• El Gobierno reconoce que ha dado la orden de prohibir cruzar a la península a los solicitantes de asilo con la documentación expedida por él mismo
• El Defensor del Pueblo considera que no es legal “impedirles la libre circulación por todo el territorio español”

Primero fue Melilla y ahora Ceuta. La orden que prohíbe a los solicitantes de asilo con permiso de residencia temporal en España, por la admisión a trámite de sus solicitudes, cruzar a la península se ha formalizado en ambas ciudades autónomas. Se acabaron los tabúes, las Delegaciones del Gobierno, que hasta ahora se habían limitado a guardar silencio derivando las preguntas al Ministerio del Interior han reconocido que la orden existe y la justifican con el cumplimiento del Acuerdo de Schengen, el convenio con el que se suprimieron los controles fronterizos entre la mayoría de países de la Unión Europea, e incluso aseguran que se trata de una medida con la que “no se están vulnerando sus derechos, sino todo lo contrario, ya que se les está dando protección y atención”, según el Delegado del Gobierno melillense, Gregorio Escobar.

Foto: José Palazón

Estas explicaciones no convencen, ni a organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que ya han mostrado su preocupación y están estudiando la situación, ni al Defensor del Pueblo que abrió una investigación a raíz del caso de Kamel, el primer inmigrante al que se le prohibió cruzar a la península desde Melilla el pasado 26 de enero y del que ya hablamos en P+DH.

El Gobierno argumenta que la prohibición se debe a que Ceuta y Melilla no pertenecen al espacio Schengen, a pesar de ser territorio español, por lo que los extranjeros que acceden a ellas no pueden entrar en la Unión Europera si no están documentados. “España mantendrá controles (controles de identidad y de documentos), en las conexiones marítimas y aéreas provenientes de Ceuta y Melilla que tengan como único destino otro punto del territorio español”, dice el convenio. Pero este punto no justifica que se impida el paso a los solicitantes de asilo admitidos a trámite, ya que ellos sí cuentan con un permiso de residencia en España hasta que el Gobierno les reconozca o no como refugiados, según las declaraciones del Defensor del Pueblo a P+DH. De hecho, “el artículo el artículo 5 del Acuerdo asegura que estas normas no serán un obstáculo para la aplicación de las disposiciones especiales relativas al derecho de asilo”.

El Defensor afirma que “la explicación oficial hasta ahora ofrecida por la que se impidió la salida de Melilla al interesado (Kamel), titular de un documento de identidad de solicitante de asilo, no resulta suficiente [...] Por tanto, no encontramos base legal para impedirle la libre circulación por todo el territorio español a una persona a la que se le haya admitido a trámite su solicitud de asilo en las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla”.

Las investigaciones de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado van en la misma línea que el Defensor. “Las alegaciones de la Policía están cogidas con pinzas. Es una excusa rocambolesca porque la realidad es muy fácil de entender. En Ceuta y Melilla hay fronteras, los españoles las cruzan mostrando su DNI y los solicitantes de asilo mostrando la tarjeta amarilla (el documento que les permite circular por España), como han hecho hasta ahora. Por tanto, están infringiendo los derechos de los solicitantes de asilo y están infringiendo su propio procedimiento porque actúan sin emitir la resolución”, denuncia Alejandro Romero, abogado de CEAR en Ceuta. A pesar de la prohibición, los inmigrantes lo siguen intentando, “el último caso fue el viernes pasado, al chaval le pidieron una autorización expresa de la Delegación o no podía cruzar”, a pesar de que el joven llevaba el documento expedido por el Ministerio del Interior. La situación en Ceuta y Melilla seguirá así, según las Delegaciones del Gobierno de ambas ciudades, hasta que conozcan las conclusiones de un estudio que está elaborando la Abogacía del Estado sobre el futuro de los solicitantes de asilo con la entrada en vigor de la nueva ley de asilo. Mientras unos estudian, otros esperan y el Estrecho sigue cerrado.

• Amnistía Internacional denucia malos tratos y abusos en los centros terapeúticos de menores
• El Comité contra la Tortura pide a España que investigue las denuncias de aislamiento y medicación

“Me ataban a la silla con la boca tapada, me duchaban con agua fría, y me hinchaban a pastillas. Una vez llegué a perder el conocimiento y me dejaron tumbada en el suelo. Si intentaba contar lo que estaba pasando me decían ‘ten cuidado con lo que hablas’, así me callaban”. Cuando pasó Sara era menor de edad y estaba internada en un centro terapéutico. “Estuve tres años, de los 15 a los 18, sin salir y mi madre ni siquiera sabía donde estaba. Casi no lo sabía ni yo, me tenían siempre sedada. Tomaba cuatro pastillas por la mañana, 3 al mediodía y otras 4 por la noche, me tenían que sentar en una silla de ruedas porque no tenía fuerza”. La vida de Sara, como la de muchos otros menores que pasan por los centros terapéuticos, no ha sido fácil. “Llegan de entornos de pobreza y exclusión estigmatizados, pero en vez recibir ayuda son castigados, aislados, vejados, amordazados e incomunicados, vulnerando sus derechos fundamentales” asegura Elena Estrada, investigadora de Amnistía Internacional.

Hoy existen en España 58 centros terapeúticos donde se trabaja por la reintegración de estos menores con trastornos en la conducta y dificultades sociales. No son delincuentes, ya que sobre ellos no pesa ningún delito, sino adolescentes conflictivos que provienen de familias en su mayoría desestructuradas y con dificultades socioeconómicas que no pueden hacerse cargo de ellos.

En los centros, según el informe “Si vuelvo me mato” de Amnistía Internacional, los menores son con frecuencia castigados sin comer, amorzándoles, prohibiéndoles la visita de sus familiares y obligándoles a permanecer durante horas de pie. En los testimonios recogidos por la organización, los jóvenes aseguran que pasan días e incluso semanas en celdas de aislamiento, “asfixiantes y siniestras…con portones blindados de hierro y paredes forradas con caucho o goma negra, que apenas alcanzan los tres metros sin ventilación ni comunicación alguna… Antes de entrar en estas celdas reclaman, a veces, una medicación que les ayude a soportar el emparedamiento” como las define en otro estudio el Defensor del Pueblo.

Ante comportamientos violentos, los menores son reducidos entre varias personas hasta inmovilizarlo e incluso atarlo, técnicas abusivas y que suelen usarse con frecuencia sin recurrir a otras alternativas menos agresivas según AI. “Una de las veces un vigilante me agarró del cuello y me tiró al suelo, me sujetaron entre dos vigilantes aplastándome contra el suelo y retorciéndome el brazo, había restos de cristales y me corté en la frente” afirma uno de los menores. Otra forma de castigo es la medicación. Amnistía afirma que los jóvenes reciben tratamiento médico sin diagnóstico previo y sin haber sido informados de lo que están tomando. “Si preguntas qué medicamentos son, no te informan ‘tú no tienes por qué saberlo’. Y si te niegas a tomarlos te amenazan o fuerzan mediante contención. Si te resistes puedes acabar atado en una silla o en el banco al sol todo el día donde, si aún te resistes te amordazan (con papel de embalar adhesivo) y te pueden llegar a inyectar algo que te deja KO”. Así lo describen Aránzazu y Esteban (19 y 18 años) que estuvieron internos en Barcelona. En los últimos 6 años 10 adolescentes se han suicidado en los centros españoles.

Amnistía denuncia que existe “oscuridad” en torno a los centros terapéuticos. La mitad de ellos no son supervisados por un juez o fiscal, ni existen resoluciones judiciales para el ingreso de los menores. “Son invisibles. Hay casos en los que los menores no salen del centro en años. Sin una orden judicial, los medicamentan para que no molesten y cuando llegan a la mayoría de edad a la calle, sin formación y sin un futuro” denuncia Estrada. AI asegura que cuando termina su internamiento en los centros la mayoría no han acabado la enseñanza obligatoria y carecen de un entorno social, lo que deriva en la marginación, la delincuencia y la cárcel. “Si se trata de un centro terapéutico, ¿por qué no salen ‘curados’? Salen peor de lo que entraron.”
El informe se centra en los de Andalucía, Cataluña y Madrid que acaparan el 55% de los centros españoles, donde según la organización han encontrado continuas trabas a la hora de llevar a cabo la investigación porque las Comunidades Autónomas le han denegado el acceso a los recintos, ignorado sus peticiones o imponiendo condiciones que dificultaba su trabajo y la libertad de los menores supervisándolos a la hora de realizar sus declaraciones. La Generalitat ha respondido a estas acusaciones negando los malos tratos y asegurando que el trabajo de AI está “tergiversado” y es “demagógico”.

De los 58 centros de toda España, sólo 3 son públicos. El resto están gestionados por convenios con asociaciones sin ánimo de lucro, empresas privadas o fundaciones como Dianova y O’Belén quienes gestionan un mayor número de centros. Dianova, es responsable de 7 centros y cuenta con un presupuesto de 5 millones de Euros, y O’Belén con alrededor de 12 millones de euros, según los datos de Aministía, y en la actualidad está encargada de 3 centros después de que durante los meses de septiembre y octubre cerrasen dos recintos de Castilla La Mancha. Más del 90 por ciento del dinero que reciben proviene de las Administraciones. “La responsabilidad última es del Gobierno. Es muy grave, porque se ha producido una privatización de la gestión y el Estado ha cometido una dejación de sus funciones por no supervisarlo”, afirma Elena Estrada. Según los testimonios, en los públicos no se cometen esas irregularidades.

En el mes de febrero el Defensor del Pueblo de febrero publicó un informe [pdf] en el que ya alertaba de estas irregularidades en los centros terapéuticos  y por el que el Comité contra la Tortura pidió explicaciones a España, ante la vaga respuesta del Gobierno español el organismo internacional ha reiterado el mes de noviembre su preocupación principalmente por las denuncias de aislamiento y administración de fármacos que contradicen a los artículos 11 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y exige una investigación al Gobierno.