P+DH – el blog de la redacción de periodismohumano

Os hemos contado quiénes son los periodistas de periodismohumano, quiénes los que van a poner sus “enfoques” a la información, os hemos repetido que periodismohumano sin vosotros no es nada. Y hoy os presentamos otros dos pilares fundamentales de periodismohumano: la sociedad civil a través de sus organizaciones y de los ciudadanos que quieran hacer periodismo guiados por profesionales.

Sociedad Civil es una sección en la que hablarán precisamente los ciudadanos comprometidos con los derechos humanos. Para ello, las organizaciones sociales sin ánimo de lucro van a tener su propio espacio.

Médicos sin Fronteras
. Esta organización, basada en el principio de que todo el mundo tiene derecho a la asistencia médica independientemente de su origen social y de dónde vive, tiene casi cuarenta años de antigüedad y cuenta con más de 40 millones de socios en el mundo. Imagen de previsualización de YouTube msf
Carlos Ugarte, Responsable de las Relaciones Externas de MSF España, es el autor del espacio de esta ONG, llamado Crónicas contra el olvido. Él mismo explica así sobre qué escribirá: “sobre las pequeñas grandes historias de gente corriente. Gente que lucha por sobrevivir día a día y que mantiene la voluntad de salir adelante, a pesar de todos y de todo. Hablaremos de las víctimas y de los que trabajan junto a ellas en conflictos armados y catástrofes de todo tipo. Historias de gente marcada por el lugar y el tiempo en el que les ha tocado vivir, pero que de tan parecidos, podrían confundirse con cualquiera de nosotros”. Carlos Ugarte reclama un periodismo humano porque, como dice en el video, “matan las guerras, matan las enfermedades, pero también y sobre todo, mata el silencio“.

Amnistía Internacional.También con una larga trayectoria a sus espaldas, el año que viene cumplen medio siglo de existencia, y más de dos millones de socios y simpatizantes, Amnistía Internacional (AI) se ha convertido en una de las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos más importantes del mundo. Imagen de previsualización de YouTube amnistia-internacional-300x129

La delegación española de AI contará con un espacio propio en periodismohumano en el que nos informarán sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen por todo el mundo, las campañas de acción que emprenden, así como de las buenas noticias que también dan –más de las que pensamos–. No os perdáis el video en el que Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, explica por qué quiere un periodismo humano.

Y por último, Greenpeace, la mítica organización ecologista, con también casi cuarenta años de existencia y más de tres millones de socios en todo el mundo, también tendrá su propio espacio en periodismohumano a través de su delegación española. En él, Greenpeace nos informará sobre los atentados contra el medio ambiente que reportan por todo el mundo, pero también sobre cómo ayudar a nuestro planeta y a las personas que en él habitamos.Imagen de previsualización de YouTubegreenpeaceAsensio Rodríguez, director de Comunicación y desarrollo de Greenpeace España, explica perfectamente por qué es necesario periodismohumano.

El periodismo ciudadano también tendrá un espacio en periodismohumano para lo que vamos a sumar fuerzas con uno de los proyectos que con más ahínco ha explorado las grandes posiblidades para que la información ciudadana pueda ejercer su derecho a abrirse paso en Internet, para beneficio de toda la sociedad. Se trata de Bottup.com, una red social sin ánimo de lucro donde los ciudadanos publican sus propias noticias y donde los periodistas trabajan para ellos. Así lo explica Bottup.com.
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Pau Llop es periodista y la organización Ashoka.org ha premiado su labor como fundador y director de Bottup.com eligiéndole como uno de sus emprendedores sociales del año. Además, es responsable de Nxtmdia, empresa con la que hemos desarrollado el diseño y maquetación de periodismohumano.com <br/

También hemos llegado a convenios y acuerdos de colaboración con distintas Universidades españolas con el objetivo de crear sinergias informativas en ambas direcciones, aprovecharnos como mutua fuente de conocimiento derivado de la investigación, así como para desarrollar nuestro planteamiento de un periodismo con enfoque de derechos humanos. De momento cinco universidades colaboran con periodismohumano: Universidad Autónoma de Barcelona, las facultades de Comunicación de Sevilla y de Málaga, la Universidad de Cádiz, así como la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de Cantabria.

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Y para despedirnos queremos compartir con vosotros la explicación del Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, de por qué es importante un periodismo humano.
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Tres contra dos. Tres votos a favor. Dos en contra. Y madres y padres de desaparecidos, huérfanos, torturados, defensores de la vida y de la Justicia, todos ninguneados, alzaron sus brazos, gritaron, se abrazaron y lloraron en bares, casas y rincones de todo Chile. Y en muchos otros países. Cinco jueces lores británicos acaban de votar a favor de retirarle la inmunidad soberana al general Pinochet, lo que podría suponer su extradicción a España para ser juzgado si el gobierno británico lo permite.

El escritor Juan Gelman contaba ayer en el diario argentino Página 12: “Conocí al juez Garzón en 1997, cuando, con mi esposa Mara La Madrid, le elevamos una denuncia por el asesinato de mi hijo Marcelo Ariel y la desaparición de mi nuera María Claudia, padres de una niña o un niño nacido en cautiverio del cual supe la existencia por la Secretaría de Estado de El Vaticano. Era el único juez ante quien podíamos hacerlo: no había otro en el mundo dispuesto a escuchar el relato de los crímenes cometidos por la dictadura militar argentina. No había otro juez en el mundo que atendiera las heridas de las víctimas de Pinochet y no hubo otro que decidiera procesarlo”.

Último paseo de Pinochet como presidente. (c) Javier Bauluz /Piraván

Último paseo de Pinochet como presidente. (c) Javier Bauluz /Piraván

El juez Baltasar Garzón había decidido emprender el que sería el proceso que, entre otras cosas, iniciaría a España en la práctica de la Justicia Universal. Algunos de los periodistas españoles que cubren el acontecimiento en Chile tienen que mentir sobre su nacionalidad. Ser español en Chile en aquellos momentos podía ocasionarles graves problemas entre los partidarios de Pinochet. Alguno de ellos lo recuerda como la única vez que han visto contentas a las víctimas.

El día de esta histórica votación era 25 de Noviembre de 1998 y cientos de miles de personas en todo el mundo reafirmaron su convicción en la justicia como única vía para combatir la impunidad. Muchos sintieron la necesidad de compartir sus impresiones, sus convicciones democráticas pero la única forma que tenían a su alcance era escribir una carta al Juez, para muchos de ellos extranjero, que había hecho este caso posible, aprovechar los medios de comunicación si algún periodista les preguntaba o, simplemente reunirse con personas con las que compartían su alegría cargada de dolor.

Y mientras, un movimiento de solidaridad internacional se gestaba a través de las imágenes de televisión, fotografías y crónicas. Pero no podían relacionarse entre ellos ni demostrar públicamente su apoyo al proceso sin intermediarios. Desde entonces han pasado sólo once años, pero las vías y herramientas para ejercer el derecho a la libertad de expresión permiten hoy alzar la voz de una forma inmediata, pública y en interacción con los otros de una manera que, inevitablemente, va a cambiar los mecanismos democráticos y el peso de la opinión pública en éstos.

El pasado miércoles por la mañana los medios de comunicación daban la noticia: la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial había acordado por unanimidad iniciar los trámites para suspender de funciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Era el resultado, entre otros, del intento del juez de juzgar los crímenes de la dictadura franquista, lo que desencadenó una ofensiva en su contra por parte de dos grupos de extrema derecha, Falange Española y Manos Limpias. Le acusan de prevaricación por intentar localizar y exhumar a los víctimas de la dictadura franquista.

Al mediodía de este mismo miércoles, se hacía público un Manifiesto por la Justicia de Garzón a través de una web y un grupo de Facebook donde todo aquel que quisiera pudiera unirse. En poco más de 48 horas han firmado el manifiesto  2.000  ciudadanos en el grupo de Facebook y casi 1.000 en la web. Casi 3.000 personas con sus nombres, apellidos y profesión una gran mayoría, enfermeros, secretarios, profesores, periodistas, jubilados, parados, cooperantes, conserjes, profesores, catedráticos, publicistas, escritores, estudiantes, abogados, soldados, magistrados, ciudadanos en definitiva, han contado con la posibilidad de hacerse oir públicamente. Y no sólo como un mero número. La mayoría además ha explicado el por qué, rompiendo así no sólo con las barreras impuestas hasta ahora para la expresión de la opinión pública si no con los miedos a hablar alto y claro.

Para desmentir los rumores que ha señalado algún medio de que detrás de este manifiesto está un secreto y supuesto lobby dirigido por abogados y un vocal del Consejo General del Poder Judicial amigos de Garzón, me declaro culpable de haber expresado mi opinión como ciudadana y de haber creado las herramientas y las vías para que otros ciudadanos pudieran hacerlo igualmente.

A este manifiesto hay que sumarle otras muchas otras reacciones. Un grupo de intelectuales, entre los que se encuentran José María Caballero Bonald, Manuel Rivas, Ian Gibson, Juan Goytisolo y otros, ha manifestado que se consideran “sentados en el mismo banquillo que Garzón” y que están convencidos de que asistirán“al kafkiano proceso de un tribunal que encausa, en carne, a la Justicia, sufriendo con ello nuestra democracia el peor golpe desde el 23-F”.

La periodista Maruja Torres, en su columna en El País, explica a través de un ingenioso cuento como “un dragón muy malo (…) llamado Garrzón” fue por fin enfrentado por unos héroes acompañados de “Mary Provida, Mary Demagogia y el señor Odios” que encontraron en la Justicia “implacables justicieros como ellos”. David Trueba, en el mismo periódico, apuntaba a cómo “van a matar con un tecnicismo” a Garzón y que “no se entiende nada porque todo es una ficción judicial”.

"Falange Española pide ayuda para sentar a Garzón en el banquillo. Dada la escasez de recursos de FE JONS, solicitamos tu colaboración" dicen en su web. "FE JONS muestra su alegría por lo que podría ser el principio del fin de la impunidad (..) y quiere felicitar al Sindicato Manos Limpias y a los Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por su valentía".

"Falange Española pide ayuda para sentar a Garzón en el banquillo. Dada la escasez de recursos de FE JONS, solicitamos tu colaboración" dicen en su web. "FE JONS muestra su alegría por lo que podría ser el principio del fin de la impunidad (..) y quiere felicitar al Sindicato Manos Limpias y a los Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por su valentía".

La periodista Rosa María Artal también publicó un texto, suscrito por periodistas como Enrique Meneses y Fernando Berlín, en el que señalaba como “los países democráticos no pueden entender la condición de intocable del franquismo en España”refiriéndose al apoyo que ha recibido el juez por parte de prestigiosos juristas internacionales. De hecho, en el nuevo recurso presentado por el juez Garzón incluye cinco juristas internacionales como testigos para demostrar que los crímenes contra la humanidad no son amnistiables según tratados internacionales suscritos por España. Entre ellos, se encuentran Carla del Ponte, ex fiscal del Tribunal Internacional para los crímenes de guerra de la ex Yugoslavia y de la Corte Penal Internacional y Eugenio R. Zaffaroni, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina cuando ésta derogó las leyes de amnistía posteriores a la dictadura de ese país.

Amnistía Internacional ha manifestado que Garzón no puede ser acusado de  “delito de prevaricación por intentar localizar y exhumar a las víctimas de los crímenes del franquismo, justificándolo como contrario a la ley de Amnistía del año 1977″ porque “la impunidad de crímenes contra el derecho internacional no puede ser convalidada por ninguna ley de amnistía. Es el deber de las autoridades judiciales españolas investigar, sancionar y reparar todos aquellos crímenes que hayan sido cometidos en un país, aunque sea en el pasado”.

 Familiares de los cinco republicanos asesinados, según testigos, por falangistas y que fueron enterrados en la Fosa de Turanzas (Llanes, Asturias) observan la exhumación de los restos. (c) Javier Bauluz / Piraván

Familiares de los cinco republicanos asesinados, según testigos, por falangistas y que fueron enterrados en la Fosa de Turanzas (Llanes, Asturias) observan la exhumación de los restos. (c) Javier Bauluz / Piraván

Jueces por la Democracia junto a la Unión Progresistas de Fiscales han expresado que este proceso supone “criminalizar la discrepanacia jurídica” puesto que la investigación de los crímenes de lesa humanidad “se ajusta completamente a la legalidad nacional e internacional”.

El ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha definido la trayectoria de Garzón en la Cadena Ser como “el juez que más se ha enfrentado a ETA y a su entorno, el que más eficazmente ha combatido el narcotráfico y la delincuencia financiera. Desarticuló las cuentas secretas del BBVA en Jersey o el caso Pretoria, que alcanza a Alavedra y Prenafeta. Combatió la guerra sucia contra el terrorismo del GAL, el caso Gürtel de corrupción en el seno del PP, las dictaduras latinoamericanas. El factor determinante es que se atrevió a lo que nadie se había atrevido, a investigar las desapariciones forzadas, cien mil desapariciones”. Según Jiménez Villarejo “la extrema derecha española ha conseguido poner a su servicio a una parte de la magistratura” movidos por el “recelo, de envidia, de venganza”.

También políticos del PSOE y de IU han mostrado su apoyo a Garzón: el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, le definió como un “profesional decente” y mostró su esperanza de  “que le vaya lo mejor que le pueda ir en este trance”. El coordinador general del IU, Cayo Lara, dijo que IU está en  “completa solidaridad” con el juez.

Son muchos los perfiles y los ciudadanos que se han mostrado en contra de este proceso contra el Juez Garzón. Y en esta ocasión, como cada vez es más habitual, los ciudadanos no han tenido que esperar a que otros se manifiesten, se generen corrientes de opinión desde las altas esferas o desde los medios de comunicación para expresar sus opiniones y sentimientos. El nuevo ecosistema de comunicación de los ciudadanos funciona. Y su voz puede ser expresada y escuchada.


  • Amnistía Internacional denucia malos tratos y abusos en los centros terapeúticos de menores
  • El Comité contra la Tortura pide a España que investigue las denuncias de aislamiento y medicación

“Me ataban a la silla con la boca tapada, me duchaban con agua fría, y me hinchaban a pastillas. Una vez llegué a perder el conocimiento y me dejaron tumbada en el suelo. Si intentaba contar lo que estaba pasando me decían ‘ten cuidado con lo que hablas’, así me callaban”. Cuando pasó Sara era menor de edad y estaba internada en un centro terapéutico. “Estuve tres años, de los 15 a los 18, sin salir y mi madre ni siquiera sabía donde estaba. Casi no lo sabía ni yo, me tenían siempre sedada. Tomaba cuatro pastillas por la mañana, 3 al mediodía y otras 4 por la noche, me tenían que sentar en una silla de ruedas porque no tenía fuerza”. La vida de Sara, como la de muchos otros menores que pasan por los centros terapéuticos, no ha sido fácil. “Llegan de entornos de pobreza y exclusión estigmatizados, pero en vez recibir ayuda son castigados, aislados, vejados, amordazados e incomunicados, vulnerando sus derechos fundamentales” asegura Elena Estrada, investigadora de Amnistía Internacional.

Hoy existen en España 58 centros terapeúticos donde se trabaja por la reintegración de estos menores con trastornos en la conducta y dificultades sociales. No son delincuentes, ya que sobre ellos no pesa ningún delito, sino adolescentes conflictivos que provienen de familias en su mayoría desestructuradas y con dificultades socioeconómicas que no pueden hacerse cargo de ellos.

En los centros, según el informe “Si vuelvo me mato” de Amnistía Internacional, los menores son con frecuencia castigados sin comer, amorzándoles, prohibiéndoles la visita de sus familiares y obligándoles a permanecer durante horas de pie. En los testimonios recogidos por la organización, los jóvenes aseguran que pasan días e incluso semanas en celdas de aislamiento, “asfixiantes y siniestras…con portones blindados de hierro y paredes forradas con caucho o goma negra, que apenas alcanzan los tres metros sin ventilación ni comunicación alguna… Antes de entrar en estas celdas reclaman, a veces, una medicación que les ayude a soportar el emparedamiento” como las define en otro estudio el Defensor del Pueblo.

Ante comportamientos violentos, los menores son reducidos entre varias personas hasta inmovilizarlo e incluso atarlo, técnicas abusivas y que suelen usarse con frecuencia sin recurrir a otras alternativas menos agresivas según AI. “Una de las veces un vigilante me agarró del cuello y me tiró al suelo, me sujetaron entre dos vigilantes aplastándome contra el suelo y retorciéndome el brazo, había restos de cristales y me corté en la frente” afirma uno de los menores. Otra forma de castigo es la medicación. Amnistía afirma que los jóvenes reciben tratamiento médico sin diagnóstico previo y sin haber sido informados de lo que están tomando. “Si preguntas qué medicamentos son, no te informan ‘tú no tienes por qué saberlo’. Y si te niegas a tomarlos te amenazan o fuerzan mediante contención. Si te resistes puedes acabar atado en una silla o en el banco al sol todo el día donde, si aún te resistes te amordazan (con papel de embalar adhesivo) y te pueden llegar a inyectar algo que te deja KO”. Así lo describen Aránzazu y Esteban (19 y 18 años) que estuvieron internos en Barcelona. En los últimos 6 años 10 adolescentes se han suicidado en los centros españoles.

Amnistía denuncia que existe “oscuridad” en torno a los centros terapéuticos. La mitad de ellos no son supervisados por un juez o fiscal, ni existen resoluciones judiciales para el ingreso de los menores. “Son invisibles. Hay casos en los que los menores no salen del centro en años. Sin una orden judicial, los medicamentan para que no molesten y cuando llegan a la mayoría de edad a la calle, sin formación y sin un futuro” denuncia Estrada. AI asegura que cuando termina su internamiento en los centros la mayoría no han acabado la enseñanza obligatoria y carecen de un entorno social, lo que deriva en la marginación, la delincuencia y la cárcel. “Si se trata de un centro terapéutico, ¿por qué no salen ‘curados’? Salen peor de lo que entraron.”
El informe se centra en los de Andalucía, Cataluña y Madrid que acaparan el 55% de los centros españoles, donde según la organización han encontrado continuas trabas a la hora de llevar a cabo la investigación porque las Comunidades Autónomas le han denegado el acceso a los recintos, ignorado sus peticiones o imponiendo condiciones que dificultaba su trabajo y la libertad de los menores supervisándolos a la hora de realizar sus declaraciones. La Generalitat ha respondido a estas acusaciones negando los malos tratos y asegurando que el trabajo de AI está “tergiversado” y es “demagógico”.

De los 58 centros de toda España, sólo 3 son públicos. El resto están gestionados por convenios con asociaciones sin ánimo de lucro, empresas privadas o fundaciones como Dianova y O’Belén quienes gestionan un mayor número de centros. Dianova, es responsable de 7 centros y cuenta con un presupuesto de 5 millones de Euros, y O’Belén con alrededor de 12 millones de euros, según los datos de Aministía, y en la actualidad está encargada de 3 centros después de que durante los meses de septiembre y octubre cerrasen dos recintos de Castilla La Mancha. Más del 90 por ciento del dinero que reciben proviene de las Administraciones. “La responsabilidad última es del Gobierno. Es muy grave, porque se ha producido una privatización de la gestión y el Estado ha cometido una dejación de sus funciones por no supervisarlo”, afirma Elena Estrada. Según los testimonios, en los públicos no se cometen esas irregularidades.

En el mes de febrero el Defensor del Pueblo de febrero publicó un informe [pdf] en el que ya alertaba de estas irregularidades en los centros terapéuticos  y por el que el Comité contra la Tortura pidió explicaciones a España, ante la vaga respuesta del Gobierno español el organismo internacional ha reiterado el mes de noviembre su preocupación principalmente por las denuncias de aislamiento y administración de fármacos que contradicen a los artículos 11 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y exige una investigación al Gobierno.


“Hoy es 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos (…) yo, que soy defensora de los Derechos Humanos, estoy en huelga de hambre desde hace 25 días a causa de la injusticia y de la falta de respeto de los Derechos Humanos”.

Aminatou Haidar ha enviado una carta en la que ha recordado a “los compañeros encarcelados, sufro pensando en los siete activistas de Derechos Humanos que, por decisión arbitraria del gobierno marroquí, van a comparecer ante un tribunal militar y son amenazados con la pena de muerte. Pienso también en la población saharaui, oprimida y reprimida diariamente por la policía marroquí en el Sáhara Occidental. Y pienso en su futuro”.

Rueda de prensa de Aminatou Haidar

Rueda de prensa de Aminatou Haidar

Mientras la salud de la activista saharaui más reconocida internacionalmente se debilita, la sociedad civil ha reforzado las manifestaciones públicas para salvar su vida y su deseo de “abrazar a mis hijos, deseo vivir con ellos y con mi madre, pero con dignidad”. Entre otras, numerosos universitarios se han manifestado en varias ciudades españolas, muchos ayuntamientos apagarán su alumbrado navideño durante veinticinco minutos, una marcha silenciosa y con velas, la Marcha de las Luciérnagas, recorrerá el trayecto que une la Puerta del Sol y el Ministerio de Asuntos Exteriores  y el periodista Pedro Barbadillo ultima el documental sobre la activista saharaui, a la que acompaña desde hace años, y con la que se encontraba cuando fue detenida en El Aaiún. “Aminatou volvía de Nueva York de recoger el Premio al Coraje Civil de la Fundación Train. Hablé con ella y me dijo que era muy probable que la detuviesen a su llegada al Sáhara , por lo que el fotógrafo Pedro Guillén y yo decidimos acompañarle. Nos unimos a ella en Las Palmas y en cuanto llegamos al aeropuerto de El Aaiún, que estaba tomado por el ejército, nos separaron de ella y nos estuvieron interrogando durante siete horas. Nos acusaban de haber cometido un delito gravísimo, de haber grabado objetivos militares (por el aeropuerto) y nos amenazaban con quitarnos los equipos.Se quedaron con las cintas y nos enviaron de vuelta a Las Palmas a las siete de la tarde. Mientras no sabíamos nada de Aminatou. Hasta el día siguiente cuando fue enviada a Lanzarote”.  Barbadillo ya había realizado un documental sobre Haidar, Con el viento de cara, en el que recorría la trayectoria de una mujer que ya en en 1987, con sólo 21 años, por participar en una manifestación pacífica para exigir el referéndum de independencia fue encarcelada sin cargos ni juicio durante cuatro años en las llamadas cárceles secretas, donde fue torturada. En 2005, volvió a ser condenada a siete meses de prisión en un juicio que fue denunciado de irregularidades por un observador de Amnistía Internacional. Gracias a la presión internacional, incluida una resolución del Parlamento Europeo que exigía su liberación, fue puesta en libertad. Desde entonces ha recibido prestigiosos premios e incluso estuvo nominada para el Premio Nobel de la Paz en 2008.

Amnistía Internacional recoge más de 50.000 firmas

La campaña de recogida de firmas de Amnistía Internacional para la liberación inmediata de 8 presos de conciencia y la vuelta al Sahara Occidental de Aminatou Haidar ya cuenta con más de 52.000 firmas dirigidas al primer ministro marroquí. Según Miguel Ángel Calderón, responsable de comunicación de Amnistía Internacional España, “Pueden parecer muchas, y lo son, pero es necesaria mucha presión para que el gobierno marroquí rectifique. No se trata de una situación humanitaria sino de una violación de derechos humanos. Es fundamental no sólo que el gobierno marroquí deje de hostigarla sino que garantice su derecho a la libertad de expresión. Tanto Aminatou como el resto de los presos son de conciencia porque están siendo castigados única y exclusivamente por hacer uso de su libertad de expresión”. Amnistía Internacional hace hincapié en la gravedad y urgencia de resolver la situación y explica que las firmas recogidas “se envían directamente al primer ministro marroquí para hacer la mayor presión y lo antes posible”.

La campaña de AI comenzó por el encarcelamiento de los siete activistas de derechos humanos saharauis y el periodista marroquí que fueron detenidos por Marruecos en octubre. Éste último,director de la publicación semanal Almichaal, fue detenido el 15 de octubre tras publicar un artículo sobre la salud del rey Mohamed VI. Fue declarado culpable de difundir información falsa con “intención maliciosa” y fue encarcelado inmediatamente, a pesar de que la defensa había recurrido contra el fallo. “Está en régimen de aislamiento, no le dejan salir al aire libre tanto tiempo como a otros reclusos y tiene que dormir sobre unas mantas”, nos explican Calderón. En cuanto a los otros siete activistas saharauis, que fueron detenidos cuando volvían de los campamentos de refugiados de Tinduf, forman parte del endurecimiento de la represión que los defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y observadores han sufrido y constatado desde el mes de octubre. Serán juzgados por un tribunal militar que los juzgaran por delitos contra la seguridad y la integridad territorial, y podrían ser condenados a muerte.

Escalada de represión en el Sáhara Occidental

Como recoge la última denuncia de Human Rights Watch sobre el Sáhara Occidental “Marruecos ha adoptado otra medida regresiva para los derechos humanos al impedir las visitas “no autorizadas” de extranjeros a los hogares de activistas saharauis del Sáhara Occidental”. La organización informa sobre cinco visitas de periodistas y abogados españoles a los que se les impidió visitar a reconocidos activistas de derechos humanos porque carecían “del permiso”. Uno de ellos es el abogado Luis Malgrané quien, acompañado por la también abogada Dolores Travieso, fue a El Aaiún como observador del Consejo General de la Abogacía para el juicio de Hassana Alouate. “Antes del juicio fuimos a visitar a Hassan Duihi, miembro de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos. A los diez minutos, varios policías llamaron a la puerta y después de hablar tres minutos con Hassan tuvimos que irnos porque no teníamos el permiso necesario para visitar a alguien en su casa. Yo llevo dos años yendo al Sáhara y nunca me lo habían pedido. No sabían decirme qué permiso”, nos explica Malgrané, quien además es miembro de la junta directiva de la organización Um Draiga, Amigos del Sáhara de Aragón. “Al día siguiente, después de que se suspendiese el juicio de Hassana, decidí viajar hasta Boujdour a visitar a Sultana Khaya, quien había perdido un ojo durante una manifestación pacífica por los derechos de los saharauis en la Universidad de Marrakech, y a quien había conocido en España donde recibió tratamiento. “Nada más bajarme del autobús, donde ella me estaba esperando con un hermano y un amigo, una pareja de policía vestidos de paisano empezó a seguirnos. Cuando llegamos a su casa había un furgón policial y muchos policías esperándonos. Se pusieron ante la puerta y me dijeron que no podía entrar sin el permiso. Me fui a la comisaría con una hermana de Sultana y allí me dijeron que sólo me podía reunir con ella en un lugar público o en un hotel. Cuando me reencontré con Sultana estaba llorando porque estaba enfadada porque esta gente, que les niega tantos derechos fundamentales, ahora ni siquiera les dejaba estar en su casa con quien quisiera. La misma pareja de policía que siempre nos seguía se sentaron en la mesa de al lado de la cafetería donde fuimos. Y se burlaban de ella. Llegaron muchos jóvenes saharauis y más policías y se montó un cristo. A mi me retuvieron dentro y a ella la sacaron. Cuando salí, ya no estaba y a mi me obligaron a coger un taxi e irme de la ciudad”. Luis Malgrané es un buen conocedor del Sáhara Occidental y de las numerosas violaciones de derechos fundamentales que se llevan cometiendo en este territorio desde hace 35 años. Sin embargo, coincide con el periodista Pedro Barbadillo y con los últimos informes de organizaciones internacionales que la situación ha empeorado en los últimos meses y que la declaración del rey Mohammed VI con motivo del 34ª aniversario de la “Marcha Verde” el pasado 6 de noviembre en el que declaró “Una persona o es marroquí o no lo es (). Uno es un patriota o es un traidor. No hay término medio”. Según Luis Malgrané, las razones de este endurecimiento de la postura de Marruecos con respecto al Sáhara es un intento de “frustar las negociaciones. A lo mejor es agarrarse a un clavo ardiendo, pero lo cierto es que desde la llegada de Obama al gobierno estadounidense ha habido un cambio en los planteamientos en la ONU. Ya no se menciona el Plan de Autonomía, y el nuevo delegado de la ONU, Chistopher Ross no tiene nada que ver con su predecesor. Esto ha despertado mucho miedo en Marruecos”. Pedro Barbadillo añade el hecho de que “el Ejército, que es el que en la práctica mantiene la ocupación, ha impuesto al rey una línea más dura”.

Luis Malgrané describe el papel de España en la situación de Aminatou Haidar de “cómplice de un delito. La policía marroquí la metió a la fuerza en el avión, y el piloto llamó al jefe de operaciones para decirle que no podía despegar con una mujer sin pasaporte y que se negaba a viajar a España. El jefe de operaciones hizo una llamada a Madrid, que se sigue sin saber quién fue, que le ordena que la traiga y la dejan entrar en el país, supuestamente porque tenía permiso de residencia y por razones humanitarias. Y después lo del avión medicalizado, que parece que cuando la subieron ya sabían que Marruecos había denegado los permisos para ese vuelo”. España le ofreció a Haidar el estatuto de refugiado y la nacionalidad española, al tiempo que pedía ayuda a la ONU para resolver la situación. En este sentido, Malgrané apunta que “en febrero en la ONU se planteó la ampliación de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental al ámbito de la protección de los derechos humanos.  Si se hubiese aprobado la ONU podría intervenir ahora directamente en el tema, pero España votó en contra. En cualquier caso, España sigue teniendo margen de maniobra. Igual que Zapatero envió al Rey Juan Carlos I a mediar con el presidente argelino Abdelaziz Buteflika con motivo de la crisis del gas, un tema económico, ahora lo podría hacer por un tema de Derechos Humanos”. Éste es el objetivo de la carta que ha sido presentada hoy  por los premios Nobel José Saramago, Darío Fo y Günter Grass dirigida al Rey Juan Carlos y firmada por destacadas personalidades del mundo de la cultura. Apenas unas horas antes el Secretario General de Izquierda Unida, Cayo Lara, haya hecho pública unas horas antes una carta de la Casa Real, en respuesta a una en la que le solicitaba ya su intervención, y en la que el Rey se muestra dispuesto “a hacer las gestiones oportunas” pero que el gobierno español considera que “no es el momento oportuno”.

Aminatou Haidar, en una multitudinaria rueda de prensa, ha declarado esta tarde que “el representante único y legítimo del pueblo saharaui es el Frente Polisario” por lo que es es con éste “con quien Marruecos tiene que negociar su futuro”. Haidar ha cumplido hoy su 25º día en huelga de hambre.


  • Mañana se vota en el Congreo de los Diputados la reforma de la ley de extranjería
  • Saldrá adelante con el apoyo de PSOE, CIU y CC, si se cumplen las previsiones del Gobierno
  • Las organizaciones sociales creen que son insuficientes las modificaciones que se han producido en el texto desde que llegó al Congreso en verano
Manifestación contra reforma LOEX

Arriba las que luchan/ Flickr

Es la cuarta reforma que se aplica a la ley de extranjería desde que entró en vigor hace 9 años. Para el Gobierno se trata de un texto que consolida una inmigración legal, ordenada y adaptada a las necesidades del mercado laboral, mientras que las organizaciones sociales lo ven como un retroceso que convierte al inmigrante en una mera herramienta de trabajo.

El proceso, que comenzó en el mes de junio, cierra mañana una etapa con la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados en la que el Gobierno ya se ha asegurado el apoyo de Convergència i Unió (CIU) y Coalición Canaria (CC) gracias a la incorporación de 40 de las 60 enmiendas presentadas por CIU, la mayoría relacionadas con las competencias de las comunidades autónomas, y la suma de las propuestas de CC vinculadas al traspaso y tutela de los menores inmigrantes.

Más de 500 organizaciones sociales como Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Red Acoge o Cáritas han mostrado, sobre el papel a través de informes y en la calle con manifestaciones, su rechazo a un texto que, dicen, recorta derechos de los inmigrantes y cuyas principales críticas se resumen en estos puntos:

  • Se han ampliado de 40 a 60 días los periodos de detención en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), donde son recluidos los días previos a su expulsión. Las organizaciones rechazan esa prolongación, piden que el internamiento sea el último recurso y que se incluyan medidas alternativas aplicando el principio de proporcionalidad ya que estar en situación irregular es una falta administrativa que, a su juicio, no debería privarles de libertad.
  • En el ámbito de la educación, la reforma recoge el derecho de los menores inmigrantes indocumentados a acceder a la educación obligatoria, pero no el de los niños de educación infantil y el de los mayores de 18 años que aspiran estudios postobligatorios.
  • La reagrupación se realizará si forman parte del núcleo familiar, hijos y cónyuges, incluyéndose las parejas de hecho y siempre en el caso de que los inmigrantes solicitantes lleven al menos 5 años de estancia legal en España. Otras generaciones ascendientes como los abuelos sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años o alegando razones humanitarias.
  • Las mujeres inmigrantes en situación irregular que sufran violencia de género obtendrán un permiso temporal de residencia y de trabajo si denuncian a su agresor. Sin embargo, la denuncia como víctima les abre un procedimiento de expulsión, que aunque quedaría paralizado, podría ser un elemento de disuasión para estas mujeres que dificultara su salida de la espiral de violencia en la que se encuentran.
  • La nueva ley contemplará multas de hasta 10.000 euros para quienes inviten y acojan a inmigrantes que decidan continuar en España una vez concluido su periodo de estancia legal.
  • Se recogen avances en el apartado de los menores, como que éstos puedan nombrar a un defensor judicial en su proceso de repatriación, pero la reforma no incluye el principio de no devolución cuando no existan garantías de que el menor, si es deportado, tenga una vida digna. Tampoco se hace referencia a la obligación del Estado de informar y facilitar al menor su derecho a solicitar asilo.
  • A las ayudas a la vivienda sólo podrán optar los inmigrantes que tengan como mínimo 5 años de estancia legal en España.
  • La reforma garantiza la justicia gratuita, pero en el caso de los inmigrantes se ha incluído una nueva exigencia por la que se les obliga a solicitar una segunda vez la asistencia de un abogado cuando quieran recurrir una denegación de entrada, devolución o expulsión.
  • El texto no contempla el derecho de los polizones a la designación de un abogado. Amnistía Internacional asegura que en muchas Delegaciones del Gobierno no se permiten que reciban asistencia letrada y un intérprete en la primera entrevista con la policía, por lo que solicitan que ésta garantía quede incluida en la reforma.
  • Uno de los aspectos más positivos del texto es que por primera vez se reconocen los derechos de reunión y manifestación, asociación, sindicación y huelga de los inmigrantes, aplicando así la Sentencia del Tribunal Contitucional 236/2007 (PDF).

Las ongs, asociaciones de inmigrantes y el resto de organizaciones sociales aseguran que las modificaciones que ha sufrido hasta ahora el texto no son suficientes, aunque confían en que se sigan produciendo cambios hasta su aprobación definitiva que será, si se cumplen las previsiones, antes de que finalice el año.


  • El Congreso de los Diputados aprueba la reforma de la ley de asilo, un “retroceso” según las organizaciones sociales.
  • Si una persona quiere pedir asilo no podrá hacerlo en la embajada española como hasta ahora, tendrá que venir a España
  • Los ciudadanos de la UE no podrán obtener el asilo.
  • España acogerá a un cupo anual de refugiados y otorgará el asilo por cuestiones de género, violencia sexual e identidad sexual

42 millones de personas huyen en el mundo abandonado sus casas por conflictos y persecuciones raciales, religiosas o ideológicas. El año pasado España registró tan sólo 4500 solicitudes de asilo, un 40% menos que el año anterior y la cifra más baja desde 1989. No piden asilo porque no pueden llegar. El control externalizado de las fronteras que realizan países como Marruecos, Mauritania o Senegal, gracias a los acuerdos alcanzados con la Unión Europea, está provocando que “muchas personas que intentan viajar a España huyendo de violaciones de derechos humanos no hayan podido llegar y pedir asilo o no hayan sido identificadas como personas necesitadas de protección internacional“, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Amnistía Internacional, quienes denuncian que se está produciendo un endurecimiento de las políticas de inmigración. El último de estos casos fue el de cuatro polizones congoleños que el pasado fin de semana llegaron a Valencia y que partieron el lunes hacia Génova sin haber sido asesorados por CEAR.

Inmigrantes recién llegados a Fuerteventura son detenidos por la Guardia Civil. Fotografía de Javier Bauluz / Piravan

Inmigrantes recién llegados a Fuerteventura son detenidos por la Guardia Civil. Fotografía de Javier Bauluz / Piravan

El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la ley de asilo. El texto que armoniza la legislación española con las directivas europeas cuenta con el consenso político de los grupos parlamentarios, salvo Izquierda Unida, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, pero no con el de las organizaciones sociales para quienes la nueva normativa es un “retroceso”. CEAR que participó activamente en la elaboración de la actual ley de asilo en 1984 no ha sido convocada en la redacción de la reforma. Ésta y el resto de organizaciones sólo tuvieron acceso al borrador cuando ya había sido publicado en la web del Congreso. Desde entonces han realizado una campaña en defensa del derecho al asilo y mantenido reuniones con los grupos parlamentarios quienes han incorporado algunas de sus reivindicaciones al proyecto de ley. Aún así, se quejan de no haber recibido hasta última hora el documento que ha llegado al Congreso. “Se ha hecho sin contar con las organizaciones más acreditadas, sin haberse reflexionado de forma serena y debatido en profundidad por lo que la urgencia de esta modificación no está justificada.”

Uno de los puntos más controvertidos de la nueva normativa es que no se podrá solicitar el asilo desde las Embajadas o Consulados españolas. Ante la polémica desatada, hace unos días la Comisión encargada de la ley en el Congreso volvió a incluir este punto en el borrador pero sin las mismas garantías que en la normativa vigente. En la ley vigente hasta ahora, si un colombiano quiere pedir el asilo en España tiene que salir de Colombia y solicitarlo desde la embajada española de otro país. Si el gobierno español da el visto bueno, el colombiano viene a España a comenzar los trámites. Con la reforma de la normativa, este mismo ciudadano deberá solicitar directamente el asilo en España, para lo que necesitaría un pasaporte (a veces nada fácil de conseguir para persona que huye de su país) y un visado, quedando así en manos de la embajada española la decisión de que ese persona pueda venir o no España a solicitarlo personalmente. “A veces recibimos llamadas muy angustiosas de personas que están siendo perseguidas y cuya vida corre peligro, este cambio supone dejarlos a su suerte, no es más que un obstáculo añadido a la tarea titánica de llegar a España”.

Los ciudadanos de la UE no podrán solicitar asilo en España, otro “paso atrás” que incumple según las organizaciones la Convención de Ginebra de 1951 cuyo 3º artículo prohibe la discriminación “por motivos de raza, religión o país de origen” y el derecho reconocido en la propia Constitución Española en su artículo 13 “los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.” Para CEAR se trata de “un pensamiento de ingenuidad y soberbia en el que se impone la idea de que Europa es segura. Reconocer que en ella se pueda pedir asilo es reconocer que aquí también se comenten atentados contra los derechos humanos”.

La reforma contempla, además, la elaboración de un listado de “países seguros” en los que no estaría justificada la petición de asilo. En estos países a partir de ahora “se rechazarán las solicitudes sin tener que estudiarlas de forma individual”. CEAR recuerda que existe una sentencia del 2008 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que no acepta la creación de estas listas.

CEAR y Amnistía Internacional critican también la ampliación que contempla el proyecto de ley de los plazos de detención en la frontera, el establecimiento de formas diferentes de solicitar el asilo dependiendo del lugar donde se haga la tramitación, el aumento de las causas que deniegan el asilo, y que se reduce de 3 meses a uno el plazo para solicitarlo desde que se pisa territorio español. Hay muchas personas que llegan huyendo a España sin saber qué es ser un refugiado y que este derecho existe. “En un mes no tenemos tiempo de organizar su atención y recabar la documentación necesaria”.

A pesar de las críticas, la reforma recoge grandes avances como que a partir de ahora España participará en los programas de reasentamiento de refugiados de ACNUR con un cupo anual. A los conceptos de raza, religión y nacionalidad como motivos de persecución a valorar para la concesión del derecho de asilo se suman cuestiones de género, identidad sexual y orientación sexual. Además, el proyecto de la nueva normativa dedica un apartado específico a los menores, recogiendo los casos de niños soldado, los matrimonios forzosos, la mutilación genital, el tráfico de menores, la pornografía o el abuso infantil.