P+DH – el blog de la redacción de periodismohumano

  • El Gobierno reconoce que ha dado la orden de prohibir cruzar a la península a los solicitantes de asilo con la documentación expedida por él mismo
  • El Defensor del Pueblo considera que no es legal “impedirles la libre circulación por todo el territorio español”

Primero fue Melilla y ahora Ceuta. La orden que prohíbe a los solicitantes de asilo con permiso de residencia temporal en España, por la admisión a trámite de sus solicitudes, cruzar a la península se ha formalizado en ambas ciudades autónomas. Se acabaron los tabúes, las Delegaciones del Gobierno, que hasta ahora se habían limitado a guardar silencio derivando las preguntas al Ministerio del Interior han reconocido que la orden existe y la justifican con el cumplimiento del Acuerdo de Schengen, el convenio con el que se suprimieron los controles fronterizos entre la mayoría de países de la Unión Europea, e incluso aseguran que se trata de una medida con la que “no se están vulnerando sus derechos, sino todo lo contrario, ya que se les está dando protección y atención”, según el Delegado del Gobierno melillense, Gregorio Escobar.

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Foto: José Palazón

Estas explicaciones no convencen, ni a organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que ya han mostrado su preocupación y están estudiando la situación, ni al Defensor del Pueblo que abrió una investigación a raíz del caso de Kamel, el primer inmigrante al que se le prohibió cruzar a la península desde Melilla el pasado 26 de enero y del que ya hablamos en P+DH.

El Gobierno argumenta que la prohibición se debe a que Ceuta y Melilla no pertenecen al espacio Schengen, a pesar de ser territorio español, por lo que los extranjeros que acceden a ellas no pueden entrar en la Unión Europera si no están documentados. “España mantendrá controles (controles de identidad y de documentos), en las conexiones marítimas y aéreas provenientes de Ceuta y Melilla que tengan como único destino otro punto del territorio español”, dice el convenio. Pero este punto no justifica que se impida el paso a los solicitantes de asilo admitidos a trámite, ya que ellos sí cuentan con un permiso de residencia en España hasta que el Gobierno les reconozca o no como refugiados, según las declaraciones del Defensor del Pueblo a P+DH. De hecho, “el artículo el artículo 5 del Acuerdo asegura que estas normas no serán un obstáculo para la aplicación de las disposiciones especiales relativas al derecho de asilo”.

El Defensor afirma que “la explicación oficial hasta ahora ofrecida por la que se impidió la salida de Melilla al interesado (Kamel), titular de un documento de identidad de solicitante de asilo, no resulta suficiente [...] Por tanto, no encontramos base legal para impedirle la libre circulación por todo el territorio español a una persona a la que se le haya admitido a trámite su solicitud de asilo en las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla”.

Las investigaciones de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado van en la misma línea que el Defensor. “Las alegaciones de la Policía están cogidas con pinzas. Es una excusa rocambolesca porque la realidad es muy fácil de entender. En Ceuta y Melilla hay fronteras, los españoles las cruzan mostrando su DNI y los solicitantes de asilo mostrando la tarjeta amarilla (el documento que les permite circular por España), como han hecho hasta ahora. Por tanto, están infringiendo los derechos de los solicitantes de asilo y están infringiendo su propio procedimiento porque actúan sin emitir la resolución”, denuncia Alejandro Romero, abogado de CEAR en Ceuta. A pesar de la prohibición, los inmigrantes lo siguen intentando, “el último caso fue el viernes pasado, al chaval le pidieron una autorización expresa de la Delegación o no podía cruzar”, a pesar de que el joven llevaba el documento expedido por el Ministerio del Interior. La situación en Ceuta y Melilla seguirá así, según las Delegaciones del Gobierno de ambas ciudades, hasta que conozcan las conclusiones de un estudio que está elaborando la Abogacía del Estado sobre el futuro de los solicitantes de asilo con la entrada en vigor de la nueva ley de asilo. Mientras unos estudian, otros esperan y el Estrecho sigue cerrado.


  • ACNUR asegura que con la documentación de solicitante de asilo pueden circular libremente por el territorio español y estudia las posibles irregularidades
  • CEAR prepara una demanda de protección de derechos fundamentales

Una semana después de que se conociera, como contamos en P+DH, que la Policía Nacional no deja cruzar a la península a los solicitantes de asilo acreditados por el Ministerio del Interior con un permiso temporal de residencia en España, la Delegación del Gobierno de Melilla ha confirmado a P+DH que está al tanto de lo que está sucediendo, pero elude hacer declaraciones y pasa la patata caliente al Ministerio del Interior quien “está estudiando el tema”. Mientras, quince inmigrantes documentados continúan sin poder salir de la Ciudad Autónoma porque la Policía Nacional les prohíbe subir al barco que les lleva a la península. Ante esta situación, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) va a presentar una demanda de protección de derechos fundamentales ante los juzgados de Melilla. “Siguen sin poder cruzar, la Policía no nos da más datos y no tenemos conocimiento de que se haya dado ninguna orden por escrito. Queremos que el juez reconozca que se ha lesionado el derecho a la libre circulación de estas personas que recoge la Constitución en su Artículo 19” asegura Mercedes Rubio, abogada de CEAR.

Junto a CEAR, otras organizaciones han dado la voz de alarma, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). “Con la ley en la mano estas personas están acreditadas como solicitantes de asilo, por tanto tienen residencia legal en España y pueden circular libremente por el territorio español. No tenemos conocimiento de que haya una razón especial que limite este derecho” afirma a P+DH Mª Jesús Vega, responsable de Relaciones Externas de ACNUR en España. El Alto Comisionado está investigando las posibles irregularidades que pueden estar cometiendo y asegura que consultará con las autoridades y recabará toda la información necesaria. El Consejo General de la Abogacía Española también ha mostrado su “preocupación” y anuncia que estudiará el caso.

José Luis Rodríguez, abogado experto en extranjería, denuncia que “estas personas tienen el derecho a circular libremente por todo el Estado, por tanto impedirles salir de Melilla es tanto como no considerar a Melilla parte del Estado. Es una decisión muy peligrosa y, por supuesto, ilegal”. El abogado achaca el silencio de las autoridades a esta ilegalidad. “Saben que están actuando al margen de la ley, por eso guardan silencio. No recuerdo ningún caso en el que se le haya prohibido a un solicitante de asilo en esas condiciones moverse por España. Es muy grave lo que está pasando”.


  • El Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma de la Ley de Extranjería
  • Una “decepción” para las organizaciones sociales porque no se han modificado los artículos más polémicos

La nueva Ley de Extranjería ha sido aprobada entre los aplausos de PSOE, CIU y Coalición Canaria y la decepción de las más de 500 organizaciones sociales que han mantenido el pulso con el Gobierno desde que comenzó el trámite de la reforma, la cuarta de los últimos 9 años.

Después de haber pasado el filtro del Senado por un solo voto más a favor, el Congreso de los Diputados dio ayer el espaldarazo definitivo al texto. Las organizaciones se han manifestado en la calle y se han reunido en los despachos con los grupos parlamentarios a los que han presentado sus enmiendas, algunas de ellas incorporadas a la ley, pero no han conseguido que se modifiquen los puntos que han generado un mayor rechazo como la ampliación hasta 60 días de los periodos de detención en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) donde los inmigrantes permanecen los días previos a su deportación, y cuyas condiciones han quedado en entredicho en un informe publicado recientemente. Tampoco ha habido cambios en las limitaciones en la reagrupación familiar, en la apertura de un expediente de expulsión a las víctimas de la violencia de género sin papeles que decidan denuncian a su agresor o en el incremento de las sanciones por estancia irregular.

En las últimas negociaciones parlamentarias entre el Gobierno y los grupos políticos se han incluido enmiendas que han restringido aún más las garantías de los inmigrantes según han denunciado CEAR, Cáritas y la Red Acoge. Una de las condiciones de CIU ha sido incluir el concepto de `esfuerzo de integración´ que los inmigrantes tendrán que realizar si quieren renovar sus permisos de trabajo o residencia y que incluye, por ejemplo, que se tenga en cuenta su conocimiento de las lenguas oficiales. Una medida que consideran discriminatoria. “Esto no es más que el equivalente al `contrato de integración´ que en su día propuso el PP y que rechazó el PSOE. Es una medida unilateral que sólo se impone a las personas inmigrantes y deja a las Comunidades Autónomas que sean ellas quienes decidan qué tipo de inmigración quieren”, aseguran las organizaciones.

Además, recuerdan que “la nueva ley trata a los menores no acompañados como inmigrantes irregulares y capacita a las Comunidades Autónomas para llegar a acuerdos con los países de origen, priorizando así la repatriación y no la agrupación familiar de los menores”. En referencia al padrón municipal, la ley impondrá graves sanciones a quienes inscriban a inmigrantes. “Son un colectivo en continuo movimiento a la hora de buscar trabajo, esta medida es un desincentivo que les va a cerrar el acceso a servicios básicos como la asistencia sanitaria“.


  • Mañana se vota en el Congreo de los Diputados la reforma de la ley de extranjería
  • Saldrá adelante con el apoyo de PSOE, CIU y CC, si se cumplen las previsiones del Gobierno
  • Las organizaciones sociales creen que son insuficientes las modificaciones que se han producido en el texto desde que llegó al Congreso en verano
Manifestación contra reforma LOEX

Arriba las que luchan/ Flickr

Es la cuarta reforma que se aplica a la ley de extranjería desde que entró en vigor hace 9 años. Para el Gobierno se trata de un texto que consolida una inmigración legal, ordenada y adaptada a las necesidades del mercado laboral, mientras que las organizaciones sociales lo ven como un retroceso que convierte al inmigrante en una mera herramienta de trabajo.

El proceso, que comenzó en el mes de junio, cierra mañana una etapa con la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados en la que el Gobierno ya se ha asegurado el apoyo de Convergència i Unió (CIU) y Coalición Canaria (CC) gracias a la incorporación de 40 de las 60 enmiendas presentadas por CIU, la mayoría relacionadas con las competencias de las comunidades autónomas, y la suma de las propuestas de CC vinculadas al traspaso y tutela de los menores inmigrantes.

Más de 500 organizaciones sociales como Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Red Acoge o Cáritas han mostrado, sobre el papel a través de informes y en la calle con manifestaciones, su rechazo a un texto que, dicen, recorta derechos de los inmigrantes y cuyas principales críticas se resumen en estos puntos:

  • Se han ampliado de 40 a 60 días los periodos de detención en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), donde son recluidos los días previos a su expulsión. Las organizaciones rechazan esa prolongación, piden que el internamiento sea el último recurso y que se incluyan medidas alternativas aplicando el principio de proporcionalidad ya que estar en situación irregular es una falta administrativa que, a su juicio, no debería privarles de libertad.
  • En el ámbito de la educación, la reforma recoge el derecho de los menores inmigrantes indocumentados a acceder a la educación obligatoria, pero no el de los niños de educación infantil y el de los mayores de 18 años que aspiran estudios postobligatorios.
  • La reagrupación se realizará si forman parte del núcleo familiar, hijos y cónyuges, incluyéndose las parejas de hecho y siempre en el caso de que los inmigrantes solicitantes lleven al menos 5 años de estancia legal en España. Otras generaciones ascendientes como los abuelos sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años o alegando razones humanitarias.
  • Las mujeres inmigrantes en situación irregular que sufran violencia de género obtendrán un permiso temporal de residencia y de trabajo si denuncian a su agresor. Sin embargo, la denuncia como víctima les abre un procedimiento de expulsión, que aunque quedaría paralizado, podría ser un elemento de disuasión para estas mujeres que dificultara su salida de la espiral de violencia en la que se encuentran.
  • La nueva ley contemplará multas de hasta 10.000 euros para quienes inviten y acojan a inmigrantes que decidan continuar en España una vez concluido su periodo de estancia legal.
  • Se recogen avances en el apartado de los menores, como que éstos puedan nombrar a un defensor judicial en su proceso de repatriación, pero la reforma no incluye el principio de no devolución cuando no existan garantías de que el menor, si es deportado, tenga una vida digna. Tampoco se hace referencia a la obligación del Estado de informar y facilitar al menor su derecho a solicitar asilo.
  • A las ayudas a la vivienda sólo podrán optar los inmigrantes que tengan como mínimo 5 años de estancia legal en España.
  • La reforma garantiza la justicia gratuita, pero en el caso de los inmigrantes se ha incluído una nueva exigencia por la que se les obliga a solicitar una segunda vez la asistencia de un abogado cuando quieran recurrir una denegación de entrada, devolución o expulsión.
  • El texto no contempla el derecho de los polizones a la designación de un abogado. Amnistía Internacional asegura que en muchas Delegaciones del Gobierno no se permiten que reciban asistencia letrada y un intérprete en la primera entrevista con la policía, por lo que solicitan que ésta garantía quede incluida en la reforma.
  • Uno de los aspectos más positivos del texto es que por primera vez se reconocen los derechos de reunión y manifestación, asociación, sindicación y huelga de los inmigrantes, aplicando así la Sentencia del Tribunal Contitucional 236/2007 (PDF).

Las ongs, asociaciones de inmigrantes y el resto de organizaciones sociales aseguran que las modificaciones que ha sufrido hasta ahora el texto no son suficientes, aunque confían en que se sigan produciendo cambios hasta su aprobación definitiva que será, si se cumplen las previsiones, antes de que finalice el año.


El texto no es definitivo y las organizaciones sociales lo saben. Antes, incluso, de que comenzara el proceso ya advertían de que la reforma era inoportuna en un contexto de crisis como el actual. Ahora, en plena tramitación en el Congreso de los Diputados, reclaman al gobierno que incluya las 100 propuestas y enmiendas que han presentado entidades como Amnistía Internacional [PDF] o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Red Acoge y Cáritas [PDF], a las que se han sumado más de 500 organizaciones de toda España. Las críticas se centran, principalmente, en:

  • El empadronamiento. El extranjero que no tenga permiso de residencia o estancia no podrá empadronarse, lo que le impedirá acceder a derechos básicos como la asistencia sanitaria.
  • El internamiento en los CIES. La ampliación de 40 a 60 días del plazo que puede estar pasar el extranjero en un centro de internamiento.
  • La educación. Tribunal Constitucional reconoce el derecho de los extranjeros a la educación obligatoria y no obligatoria en las mismas condiciones que los españoles. Sin embargo, según las organizaciones, la reforma imita el acceso de los inmigrantes a la educación no obligatoria, impidiendo el acceso de los menores a la educación infantil y de los mayores de edad a los estudios postobligatorios.
  • La reagrupación familiar. Quienes se beneficiarán de este derecho serán los que forman la “familiar nuclear”, es decir padres e hijos. Otras generaciones como padres y abuelos sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años o alegando razones humanitarias.
  • El acceso a la vivienda. La reforma incluye un nuevo requisito, que los inmigrantes aspirantes a ayudas públicas en esta materia lleven en España al menos 5 años.

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Mañana sábado su rechazo a la propuesta del gobierno será materializado en la calle con una manifestación en Madrid convocada por más de 70 organizaciones, entre las que se encuentran la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), CEAR, SOS Racismo-Madrid y decenas de asociaciones de inmigrantes, bajo el lema “Paremos la reforma de la Ley de Extranjería. Tenemos derecho a tener derechos“. En el resto de España habrá concentraciones, manifestaciones y asambleas convocadas por la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI).

Estas protestas se suman a la”marcha por la igualdad que comenzaron el 23 de septiembre alrededor de 100 inmigrantes, quienes recorren a pie los 700 kilómetros que separan Madrid y Barcelona para mostrar su rechazo a una ley que “restringe” sus derechos.


Fátima no ha vuelto a Marruecos y de momento no tendrá que hacerlo. La joven embarazada amenazada por su familia, a la que el gobierno había denegado el asilo en España, podrá continuar en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) hasta que obtenga una respuesta a la nueva solicitud de asilo que acaba de presentar su abogada, Mercedes Rubio, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Ahora tendrá que esperar a que, en un periodo máximo de 3 meses, se pronuncie la Oficina de Asilo. Será entonces cuando Fátima sabrá si ha de abandonar o no Melilla.

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Foto: José Palazón

Se trata de un “caso excepcional”, según la abogada, ya que las peticiones de asilo generalmente sólo pueden realizarse una vez a no ser que varíen los motivos por los que se ha presentado. Pero la entrevista que le realizaron a Fátima en la comisaría de policía de Melilla, uno de los pasos del proceso en el que se estudia de forma individualizada a los solicitantes, fue “vaga e imprecisa” por lo que una vez revisado el caso ha decidio presentar una nueva solicitud exponiendo con más detalle los motivos en los que se sustenta su petición.

La Asociación Pro Ayuda a la Infancia (PRODEIN), promotora de la campaña de cartas de apoyo a la joven realizada la semana pasada, espera que el respaldo social que ha suscitado el caso contribuya a que Fátima pueda quedarse en España. “No podemos echar las campanas al vuelo pero hay lugar para la esperanza. Ha participado mucha gente en la campaña y se han sumado asociaciones e incluso instituciones como el Colegio de Abogados de Melilla y el Defensor del Pueblo. Es un clamor generalizado y el Gobierno no puede darle la espalda” dice José Palazón, presidente de PRODEIN.

Fátima está entre la emoción y la cautela. “Sigo aquí, en Melilla y eso es lo importante. No paro de pensar en que ahora mismo podría estar sola en Marruecos“. A pesar de que el martes tendría que haber abandonado en el CETI, no le han obligado a hacerlo. “Nadie me ha dicho nada, ni que me quede ni que me vaya”. Ahora, con la presentación de la nueva solicitud podrá permanecer en el centro hasta que se pronuncie la Oficina de Asilo, como ya ocurrió cuando le fue denegada la primera petición. “Me han abierto una puerta que estaba cerrada. Llevo meses viviendo con el miedo de volver a Marruecos y por primera vez siento que puedo tener un futuro junto al padre de mi hijo“.


No habrá más cárcel para el top manta en Vizcaya. La Audiencia provincial ha suprimido las condenas de prisión a los detenidos por la venta ambulante de copias de cds y dvds piratas, un acuerdo pionero en España.

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Foto: José Carlos Fernández / Flickr

Los jueces de las seis secciones de la Audiencia, tres civiles y tres penales, han fijado un criterio por el que los delitos contra la propiedad intelectual (cds y dvds) o industrial (cinturones, bolsos…) por la venta callejera de mercancía serán castigados con sanciones civiles y administrativas (multas o similares) pero no con penas de cárcel.

“Hasta ahora había muchas discrepancias entre los magistrados y el inmigrante tenía que jugar a la lotería, dependiendo de en cual de las secciones le tocara podía ser absuelto, multado o condenado a una pena de prisión” afirma Javier Galparsoro, Presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Euskadi. No se trata de una reforma del Código Penal sino un acuerdo sin efectos fuera de la Audiencia provincial. “La ley no cambia, los policías no tienen una orden que les diga que no detengan a los manteros, seguirán deteniéndolos, los jueces de instrucción seguirán condenándolos porque hay fiscales que seguirán acusándolos pero al llegar a la Audiencia no habrá penas de cárcel. La pregunta es si tiene sentido empezar un procedimiento contra una persona sabiendo que al final la van a absolver. Es una pérdida de tiempo, hay que perseguir las conductas más graves y no al último eslabón.”

Bira es uno de éstos eslabones, es senegalés y llegó a España hace dos años y medio. Ha trabajado en la construcción y la recogida de la fruta, pero desde que “no hay trabajo” pasa el día frente a un retal en el que coloca varias decenas de dvds y cds. “No sé cuántas veces los pongo y los quito, tenemos que estar pendientes de la policía porque si viene se lo lleva todo”. Un capítulo que se repite dos o tres veces al mes. El senegalés está al tanto del conflicto legal que genera el top manta. “Yo sé que la gente que graba los cds vive de esto y  yo no le quiero quitar la comida a nadie pero nosotros también tenemos que comer y no podemos hacer otra cosa. Ningún mantero te va a decir que le gusta vender cds”.

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Juan Luis Sánchez / Piraván

Él y un compatriota han pasado la tarde en una céntrica plaza pero no han vendido nada. Hay meses en los que sus ingresos casi no llegan a superar los 100 euros. “Ni siquiera nos da para comer, y menos para enviar dinero a casa”. Sin embargo, después de haber probado suerte en varias ciudades, aseguran que en el norte es donde se encuentran más a gusto. “En Madrid era mucho peor, allí hay demasiado control y te quitan continuamente la mercancía. Varios de mis compañeros han estado en la cárcel”.

En Madrid hay actualmente 25 personas cumpliendo condena por la venta callejera, detrás están provincias como Sevilla con 15 y Valencia con 10. En total, 118 manteros están presos en cárceles españolas por delitos contra la propiedad intelectual según los datos de Instituciones Penitenciarias. Más de 500 desde 2003 cuando se reformó el Código Penal.

“Lo que no sabemos es cuántos han sido expulsados del país por una falta que debe ser administrativa. La mayoría de los manteros está en el primer escalón para su inserción y muchos ni siquiera dominan bien el español, cuando los condenan les cierran las puertas a su regularización porque si se les abren procesos penales no pueden obtener los permisos de residencia” asegura Patxi de la Fuente abogado de la plataforma Mbolo Moye Doole.

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Liz Castro / Flickr

Ésta y otras organizaciones esperan que la decisión de la Audiencia provincial de Vizcaya sea un impulso más para la reforma del artículo 270 del Código Penal que castiga la venta ambulante de copias ilegales de cds y dvds con penas de prisión de seis meses a dos años y multa multas de 12 a 24 meses. Desde noviembre del año pasado un grupo de juristas, con el apoyo de colectivos sociales y de actores, lucha por despenalizar el top manta y conseguir el indulto de aquellos que están actualmente en prisión. “Hemos creado una red de abogados que se está encargando de visitar a los presos en las cárceles y redactar las peticiones de indulto. De momento, ya hemos presentado 20 al Ministerio de Justicia” afirma Julian Ríos Profesor de Derecho Penal en la Universidad de Comillas y portavoz de la plataforma.

Si se cumplen las previsiones del Gobierno, antes de final de año llegará al Congreso la reforma del Código Penal en la que podría incluirse esta modificación, que según la plataforma, está teniendo “buena acogida” entre los grupos parlamentarios y los representantes del Ministerio de Justicia con los que se han reunido. “El sistema actual es muy injusto y por eso hay que cambiarlo, los manteros no dependen de su conducta sino del juez, la provincia y el juzgado que le toque. El derecho penal está para los culpables de todo el proceso no para quienes venden en la calle”.


  • El Congreso de los Diputados aprueba la reforma de la ley de asilo, un “retroceso” según las organizaciones sociales.
  • Si una persona quiere pedir asilo no podrá hacerlo en la embajada española como hasta ahora, tendrá que venir a España
  • Los ciudadanos de la UE no podrán obtener el asilo.
  • España acogerá a un cupo anual de refugiados y otorgará el asilo por cuestiones de género, violencia sexual e identidad sexual

42 millones de personas huyen en el mundo abandonado sus casas por conflictos y persecuciones raciales, religiosas o ideológicas. El año pasado España registró tan sólo 4500 solicitudes de asilo, un 40% menos que el año anterior y la cifra más baja desde 1989. No piden asilo porque no pueden llegar. El control externalizado de las fronteras que realizan países como Marruecos, Mauritania o Senegal, gracias a los acuerdos alcanzados con la Unión Europea, está provocando que “muchas personas que intentan viajar a España huyendo de violaciones de derechos humanos no hayan podido llegar y pedir asilo o no hayan sido identificadas como personas necesitadas de protección internacional“, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Amnistía Internacional, quienes denuncian que se está produciendo un endurecimiento de las políticas de inmigración. El último de estos casos fue el de cuatro polizones congoleños que el pasado fin de semana llegaron a Valencia y que partieron el lunes hacia Génova sin haber sido asesorados por CEAR.

Inmigrantes recién llegados a Fuerteventura son detenidos por la Guardia Civil. Fotografía de Javier Bauluz / Piravan

Inmigrantes recién llegados a Fuerteventura son detenidos por la Guardia Civil. Fotografía de Javier Bauluz / Piravan

El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la ley de asilo. El texto que armoniza la legislación española con las directivas europeas cuenta con el consenso político de los grupos parlamentarios, salvo Izquierda Unida, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, pero no con el de las organizaciones sociales para quienes la nueva normativa es un “retroceso”. CEAR que participó activamente en la elaboración de la actual ley de asilo en 1984 no ha sido convocada en la redacción de la reforma. Ésta y el resto de organizaciones sólo tuvieron acceso al borrador cuando ya había sido publicado en la web del Congreso. Desde entonces han realizado una campaña en defensa del derecho al asilo y mantenido reuniones con los grupos parlamentarios quienes han incorporado algunas de sus reivindicaciones al proyecto de ley. Aún así, se quejan de no haber recibido hasta última hora el documento que ha llegado al Congreso. “Se ha hecho sin contar con las organizaciones más acreditadas, sin haberse reflexionado de forma serena y debatido en profundidad por lo que la urgencia de esta modificación no está justificada.”

Uno de los puntos más controvertidos de la nueva normativa es que no se podrá solicitar el asilo desde las Embajadas o Consulados españolas. Ante la polémica desatada, hace unos días la Comisión encargada de la ley en el Congreso volvió a incluir este punto en el borrador pero sin las mismas garantías que en la normativa vigente. En la ley vigente hasta ahora, si un colombiano quiere pedir el asilo en España tiene que salir de Colombia y solicitarlo desde la embajada española de otro país. Si el gobierno español da el visto bueno, el colombiano viene a España a comenzar los trámites. Con la reforma de la normativa, este mismo ciudadano deberá solicitar directamente el asilo en España, para lo que necesitaría un pasaporte (a veces nada fácil de conseguir para persona que huye de su país) y un visado, quedando así en manos de la embajada española la decisión de que ese persona pueda venir o no España a solicitarlo personalmente. “A veces recibimos llamadas muy angustiosas de personas que están siendo perseguidas y cuya vida corre peligro, este cambio supone dejarlos a su suerte, no es más que un obstáculo añadido a la tarea titánica de llegar a España”.

Los ciudadanos de la UE no podrán solicitar asilo en España, otro “paso atrás” que incumple según las organizaciones la Convención de Ginebra de 1951 cuyo 3º artículo prohibe la discriminación “por motivos de raza, religión o país de origen” y el derecho reconocido en la propia Constitución Española en su artículo 13 “los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.” Para CEAR se trata de “un pensamiento de ingenuidad y soberbia en el que se impone la idea de que Europa es segura. Reconocer que en ella se pueda pedir asilo es reconocer que aquí también se comenten atentados contra los derechos humanos”.

La reforma contempla, además, la elaboración de un listado de “países seguros” en los que no estaría justificada la petición de asilo. En estos países a partir de ahora “se rechazarán las solicitudes sin tener que estudiarlas de forma individual”. CEAR recuerda que existe una sentencia del 2008 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que no acepta la creación de estas listas.

CEAR y Amnistía Internacional critican también la ampliación que contempla el proyecto de ley de los plazos de detención en la frontera, el establecimiento de formas diferentes de solicitar el asilo dependiendo del lugar donde se haga la tramitación, el aumento de las causas que deniegan el asilo, y que se reduce de 3 meses a uno el plazo para solicitarlo desde que se pisa territorio español. Hay muchas personas que llegan huyendo a España sin saber qué es ser un refugiado y que este derecho existe. “En un mes no tenemos tiempo de organizar su atención y recabar la documentación necesaria”.

A pesar de las críticas, la reforma recoge grandes avances como que a partir de ahora España participará en los programas de reasentamiento de refugiados de ACNUR con un cupo anual. A los conceptos de raza, religión y nacionalidad como motivos de persecución a valorar para la concesión del derecho de asilo se suman cuestiones de género, identidad sexual y orientación sexual. Además, el proyecto de la nueva normativa dedica un apartado específico a los menores, recogiendo los casos de niños soldado, los matrimonios forzosos, la mutilación genital, el tráfico de menores, la pornografía o el abuso infantil.