• ACNUR asegura que con la documentación de solicitante de asilo pueden circular libremente por el territorio español y estudia las posibles irregularidades
  
• CEAR prepara una demanda de protección de derechos fundamentales

Una semana después de que se conociera, como contamos en P+DH, que la Policía Nacional no deja cruzar a la península a los solicitantes de asilo acreditados por el Ministerio del Interior con un permiso temporal de residencia en España, la Delegación del Gobierno de Melilla ha confirmado a P+DH que está al tanto de lo que está sucediendo, pero elude hacer declaraciones y pasa la patata caliente al Ministerio del Interior quien “está estudiando el tema”. Mientras, quince inmigrantes documentados continúan sin poder salir de la Ciudad Autónoma porque la Policía Nacional les prohíbe subir al barco que les lleva a la península. Ante esta situación, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) va a presentar una demanda de protección de derechos fundamentales ante los juzgados de Melilla. “Siguen sin poder cruzar, la Policía no nos da más datos y no tenemos conocimiento de que se haya dado ninguna orden por escrito. Queremos que el juez reconozca que se ha lesionado el derecho a la libre circulación de estas personas que recoge la Constitución en su Artículo 19” asegura Mercedes Rubio, abogada de CEAR.

Junto a CEAR, otras organizaciones han dado la voz de alarma, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). “Con la ley en la mano estas personas están acreditadas como solicitantes de asilo, por tanto tienen residencia legal en España y pueden circular libremente por el territorio español. No tenemos conocimiento de que haya una razón especial que limite este derecho” afirma a P+DH Mª Jesús Vega, responsable de Relaciones Externas de ACNUR en España. El Alto Comisionado está investigando las posibles irregularidades que pueden estar cometiendo y asegura que consultará con las autoridades y recabará toda la información necesaria. El Consejo General de la Abogacía Española también ha mostrado su “preocupación” y anuncia que estudiará el caso.

José Luis Rodríguez, abogado experto en extranjería, denuncia que “estas personas tienen el derecho a circular libremente por todo el Estado, por tanto impedirles salir de Melilla es tanto como no considerar a Melilla parte del Estado. Es una decisión muy peligrosa y, por supuesto, ilegal”. El abogado achaca el silencio de las autoridades a esta ilegalidad. “Saben que están actuando al margen de la ley, por eso guardan silencio. No recuerdo ningún caso en el que se le haya prohibido a un solicitante de asilo en esas condiciones moverse por España. Es muy grave lo que está pasando”.

• Unos 160 menores inmigrantes no acompañados están encarcelados en el Centro de Detención de la isla griega Lesbos.
• Tienen entre doce y diecisiete años, la mayoría proceden de Afganistán, Somalia e Irak, viven hacinados en celdas con más de 100 personas y han pasado cuatro días en huelga de hambre por unas condiciones que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura calificó de “abominables”.
• Esto está ocurriendo en un país de la Unión Europea, en Grecia. Y es la segunda vez que ocurre.

El pasado 18 de agosto, unos 160 menores presos en el Centro de Detención de Pagani, en la isla griega Lesbos, comenzaron una huelga de hambre poco después de que tuvieran lugar numerosas redadas policiales de inmigrantes en las principales ciudades del país. Los menores mantuvieron cuatro días la huelga mientras organizaciones internacionales empezaban a lanzar la voz de alarma.

La situación geográfica de Grecia la ha convertido en el principal puente para las personas procedentes de Europa del Este, Oriente Próximo y el Noreste de África que quieren llegar a la Unión Europea. Según fuentes policiales, de enero a agosto de 2008, fueron detenidas 69.845 inmigrantes, casi siete veces que en las mismas fechas en España. Grecia también se ha convertido en el foco negro de las denuncias internacionales sobre las violaciones de derechos humanos a las que son sometidas éstas personas una vez logran alcanzar sus costas. Incluidos los niños.

Hasta hace apenas unos días no habíamos tenido acceso a unas imágenes que mostrasen las condiciones de insalubridad y hacinamiento en las que cientos de personas malviven en los centros de internamiento griegos. Hoy tenemos acceso a ellas gracias a la Plataforma Noborders Camp Lesvos, compuesta por organizaciones antiracistas europeas,  que está dirigiendo una campaña desde la isla Levos contra “la política inhumana para los refugiados del gobierno griego, y un cambio fundamental en las políticas de inmigración europeas”. En el video pueden ver cómo conviven más de 160 niños y adultos en una celda de 200 m2, con las letrinas en el interior, con literas de tres y cuatro camas de altura y colchones tirados por el suelo. Hombres y niños desesperados.

La iniciativa de Noborders Camp Lesvos 09 ha conseguido llamar la atención mundial sobre la situación de estas personas mediante la organización de un campamento en la misma isla del centro en el que están participando más de 150 personas de numerosas nacionalidades. Diariamente se congregan en la puerta del Centro, manteniendo el contacto con los presos e informando a través de una radio online, su web y el twitter. En uno de sus últimos comunicados relatan cómo “los menores están encerrados en la misma habitación, compartiendo un solo baño. Muchos se ven obligados a dormir en el suelo porque las camas son insuficientes. Algunos niños sólo tienen ocho o nueve años. Cincuenta de ellos llevan más de dos meses presos”.

En 2008 llegaron a Grecia más de 1000 menores inmigrantes no acompañados, pero este país sólo cuenta con unas 300 plazas para el cuidado estatal de estos niños. Por lo que según Human Rights Watch “todo niño que entra en Grecia tiene muchas probabilidades de terminar en centros de detención o en las calles”. De hecho, el informe de 111 páginas que elaboró esta organización el pasado año dedicado exclusivamente a este asunto se llamaba “Abandonados para sobrevivir” y denunciaba “las condiciones miserables de vida, la amplia violencia experimentada a manos de la policía y la guardia costera, la explotación en la agricultura y la construcción, y el riesgo que corren de acabar en manos de traficantes”.

Según una de las entrevistas que recoge el informe de HRW, un joven afgano,que había estado retenido 34 días en este centro resumía así las condiciones de éste: “Me enfrenté  a gran cantidad de dificultades ahí… todo estaba muy sucio. En una semana, sólo nos dejaron salir al patio durante 15 o 20 minutos. Nos enfermábamos cada día”.

El viernes pasado la Plataforma Noborders junto a grupos de solidaridad locales celebraron una manifestación delante del Centro que terminó con los gritos de “libertad, libertad” de los defensores de los derechos humanos y de los presos unidos.

El impacto de la manifestación, la denuncia de Human Rights Watch sobre la huelga de hambre de los menores presos y de ACNUR “alarmada por la detención de niños no documentados”, provocó una reacción en el gobierno. El sábado llegó el rumor al campamento de los activistas de que las autoridades habían decidido poner en libertad a 450 personas -en su mayoría familias y niños-. La noticia ya había llegado al centro de internamiento, y cientos de hombres se pusieron en huelga de hambre para pedir su liberación también. Efetivamente, cuando llegaban al Centro miembros de la plataforma un centenar de inmigrantes eran trasladados en autobuses a otro centro desde donde serían liberados. Poco después, un grupo de manifestantes aprovecha la salida de un camión del recinto para entrar y permanecen durante horas  en el patio del centro.

Desde entonces, no se han vuelto a poner en libertad a más inmigrantes, las manifestaciones ante el centro se han mantenido y la presión policial se ha endurecido. De hecho, según Noborders Camp, esta mañana han sido detenidos varios miembros de la campaña y ya han sido puestos en libertad.

ACNUR ha declarado su preocupación por las 850 personas que ocupan estas instalaciones cuando no tienen capacidad para más de 300. “Una habitación algerga a más de 150 mujeres y 50 bebés, muchos de ellos sufriendo enfermedades derivadas del estado de hacinamiento e insalubridad del centro” declaró la portavoz en Ginebra de la Comisión para los Refugiados de la ONU, Andrej Mahecic.  ACNUR definió la situación como “parte de un sistema de asilo que requiere una reforma total, una recomendación que se le hizo al país el año pasado pero que no ha sido implementeada”.

De hecho, en 2008, casi la mitad de los 54.000 extranjeros indocumentados internados en centros fueron repatriados y en el primer semestre de 2009, de los 57.000 interceptados hasta ahora, la mitad ha sido repatriada a diversos países de Asia y África. Human Rights Watch también manifestó que “se le está dificultando a esa gente pedir asilo”, cuando Grecia “acepta sólo el 0,05 por ciento de las solicitudes”. A continuación podéis ver un reportaje de Al Jazzeera English sobre la política de asilo griega.

Esta no es la primera huelga de hambre que hacen los menores presos en Grecia. Hace un año, 100 niños inmigrantes detenidos en otra isla, Leros, se pusieron en huelga de hambre por las mismas razones. En aquella ocasión, como en esta, la policía trasladó a un centenar de niños a centros de alojamiento abiertos, ejerciendo una presión adicional sobre estas instalaciones, algunas de las cuales ya han excedido su capacidad.

Estas detenciones son ilegales puesto que Grecia ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a “proporcionar protección y asistencia humanitaria a todos los niños sin un padre o cuidador, incluyendo los que buscan refugio, considerando primordialmente el mejor interés del niño”. Y la detención debe utilizarse “sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”.

• El Congreso de los Diputados aprueba la reforma de la ley de asilo, un “retroceso” según las organizaciones sociales.
• Si una persona quiere pedir asilo no podrá hacerlo en la embajada española como hasta ahora, tendrá que venir a España
  
• Los ciudadanos de la UE no podrán obtener el asilo.
  
• España acogerá a un cupo anual de refugiados y otorgará el asilo por cuestiones de género, violencia sexual e identidad sexual
  

42 millones de personas huyen en el mundo abandonado sus casas por conflictos y persecuciones raciales, religiosas o ideológicas. El año pasado España registró tan sólo 4500 solicitudes de asilo, un 40% menos que el año anterior y la cifra más baja desde 1989. No piden asilo porque no pueden llegar. El control externalizado de las fronteras que realizan países como Marruecos, Mauritania o Senegal, gracias a los acuerdos alcanzados con la Unión Europea, está provocando que “muchas personas que intentan viajar a España huyendo de violaciones de derechos humanos no hayan podido llegar y pedir asilo o no hayan sido identificadas como personas necesitadas de protección internacional“, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Amnistía Internacional, quienes denuncian que se está produciendo un endurecimiento de las políticas de inmigración. El último de estos casos fue el de cuatro polizones congoleños que el pasado fin de semana llegaron a Valencia y que partieron el lunes hacia Génova sin haber sido asesorados por CEAR.

Inmigrantes recién llegados a Fuerteventura son detenidos por la Guardia Civil. Fotografía de Javier Bauluz / Piravan

El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la ley de asilo. El texto que armoniza la legislación española con las directivas europeas cuenta con el consenso político de los grupos parlamentarios, salvo Izquierda Unida, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, pero no con el de las organizaciones sociales para quienes la nueva normativa es un “retroceso”. CEAR que participó activamente en la elaboración de la actual ley de asilo en 1984 no ha sido convocada en la redacción de la reforma. Ésta y el resto de organizaciones sólo tuvieron acceso al borrador cuando ya había sido publicado en la web del Congreso. Desde entonces han realizado una campaña en defensa del derecho al asilo y mantenido reuniones con los grupos parlamentarios quienes han incorporado algunas de sus reivindicaciones al proyecto de ley. Aún así, se quejan de no haber recibido hasta última hora el documento que ha llegado al Congreso. “Se ha hecho sin contar con las organizaciones más acreditadas, sin haberse reflexionado de forma serena y debatido en profundidad por lo que la urgencia de esta modificación no está justificada.”

Uno de los puntos más controvertidos de la nueva normativa es que no se podrá solicitar el asilo desde las Embajadas o Consulados españolas. Ante la polémica desatada, hace unos días la Comisión encargada de la ley en el Congreso volvió a incluir este punto en el borrador pero sin las mismas garantías que en la normativa vigente. En la ley vigente hasta ahora, si un colombiano quiere pedir el asilo en España tiene que salir de Colombia y solicitarlo desde la embajada española de otro país. Si el gobierno español da el visto bueno, el colombiano viene a España a comenzar los trámites. Con la reforma de la normativa, este mismo ciudadano deberá solicitar directamente el asilo en España, para lo que necesitaría un pasaporte (a veces nada fácil de conseguir para persona que huye de su país) y un visado, quedando así en manos de la embajada española la decisión de que ese persona pueda venir o no España a solicitarlo personalmente. “A veces recibimos llamadas muy angustiosas de personas que están siendo perseguidas y cuya vida corre peligro, este cambio supone dejarlos a su suerte, no es más que un obstáculo añadido a la tarea titánica de llegar a España”.

Los ciudadanos de la UE no podrán solicitar asilo en España, otro “paso atrás” que incumple según las organizaciones la Convención de Ginebra de 1951 cuyo 3º artículo prohibe la discriminación “por motivos de raza, religión o país de origen” y el derecho reconocido en la propia Constitución Española en su artículo 13 “los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.” Para CEAR se trata de “un pensamiento de ingenuidad y soberbia en el que se impone la idea de que Europa es segura. Reconocer que en ella se pueda pedir asilo es reconocer que aquí también se comenten atentados contra los derechos humanos”.

La reforma contempla, además, la elaboración de un listado de “países seguros” en los que no estaría justificada la petición de asilo. En estos países a partir de ahora “se rechazarán las solicitudes sin tener que estudiarlas de forma individual”. CEAR recuerda que existe una sentencia del 2008 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que no acepta la creación de estas listas.

CEAR y Amnistía Internacional critican también la ampliación que contempla el proyecto de ley de los plazos de detención en la frontera, el establecimiento de formas diferentes de solicitar el asilo dependiendo del lugar donde se haga la tramitación, el aumento de las causas que deniegan el asilo, y que se reduce de 3 meses a uno el plazo para solicitarlo desde que se pisa territorio español. Hay muchas personas que llegan huyendo a España sin saber qué es ser un refugiado y que este derecho existe. “En un mes no tenemos tiempo de organizar su atención y recabar la documentación necesaria”.

A pesar de las críticas, la reforma recoge grandes avances como que a partir de ahora España participará en los programas de reasentamiento de refugiados de ACNUR con un cupo anual. A los conceptos de raza, religión y nacionalidad como motivos de persecución a valorar para la concesión del derecho de asilo se suman cuestiones de género, identidad sexual y orientación sexual. Además, el proyecto de la nueva normativa dedica un apartado específico a los menores, recogiendo los casos de niños soldado, los matrimonios forzosos, la mutilación genital, el tráfico de menores, la pornografía o el abuso infantil.