• P+DH entrevista a Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
• COFADEH afirma que han muerto 16 personas, 41 están detenidas y más de 1000 han sido agredidas en los 3 meses que dura el golpe
  
• Denuncian que el fin del decreto contra las libertades individuales no es más que un estrategia política del gobierno de facto de cara a las elecciones

Foto: COFADEH

A pesar de los esfuerzos de Micheletti por lavar su imagen, cien días después del derrocamiento de Manuel Zelaya del gobierno la indignación entre las organizaciones sociales hondureñas va en aumento a medida que toman conciencia de la dimensión real de las violaciones a los derechos humanos que están registrando. “Esto va a peor, las denuncias por amenzadas y torturas no paran de crecer y la libertad de expresión y de información siguen siendo violadas por mucho que intenten dar la imagen de que aquí ya no pasa nada” denuncia Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en referencia a la cancelación del decreto que restringía las libertades de expresión, circulación y reunión que provocó el cierre de las emisoras Radio Globo y Canal 36, contrarias al golpe.

Para Oliva, se trata de un paso más del presidente de facto Roberto Micheletti en su estrategia para ganarse el reconocimiento internacional de cara a las elecciones del 29 de noviembre. “Ellos sabían que, de seguir vigente, el decreto iría en contra de sus candidatos presidenciales porque no les permitiría hacer campaña política. Además, no les hace falta porque ya han conseguido difundir su mensaje, el pueblo sabe la represión con la que se va a encontrar si se rebela”.

El fin del decreto coincide con la llegada al país de una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que mediará en las negociaciones de los representantes del presidente derrocado Manuel Zelaya, que sigue refugiado en la embajada brasileña, y Micheletti. “Queremos que la situación se resuelva, pero hay que dejar claro que esto sólo es el comienzo. En Honduras no habrá paz ni democracia hasta que no haya marcha atrás en el golpe, se instale una Constituyente y haya juicio contra los golpistas y la dictadura militar”.

Foto: COFADEH

Según los datos de COFADEH, desde el 28 de junio, cuando se produjo el golpe de Estado, 16 personas han muerto “por disparos en las manifestaciones y en el ataque a comunidades, asesinatos cometidos por grupos paramilitares que apoyan el golpe”. Hay 91 acusados de sedición de los que 41 están presos y más de 1000 personas han sido agredidas, cifras que aportan las organizaciones sociales pero que son rechazadas por el gobierno de facto. “Las torturas y amenzadas han sido reiteradas y a los detenidos los acusan de atentar contra el Estado pero sus juicios son injustos y arbitrarios”. Otras organizaciones han presentado informes que denuncian más de 4.000 detenciones improcedentes, incluídas las de 156 niños. Además, desde COFADEH acusan al ejército y a la policía hondureña de haber entrado en varias comunidades de Tegucigalpa “disparando a `bala viva´(a quemarropa) y lanzando gases lacrimógenos “ para desmovilizar a la población. “Han acabado con nuestros derechos y libertades individuales y cuando la gente se ha escondido ellos van a dispararles a sus casas para desarticular el reclamo popular”.

El Comité de Familias de Detenidos Desaparecidos en Honduras trabaja en la denuncia y documentación de las violaciones de derechos humanos cometidas  por la dictadura militar . “Lo que vivimos ahora y lo de los 80 es similar, sólo que entonces era una persecución ideológica a los dirigentes, asesinándolos y desapareciéndolos y hoy han atacado a la masa y a los líderes sociales, creyendo que intimidando al pueblo les harían desistir y no ha sido así. Pero que nadie se engañe, los culpables son los mismos, muchos de los que han respaldado este golpe estaban donde están ahora en aquellos años y ahora tendrán que rendir cuentas”.

• El Ejército golpista ha intervenido y censurado a varios medios de comunicación, según las federaciones internacionales de periodistas.

Golpe de Estado en Honduras. El manual del golpista debe decir que lo primero que hay que hacer es controlar la información. A las 10.30 de la mañana del domingo 28 de junio, unos 25 militares del ejército de Honduras se presentan en la sede de Radio Progreso, que a esa hora emite informaciones sobre la sublevación militar contra el presidente Manuel Zelaya. Ordenan que se cancelen las emisiones.

Con lo que no cuentan los viejos manuales del golpista es con que de repente aparezca una multitud de vecinos armados con cámaras antes de que se pueda terminar el tabajito. A través del correo electrónico y de las redes sociales, P+DH ha tenido acceso a fotografías y vídeos de ese momento:

En pocos minutos, un buen número de personas se concentraron en la sede de la radio y plantaron cara a los militares, intentando impedir el cierre. Como se ve al final del primer vídeo, el ambiente va tensándose hasta que un responsable de la emisora sale a la puerta y rodeado de militares armados dice: “Hemos decidido, para tranquilizar las cosas, cerrar la programación de la radio”. En el segundo vídeo, los responsables de Radio Progreso explican la decisión mientras a su alrededor las personas concentradas gritan “¡libertad de prensa!” y despiden entre vituperios a los militares, que se retiran una vez cancelada la emisión.

Al día siguiente del golpe, a las 4 de la mañana, Radio Progreso comenzaba a emitir de nuevo. Su director, Ismael Moreno, cuenta cómo un compañero “se ofreció a sortear el toque de queda, quedándose a dormir en las instlaciones de la Radio”.

Desde el lunes, Radio Progreso intercala el análisis y la información sobre el golpe crisis con intervalos musicales: “Qué pasa con el mundo que está tan inmundo / qué pasa, pregunto, qué pasa que nada bueno nos pasa / y por aquí la paz nunca pasa” canta Juanes, y después suena “A quién le importa lo que yo haga / a quién le importa lo que yo diga / yo soy así y así seguiré…” en la versión original de Alaska. A la vuelta del receso, un comunicado oficial de la emisora hace un llamamiento “a la defensa de la democracia con el apoyo exterior y con figuras desapasionadas” que sepan sacar a Honduras del atolladero. “O lo lamentaremos, nosotros y las generaciones que están por venir”.

Las reacciones de apoyo a Radio Progreso no sólo provienen del vecindario. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica está realizando especiales para denunciar el cierre y ha permitido que, a través del satélite, más de cien emisoras en América estén emitiendo la programación de Radio Progreso. Se puede escuchar por Internet.

Un soldado hondureño apunta con su fusil al fotoperiodista autor de esta imagen, Edgard Garrido, de la agencia Reuters.

Este intento de censura no es el único que está teniendo lugar en Honduras estos días. “También se han llevado a cabo [cierres] totales o parciales en Radio Globo, el Canal 66 Maya TV o el Canal 11″, según la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (firmante del Manifiesto Periodismo y Derechos Humanos) y la Federación Internacional de Periodistas. En las casas hondureñas con televisión por cable hubo “interferencias para evitar emitieran la señal de CNN en español y Canal Sur (sic) de Venezuela” y se realizaron detenciones y agresiones a varios periodistas de los principales diarios y agencias nacionales. Los trabajadores del Canal 36 de televisión “mantuvieron la emisión tras la llegada de los militares”, quienes “rompieron las instalaciones, golpearon al único periodista que encontraron y retuvieron durante dos horas al personal administrativo”.

Imágenes del Canal 36, intervenido por el Ejército de Honduras