Foto: COFADEH

A pesar de los esfuerzos de Micheletti por lavar su imagen, cien días después del derrocamiento de Manuel Zelaya del gobierno la indignación entre las organizaciones sociales hondureñas va en aumento a medida que toman conciencia de la dimensión real de las violaciones a los derechos humanos que están registrando. “Esto va a peor, las denuncias por amenzadas y torturas no paran de crecer y la libertad de expresión y de información siguen siendo violadas por mucho que intenten dar la imagen de que aquí ya no pasa nada” denuncia Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en referencia a la cancelación del decreto que restringía las libertades de expresión, circulación y reunión que provocó el cierre de las emisoras Radio Globo y Canal 36, contrarias al golpe.

Para Oliva, se trata de un paso más del presidente de facto Roberto Micheletti en su estrategia para ganarse el reconocimiento internacional de cara a las elecciones del 29 de noviembre. “Ellos sabían que, de seguir vigente, el decreto iría en contra de sus candidatos presidenciales porque no les permitiría hacer campaña política. Además, no les hace falta porque ya han conseguido difundir su mensaje, el pueblo sabe la represión con la que se va a encontrar si se rebela”.

El fin del decreto coincide con la llegada al país de una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que mediará en las negociaciones de los representantes del presidente derrocado Manuel Zelaya, que sigue refugiado en la embajada brasileña, y Micheletti. “Queremos que la situación se resuelva, pero hay que dejar claro que esto sólo es el comienzo. En Honduras no habrá paz ni democracia hasta que no haya marcha atrás en el golpe, se instale una Constituyente y haya juicio contra los golpistas y la dictadura militar”.

Foto: COFADEH

Según los datos de COFADEH, desde el 28 de junio, cuando se produjo el golpe de Estado, 16 personas han muerto “por disparos en las manifestaciones y en el ataque a comunidades, asesinatos cometidos por grupos paramilitares que apoyan el golpe”. Hay 91 acusados de sedición de los que 41 están presos y más de 1000 personas han sido agredidas, cifras que aportan las organizaciones sociales pero que son rechazadas por el gobierno de facto. “Las torturas y amenzadas han sido reiteradas y a los detenidos los acusan de atentar contra el Estado pero sus juicios son injustos y arbitrarios”. Otras organizaciones han presentado informes que denuncian más de 4.000 detenciones improcedentes, incluídas las de 156 niños. Además, desde COFADEH acusan al ejército y a la policía hondureña de haber entrado en varias comunidades de Tegucigalpa “disparando a `bala viva´(a quemarropa) y lanzando gases lacrimógenos “ para desmovilizar a la población. “Han acabado con nuestros derechos y libertades individuales y cuando la gente se ha escondido ellos van a dispararles a sus casas para desarticular el reclamo popular”.

El Comité de Familias de Detenidos Desaparecidos en Honduras trabaja en la denuncia y documentación de las violaciones de derechos humanos cometidas  por la dictadura militar . “Lo que vivimos ahora y lo de los 80 es similar, sólo que entonces era una persecución ideológica a los dirigentes, asesinándolos y desapareciéndolos y hoy han atacado a la masa y a los líderes sociales, creyendo que intimidando al pueblo les harían desistir y no ha sido así. Pero que nadie se engañe, los culpables son los mismos, muchos de los que han respaldado este golpe estaban donde están ahora en aquellos años y ahora tendrán que rendir cuentas”.