El texto no es definitivo y las organizaciones sociales lo saben. Antes, incluso, de que comenzara el proceso ya advertían de que la reforma era inoportuna en un contexto de crisis como el actual. Ahora, en plena tramitación en el Congreso de los Diputados, reclaman al gobierno que incluya las 100 propuestas y enmiendas que han presentado entidades como Amnistía Internacional [PDF] o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Red Acoge y Cáritas [PDF], a las que se han sumado más de 500 organizaciones de toda España. Las críticas se centran, principalmente, en:

• El empadronamiento. El extranjero que no tenga permiso de residencia o estancia no podrá empadronarse, lo que le impedirá acceder a derechos básicos como la asistencia sanitaria.
• El internamiento en los CIES. La ampliación de 40 a 60 días del plazo que puede estar pasar el extranjero en un centro de internamiento.
• La educación. Tribunal Constitucional reconoce el derecho de los extranjeros a la educación obligatoria y no obligatoria en las mismas condiciones que los españoles. Sin embargo, según las organizaciones, la reforma imita el acceso de los inmigrantes a la educación no obligatoria, impidiendo el acceso de los menores a la educación infantil y de los mayores de edad a los estudios postobligatorios.
• La reagrupación familiar. Quienes se beneficiarán de este derecho serán los que forman la “familiar nuclear”, es decir padres e hijos. Otras generaciones como padres y abuelos sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años o alegando razones humanitarias.
• El acceso a la vivienda. La reforma incluye un nuevo requisito, que los inmigrantes aspirantes a ayudas públicas en esta materia lleven en España al menos 5 años.

Mañana sábado su rechazo a la propuesta del gobierno será materializado en la calle con una manifestación en Madrid convocada por más de 70 organizaciones, entre las que se encuentran la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), CEAR, SOS Racismo-Madrid y decenas de asociaciones de inmigrantes, bajo el lema “Paremos la reforma de la Ley de Extranjería. Tenemos derecho a tener derechos“. En el resto de España habrá concentraciones, manifestaciones y asambleas convocadas por la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI).

Estas protestas se suman a la”marcha por la igualdad“ que comenzaron el 23 de septiembre alrededor de 100 inmigrantes, quienes recorren a pie los 700 kilómetros que separan Madrid y Barcelona para mostrar su rechazo a una ley que “restringe” sus derechos.

Texto: Patricia Simón. Entrevistas: Lydia Molina y Jessica Romero. Fotos: Javier Bauluz   (c) PIRAVÁN

A principios de año el gobierno israelí recomendó a sus militares no viajar a España, Francia, Reino Unido y los países nórdicos porque podrían ser detenidos y juzgados por crímenes de guerra, tal como le sucedió en 1997 al dictador Pinochet. Si la reforma de la Justicia Universal española prospera los culpables de crímenes contra la humanidad podrán seguir paseando su impunidad por el mundo. Contra la propuesta del PP y del PSOE se han alzado más de 100 organizaciones sociales.

La recomendación del gobierno israelí  tuvo lugar el 25 de enero, apenas una semana después de que acabase la ofensiva israelí contra Gaza que asesinó 1400 palestinos en poco más de veinte días. Era la respuesta a las denuncias de numerosos organismos internacionales y de defensa de los derechos humanos contra la comisión de crimenes contra la humanidad y que exigían la apertura de procesos judiciales en los tribunales internacionales y nacionales.

El gobierno israelí también  anuncia una resolución para regir la protección legal y política de los militares que fuesen denunciados fuera del país por crímenes de guerra.

Palestino golpeado y esposado por soldados israelíes durante la primera Intifada. (c) Javier Bauluz /PIRAVÁN

Cuatro días después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acepta a trámite una querella por los ataques israelíes que se produjeron sobre Gaza en el año   2002   y que mataron a 14 personas (un presunto líder de Hamás y el resto civiles), imputando al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer junto a seis militares israelíes.

Inmediatamente, la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, que en esos momentos encabezaba candidatura en plena campaña electoral israelí, realiza unas declaraciones en la que dice que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le ha prometido reformar el sistema judicial para evitar este tipo de acciones. A su vez Moratinos en una entrevista radiofónica reconoce la existencia de la gestión y asegura que se hará lo posible para modificar la normativa española.

-  En marzo, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pide a la Fiscalía que le informe de si debe investigar la querella interpuesta contra seis abogados norteamericanos considerados los “responsables jurídicos” de la creación del centro de detención de Guantánamo. Tras la negativa de la Fiscalía, el caso es asumido por el juez Eloy Velasco quien remite una rogatoria a Estados Unidos en la que pide ser informado si ha realizado alguna investigación en relación a la cárcel de Guantánamo. Paralelamente, ante la desclasificación de los documentos elaborados por los asesores de la Administración Bush, en los que se definía el marco legal para que la CIA empleara la asfixia y el ahogamiento simulados y otras prácticas coercitivas en interrogatorios, el presidente Barack Obama prometía que los ejecutores de las torturas no serían juzgados, aunque dejaba la puerta abierta para los responsables políticos.

El 27 de abril, Garzón abre  una causa para investigar a los posibles “autores materiales, inductores, cooperadores necesarios y cómplices” de los delitos de torturas cometidos en el centro de detención norteamericano de Guantánamo basándose en la desclasificación de los mencionados documentos en los que “se constata lo que antes se intuía: un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido”, apunta el magistrado en el auto.

La noticia tiene gran impacto en Estados Unidos, se convierte en portada de los principales periódicos, es aplaudida por las organizaciones de derechos humanos y rechazada por numerosos representantes del partido republicano, pero también del demócrata, un sector del cual quiere cerrar este asunto del que estaban al tanto durante el mandato de Bush.
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