedad intelectual (cds y dvds) o industrial (cinturones, bolsos…) por la venta callejera de mercancía no serán castigados con penas de cárcel.

El ruido llega a un debate al que el Gobierno ya se ha adelantado introduciendo un nuevo párrafo en el artículo 270.1:

“Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique […] una obra […] sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”.

Éste artículo es el foco de las principales críticas y la reforma pretende suavizarlo añadiéndole:

“No obstante, en los casos de distribución al por menor [...], atendidas las circunstancias del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido por éste, el juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días”.

Pero no es suficiente.“Estamos otra vez dependiendo de los jueces y eso sólo nos lleva a que dos personas en la misma situación sean condenadas según del juzgado que lleve su caso a pena de cárcel o a trabajos en beneficio de la comunidad”, dice Patxi de la Fuente, abogado de Mbolo Moy Doole.

Calafellvalo/ Flickr

La preocupación de las organizaciones no se centra sólo en el presente y futuro de los manteros, también en quienes ya han sido condenados porque tanto la Ley de Extranjería vigente [art. 31] como la reforma que se está tramitando contemplan que para obtener un permiso de residencia el inmigrante no puede tener antecedentes penales, y haber sido condenado por vender en el top manta les cierra las puertas a su regularización. La solución para las organizaciones pasa por que deje de ser un delito, y eso tenga carácter retroactivo para los manteros que ya han sido condenados.

Ante ese dilema se encontrará Alaji si consigue quedarse en España. Es un joven senegalés al que hace dos años la policía detuvo junto a un compañero con una mochila con cds y dvds en Torrelavega. Fue condenado a seis meses de cárcel, 900 euros de multa y a indemnizar con 650 euros a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). La pena fue sustituida por la expulsión y el día 3 de julio el juez lo mando a prisión para que no se fugara antes de ser devuelto a su país. Pero el proceso se ha alargado y Alaji no ha sido deportado, está pagando la multa y lleva en prisión 4 meses, 2/3 partes de la condena le impusieron en un principio.

“Está bastante agobiado, sigue en la cárcel, no puede trabajar y no tiene como pagar la multa hasta ahora lo ha hecho con préstamos de sus amigos”. Es la pescadilla que se muerde la cola, sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles. Alaji espera desde la cárcel la respuesta al indulto que ha solicitado, mientras que el compatriota al que detuvieron junto a él y que también pidió el indulto lo hace desde su casa.”Fue el mismo juicio y la misma sentencia pero resultados diferentes, uno espera la respuesta en libertad y el otro en la cárcel”. A Alaji le han concedido el tercer grado y está a la espera de saber si le dan o no la libertad condicional.

La petición de indulto es la vía que está empleando la plataforma “Ni un solo mantero en prisión” en la campaña que ha emprendido con una red de abogados por toda España para sacar a los manteros de la cárcel, ya han presentado al Ministerio de Justicia 50 solicitudes de los 118 manteros (datos de septiembre) que hay en prisión.

Diakhoumba Gassama/ Ángeles Jurado

“Soy del sur de Senegal, pertenezco a la minoría étnica mandinca para la que una mujer es menos que una cabra. Mi padre consiguió muy joven una beca para estudiar fuera. Y nos contaba cómo sus hermanas de trece años desaparecieron para casarse con hombres de otros países de la misma etnia. Nos decía que como mujeres mandincas y africanas teníamos que estudiar y luchar, aprovechar que él había salido adelante como intérprete en Bélgica. Siempre pensé que esta suerte me había venido para algo y que no iba a quedarme en Europa como abogada, sino que iría a África“.

Diakhoumba Gassana tiene veintinueve años y desde que decidió completar sus estudios en Derecho realizados en Francia con un máster en Derechos Humanos en Sudáfrica, no ha pasado ni una década. Sin embargo, desde entonces ha trabajado en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para el genocidio ruandés, ha sido reponsable del área para los derechos de las mujeres y cuestiones de salud y reproductivas del Directorio de Mujer, Género y Desarrollo y de la Unión Africana  y, en la actualidad, es la Coordinadora para África del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y responsable del Secretariado de la Red de mujeres africanas y españolas por un mundo mejor, cuya sede está en Canarias. Ha sido una de las ponentes de las Jornadas sobre empoderamiento y liderazgo de las mujeres en las TIC que el Consejo de Juventud de España celebró el pasado fin de semana en Gijón.

¿Cuáles son los objetivos de la Red de Mujeres Africanas y Españolas para un mundo mejor?

Es una iniciativa novedosa que ofrece la oportunidad a África de demostrar lo que es capaz de hacer y de ofrecer, una nueva imagen más allá del continente del hambre y la guerra. El objetivo de la red es hacer un intercambio activo y práctico entre mujeres africanas y españolas que tienen el mismo objetivo: mejorar las condiciones de las mujeres. También queremos que las mujeres españolas se den cuenta de que hay unas soluciones básicas a sus problemas que se ha llevado a cabo en África con éxito.
Se trata de un nuevo modelo de cooperación porque es horizontal, no hay un dictamen de una parte a la otra. Hay una indepencia para elaborar estrategias porque el secretariado está a cargo de la ONU y nuestro primer objetivo es el de satisfacer las expectativas de las organizaciones de mujeres, de ofrecerles las herramientas para que puedan desarrollar sus programas.

Siendo senegalesa y habiendo vivido la mayoría de tu vida en Europa, ¿cómo valoras la situación del proceso de la inmigración en España?

Viviendo en Canarias es una realidad diaria. Fue una sorpresa porque yo crecí en Bélgica y trabajé como becaria en una oficina nacional para la gente que pide asilo. Por tanto desde muy temprano en mi vida he tenido que ver la realidad de estas personas y desde allí pensaba que España era el sitio con una mejor posición en este sentido. Pensaba que era respetuosa con los derechos humanos, que por lo menos intentaba escuchar a la gente antes de enviarla fuera de Europa. Y ahora, con las nuevas leyes que se están planteando creo que se puede dar un paso atrás. Entiendo perfectamente que España tiene la presión de Europa, pero también tiene una oportunidad que se va alejando más y más. España no tiene una historia de colonialismo y barbarie en África y con su involucración en la cooperación puede hablar con el continente, fomentar la prevención, apoyar los movimientos de democratización y modernización de estos países. Estoy segura de que bajaría el número de personas que vienen ilegalmente. España podría ahorrar muchos esfuerzos y cambiar la imagen de relación Norte-Sur cambiando las técnicas sobre inmigración. Hay países que trabajan la prevención pero uno no puede quedarse un su país donde no tiene agua.

Desde pequeña, Diakhoumba viajaba cada año a Senegal  “y me di cuenta de que sólo las mujeres trabajan y pensé que era porque ellas no habían tenido como yo la oportunidad de salir fuera y alguien como mi padre, el primer feminista de mi vida. Entonces pensé que tenía que intentar convencerles de que no pueden seguir viviendo así”. La palabra oportunidad está contínuamente presente en el discurso de esta mujer de casi un metro ochenta de altura, alegre, optimista y con una presencia muy fuerte que se refuerza y endurece cuando sacamos a relucir las violaciones públicas que se cometieron recientemente en Guinea Conakry durante una manifestación pacífica. “Lo que ha pasado nos ha dejado boquiabiertos. Si no hablamos de ello ahora mismo podremos ver las repercusiones porque signifcará que todo el mundo está de acuerdo, que si tenemos una dictadura militar pueden hacer lo que quieran con su población y nadie va a hacer nada. Y es el momento de cuestionar la verdadera eficiencia de las organizaciones de defensa de los derechos humanos en África y en el mundo. Como UNIFEM vamos a llevarlo lo más lejos que podamos dentro de la ONU porque tenemos que tener resoluciones y soluciones para que estas mujeres por lo menos sean recompensadas y vean a sus agresores condenados”.

¿Cómo valoras el hecho de que no haya tenido apenas repercusión en los medios de comunicación?

Es un silencio criminal. Lo hemos visto en todos los conflictos y es muy típico en las situaciones que afectan a África. A mi me parecía que el trabajo del periodista era honorable, como el del médico o como muchos trabajos que se dedican a la ciudadanía. Porque creo  que si te pasa algo y nadie lo oye, como en Guinea, es como una segunda violación. Los medios tienen la responsabilidad de sacar estas historias porque lo peor para estas mujeres es que nadie reconozca lo que les ha pasado. Y lo vimos en Ruanda, en Congo… También es el momento de reflexionar sobre la importancia del trabajo del periodista. Comprendo las complicaciones laborales pero estamos en 2009 y me parece loco que se puedan hacer cosas así, que se podrán ver incluso por satélites, y que no salgan a la luz.

¿Cómo ves el futuro de África?

Tenemos diez años críticos para  fomentar una ciudadanía activa, para quitarnos de encima los dictadores. Si nos ponemos cada uno de los millones de africanos que hemos tenido la suerte de estar fuera de nuestros países, de tener una situaciones económicas más o menos buenas, si nos ponemos en marcha por nuestro contienente es posible conseguirlo. Pero necesitamos el apoyo de otros, como España y los países nórdicos. El destino de África está en manos de los africanos pero también en nuestras manos porque no podemos ponernos al lado y mirar y disfrutar del espectáculo porque por desgracia la pobreza, la guerra se han convertido en el paisaje para muchas generaciones. Ha llegado el momento de decir nunca más, no lo aceptamos, porque tiene consecuencias más allá de las fronteras del continente y si África se hunde todos estamos en peligro.

• Mañana se vota en el Congreo de los Diputados la reforma de la ley de extranjería
• Saldrá adelante con el apoyo de PSOE, CIU y CC, si se cumplen las previsiones del Gobierno
  
• Las organizaciones sociales creen que son insuficientes las modificaciones que se han producido en el texto desde que llegó al Congreso en verano

Arriba las que luchan/ Flickr

Es la cuarta reforma que se aplica a la ley de extranjería desde que entró en vigor hace 9 años. Para el Gobierno se trata de un texto que consolida una inmigración legal, ordenada y adaptada a las necesidades del mercado laboral, mientras que las organizaciones sociales lo ven como un retroceso que convierte al inmigrante en una mera herramienta de trabajo.

El proceso, que comenzó en el mes de junio, cierra mañana una etapa con la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados en la que el Gobierno ya se ha asegurado el apoyo de Convergència i Unió (CIU) y Coalición Canaria (CC) gracias a la incorporación de 40 de las 60 enmiendas presentadas por CIU, la mayoría relacionadas con las competencias de las comunidades autónomas, y la suma de las propuestas de CC vinculadas al traspaso y tutela de los menores inmigrantes.

Más de 500 organizaciones sociales como Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Red Acoge o Cáritas han mostrado, sobre el papel a través de informes y en la calle con manifestaciones, su rechazo a un texto que, dicen, recorta derechos de los inmigrantes y cuyas principales críticas se resumen en estos puntos:

• Se han ampliado de 40 a 60 días los periodos de detención en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), donde son recluidos los días previos a su expulsión. Las organizaciones rechazan esa prolongación, piden que el internamiento sea el último recurso y que se incluyan medidas alternativas aplicando el principio de proporcionalidad ya que estar en situación irregular es una falta administrativa que, a su juicio, no debería privarles de libertad.
• En el ámbito de la educación, la reforma recoge el derecho de los menores inmigrantes indocumentados a acceder a la educación obligatoria, pero no el de los niños de educación infantil y el de los mayores de 18 años que aspiran estudios postobligatorios.
• La reagrupación se realizará si forman parte del núcleo familiar, hijos y cónyuges, incluyéndose las parejas de hecho y siempre en el caso de que los inmigrantes solicitantes lleven al menos 5 años de estancia legal en España. Otras generaciones ascendientes como los abuelos sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años o alegando razones humanitarias.
• Las mujeres inmigrantes en situación irregular que sufran violencia de género obtendrán un permiso temporal de residencia y de trabajo si denuncian a su agresor. Sin embargo, la denuncia como víctima les abre un procedimiento de expulsión, que aunque quedaría paralizado, podría ser un elemento de disuasión para estas mujeres que dificultara su salida de la espiral de violencia en la que se encuentran.
• La nueva ley contemplará multas de hasta 10.000 euros para quienes inviten y acojan a inmigrantes que decidan continuar en España una vez concluido su periodo de estancia legal.
• Se recogen avances en el apartado de los menores, como que éstos puedan nombrar a un defensor judicial en su proceso de repatriación, pero la reforma no incluye el principio de no devolución cuando no existan garantías de que el menor, si es deportado, tenga una vida digna. Tampoco se hace referencia a la obligación del Estado de informar y facilitar al menor su derecho a solicitar asilo.
• A las ayudas a la vivienda sólo podrán optar los inmigrantes que tengan como mínimo 5 años de estancia legal en España.
• La reforma garantiza la justicia gratuita, pero en el caso de los inmigrantes se ha incluído una nueva exigencia por la que se les obliga a solicitar una segunda vez la asistencia de un abogado cuando quieran recurrir una denegación de entrada, devolución o expulsión.
• El texto no contempla el derecho de los polizones a la designación de un abogado. Amnistía Internacional asegura que en muchas Delegaciones del Gobierno no se permiten que reciban asistencia letrada y un intérprete en la primera entrevista con la policía, por lo que solicitan que ésta garantía quede incluida en la reforma.
• Uno de los aspectos más positivos del texto es que por primera vez se reconocen los derechos de reunión y manifestación, asociación, sindicación y huelga de los inmigrantes, aplicando así la Sentencia del Tribunal Contitucional 236/2007 (PDF).

Las ongs, asociaciones de inmigrantes y el resto de organizaciones sociales aseguran que las modificaciones que ha sufrido hasta ahora el texto no son suficientes, aunque confían en que se sigan produciendo cambios hasta su aprobación definitiva que será, si se cumplen las previsiones, antes de que finalice el año.

Auckland, Nueva Zelanda | Foto: 350.org

La cifra 350 se ha convertido en el icono del movimiento internacional por la lucha contra el cambio climático. Pero el protagonista no es el 350, ni tan siquiera las miles de personas que salieron a las calles de más de 170 países el pasado sábado 24 de octubre para llamar la atención de los líderes políticos que se reunirán el próximo mes de diciembre en la 15ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Copenhague (Dinamarca) para diseñar una nueva política medioambiental que reemplazará el Protocolo de Kyoto y que estará vigente entre 2012 y 2020. El protagonista es el cambio climático y las consecuencias negativas que puede tener el aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera.

¿Por qué 350? La organización del mismo nombre que convocó la movilización ambiental más importante hasta nuestros días, con casi 4.500 acciones registradas y fotografiadas, explica la importancia de estas tres cifras:

LA CIENCIA 350

Existen tres números que se necesita conocer para entender el cambio climático: 275, 390 y 350. Durante la historia de la humanidad, hasta hace trescientos años atrás, 275 partes por millón (ppm) era la cantidad de dióxido de carbono – CO2 – presente en la atmósfera; el cual mantenía una temperatura apropiada para el equilibrio del clima en nuestro planeta.

Hace 300 años, al inicio de la revolución industrial se intensificó el uso del carbón y del petróleo para satisfacer la necesidad de energía y producir bienes. Al realizar las actividades diarias como cocinar o prender las luces, se emiten toneladas de CO2 a la atmósfera.

Actualmente, 390 es la cantidad de CO2 que se registra en la atmósfera y la tendencia es hacia un incremento de 2 ppm por año. A estos niveles, los efectos del calentamiento global serían impredecibles.

James Hansen (Climatólogo de la NASA), Rajendra Pachauri del IPCC, Mario Molina del IPCC, y diferentes científicos en todo el mundo, sostienen que 350 ppm debe ser el límite máximo seguro de CO2 en la atmósfera, si la humanidad desea preservar un planeta similar en el que se desarrolló y en el cual la vida se adaptó.

Nadadoras en Bronte Beach, Sydney. Australia | Foto: 350.org

El pasado 15 de octubre se celebró el Blog Action Day donde más 13.000 blogs de 156 países con un total de 18 millones de lectores publicaron posts simultáneos sobre el cambio climático. En P+DH presentamos el enfoque que Periodismo Humano aplicará a la información sobre este tema.