P+DH – el blog de la redacción de periodismohumano

  • El Gobierno reconoce que ha dado la orden de prohibir cruzar a la península a los solicitantes de asilo con la documentación expedida por él mismo
  • El Defensor del Pueblo considera que no es legal “impedirles la libre circulación por todo el territorio español”

Primero fue Melilla y ahora Ceuta. La orden que prohíbe a los solicitantes de asilo con permiso de residencia temporal en España, por la admisión a trámite de sus solicitudes, cruzar a la península se ha formalizado en ambas ciudades autónomas. Se acabaron los tabúes, las Delegaciones del Gobierno, que hasta ahora se habían limitado a guardar silencio derivando las preguntas al Ministerio del Interior han reconocido que la orden existe y la justifican con el cumplimiento del Acuerdo de Schengen, el convenio con el que se suprimieron los controles fronterizos entre la mayoría de países de la Unión Europea, e incluso aseguran que se trata de una medida con la que “no se están vulnerando sus derechos, sino todo lo contrario, ya que se les está dando protección y atención”, según el Delegado del Gobierno melillense, Gregorio Escobar.

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Foto: José Palazón

Estas explicaciones no convencen, ni a organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que ya han mostrado su preocupación y están estudiando la situación, ni al Defensor del Pueblo que abrió una investigación a raíz del caso de Kamel, el primer inmigrante al que se le prohibió cruzar a la península desde Melilla el pasado 26 de enero y del que ya hablamos en P+DH.

El Gobierno argumenta que la prohibición se debe a que Ceuta y Melilla no pertenecen al espacio Schengen, a pesar de ser territorio español, por lo que los extranjeros que acceden a ellas no pueden entrar en la Unión Europera si no están documentados. “España mantendrá controles (controles de identidad y de documentos), en las conexiones marítimas y aéreas provenientes de Ceuta y Melilla que tengan como único destino otro punto del territorio español”, dice el convenio. Pero este punto no justifica que se impida el paso a los solicitantes de asilo admitidos a trámite, ya que ellos sí cuentan con un permiso de residencia en España hasta que el Gobierno les reconozca o no como refugiados, según las declaraciones del Defensor del Pueblo a P+DH. De hecho, “el artículo el artículo 5 del Acuerdo asegura que estas normas no serán un obstáculo para la aplicación de las disposiciones especiales relativas al derecho de asilo”.

El Defensor afirma que “la explicación oficial hasta ahora ofrecida por la que se impidió la salida de Melilla al interesado (Kamel), titular de un documento de identidad de solicitante de asilo, no resulta suficiente [...] Por tanto, no encontramos base legal para impedirle la libre circulación por todo el territorio español a una persona a la que se le haya admitido a trámite su solicitud de asilo en las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla”.

Las investigaciones de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado van en la misma línea que el Defensor. “Las alegaciones de la Policía están cogidas con pinzas. Es una excusa rocambolesca porque la realidad es muy fácil de entender. En Ceuta y Melilla hay fronteras, los españoles las cruzan mostrando su DNI y los solicitantes de asilo mostrando la tarjeta amarilla (el documento que les permite circular por España), como han hecho hasta ahora. Por tanto, están infringiendo los derechos de los solicitantes de asilo y están infringiendo su propio procedimiento porque actúan sin emitir la resolución”, denuncia Alejandro Romero, abogado de CEAR en Ceuta. A pesar de la prohibición, los inmigrantes lo siguen intentando, “el último caso fue el viernes pasado, al chaval le pidieron una autorización expresa de la Delegación o no podía cruzar”, a pesar de que el joven llevaba el documento expedido por el Ministerio del Interior. La situación en Ceuta y Melilla seguirá así, según las Delegaciones del Gobierno de ambas ciudades, hasta que conozcan las conclusiones de un estudio que está elaborando la Abogacía del Estado sobre el futuro de los solicitantes de asilo con la entrada en vigor de la nueva ley de asilo. Mientras unos estudian, otros esperan y el Estrecho sigue cerrado.


  • ACNUR asegura que con la documentación de solicitante de asilo pueden circular libremente por el territorio español y estudia las posibles irregularidades
  • CEAR prepara una demanda de protección de derechos fundamentales

Una semana después de que se conociera, como contamos en P+DH, que la Policía Nacional no deja cruzar a la península a los solicitantes de asilo acreditados por el Ministerio del Interior con un permiso temporal de residencia en España, la Delegación del Gobierno de Melilla ha confirmado a P+DH que está al tanto de lo que está sucediendo, pero elude hacer declaraciones y pasa la patata caliente al Ministerio del Interior quien “está estudiando el tema”. Mientras, quince inmigrantes documentados continúan sin poder salir de la Ciudad Autónoma porque la Policía Nacional les prohíbe subir al barco que les lleva a la península. Ante esta situación, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) va a presentar una demanda de protección de derechos fundamentales ante los juzgados de Melilla. “Siguen sin poder cruzar, la Policía no nos da más datos y no tenemos conocimiento de que se haya dado ninguna orden por escrito. Queremos que el juez reconozca que se ha lesionado el derecho a la libre circulación de estas personas que recoge la Constitución en su Artículo 19” asegura Mercedes Rubio, abogada de CEAR.

Junto a CEAR, otras organizaciones han dado la voz de alarma, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). “Con la ley en la mano estas personas están acreditadas como solicitantes de asilo, por tanto tienen residencia legal en España y pueden circular libremente por el territorio español. No tenemos conocimiento de que haya una razón especial que limite este derecho” afirma a P+DH Mª Jesús Vega, responsable de Relaciones Externas de ACNUR en España. El Alto Comisionado está investigando las posibles irregularidades que pueden estar cometiendo y asegura que consultará con las autoridades y recabará toda la información necesaria. El Consejo General de la Abogacía Española también ha mostrado su “preocupación” y anuncia que estudiará el caso.

José Luis Rodríguez, abogado experto en extranjería, denuncia que “estas personas tienen el derecho a circular libremente por todo el Estado, por tanto impedirles salir de Melilla es tanto como no considerar a Melilla parte del Estado. Es una decisión muy peligrosa y, por supuesto, ilegal”. El abogado achaca el silencio de las autoridades a esta ilegalidad. “Saben que están actuando al margen de la ley, por eso guardan silencio. No recuerdo ningún caso en el que se le haya prohibido a un solicitante de asilo en esas condiciones moverse por España. Es muy grave lo que está pasando”.


Hicham Bouchti lleva 11 días sin beber ni comer nada, ni siquiera agua y azúcar, en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla y su situación es crítica. Hicham es marroquí y lleva 8 meses esperando una respuesta a su petición de asilo, “lo pido por motivos políticos, si me devuelven a mi país mi vida corre peligro”. El mismo peligro que corre ahora con la huelga de hambre, hace dos días fue hospitalizado durante nueve horas y su salud puede sufrir daños irreversibles.

Vídeo:  melillafronterasur.com

Hicham, que fue miembro del Servicio de Información Militar de Marruecos, no es un desconocido para las autoridades y medios de comunicación españoles. A pesar de tener poco más de 30 años, su historia es ya una complicada madeja de acusaciones cruzadas, contraespionajes, supuestas torturas en cárceles secretas, conspiraciones, periodistas y camuflajes.

La vida le sitúa ahora en Melilla, donde consiguió llegar hace ocho meses para pedir asilo en España por segunda vez. Ocho meses que Bouchti ha vivido con miedo, temiendo que “la policía secreta marroquí vuelva a por mí”. Ayer su caso fue revisado en la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, el órgano que toma la decisión definitiva, pero todavía no le han comunicado nada. Su huelga de hambre continúa.


  • La Policía Nacional impide a inmigrantes solicitantes de asilo con permiso de estancia temporal cruzar a la península desde Melilla
  • Los defensores de derechos humanos advierten de que es ilegal y anuncian acciones legales
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Foto: José Palazón

Feliz y documentado, Kamel compró ayer un billete de barco para cruzar desde Melilla a la península pero no pudo hacerlo. La Policía Nacional se lo prohibió. Kamel es argelino y uno de los quince primeros inmigrantes de la Ciudad Autónoma a los que la nueva Ley de Asilo le ha otorgado la tarjeta amarilla, un documento del Ministerio del Interior que autoriza su estancia temporal en España hasta que obtenga una respuesta a su solicitud de asilo y que le permite viajar por todo el territorio español incluida, claro está, Melilla.

A las doce de la noche zarpaba el barco rumbo a la península, Kamel llegó al puerto una hora antes acompañado de representantes de ONG y varios compatriotas. “Todo fue normal, estaba en la cola y cuando me tocó me dijeron que me pusiera a un lado”. La policía cogió su documentación y lo dejó esperando. Al cabo de un rato, y mientras el resto de viajeros continuaba entrando en el barco, un agente le comunicó que no podía pasar. “Le dijeron ‘tú no subes’, y lo dejaron allí”, afirma José Alonso Sánchez, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla. “Me acerqué, me presenté como abogado y les dije que era ilegal negarle la entrada, que estaba documentado y tenía derecho a subir al barco pero me respondieron que habían llamado a la Jefatura de policía de Melilla y desde allí le habían dado la orden de no dejarle pasar”. No hubo más explicaciones, a pesar de que el reverso de la tarjeta afirma que el titular “queda autorizado a permanecer en España durante el tiempo de validez del mismo”.

Mercedes Rubio de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), abogada de Kamel y del resto de solicitantes de asilo a los que se le ha concedido el permiso, asegura que “se están violando derechos fundamentales de los inmigrantes que recogen tanto la Ley de Asilo, como la Ley de Extranjería y la propia Constitución” y anuncia que van presentar una demanda de protección de los derechos fundamentales en los juzgados de Melilla.

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Foto: José Palazón

Los acontecimientos de anoche no hacen más que constatar los temores que desde que entró en vigor la nueva Ley de Asilo se han expandido entre los defensores de derechos humanos en Melilla. Al haber disminuido los requisitos para que las solicitudes de asilo sean admitidas a trámite, hay más inmigrantes con autorización para vivir en España hasta que se resuelva definitivamente su caso, más inmigrantes que tienen derecho a entrar en la península. “Estábamos expectantes con la nueva Ley y desgraciadamente intuíamos que podría llegar a pasar una cosa así, por eso ayer fuimos todos, íbamos de observadores” afirma el abogado José Alonso. Con la Ley anterior la mayoría de los casos no pasaban el primer filtro y “los pocos que conseguían la tarjeta amarilla podían viajar a la península sin problemas”. El último cruzó el mes pasado.

La semana pasada, los propios inmigrantes habían denunciado que la policía les advirtió de que aunque estuviesen documentados no les dejaría viajar. “Es un disparate, el día que fueron a recoger los papeles les dijeron que no fuesen a comprar billetes de barco o de avión porque no les dejarían cruzar. Eso ilegal, pero aquí les da igual” asegura José Palazón de Prodein. Junto a Kamel otros 14 inmigrantes han recibido el permiso temporal de residencia. Ayer hicieron una colecta entre todos para pagar el billete del argelino y comprobar si las supuestas amenazas de la policía sobre no dejarles cruzar eran ciertas o todo se quedaba en un intento de desanimarlos. “Es una forma de disuadirlos. Esta gente tiene que hacer grandes esfuerzos para pagarse un pasaje, son personas sin recursos y se ríen de ellos” critica Palazón. De madrugada y después de más de dos horas de espera, Karmel y los compatriotas que le acompañaban, todos con sus tarjetas amarillas en los bolsillos, volvieron al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes donde continúan esperando, algunos desde hace meses y otros desde hace años, a que les abran las puertas del barco.


  • Admiten a trámite la solicitud de Fátima, una joven marroquí que podría ser condenada en su país a penas de entre un mes y un año de cárcel por ser madre soltera
  • La expulsión del padre de su hijo, de nacionalidad india, continúa en marcha

26990009“Se llama Vikram” dice Fátima mientras su voz se envuelve en una sonrisa. Harmeet, un joven hindú, y ella acaban de registrar a su hijo recién nacido en los juzgados de Melilla. “Ya somos oficialmente los padres, los dos hemos firmado un papel”.

Hace cuatro meses, Fátima tenía tres preocupaciones: la evolución de su embarazo, la resolución de la solicitud de asilo que ha presentado al Gobierno español y la orden de expulsión de Harmeet. La naturaleza es más rápida que la burocracia y la primera obtuvo respuesta el pasado 2 de enero cuando nació Vikram, su primer hijo, un niño “grande y fuerte”. De la segunda, ha recibido buenas noticias esta semana cuando le notificaron que han admitido a trámite su caso. La tercera preocupación, que acabe separada de su pareja, amenaza con romper la buena racha.

Fátima (nombre ficticio) es una joven marroquí cuya historia ya contamos en P+DH que ha pedido asilo en España para no volver a su país, en el que está amenazada por su familia porque el padre de su hijo es hindú y no musulmán, y donde por ser madre soltera podría enfrentarse a penas de entre un mes y un año de cárcel. En octubre presentó su segunda solicitud respaldada por la Asociación Pro Derechos Humanos de la Infancia (PRODEIN), que inició una campaña de información y envío de mails al Gobierno exigiéndole que diera marcha atrás en su denegación de asilo.

Fátima pudo abandonar la chabola en la que vivía por miedo a ser expulsada y volver al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) donde ha pasado el resto de su embarazo y ahora se recupera del parto. “Todo el mundo está pendiente de mí y otras mujeres inmigrantes me ayudan con el niño porque todavía no puedo moverme bien”. Vikram, tendrá la nacionalidad india, como su padre, ya que su madre no quiere que sea marroquí y no puede ser español a pesar de haber nacido en Melilla. En España los hijos de extranjeros obtienen la nacionalidad de sus padres, no la española.

Fátima

José Palazón/ Prodein

Está feliz porque acaba de saber que, esta vez sí, evaluarán su petición de asilo. Más allá de superar un obstáculo administrativo, la admisión a trámite de la solicitud, en la práctica, es un pasaporte para viajar a la península, la idea que persigue Fátima desde que llegó a Melilla hace más de tres años. Los solicitantes de asilo que pasan ese primer filtro tienen una ventaja que no afecta el resto de inmigrantes del CETI, reciben una tarjeta amarilla que les autoriza a cruzar el Estrecho y permanecer en España hasta que el Gobierno se pronuncie sobre su caso.

Si decidiera irse, Fátima podría ser atendida, junto a su hijo, en un centro de acogida gestionado por una ONG. Pero no se quiere ir porque en sus cuentas ya no es una sola, son tres. Ella, su pareja y su hijo, una suma que no admite restas. “No me voy de aquí si Harmeet no viene conmigo. Es el padre de mi hijo. Ahora somos una familia aunque no lo diga un papel y no podemos separarnos, no imagino vivir en España sin él y menos pensar en que se lo lleven de vuelta a la India”.

Harmeet y Fátima llevan juntos tres años, en abril ella se quedó embarazada y desde entonces no se han separado. Sin embargo, mientras a madre e hijo se les empiezan a abrir las puertas a una regularización, él sigue en la misma situación desde hace cuatro años, cuando llegó a Melilla, sin papeles y con una orden de expulsión que la policía podría ejecutar en cualquier momento. “Mi vida está en España. Vine buscando un trabajo pero he encontrado una familia. Ahora tengo la responsabilidad de mantener a mi hijo y no podré cumplirla si me deportan. El mismo temor tiene Fátima.”¿Qué pasa si yo estoy fuera de aquí y se lo llevan? ¿Cómo voy a saber lo que está pasando?”.

Familia

José Palazón/ Prodein

En tres meses tendrán una respuesta definitiva, como recoge la nueva ley de asilo para los casos tramitados por vía urgente como éste. Si es negativa, la joven no volverá a Marruecos. “Me iría a la India, porque él no podría venir conmigo a mi país, es hindú y mi familia ya nos ha amenazado, tampoco quieren a mi hijo”. Si es positiva y Fátima se queda en España, podrían casarse y solicitar la reagrupación familiar. La otra opción es que ambos sean registrados como familia dentro del CETI y que la Delegación del Gobierno en Melilla los enviara a la península e instalara en centros de acogida o pisos gestionados por una ONG, como hace con otras familias que viven en el centro melillense.

Aquí o donde sea, pero juntos. “Somos una familia normal, queremos casarnos, tener nuestra casa donde criar a Vikram”. Pero los tiempos de la Administración son largos y mientras concluyen su pareja sigue en la cuerda floja, sabiendo ambos que cualquier día Harmeet puede ser detenido en una redada policial de las que habitualmente se realizan en el CETI y deportado, dejando solos en España a su hijo y a su mujer.

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Fátima no ha vuelto a Marruecos y de momento no tendrá que hacerlo. La joven embarazada amenazada por su familia, a la que el gobierno había denegado el asilo en España, podrá continuar en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) hasta que obtenga una respuesta a la nueva solicitud de asilo que acaba de presentar su abogada, Mercedes Rubio, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Ahora tendrá que esperar a que, en un periodo máximo de 3 meses, se pronuncie la Oficina de Asilo. Será entonces cuando Fátima sabrá si ha de abandonar o no Melilla.

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Foto: José Palazón

Se trata de un “caso excepcional”, según la abogada, ya que las peticiones de asilo generalmente sólo pueden realizarse una vez a no ser que varíen los motivos por los que se ha presentado. Pero la entrevista que le realizaron a Fátima en la comisaría de policía de Melilla, uno de los pasos del proceso en el que se estudia de forma individualizada a los solicitantes, fue “vaga e imprecisa” por lo que una vez revisado el caso ha decidio presentar una nueva solicitud exponiendo con más detalle los motivos en los que se sustenta su petición.

La Asociación Pro Ayuda a la Infancia (PRODEIN), promotora de la campaña de cartas de apoyo a la joven realizada la semana pasada, espera que el respaldo social que ha suscitado el caso contribuya a que Fátima pueda quedarse en España. “No podemos echar las campanas al vuelo pero hay lugar para la esperanza. Ha participado mucha gente en la campaña y se han sumado asociaciones e incluso instituciones como el Colegio de Abogados de Melilla y el Defensor del Pueblo. Es un clamor generalizado y el Gobierno no puede darle la espalda” dice José Palazón, presidente de PRODEIN.

Fátima está entre la emoción y la cautela. “Sigo aquí, en Melilla y eso es lo importante. No paro de pensar en que ahora mismo podría estar sola en Marruecos“. A pesar de que el martes tendría que haber abandonado en el CETI, no le han obligado a hacerlo. “Nadie me ha dicho nada, ni que me quede ni que me vaya”. Ahora, con la presentación de la nueva solicitud podrá permanecer en el centro hasta que se pronuncie la Oficina de Asilo, como ya ocurrió cuando le fue denegada la primera petición. “Me han abierto una puerta que estaba cerrada. Llevo meses viviendo con el miedo de volver a Marruecos y por primera vez siento que puedo tener un futuro junto al padre de mi hijo“.


Dentro de dos meses Fátima dará a luz a su primer hijo aunque todavía no sabe dónde. El gobierno español le ha denegado su petición de asilo pero la joven asegura que no puede volver a Marruecos porque está siendo amenazada por su familia.

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Foto: José Palazón

Lleva casi tres años en Melilla en los que ha trabajado como limpiadora. Su vida dio un giro cuando comenzó el noviazgo con un joven hindú del que ahora está embarazada de 7 meses. “Los problemas empezaron cuando mi familia se enteró de mi relación con él. No la aceptan. Tuve que abandonar el trabajo porque mi hermano vino a amenazarme y a darme una paliza. En Marruecos no me dejan casarme porque no es musulmán”. El artículo 39 del Código de Familia marroquí prohibe el matrimonio de una musulmana con un hombre de otra confesión religiosa.

Tras haber sido denegada su petición de asilo el pasado 28 de septiembre, Fátima tiene que salir hoy del CETI, en el que ha vivido junto su pareja los últimos 4 meses, y abandonar en menos de 10 días España. “Si me obligan a irme tendré que volver sola porque él no tiene papeles para cruzar la frontera y si lo coge la gendarmería lo deporta”. A Fátima le preocupa el futuro que le esperaría en Marruecos, un país en el que ser madre soltera es un delito. Según el Código Penal (art. 490) son ilegales las relaciones fuera del matrimonio y pueden ser sancionadas con penas de un mes a un año de cárcel. [“toda relación sexual entre personas de distinto sexo no unidas por vínculos de matrimonio será considerada perversa y sancionada con pena de un mes a un año de privación de libertad”].

Vídeo: José Palazón

“Actualmente las autoridades no suelen aplicar la pena de cárcel aunque puede entrar en vigor en casos de una denuncia contra la madre, de abandono o muerte del niño o ” asegura la ONG 100% Mamás. “Las madres solteras en Marruecos pertenecen a una de las categorías de la población más marginadas, son rechazadas por su familia a la que sólo pueden volver si abandonan a su hijo”.

Fátima está segura de que si vuelve su familia la denunciará. “No sé lo que va pasar, tengo miedo”.  La joven ha recurrido al Defensor del Pueblo que está estudiando su situación. Desde la Asociación Pro Derecho de la Infancia (Prodein), su presidente José Palazón recuerda que el año pasado tuvieron un caso como el suyo que terminó con la regularización de la pareja. “Son las incoherencias de este sistema. En aquella ocasión fue exactamente igual, la chica estaba embarazada y él era hindú. Al final le concedieron el asilo y ahora viven juntos en Barcelona. ¿Qué ha cambiado?”.

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Foto: José Palazón

Los jóvenes esperan que la difusión de su caso les ayude a dar marcha atrás en su expulsión.  Para Palazón “es una locura, están en medio de dos Estados. Marruecos, un país extremadamente intolerante y España un país donde no se les reconocen sus derechos, donde la inmigración es castigada y no piensan más que en cómo quitarse a la gente de encima. Sería una vergüenza que sabiendo las consecuencias fuera expulsada”.


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  • Unos 160 menores inmigrantes no acompañados están encarcelados en el Centro de Detención de la isla griega Lesbos.
  • Tienen entre doce y diecisiete años, la mayoría proceden de Afganistán, Somalia e Irak, viven hacinados en celdas con más de 100 personas y han pasado cuatro días en huelga de hambre por unas condiciones que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura calificó de “abominables”.
  • Esto está ocurriendo en un país de la Unión Europea, en Grecia. Y es la segunda vez que ocurre.

El pasado 18 de agosto, unos 160 menores presos en el Centro de Detención de Pagani, en la isla griega Lesbos, comenzaron una huelga de hambre poco después de que tuvieran lugar numerosas redadas policiales de inmigrantes en las principales ciudades del país. Los menores mantuvieron cuatro días la huelga mientras organizaciones internacionales empezaban a lanzar la voz de alarma.

La situación geográfica de Grecia la ha convertido en el principal puente para las personas procedentes de Europa del Este, Oriente Próximo y el Noreste de África que quieren llegar a la Unión Europea. Según fuentes policiales, de enero a agosto de 2008, fueron detenidas 69.845 inmigrantes, casi siete veces que en las mismas fechas en España. Grecia también se ha convertido en el foco negro de las denuncias internacionales sobre las violaciones de derechos humanos a las que son sometidas éstas personas una vez logran alcanzar sus costas. Incluidos los niños.

Hasta hace apenas unos días no habíamos tenido acceso a unas imágenes que mostrasen las condiciones de insalubridad y hacinamiento en las que cientos de personas malviven en los centros de internamiento griegos. Hoy tenemos acceso a ellas gracias a la Plataforma Noborders Camp Lesvos, compuesta por organizaciones antiracistas europeas,  que está dirigiendo una campaña desde la isla Levos contra “la política inhumana para los refugiados del gobierno griego, y un cambio fundamental en las políticas de inmigración europeas”. En el video pueden ver cómo conviven más de 160 niños y adultos en una celda de 200 m2, con las letrinas en el interior, con literas de tres y cuatro camas de altura y colchones tirados por el suelo. Hombres y niños desesperados.

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La iniciativa de Noborders Camp Lesvos 09 ha conseguido llamar la atención mundial sobre la situación de estas personas mediante la organización de un campamento en la misma isla del centro en el que están participando más de 150 personas de numerosas nacionalidades. Diariamente se congregan en la puerta del Centro, manteniendo el contacto con los presos e informando a través de una radio online, su web y el twitter. En uno de sus últimos comunicados relatan cómo “los menores están encerrados en la misma habitación, compartiendo un solo baño. Muchos se ven obligados a dormir en el suelo porque las camas son insuficientes. Algunos niños sólo tienen ocho o nueve años. Cincuenta de ellos llevan más de dos meses presos”.

En 2008 llegaron a Grecia más de 1000 menores inmigrantes no acompañados, pero este país sólo cuenta con unas 300 plazas para el cuidado estatal de estos niños. Por lo que según Human Rights Watch “todo niño que entra en Grecia tiene muchas probabilidades de terminar en centros de detención o en las calles”. De hecho, el informe de 111 páginas que elaboró esta organización el pasado año dedicado exclusivamente a este asunto se llamaba “Abandonados para sobrevivir” y denunciaba “las condiciones miserables de vida, la amplia violencia experimentada a manos de la policía y la guardia costera, la explotación en la agricultura y la construcción, y el riesgo que corren de acabar en manos de traficantes”.

Según una de las entrevistas que recoge el informe de HRW, un joven afgano,que había estado retenido 34 días en este centro resumía así las condiciones de éste: “Me enfrenté  a gran cantidad de dificultades ahí… todo estaba muy sucio. En una semana, sólo nos dejaron salir al patio durante 15 o 20 minutos. Nos enfermábamos cada día”.

El viernes pasado la Plataforma Noborders junto a grupos de solidaridad locales celebraron una manifestación delante del Centro que terminó con los gritos de “libertad, libertad” de los defensores de los derechos humanos y de los presos unidos.

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El impacto de la manifestación, la denuncia de Human Rights Watch sobre la huelga de hambre de los menores presos y de ACNUR “alarmada por la detención de niños no documentados”, provocó una reacción en el gobierno. El sábado llegó el rumor al campamento de los activistas de que las autoridades habían decidido poner en libertad a 450 personas -en su mayoría familias y niños-. La noticia ya había llegado al centro de internamiento, y cientos de hombres se pusieron en huelga de hambre para pedir su liberación también. Efetivamente, cuando llegaban al Centro miembros de la plataforma un centenar de inmigrantes eran trasladados en autobuses a otro centro desde donde serían liberados. Poco después, un grupo de manifestantes aprovecha la salida de un camión del recinto para entrar y permanecen durante horas  en el patio del centro.

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Desde entonces, no se han vuelto a poner en libertad a más inmigrantes, las manifestaciones ante el centro se han mantenido y la presión policial se ha endurecido. De hecho, según Noborders Camp, esta mañana han sido detenidos varios miembros de la campaña y ya han sido puestos en libertad.

ACNUR ha declarado su preocupación por las 850 personas que ocupan estas instalaciones cuando no tienen capacidad para más de 300. “Una habitación algerga a más de 150 mujeres y 50 bebés, muchos de ellos sufriendo enfermedades derivadas del estado de hacinamiento e insalubridad del centro” declaró la portavoz en Ginebra de la Comisión para los Refugiados de la ONU, Andrej Mahecic.  ACNUR definió la situación como “parte de un sistema de asilo que requiere una reforma total, una recomendación que se le hizo al país el año pasado pero que no ha sido implementeada”.

De hecho, en 2008, casi la mitad de los 54.000 extranjeros indocumentados internados en centros fueron repatriados y en el primer semestre de 2009, de los 57.000 interceptados hasta ahora, la mitad ha sido repatriada a diversos países de Asia y África. Human Rights Watch también manifestó que “se le está dificultando a esa gente pedir asilo”, cuando Grecia “acepta sólo el 0,05 por ciento de las solicitudes”. A continuación podéis ver un reportaje de Al Jazzeera English sobre la política de asilo griega.

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Esta no es la primera huelga de hambre que hacen los menores presos en Grecia. Hace un año, 100 niños inmigrantes detenidos en otra isla, Leros, se pusieron en huelga de hambre por las mismas razones. En aquella ocasión, como en esta, la policía trasladó a un centenar de niños a centros de alojamiento abiertos, ejerciendo una presión adicional sobre estas instalaciones, algunas de las cuales ya han excedido su capacidad.

Estas detenciones son ilegales puesto que Grecia ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a “proporcionar protección y asistencia humanitaria a todos los niños sin un padre o cuidador, incluyendo los que buscan refugio, considerando primordialmente el mejor interés del niño”. Y la detención debe utilizarse “sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”.


Texto: Patricia Simón. Entrevistas: Lydia Molina y Jessica Romero. Fotos: Javier Bauluz   (c) PIRAVÁN
A principios de año el gobierno israelí recomendó a sus militares no viajar a España, Francia, Reino Unido y los países nórdicos porque podrían ser detenidos y juzgados por crímenes de guerra, tal como le sucedió en 1997 al dictador Pinochet. Si la reforma de la Justicia Universal española prospera los culpables de crímenes contra la humanidad podrán seguir paseando su impunidad por el mundo. Contra la propuesta del PP y del PSOE se han alzado más de 100 organizaciones sociales.

La recomendación del gobierno israelí  tuvo lugar el 25 de enero, apenas una semana después de que acabase la ofensiva israelí contra Gaza que asesinó 1400 palestinos en poco más de veinte días. Era la respuesta a las denuncias de numerosos organismos internacionales y de defensa de los derechos humanos contra la comisión de crimenes contra la humanidad y que exigían la apertura de procesos judiciales en los tribunales internacionales y nacionales.

El gobierno israelí también  anuncia una resolución para regir la protección legal y política de los militares que fuesen denunciados fuera del país por crímenes de guerra.

Palestino golpeado y esposado por soldados israelíes durante la primera Intifada.    (c) Javier Bauluz /PIRAVÁN

Palestino golpeado y esposado por soldados israelíes durante la primera Intifada. (c) Javier Bauluz /PIRAVÁN

Cuatro días después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acepta a trámite una querella por los ataques israelíes que se produjeron sobre Gaza en el año   2002   y que mataron a 14 personas (un presunto líder de Hamás y el resto civiles), imputando al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer junto a seis militares israelíes.

Inmediatamente, la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, que en esos momentos encabezaba candidatura en plena campaña electoral israelí, realiza unas declaraciones en la que dice que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le ha prometido reformar el sistema judicial para evitar este tipo de acciones. A su vez Moratinos en una entrevista radiofónica reconoce la existencia de la gestión y asegura que se hará lo posible para modificar la normativa española.

-  En marzo, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pide a la Fiscalía que le informe de si debe investigar la querella interpuesta contra seis abogados norteamericanos considerados los “responsables jurídicos” de la creación del centro de detención de Guantánamo. Tras la negativa de la Fiscalía, el caso es asumido por el juez Eloy Velasco quien remite una rogatoria a Estados Unidos en la que pide ser informado si ha realizado alguna investigación en relación a la cárcel de Guantánamo. Paralelamente, ante la desclasificación de los documentos elaborados por los asesores de la Administración Bush, en los que se definía el marco legal para que la CIA empleara la asfixia y el ahogamiento simulados y otras prácticas coercitivas en interrogatorios, el presidente Barack Obama prometía que los ejecutores de las torturas no serían juzgados, aunque dejaba la puerta abierta para los responsables políticos.

El 27 de abril, Garzón abre  una causa para investigar a los posibles “autores materiales, inductores, cooperadores necesarios y cómplices” de los delitos de torturas cometidos en el centro de detención norteamericano de Guantánamo basándose en la desclasificación de los mencionados documentos en los que “se constata lo que antes se intuía: un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido”, apunta el magistrado en el auto.

La noticia tiene gran impacto en Estados Unidos, se convierte en portada de los principales periódicos, es aplaudida por las organizaciones de derechos humanos y rechazada por numerosos representantes del partido republicano, pero también del demócrata, un sector del cual quiere cerrar este asunto del que estaban al tanto durante el mandato de Bush.
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