Como os adelantábamos esta mañana en Twitter, el proceso judicial que se ha abierto en Turquía contra Adriana Espinosa, una estudiante erasmus de periodismo acusada de participar en una manifestación ilegal, puede prolongarse durante 1 o 2 años. “La buena noticia”, nos ha contado Adriana por correo electrónico, “es que como no tengo antecedentes, no iría a la cárcel aunque me declararan culpable”.

Gaziantep, destino erasmus de Adriana Espinosa / Foto: Travel Aficionado (cc)

Después de la vista de hoy, que parecía ser determinante pero que finalmente solo supone la primera toma de contacto de la jueza con el caso, la estudiante deberá declarar desde España, un trámite que ya ha sido solicitado por la justicia turca pero que puede tardar varios meses en producirse.

A pesar de saber que esta pesadilla puede durar mucho, al menos Adriana no soñará con el expreso de medianoche. La angustia queda aliviada porque “el abogado se muestra esperanzado en que salga absuelta” y “en caso de que me declararan culpable, la pena solicitada sería de 1 año y 6 meses de prisión y como no tengo antecedentes, probablemente la pena sería suspendida”. Otro factor que no se había tenido en cuenta antes: “hay otras 17 personas imputadas por el mismo delito de manifestación ilegal, entre ellas mis dos compañeras de piso. Por lo tanto, aunque se resuelva mi caso, el expediente completo no se cerrará hasta que se concluyan todos los casos y esto puede tardar hasta 1 año más”.

Esta estudiante de Periodismo, de 24 años, continuará con su vida normalmente. Tanto, que ya está buscando la manera de hacer esa futura declaración a distancia desde alguna embajada española porque “mi intención es viajar y volver a estudiar fuera el año que viene”. Como ya hemos contado en P+DH, Adriana argumenta que acudió a la concentración ilegal pro-kurda “por curiosidad profesional y académica como estudiante de periodismo y sociología” y que en los meses siguientes ha sufrido interrogatorios y registros en su casa por parte de la policía turca.

Adriana Espinosa, la estudiante de Periodismo que está a la espera de un jucio en Turquía por acudir a una manifestación ilegal durante su Erasmus en la ciudad turca de Gaziantep, ha vuelto a defender esta mañana en rueda de prensa su derecho y su deber “de conocer la realidad de primera mano” como periodista y socióloga en formación.

La estudiante no ha evitado la autocrítica pero ha defendido su papel independiente en la manifestación y ha reclamado protección a la Universidad de Sevilla. Citamos algunas de sus reflexiones:

A una semana del juicio, mantengo dos reivindicaciones básicas:

• Primero, que el Periodista y el investigador social (formado o en proceso) tienen el derecho y el deber de conocer la realidad de primera mano, al servicio de la verdad y del rigor informativo y de la exactitud del conocimiento.
• Segundo, que los estudiantes universitarios son miembros de la Comunidad Universitaria, con derechos y deberes análogos a los profesores y personal de administración e investigación. Por tanto, el problema que pueda surgir a un estudiante dentro del ámbito académico es un problema propio de la Universidad, que debe ser atendido como si le aconteciera a un profesor, investigador o miembro de la administración o servicios de la misma.
• Por ello, desde el Cadus [Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla] se va a proponer la creación de un protocolo para asegurar que los futuros Erasmus desarrollen con garantías su experiencia docente en cualquier país de destino ofertado (…)

Puedes descargarte el comunicado completo (pdf).

El delito por el que se le juzgará el próximo 1 de julio es de “participación en manifestación ilegal”, precisando una acusación anterior por “dirección, preparación o participación en concentraciones ilegales”, para los que se establece una condena de entre 1 y 3 años de cárcel. La rocambolesca historia de lo sucedido puede consultarse en un artículo previo de P+DH.

A la convocatoria, celebrada en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, ha acudido una delegación de Aminstía Internacional, que estudiará el caso.

• Adriana Espinosa asegura que acudió “por curiosidad periodística” y para hacer un trabajo académico.
• Registraron su casa, se llevaron su ordenador y analizaron sus archivos personales.

Una estudiante Erasmus acude a una manifestación en Turquía al mes y medio de llegar al país. Cuatro semanas después, descubre que podría ser condenada a “cumplir hasta cinco años de cárcel o pagar hasta 50 millones de euros”, según la ley, por delito de propaganda del terrorismo. Ése es el resumen del calvario que está viviendo Adriana Espinosa, sevillana de 24 años que está terminando Periodismo y que espera en España a que se celebre su juicio a principios de julio.

En conversación telefónica con P+DH, y por si alguien necesitara alguna explicación de qué hacía Adriana en una manifestación, la estudiante aclara que acudió por curiosidad periodística para “un trabajo para la Facultad sobre la libertad de prensa en Turquía” y que se trataba de una pequeña concentración pacífica “de unas 100 personas en apoyo de los derechos del pueblo kurdo”, al que pertenecían sus compañeras de piso, convocada por un partido político legal, el DTP. Si bien es cierto que algunas facciones de esta formación están supuestamente vinculadas con grupos que la Unión Europea y el estado turco considera terroristas, la concentración transcurrió sin ningún tipo de incidente y “se disolvió cuando la Policía dio la órden”.

La vida siguió normalmente y Adriana incluso se fue de viaje a Siria. Pero al volver, el portero de su edificio le contó que la Policía había registrado su casa, había detenido a sus compañeras de piso y se había llevado documentos de su ordenador. Documentos que las autoridades turcas “han considerado propaganda del terrorismo” a pesar de que “fueron descargadas de páginas legales, porque las ‘ilegales’ están bloqueadas en Turquía”, matiza Adriana.

Así se lo hicieron saber un mes después, cuando fue llevada por la policía ante un fiscal. “Me interrogaron, sacaron un dossier con fotos mías en la manifestación y datos de mi familia”. Adriana estaba acusada de “dirigir, coordinar y participar” – acciones que se consideran equivalentes en el código penal turco para estos casos – “en manifestación ilegal”.

Miedo a partir de entonces. Que personas bien informadas le confesaran que este tipo de espionaje a los estudiantes “es común” y que era posible que tuviera el teléfono y el correo electrónico intervenidos provocaron su decisión de abandonar su piso, perder el contacto con sus compañeras – a una de ellas “la ví alguna vez, pero no me acerqué a hablar con ella” – e incluso no decirle nada a su familia. Dejó de publicar en su blog. Volvió a España.

Se encuentra en Sevilla. Se ha decidido a contar su historia para reclamar protección a la Universidad y denunciar una persecución policial injustificada. “Algunos amigos me dicen que esto me pasa por moverme y meterme en líos; pero digo yo que no podemos encerrarnos y vivir en islas privilegiadas sin tener un mínimo de curiosidad por el mundo”.

Adriana ha hecho pública su propia narración de los hechos, con detalles que alguien perfectamente podría llevar al cine para hacer un thriller de éxito. Veremos con qué final.