P+DH – el blog de la redacción de periodismohumano

Israel deja de matar … de momento.

por Javier Bauluz. Publicado en PEG en domingo, enero 18, 2009

Hace dos minutos que la maquinaria de Israel ha dejado de matar en Gaza. De momento. Pero no se retiran y seguirá el conflicto. Es una buena noticia, sobre todo para quienes llevan semanas viviendo bajo el terror, encerrados en un campo de concentración o gheto de donde no pueden huir y donde pasan todo tipo de calamidades y necesidades básicas. El complejo de Scarlet O´Hara en “Lo que el viento se llevo” parece ser la única explicación al comportamiento inhumano de parte de los descendientes de los campos y ghetos nazis.

Afortunadamente para los palestinos ya tocaba cambiar de tercio, hoy o mañana, ante la venida del profeta negro Obama. Tenían que parar ya la fiesta gore para no aguar la celebración del ansiado cambio de ¿rumbo o sólo de Presidente? de los EEUU, el primo de Zumosol de Israel, amo y señor absoluto de los derechos humanos del planeta. Un patio ensangrentado y difícil para el nuevo líder del Imperio más odiado, junto a Israel, por una gran parte de los habitantes de este triste mundo donde los ricos van al cielo y los pobres se comen la miseria y su propia hambre.

Nadie en su sano juicio pensaría que ningún país puede hacer lo que hacen Israel y EEUU sin ser condenados y castigados por la famosa comunidad internacional que sólo actúa contundentemente cuando a aquellos les conviene. Patético. Tan patético como la triste figura del hipotético Presidente del mundo, el secretario general de la ONU, suplicando paz mientras a pocos kilómetros, al otro lado del infame muro de Israel, bombardeaban la cuarta escuela-refugio de la onu (con minúsculas). Una lluvia de fuego cayó sobre la escuela, sobre civiles, niños, mujeres, médicos y personal de la onu para celebrar el cercano fin de la orgía de sangre israelí.

“Afortunadamente” sólo murieros dos niños, su madre y otros cuatro palestinos “normalitos”, de esos a los que ya no impresiona a nadie que los maten, ya que ni siquiera son niños, aunque tal vez son padres, y pudiera ser que, tal vez, podrían ser conocidos de algún tipo que alguna vez saludó a su vecino de Hamás. Es decir, potenciales terroristas, de esos que tiran cohetes caseros que ya han matado a cuatro ciudadanos israelies, en los tiempos en que han asesinados más de 1.000 palestinos, sin el “ciudadanos”, por supuesto.

Entre ellos más de 300 niños que supongo que estarán en el limbo, felices al cesar su sufrimiento, terror y angustia propia de esos pequeños seres humanos que, como mi hijo y el tuyo, lo único que necesitan es sentirse protegidos y amados. Justo lo que los niños palestinos sienten cuando sus madres impotentes les abrazan en medio de las bombas cayendo.

“Si existe Dios estará llorando”, decía ayer un amigo israelí del médico y padre palestino que vió como mataban a tres de sus hijas y herían a otras dos en su propia casa, sólo unos momentos antes de entrar en antena de una televisión israelí a hablar de la necesidad de la coexistencia pacifica. Su llanto y sus gritos de dolor en directo angustiaron al periodista israelí y seguro que también a muchos israelíes de corazón limpio, de esos que se manifiestan contra la agresión mientras les llaman traidores en la calles, o de esos que se niegan a ser soldados que matan civiles.

También a aquellos judíos de todo el mundo que están horrorizados y avergonzados de lo que hacen sus hermanos con Gaza y que gritan a los cuatro viento !No en mi nombre¡. Esos otros judíos que tambien podrían ser acusados de antisemitas, igual que a quienes defienden los derechos humanos, por la perfecta maquinaria de propaganda israelí que manipula con eficacia germana los medios de comunicación y las almas de los crédulos.

Una vez más me siento orgulloso de pertenecer a la misma profesión que muchos de los colegas periodistas que han desafiado al miedo, la locura y tambien al dolor propio, ya que la mayoría de ellos son del pueblo palestino, para ser nuestros ojos y oídos dentro de ese campo de concentración de Gaza, al que Israel ha querido dejar sin testigos ni periodistas. Gracias, muchas gracias por vuestro coraje.

Ese periodismo con derechos humanos por el cual trabajamos y que queremos muchos periodistas y ciudadanos que ya firmamos el Manifiesto P+DH aunque, por miedo o interés, los grandes medios no quieran ni publicar las fotografías duras o las historias de los derechos de las personas anónimas que sufren las consecuencias de las decisiones de los que salen en portada encorbatados o encorbatadas.

Hoy he visto lo que para mí sería el próximo Premio Pulitzer. Las fotografías tomadas por Mohammed Abed bajo el fuego de los proyectiles israelíes que caían sobre su cabeza y las de los refugiados y médicos en la escuela de la onu. Creo que son el símbolo del coraje del periodista que necesita contar, a riesgo de su propia vida, lo que sucede a quienes se les niegan los derechos humanos.

Gaza: Un año después según MSF

Información sobre Gaza hoy


  • La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a México por no garantizar la vida e integridad de las mujeres de Ciudad Juárez.
  • Es la primera sentencia de un tribunal americano que condena a un Estado por violaciones de derechos humanos por discriminación de género y condición social.
Una de las manifestaciones que se han ido sucediendo en los últimos años contra los asesinatos de mujeres en el estado de Chihuaha. Ésta tuvo lugar en 2002, y fue la primera en la que cientos de mujeres se concentraron en México DF contra esta situación. (Ismael Rojas/AP)

Una de las manifestaciones que se han ido sucediendo en los últimos años contra los asesinatos de mujeres en el estado de Chihuaha. Ésta tuvo lugar en 2002, y fue la primera en la que cientos de mujeres se concentraron en México DF contra esta situación. (Ismael Rojas/AP)

“Las mujeres que tienen vida nocturna, salen a altas horas de la noche y entran en contacto con bebedores están en riesgo. Es díficil salir a la calle y no mojarse”. Así explicaba los asesinatos en Ciudad Juárez, en la frontera mexicana con Estados Unidos, el entonces Procurador de Justicia del Estado de Chihuahua, Arturo González Rascón, máximo responsable en la región para la investigación de estos casos, en el diario más importante de la ciudad. Ahora, las familias y las organizaciones demandantes se han encontrado con que será precisamente él uno de los encargados de supervisar el cumplimiento de la sentencia por parte de México, ya que ahora es el Fiscal General de la República. Ya a finales de los noventa, un tribunal mexicano y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos lo acusaron de obstruir la investigación de varios asesinatos de mujeres y un informe de la ONU señaló graves irregularidades en el esclarecimiento de estos casos en 2003.  En todos estos años, González Rascón ha mantenido la misma actitud en relación al asesinato de mujeres que el gobierno mexicano, la indiferencia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha encontrado al Estado de México culpable de no prevenir adecuadamente la muerte y agresiones físicas y psicológicas de tres mujeres jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero en Ciudad Juárez. Viviana Weisman, representante de Women Link Worldwide, nos explica que “lo que hace muy bien la Comsión es presentar casos individuales representativos de una situación estructural, por lo que esta sentencia sienta jurisprudencia en el ámbito de violaciones de derechos por cuestión de género, y no sólo en Latinoamérica sino en todo el mundo”.

Efectivamente, el caso juzga la desaparición y posterior investigación de la desaparición de tres jóvenes en septiembre y octubre de 2001, que fueron encontradas a principios de 2002 junto a otros cinco cadáveres que no forman parte del caso porque no habían sido identificados cuando se inició la causa judicial. Pero el caso Algodonero representa perfectamente el feminicidio que tiene lugar en Ciudad Juárez:

- Laura Berenice Ramos Monárez, de 17 años, no regresó a casa después de ir al colegio y trabajar como camarera en un bar.

-Claudia Ivette González , de 20 años, fue vista por última vez al salir de la maquiladora donde trabajaba y donde no le dejaron entrar por llegar dos minutos tarde.

-Esmeralda Herrera Monreal desapareció cuando volvía a casa después de trabajar como empleada de hogar en una casa de ciudad Juárez.

El Campo Algodonero el día que se encontraron los cadáveres de las tres jóvenes de este caso junto a los de otras cinco jóvenes. (Álex Sánchez, Diario de Juárez/AP)

El Campo Algodonero el día que se encontraron los cadáveres de las tres jóvenes de este caso junto a los de otras cinco jóvenes. (Álex Sánchez, Diario de Juárez/AP)

Cuando los familiares fueron a denunciar su desaparición, los policías les dijeron que estarían con sus novios y no las buscaron. Un patrón de violencia y de conducta policial que se lleva repitiendo desde 1993, cuando el Tratado de Libre Comercio con América del Norte intensificó la presencia de maquiladoras -empresas textiles estadounidenses- en la zona, que contratan prioritariamente a mujeres. El rol de éstas cambió abruptamente en una sociedad patriarcal y machista. Éste es uno de los causas que los expertos, y la propia sentencia, identifican en la raíz de un feminicidio del que se carecen de cifras exactas, y que oscilan entre las 400 que recogen informes de Amnistía Internacional y del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) a partir de los datos de las ONG nacionales hasta los 2.415 casos de desaparecidas de los que el Estado dijo no poder informar porque “los expedientes no los tenían físicamente”. Se calcula que, en Ciudad Juárez, desde mediados de los noventa, más de mil mujeres han sido violadas, torturadas, asesinadas y desaparecidas. Pero no son las cifras de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez el único aspecto específico de esta situación puesto que, según el último informe del Instituto de las Mujeres de Ciudad México, el 60% de las mujeres mexicanas han sufrido violencia machista. Es la suma de los siguientes circunstancias las que confieren especicificidad a la situación del estado de Chihuahua, dando lugar a un patrón de violencia sistemática basada en el género, la condición social y la edad:

  • Mujeres de entre 15 y 25 años, pero también niñas, de escasos recursos, trabajadoras –sobre todo de maquilas-, estudiantes y/o migrantes.
  • Las mujeres son secuestradas y mantenidas en cautiverio, sus familiares denuncian su desaparición y tras días o meses sus cadáveres son encontrados en terrenos baldíos, pero transitados. De hecho, normalmente los cuerpos no se encuentran tras una profusa investigación policial, sino que son encontrados casualmente por transeúntes. Los cuerpos tiene signos de gran violencia, incluyendo la violación u otros tipos de abusos sexuales, tortura y mutilaciones que sólo pueden perpetrarse en el cuerpo de las mujeres.

De hecho, a una de las víctimas de Algodoneros le habían arrancado o cortado un pecho y, como a otra de las mujeres, el pezón del otro pecho. Según la investigación llevada a cabo durante el juicio, el trato recibido antes de su muerte les causó “un sufrimiento psicológico agudo, y tuvieron un móvil sexual pues fueron encontradas semidesnudas, aunque no se puede determinar exactamente las circunstancias  por el gran deterioro sufrido por los cadáveres por el paso del tiempo.

  • “Esta sentencia es muy importante porque pone en evidencia dos tipos de discriminación: la propia violencia en sí y la falta de acceso a la justicia de las víctimas. Y son personas en las que confluyen muchos ámbitos de discriminación”, explica Weisman. De hecho, uno de los aspectos más importantes de esta sentencia es que también condena a México por no hacer justicia en estos casos lo que le hace responsable de la impunidad de estas violaciones de derecho que “perpetúa la aceptación social del fenómeno de la violencia contra las mujeres, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en la administración de justicia” según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por cada mujer que muere en el Estado de Chihuahua, son miles las que sufren todo tipo de maltrato y vejaciones. Éstas apenas si denuncian. Y los casos resueltos de mujeres asesinadas son una minoría ínfima, de la que se carece de cifras porque aunque el Estado afirmó que un 40% de los casos habían sido resueltos no aportó documentación que así lo acreditase.

La tendencia a juzgar la conducta de las desaparecidas antes de iniciar los procedimientos para su búsqueda así como tener que informar sobre las preferencias sexuales de éstas, lo cual estaba recogido en el protocolo según la propia sentencia, fueron otro de los malos tratos a los que los familiares tienen que hacer frente cuando van a poner la denuncia de desaparición. Tanto es así que Amnistía Internacional denunció que “en el año 2001 la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua había puesto en práctica el criterio de ‘desapariciones de alto riesgo’, basado únicamente en el comportamiento de la víctima. Si la mujer desaparecida era una persona con una rutina estable, ésta podría ser candidata para este tipo de búsqueda. Este criterio resultó altamente discriminatorio y poco funcional ya que para el año 2003, solo existía un caso de desaparición considerado como de alto riesgo”.

Amicus Curiae

Otra de las peculiaridades de este proceso ha sido la implicación de decenas de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres mexicanas, de familiares de las víctimas así como de organismos internacionales como la Comisión Internacional de Juristas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Programa internacional de salud sexual y reproductiva de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto y Women Worldwide Link, entre muchos otros. Participaron en el proceso a través de la figura jurídica del Amicus Curiae, por la que personas o entidades ajenas al litigio ofrecen sus conocimientos y opinión sobre el tema en cuestión y que suele utilizarse cuando está en juego algún derecho fundamental o libertad. “Las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer hemos estado muy pendientes porque sabíamos que de aquí podría salir una sentencia muy importante y paradigmática”, nos explica la directora ejecutiva y cofundandora de Women Worldwile Link.

La condena

En el ámbito jurídico y de defensa de los derechos humanos es conocida la exhaustividad y pedagogía de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos y creada con la función de salvaguardar el cumplimiento de los Derechos Humanos en los países firmantes. De carácter consultivo, sus decisiones son vinculantes, definitivas e inapelables. Y en este caso, además la condena es muy amplia y específica, por lo que resulta de especial interés conocer todos los aspectos que recoge:

  • conducir eficazmente el proceso penal de estas tres jóvenes asesinadas.
  • investigar  y juzgar a los funcionarios acusados de irregularidades.
  • publicar en un plazo de seis meses y en un diario de amplia circulación en el estado de Chihuahua esta sentencia.
  • realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en honor a la memoria de las tres asesinadas, así como destinarles un monumento en su memoria y de las víctimas de homicidios por razón de genero en Ciudad Juárez.
  • adecuar a los estándares internacionales los mecanismos y protocolos de investigación y persecución de estos delitos.
  • creación de una web y una base de datos que recoja toda la información de las víctimas de esta violencia en Chihuahua desde 1993.
  • Implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género destinados a los funcionarios públicos y a la población de la región.
  • Ofrecer atención médica, psicológica o psiquiátrica a los familiares de las desaparecidas de este caso y pagarles unas indemnizaciones, que los familiares no solicitaron, pero que la Corte consideró oportunas, de unos 27.000 euros de media a cada una de las familias de las víctimas.
  • Crear una Comisión Nacional que será le encargada de vigilar y asegurar el cumplimiento de la sentencia. Uno de sus miembros será el ex Procurador Arturo González Rascón, cuyas declaraciones recogíamos al principio del texto.

La sentencia introduce dos avances jurídicos en el ámbito de los derechos humanos de las mujeres: declaró violaciones directas a la convención Belém Do Pará de la OEA, dedicada a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de la mujer,  lo que siente jurisprudencia en su incorporación al derecho de pleno, y reconoce que los homicidios por razones de género son conocidos como feminicidio, otorgándole una entidad jurídica propia.

Al conocer la sentencia, la madre de Esmeralda Herrera, Irma Monreal, declaró a IPS con los ojos anegados de lágrimas “No podía quedarme de brazos cruzados ante la muerte de mi hija. La condena es una buena noticia para las familias, me siento reivindicada”.


  • Naciones Unidas define como violación de los derechos humanos que la policía pida la documentación según el color de piel de las personas
  • “Es una práctica discriminatoria, podría propagar actitudes xenófobas e incumple los tratados internacionales”
Control policial (Foto: Olmo Rotos / Flickr)

Control policial (Foto: Olmo Rotos / Flickr)

No tener ‘pinta de español’ no puede hacerte sospechoso de ninguna ilegalidad. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido a España de que las actuaciones policiales basadas en el color de piel de las personas “son discriminatorias”, son “contradictorias con una política efectiva de lucha contra la discriminación racial”, “podrían propagar actitudes xenófobas entre la población” e incumplen los acuerdos internacionales sobre derechos civiles que España se ha comprometido a cumplir (ver documento en PDF).

La mecha de este histórico pronunciamiento la encendió hace 17 años Rosalind Williams, una ciudadana española de raza negra a la que la policía solicitó la documentación sospechando que se trataba de una inmigrante ilegal. Williams, que contó con la representación legal de Diego López Garrido – hoy Secretario de Estado del Gobierno para la Unión Europea – denunció que los agentes le pidieron el DNI a ella y no a su marido (blanco) o a cualquiera de las decenas de personas que, como ella, estaban en la estación de tren de Valladolid. La reivindicación cayó en el saco roto de la justicia y la administración: ni los juzgados provinciales, ni el Ministerio del Interior, ni la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Constitucional consideraron que se hubiera vulnerado ningún derecho al solicitar a Williams los papeles por ser negra. La sentencia del Constitucional merece, por paradigmática y por contundente, una lectura:

“La actuación policial usó el criterio racial como meramente indicativo de una mayor probabilidad de que la interesada no fuera española. Ninguna de las circunstancias acaecidas en dicha intervención indica que el comportamiento del funcionario de la Policía Nacional actuante fuese guiado por un prejuicio racista o por una especial prevención contra los integrantes de un determinado grupo étnico (… )”

El argumento estadístico de los jueces – la probabilidad de ser ‘ilegal’ según la raza -  fue compartido por el  Gobierno. “Parece inevitable admitir que los controles policiales [para controlar la inmigración ilegal](…) pueden tomar en consideración determinadas características físicas o étnicas como razonablemente indiciarias del origen no nacional de la persona”, dijo el ejecutivo español en 2007 ante el Comité de Derechos Humanos. Una lógica que no ha convencido al organismo iternacional, que exige a España que se disculpe oficial y públicamente ante Williams y que tome medidas para que no ocurra más.

El caso Williams como precedente

Rosalind vive en Madrid, estos días atiende entrevistas y repasa documentos. “Estoy contenta, muy ocupada”. Pero su caso, además de una historia personal, una carrera de fondo salplicada con problemas psicológicos y económicos, puede marcar a millones de personas más en España. El pronunciamiento de Naciones Unidas se refiere a su caso en particular pero incuye instrucciones aplicables a otras situaciones y que son así de tajantes: “España tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar que sus funcionarios no incurran en actos como los del presente caso“.

“Los controles de inmigración en España no han cambiado mucho en estos 17 años por lo cual esta decisión es de inmensa importancia hoy en día”, nos cuenta Viviana Waisman, de Women’s Link Worldwide, la ONG que ha representado legalmente a Williams ante el Comité. “En una sociedad multiétnica no sirven esos estereotipos y prejuicios. ¿Cuál es el look español o europeo? El color de la piel no puede definir ni la nacionalidad ni la situación administrativa de una persona”, dice Waisman.

Durante todo el proceso legal, España ha argumentado, respaldada por el Tribunal Constitucional en 2007, que “no existe una orden o instrucción específica de identificar a los individuos de una determinada raza”. Sin embargo, tal y como hemos contado en P+DH, se han documentado varios casos recientes de redadas policiales en busca de extranjeros que pudieran ser inmigrantes sin permiso de residencia. Ocurrió mientras se repartía comida en una asociación de Madrid o en la hora del almuerzo en un comedor social de Tenerife. El objetivo de las redadas era, en algunos casos, llegar a un cupo de extranjeros detenidos por cada comisaría.

Circular de una comisaría madrileña sobre los cupos de extranjeros

Circular de una comisaría madrileña sobre los cupos de extranjeros, emitida a principios de 2009

“Es un hecho generalizado. Si hay 40 personas en un sitio, le piden la documentación solo a una, a la que tiene un color de piel diferente”, explica como quien describe algo rutinario Antonio Díez, premio 2008 al Voluntariado y presidente de la asociación Karibú. Vivana Waisman pone otro ejemplo que han tenido que llevar hasta Constitucional después de agotar todos los pasos previos: “el caso de Beauty Solomon, una chica nigeriana a la que dos policías nacionales le pidieron la documentación en una zona de prostitución de Palma de Mallorca. Le pidieron los papeles a ella y no al resto de chicas de aspecto europeo, y después le gritaron ‘¡puta, negra, fuera de aqui!‘”.

“Los estados tienen un interés legítimo en controlar la inmigración ilegal”, pero habrá que buscar la manera de que “ese control siempre respete los derechos humanos”, concluye la directora de Women’s Link Worldwide. Para casos en los que no sea así, la organización de apoyo Ferrocarril ha elaborado una guía de actuación para documentar y denunciar controles injustos.

Y si no, ¿qué?

¿Puede tener este dictámen alguna consecuencia real en la vida de los millones de personas que viven en España y cuyo color de piel no es el blanco? Depende de lo que a España le importe que la ONU le siga poniendo en evidencia porque, de hecho, es lo único que puede hacer. “Sanciones morales”, lo llaman en Ginebra.

El Gobierno tiene 180 días para dar explicaciones a Naciones Unidas sobre el caso Williams y será interesante comprobar si rectifica en algo su política. España es firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por tanto tiene la obligación de cumplirlo. Sin embargo, no hay mecanismos de castigo más allá de la reprimenda. Si el Gobierno no toma las medidas que se les exige, el efecto boomerang puede acabar volviendo este dictámen en contra de Naciones Unidas en forma de desprecio internacional hacia su propia esencia y autoridad.


Texto: Patricia Simón. Entrevistas: Lydia Molina y Jessica Romero. Fotos: Javier Bauluz   (c) PIRAVÁN
A principios de año el gobierno israelí recomendó a sus militares no viajar a España, Francia, Reino Unido y los países nórdicos porque podrían ser detenidos y juzgados por crímenes de guerra, tal como le sucedió en 1997 al dictador Pinochet. Si la reforma de la Justicia Universal española prospera los culpables de crímenes contra la humanidad podrán seguir paseando su impunidad por el mundo. Contra la propuesta del PP y del PSOE se han alzado más de 100 organizaciones sociales.

La recomendación del gobierno israelí  tuvo lugar el 25 de enero, apenas una semana después de que acabase la ofensiva israelí contra Gaza que asesinó 1400 palestinos en poco más de veinte días. Era la respuesta a las denuncias de numerosos organismos internacionales y de defensa de los derechos humanos contra la comisión de crimenes contra la humanidad y que exigían la apertura de procesos judiciales en los tribunales internacionales y nacionales.

El gobierno israelí también  anuncia una resolución para regir la protección legal y política de los militares que fuesen denunciados fuera del país por crímenes de guerra.

Palestino golpeado y esposado por soldados israelíes durante la primera Intifada.    (c) Javier Bauluz /PIRAVÁN

Palestino golpeado y esposado por soldados israelíes durante la primera Intifada. (c) Javier Bauluz /PIRAVÁN

Cuatro días después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acepta a trámite una querella por los ataques israelíes que se produjeron sobre Gaza en el año   2002   y que mataron a 14 personas (un presunto líder de Hamás y el resto civiles), imputando al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer junto a seis militares israelíes.

Inmediatamente, la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, que en esos momentos encabezaba candidatura en plena campaña electoral israelí, realiza unas declaraciones en la que dice que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le ha prometido reformar el sistema judicial para evitar este tipo de acciones. A su vez Moratinos en una entrevista radiofónica reconoce la existencia de la gestión y asegura que se hará lo posible para modificar la normativa española.

-  En marzo, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pide a la Fiscalía que le informe de si debe investigar la querella interpuesta contra seis abogados norteamericanos considerados los “responsables jurídicos” de la creación del centro de detención de Guantánamo. Tras la negativa de la Fiscalía, el caso es asumido por el juez Eloy Velasco quien remite una rogatoria a Estados Unidos en la que pide ser informado si ha realizado alguna investigación en relación a la cárcel de Guantánamo. Paralelamente, ante la desclasificación de los documentos elaborados por los asesores de la Administración Bush, en los que se definía el marco legal para que la CIA empleara la asfixia y el ahogamiento simulados y otras prácticas coercitivas en interrogatorios, el presidente Barack Obama prometía que los ejecutores de las torturas no serían juzgados, aunque dejaba la puerta abierta para los responsables políticos.

El 27 de abril, Garzón abre  una causa para investigar a los posibles “autores materiales, inductores, cooperadores necesarios y cómplices” de los delitos de torturas cometidos en el centro de detención norteamericano de Guantánamo basándose en la desclasificación de los mencionados documentos en los que “se constata lo que antes se intuía: un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido”, apunta el magistrado en el auto.

La noticia tiene gran impacto en Estados Unidos, se convierte en portada de los principales periódicos, es aplaudida por las organizaciones de derechos humanos y rechazada por numerosos representantes del partido republicano, pero también del demócrata, un sector del cual quiere cerrar este asunto del que estaban al tanto durante el mandato de Bush.
Leer más


Antes de leer el contexto. Sin inducir a nada. Veamos este vídeo.

Y ahora comparémoslo con lo que se cuenta en este otro.

http://www.juanlusanchez.com/wp-content/uploads/2009/03/20090318elpepunac_2_ves_lvc.flv

Algunas de las barbaridades periodísticas de ejemplos como este saltan a la vista:

  • No es ni una noticia completa. Son unas colas, lo que se llama en televisión a cuando el presentador lee mientras salen unas imágenes. Se usa cuando el tema es de poca importancia porque supone menos tiempo y recursos.
  • La selección de imágenes lo dice todo. ¿Por qué no han elegido las imágenes de los golpes secos al estómago o a la espalda? ¿O las de los mossos bajando de las furgonetas corriendo sin rumbo a la espera de que ‘un objeto volador no identificado’ pase por delante para atizarle con la porra? ¿Hay alguna razón periodística para que esas imágenes no estén?
  • Primera frase de la noticia: “Cinco Mossos D’Esquadra heridos, uno de ellos de gravedad, y tres estudiantes detenidos; ese es el balance”. Ese es el titular. Con eso nos quedamos.
  • ¿Quién tiene la culpa? “Los jóvenes se han enfrentado a los agentes…”
  • “Y varios [estudiantes] contusionados” ¿Contusionados no es lo mismo que heridos? ¿Por qué no se dice al principio ¿No forma parte ilustrativa del balance?

Es solo un ejemplo del día de ayer extensible a casi todos los medios y, de hecho, a ocasiones pasadas. Casi siempre que hay conflictos sociales entre trabajadores, estudiantes, activistas y antidisturbios o policía suele prevalecer la inocencia oficial de los cuerpos del Estado. ¿A qué obece esto? Podríamos intentar dibujar grandes estructuras de poder y consipiraciones, presiones, censura. Sin embargo, el día a día es mucho más viscoso y gris.

En las redacciones no suelen darse órdenes de mentir o manipular de forma explícita sobre este tipo de asuntos. No hace falta. La inercia, la autocensura y la falta de motivación lo impregnan todo: se confía a ciegas en el comunicado oficial y poco más. Porque, a fin de cuentas, no es un asunto que interese y tampoco conviene meterse en líos porque sí. El periodista no quiere pillarse los dedos, y en caso de pillárselos sabe que es mucho menos doloroso hacerlo por el lado del sistema que por el de unos chavales a los que no conoce ni nadie defiende. Nunca los movimientos de este tipo tienen un aparato de comunicación estructurado ni tienen acceso a los medios. Solo ahora es posible que veamos imágenes como estas por vías diferentes a las de los medios de comunicación tradicionales (MCT).

Por otro lado, para el redactor, que el ‘sistema’ del que vives y formas parte como asalariado te pueda llegar a ver como incómodo o poco serio es angustioso y peligroso con los tiempos que corren.

Y esto mismo se desarrolla como idea en el último libro de García Montero: de cómo pedir respeto por lo evidente, lo legal, lo sensato y lo esencial puede acabar aislándote, convertido por los demás en un antisistema. Pero de eso hablamos en la próxima.

Esta entrada es una remezcla de diferentes posts, comentarios y mails que nos hemos cruzado con compañeros de profesión desde anoche.