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En plena gestación de la reforma del Código Penal las voces que piden la despenalización del top manta se hacen cada vez más visibles. Las últimas dentro del propio Congreso, donde PSOE, CIU y UPyD han respaldado una propuesta de Izquierda Unida donde pide al Gobierno que en la próxima reforma del Código “evite la criminalización y el ingreso en prisión” de las personas que venden CDs y DVDs en el top manta.

La iniciativa, una proposición no de ley aprobada en la Comisión de Justicia del Congreso, no obliga al Gobierno pero sirve para consolidar y respaldar una exigencia que desde hace mucho tiempo reclaman organizaciones como Ferrocarril o Mbolo Moy Doole y la plataforma “Ni un solo mantero en prisión”. Y se suma al gesto de los jueces de la Audiencia Provincial de Vizcaya, quienes acordaron hace poco más de un mes, como ya comentamos en P+DH, que los delitos que juzguen contra la propiedad intelectual (cds y dvds) o industrial (cinturones, bolsos…) por la venta callejera de mercancía no serán castigados con penas de cárcel.

El ruido llega a un debate al que el Gobierno ya se ha adelantado introduciendo un nuevo párrafo en el artículo 270.1:

“Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique […] una obra […] sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”.

Éste artículo es el foco de las principales críticas y la reforma pretende suavizarlo añadiéndole:

“No obstante, en los casos de distribución al por menor [...], atendidas las circunstancias del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido por éste, el juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días”.

Pero no es suficiente.“Estamos otra vez dependiendo de los jueces y eso sólo nos lleva a que dos personas en la misma situación sean condenadas según del juzgado que lleve su caso a pena de cárcel o a trabajos en beneficio de la comunidad”, dice Patxi de la Fuente, abogado de Mbolo Moy Doole.

Calafellvalo/ Flickr

La preocupación de las organizaciones no se centra sólo en el presente y futuro de los manteros, también en quienes ya han sido condenados porque tanto la Ley de Extranjería vigente [art. 31] como la reforma que se está tramitando contemplan que para obtener un permiso de residencia el inmigrante no puede tener antecedentes penales, y haber sido condenado por vender en el top manta les cierra las puertas a su regularización. La solución para las organizaciones pasa por que deje de ser un delito, y eso tenga carácter retroactivo para los manteros que ya han sido condenados.

Ante ese dilema se encontrará Alaji si consigue quedarse en España. Es un joven senegalés al que hace dos años la policía detuvo junto a un compañero con una mochila con cds y dvds en Torrelavega. Fue condenado a seis meses de cárcel, 900 euros de multa y a indemnizar con 650 euros a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). La pena fue sustituida por la expulsión y el día 3 de julio el juez lo mando a prisión para que no se fugara antes de ser devuelto a su país. Pero el proceso se ha alargado y Alaji no ha sido deportado, está pagando la multa y lleva en prisión 4 meses, 2/3 partes de la condena le impusieron en un principio.

“Está bastante agobiado, sigue en la cárcel, no puede trabajar y no tiene como pagar la multa hasta ahora lo ha hecho con préstamos de sus amigos”. Es la pescadilla que se muerde la cola, sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles. Alaji espera desde la cárcel la respuesta al indulto que ha solicitado, mientras que el compatriota al que detuvieron junto a él y que también pidió el indulto lo hace desde su casa.”Fue el mismo juicio y la misma sentencia pero resultados diferentes, uno espera la respuesta en libertad y el otro en la cárcel”. A Alaji le han concedido el tercer grado y está a la espera de saber si le dan o no la libertad condicional.

La petición de indulto es la vía que está empleando la plataforma “Ni un solo mantero en prisión” en la campaña que ha emprendido con una red de abogados por toda España para sacar a los manteros de la cárcel, ya han presentado al Ministerio de Justicia 50 solicitudes de los 118 manteros (datos de septiembre) que hay en prisión.

Foto: José Carlos Fernández / Flickr

Los jueces de las seis secciones de la Audiencia, tres civiles y tres penales, han fijado un criterio por el que los delitos contra la propiedad intelectual (cds y dvds) o industrial (cinturones, bolsos…) por la venta callejera de mercancía serán castigados con sanciones civiles y administrativas (multas o similares) pero no con penas de cárcel.

“Hasta ahora había muchas discrepancias entre los magistrados y el inmigrante tenía que jugar a la lotería, dependiendo de en cual de las secciones le tocara podía ser absuelto, multado o condenado a una pena de prisión” afirma Javier Galparsoro, Presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Euskadi. No se trata de una reforma del Código Penal sino un acuerdo sin efectos fuera de la Audiencia provincial. “La ley no cambia, los policías no tienen una orden que les diga que no detengan a los manteros, seguirán deteniéndolos, los jueces de instrucción seguirán condenándolos porque hay fiscales que seguirán acusándolos pero al llegar a la Audiencia no habrá penas de cárcel. La pregunta es si tiene sentido empezar un procedimiento contra una persona sabiendo que al final la van a absolver. Es una pérdida de tiempo, hay que perseguir las conductas más graves y no al último eslabón.”

Bira es uno de éstos eslabones, es senegalés y llegó a España hace dos años y medio. Ha trabajado en la construcción y la recogida de la fruta, pero desde que “no hay trabajo” pasa el día frente a un retal en el que coloca varias decenas de dvds y cds. “No sé cuántas veces los pongo y los quito, tenemos que estar pendientes de la policía porque si viene se lo lleva todo”. Un capítulo que se repite dos o tres veces al mes. El senegalés está al tanto del conflicto legal que genera el top manta. “Yo sé que la gente que graba los cds vive de esto y  yo no le quiero quitar la comida a nadie pero nosotros también tenemos que comer y no podemos hacer otra cosa. Ningún mantero te va a decir que le gusta vender cds”.

Juan Luis Sánchez / Piraván

Él y un compatriota han pasado la tarde en una céntrica plaza pero no han vendido nada. Hay meses en los que sus ingresos casi no llegan a superar los 100 euros. “Ni siquiera nos da para comer, y menos para enviar dinero a casa”. Sin embargo, después de haber probado suerte en varias ciudades, aseguran que en el norte es donde se encuentran más a gusto. “En Madrid era mucho peor, allí hay demasiado control y te quitan continuamente la mercancía. Varios de mis compañeros han estado en la cárcel”.

En Madrid hay actualmente 25 personas cumpliendo condena por la venta callejera, detrás están provincias como Sevilla con 15 y Valencia con 10. En total, 118 manteros están presos en cárceles españolas por delitos contra la propiedad intelectual según los datos de Instituciones Penitenciarias. Más de 500 desde 2003 cuando se reformó el Código Penal.

“Lo que no sabemos es cuántos han sido expulsados del país por una falta que debe ser administrativa. La mayoría de los manteros está en el primer escalón para su inserción y muchos ni siquiera dominan bien el español, cuando los condenan les cierran las puertas a su regularización porque si se les abren procesos penales no pueden obtener los permisos de residencia” asegura Patxi de la Fuente abogado de la plataforma Mbolo Moye Doole.

Liz Castro / Flickr

Ésta y otras organizaciones esperan que la decisión de la Audiencia provincial de Vizcaya sea un impulso más para la reforma del artículo 270 del Código Penal que castiga la venta ambulante de copias ilegales de cds y dvds con penas de prisión de seis meses a dos años y multa multas de 12 a 24 meses. Desde noviembre del año pasado un grupo de juristas, con el apoyo de colectivos sociales y de actores, lucha por despenalizar el top manta y conseguir el indulto de aquellos que están actualmente en prisión. “Hemos creado una red de abogados que se está encargando de visitar a los presos en las cárceles y redactar las peticiones de indulto. De momento, ya hemos presentado 20 al Ministerio de Justicia” afirma Julian Ríos Profesor de Derecho Penal en la Universidad de Comillas y portavoz de la plataforma.

Si se cumplen las previsiones del Gobierno, antes de final de año llegará al Congreso la reforma del Código Penal en la que podría incluirse esta modificación, que según la plataforma, está teniendo “buena acogida” entre los grupos parlamentarios y los representantes del Ministerio de Justicia con los que se han reunido. “El sistema actual es muy injusto y por eso hay que cambiarlo, los manteros no dependen de su conducta sino del juez, la provincia y el juzgado que le toque. El derecho penal está para los culpables de todo el proceso no para quienes venden en la calle”.