Control policial (Foto: Olmo Rotos / Flickr)

No tener ‘pinta de español’ no puede hacerte sospechoso de ninguna ilegalidad. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido a España de que las actuaciones policiales basadas en el color de piel de las personas “son discriminatorias”, son “contradictorias con una política efectiva de lucha contra la discriminación racial”, “podrían propagar actitudes xenófobas entre la población” e incumplen los acuerdos internacionales sobre derechos civiles que España se ha comprometido a cumplir (ver documento en PDF).

La mecha de este histórico pronunciamiento la encendió hace 17 años Rosalind Williams, una ciudadana española de raza negra a la que la policía solicitó la documentación sospechando que se trataba de una inmigrante ilegal. Williams, que contó con la representación legal de Diego López Garrido – hoy Secretario de Estado del Gobierno para la Unión Europea – denunció que los agentes le pidieron el DNI a ella y no a su marido (blanco) o a cualquiera de las decenas de personas que, como ella, estaban en la estación de tren de Valladolid. La reivindicación cayó en el saco roto de la justicia y la administración: ni los juzgados provinciales, ni el Ministerio del Interior, ni la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Constitucional consideraron que se hubiera vulnerado ningún derecho al solicitar a Williams los papeles por ser negra. La sentencia del Constitucional merece, por paradigmática y por contundente, una lectura:

“La actuación policial usó el criterio racial como meramente indicativo de una mayor probabilidad de que la interesada no fuera española. Ninguna de las circunstancias acaecidas en dicha intervención indica que el comportamiento del funcionario de la Policía Nacional actuante fuese guiado por un prejuicio racista o por una especial prevención contra los integrantes de un determinado grupo étnico (… )”

El argumento estadístico de los jueces – la probabilidad de ser ‘ilegal’ según la raza -  fue compartido por el  Gobierno. “Parece inevitable admitir que los controles policiales [para controlar la inmigración ilegal](…) pueden tomar en consideración determinadas características físicas o étnicas como razonablemente indiciarias del origen no nacional de la persona”, dijo el ejecutivo español en 2007 ante el Comité de Derechos Humanos. Una lógica que no ha convencido al organismo iternacional, que exige a España que se disculpe oficial y públicamente ante Williams y que tome medidas para que no ocurra más.

El caso Williams como precedente

Rosalind vive en Madrid, estos días atiende entrevistas y repasa documentos. “Estoy contenta, muy ocupada”. Pero su caso, además de una historia personal, una carrera de fondo salplicada con problemas psicológicos y económicos, puede marcar a millones de personas más en España. El pronunciamiento de Naciones Unidas se refiere a su caso en particular pero incuye instrucciones aplicables a otras situaciones y que son así de tajantes: “España tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar que sus funcionarios no incurran en actos como los del presente caso“.

“Los controles de inmigración en España no han cambiado mucho en estos 17 años por lo cual esta decisión es de inmensa importancia hoy en día”, nos cuenta Viviana Waisman, de Women’s Link Worldwide, la ONG que ha representado legalmente a Williams ante el Comité. “En una sociedad multiétnica no sirven esos estereotipos y prejuicios. ¿Cuál es el look español o europeo? El color de la piel no puede definir ni la nacionalidad ni la situación administrativa de una persona”, dice Waisman.

Durante todo el proceso legal, España ha argumentado, respaldada por el Tribunal Constitucional en 2007, que “no existe una orden o instrucción específica de identificar a los individuos de una determinada raza”. Sin embargo, tal y como hemos contado en P+DH, se han documentado varios casos recientes de redadas policiales en busca de extranjeros que pudieran ser inmigrantes sin permiso de residencia. Ocurrió mientras se repartía comida en una asociación de Madrid o en la hora del almuerzo en un comedor social de Tenerife. El objetivo de las redadas era, en algunos casos, llegar a un cupo de extranjeros detenidos por cada comisaría.

Circular de una comisaría madrileña sobre los cupos de extranjeros, emitida a principios de 2009

“Es un hecho generalizado. Si hay 40 personas en un sitio, le piden la documentación solo a una, a la que tiene un color de piel diferente”, explica como quien describe algo rutinario Antonio Díez, premio 2008 al Voluntariado y presidente de la asociación Karibú. Vivana Waisman pone otro ejemplo que han tenido que llevar hasta Constitucional después de agotar todos los pasos previos: “el caso de Beauty Solomon, una chica nigeriana a la que dos policías nacionales le pidieron la documentación en una zona de prostitución de Palma de Mallorca. Le pidieron los papeles a ella y no al resto de chicas de aspecto europeo, y después le gritaron ‘¡puta, negra, fuera de aqui!‘”.

“Los estados tienen un interés legítimo en controlar la inmigración ilegal”, pero habrá que buscar la manera de que “ese control siempre respete los derechos humanos”, concluye la directora de Women’s Link Worldwide. Para casos en los que no sea así, la organización de apoyo Ferrocarril ha elaborado una guía de actuación para documentar y denunciar controles injustos.

Y si no, ¿qué?

¿Puede tener este dictámen alguna consecuencia real en la vida de los millones de personas que viven en España y cuyo color de piel no es el blanco? Depende de lo que a España le importe que la ONU le siga poniendo en evidencia porque, de hecho, es lo único que puede hacer. “Sanciones morales”, lo llaman en Ginebra.

El Gobierno tiene 180 días para dar explicaciones a Naciones Unidas sobre el caso Williams y será interesante comprobar si rectifica en algo su política. España es firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por tanto tiene la obligación de cumplirlo. Sin embargo, no hay mecanismos de castigo más allá de la reprimenda. Si el Gobierno no toma las medidas que se les exige, el efecto boomerang puede acabar volviendo este dictámen en contra de Naciones Unidas en forma de desprecio internacional hacia su propia esencia y autoridad.

Por Carlos Sardiña para P+DH

Segunda y última parte de la entrevista que el periodista británico Andy Worthington ha concedido en exclusiva a P+DH [periodismo + derechos humanos]. Tras la primera parte, publicada el lunes, esta segunda entrega se centra en el futuro de los ex prisioneros de Guantánamo liberados, una cuestión que tiene una especial relevancia en España, que acogerá a algunos de ellos.

P: Algunas fuentes del Pentágono declararon este año que uno de cada siete prisioneros liberados de Guantánamo “regresa al terrorismo”. Algunos están utilizando esa supuesta reincidencia para justificar su oposición al cierre de la prisión y a la liberación de los prisioneros y todo ese asunto ha provocado una enorme controversia. ¿Qué piensas de ese supuesto nivel de reincidencia?

R: Como expliqué en un artículo poco después de que el New York Times publicara en primera plana la noticia que ofrecía aquella estadística, “en seguida surgieron voces críticas –básicamente quienes conocían el excelente trabajo que realizó la Facultad de Derecho de la Universidad de Seton Hall desmontando los informes del Pentágono sobre la ‘reincidencia’ (PDF)– que denunciaron aquella noticia”. También escribí: “El 28 de mayo, el Times brindó a Peter Bergen y Katherine Tiedemann, de la New America Foundation, la oportunidad de escribir una columna en respuesta al artículo de Bumiller, en el que concluían, a partir de un análisis del informe (PDF), que era más probable que la tasa de reincidencia se situara ‘en torno al 4 % de los 534 hombres puestos en libertad’ (basándose en el hecho de que ‘era posible confirmar de forma independiente la participación de doce ex prisioneros en atentados terroristas contra objetivos estadounidenses y había otros ocho sospechosos de tomar parte en esos actos’)“.

En cualquier caso, los informes de la Facultad de Derecho de Seton Hall son la mejor fuente disponible para desmontar los mitos del Pentágono. Recomiendo su último informe (PDF), que ofrece pruebas concluyentes de que los numerosos informes publicados por el Pentágono a lo largo de los años no son más que propaganda. Fue penoso que el New York Times se dejara engañar con tanta facilidad.

P: En España cobra una especial relevancia el tema de los presos inocentes de Guantánamo que van a ser liberados en terceros países. El caso de los uigures chinos es quizá el más famoso y el más representativo. Hace mucho tiempo que el ejército estadounidense declaró que no son “combatientes enemigos”, pero no pueden volver a China, donde se enfrentarían a torturas, o incluso a algo peor. Sin embargo, el gobierno estadounidense se niega a aceptar en su propio territorio a esos y otros prisioneros declarados inocentes incluso después de que un juez ordenara el año pasado que se permitiera entrar a 17 uigures en Estados Unidos y haya allí comunidades de compatriotas dispuestas a acogerlos. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos se niega con tanta terquedad a aceptar la entrada en su territorio de unos prisioneros cuya inocencia está más allá de toda duda razonable?

R: Los jueces que anularon el valiente y justo fallo del juez Ricardo Urbina que acabas de citar pertenecen al Tribunal de Apelaciones, cuyo carácter conservador es bien conocido, por lo que no es sorprendente que lo anularan. En cualquier caso, lo más preocupante de la postura de Obama es que pone de relieve, casi más que ninguna otra, que a veces le falta coraje cuando es más necesario.

En lugar de recusar al tribunal de apelaciones y/o ordenar la liberación de los uigures en Estados Unidos cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, vaciló y permitió que Dick Cheney y otros políticos en activo iniciaran una campaña para asustar y desinformar sobre los prisioneros de Guantánamo que no sólo hizo imposible trasladar a los uigures a Estados Unidos, y permitió a algunos políticos imponer sus condiciones a los planes de Obama para cerrar Guantánamo, sino que también hizo que Obama perdiera gran parte de la iniciativa necesaria no sólo para vender sus planes de desmantelamiento, sino para asegurarse de que el pueblo estadounidense conociera en toda su magnitud las políticas erróneas de la administración Bush, que supusieron el encarcelamiento ilegal de casi 800 hombres, la mayoría de los cuales no tenía ninguna relación con al-Qaeda o el terrorismo internacional.

P: ¿Podría el gobierno estadounidense enfrentarse a problemas legales si esos hombres entraran alguna vez en Estados Unidos y decidieran pedir que se hiciera justicia en el sistema judicial estadounidense?

R: No parece que eso vaya a suceder, pero me atrevería a decir que cualquier persona a la que se libere en cualquier parte del mundo debería poder pedir, en algún momento, una  compensación por lo que le ha ocurrido.

P: Se sabe que España aceptará a cuatro o cinco ex prisioneros de origen tunecino y argelino. Se ha dicho que los prisioneros liberados en España disfrutarán de libertad de movimientos dentro del país, aunque estarán vigilados, pero no podrán viajar al extranjero. ¿Cuál será la situación legal de los prisioneros liberados en terceros países? ¿Cuáles son las responsabilidades de los países de acogida, y especialmente de España, con respecto a ellos?

R: Yo creo que no cabe esperar que ningún país esté dispuesto a aceptar a prisioneros declarados inocentes a no ser que los gobiernos de esos países tengan la certeza de que no son peligrosos. Eso es parte del problema en este momento, ya que la administración Obama no está dispuesta a admitir, como debería, que no ha logrado demostrar que la mayoría de los hombres encarcelados en Guantánamo tenga alguna vinculación con el terrorismo, porque la mayoría de ellos fueron capturados por sus aliados afganos o pakistaníes en una época en la que estaban a la orden del día las recompensas, de 5.000 dólares de media por cabeza, a cambio de “sospechosos de al-Qaeda o talibán” y porque la mayor parte de las llamadas “pruebas” que el gobierno esgrime en su contra proceden de interrogatorios a otros prisioneros, a los cuales, como han mostrado las apelaciones de habeas corpus, a menudo se torturó, coaccionó o sobornó para que hicieran declaraciones intrínsecamente poco fiables. Es necesario que los potenciales países de acogida entiendan estos hechos para que puedan comprender realmente por qué los funcionarios de los servicios secretos han afirmado durante años que sólo dos o tres decenas de prisioneros han tenido alguna relación con el terrorismo y también es necesario que recuerden que muy pocos ex prisioneros han causado algún problema y que, por lo general, los países occidentales nunca se han implicado en el gasto inútil de mantener bajo vigilancia a presos liberados. Sin embargo, sigo creyendo que este proceso sería mucho más fácil si Estados Unidos asumiera la responsabilidad de algunos de sus errores.

P: ¿Van a recibir los países de acogida algo del gobierno estadounidense a cambio?

R: Creo que cabe esperar que se produzcan negociaciones entre bastidores…

P: En España, el principio de jurisdicción universal podría permitir a los ex prisioneros demandar al gobierno estadounidense pero, cediendo a la presión diplomática, las leyes que lo recogen van a ser seriamente recortadas, lo que va a hacer imposible emprender algunas acciones legales contra el gobierno de Estados Unidos. ¿Hay algún lugar en el que los prisioneros liberados tengan la posibilidad de emprender acciones legales contra sus captores? ¿Existe algún trato entre los países de acogida y Estados Unidos para evitar que pueda suceder algo así?

R: No soy un experto en la materia, pero tengo entendido que algunos países pueden emprender acciones legales contra funcionarios de alto rango. No obstante, lo que más me interesa es si el gobierno de Obama –o, más concretamente, el fiscal general Eric Holder, puesto que es su responsabilidad– va a designar a un fiscal independiente para que investigue los crímenes de la administración Bush, como se ha insinuado en los últimos días (véase mi artículo al respecto).

Sabemos que Obama es reacio a hacerlo pero, como ya he dicho, en última instancia no es cosa suya y la cruda realidad es que si Holder no investiga los delitos de la administración Bush (porque la tortura es un delito según la ley estadounidense), habrá demostrado que los funcionarios estadounidenses de más alto rango pueden quebrantar tantas leyes como se les antoje siempre y cuando acaben dejando su cargo al final del mismo, y eso, simplemente, no es aceptable.

—

NOTA: Pocos días después de la realización de esta entrevista el periodista Sami Al Hajj (un cámara de Al Yazira al que las autoridades estadounidenses mantuvieron seis años encerrado en Guantánamo sin presentar nunca cargos en su contra y que fue liberado en mayo 2008) anunciaba su intención de presentar junto a otros antiguos prisioneros una demanda conjunta contra George Bush y otros altos cargos de su administración por la detención ilegal y las torturas que sufrieron durante su cautiverio en Guantánamo. Para ello, han creado una nueva organización llamada Guantánamo Justice Centre, con sede en Ginebra y dirigida por el ex-prisionero británico  Moazzam Begg, que se dedicará a reunir las pruebas necesarias y estudiará la mejor manera de demandar a la administración Bush, lo que probablemente harán en un tribunal europeo.

A principios de año el gobierno israelí recomendó a sus militares no viajar a España, Francia, Reino Unido y los países nórdicos porque podrían ser detenidos y juzgados por crímenes de guerra, tal como le sucedió en 1997 al dictador Pinochet. Si la reforma de la Justicia Universal española prospera los culpables de crímenes contra la humanidad podrán seguir paseando su impunidad por el mundo. Contra la propuesta del PP y del PSOE se han alzado más de 100 organizaciones sociales.

La recomendación del gobierno israelí  tuvo lugar el 25 de enero, apenas una semana después de que acabase la ofensiva israelí contra Gaza que asesinó 1400 palestinos en poco más de veinte días. Era la respuesta a las denuncias de numerosos organismos internacionales y de defensa de los derechos humanos contra la comisión de crimenes contra la humanidad y que exigían la apertura de procesos judiciales en los tribunales internacionales y nacionales.

El gobierno israelí también  anuncia una resolución para regir la protección legal y política de los militares que fuesen denunciados fuera del país por crímenes de guerra.

Palestino golpeado y esposado por soldados israelíes durante la primera Intifada. (c) Javier Bauluz /PIRAVÁN

Cuatro días después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acepta a trámite una querella por los ataques israelíes que se produjeron sobre Gaza en el año   2002   y que mataron a 14 personas (un presunto líder de Hamás y el resto civiles), imputando al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer junto a seis militares israelíes.

Inmediatamente, la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, que en esos momentos encabezaba candidatura en plena campaña electoral israelí, realiza unas declaraciones en la que dice que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le ha prometido reformar el sistema judicial para evitar este tipo de acciones. A su vez Moratinos en una entrevista radiofónica reconoce la existencia de la gestión y asegura que se hará lo posible para modificar la normativa española.

-  En marzo, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pide a la Fiscalía que le informe de si debe investigar la querella interpuesta contra seis abogados norteamericanos considerados los “responsables jurídicos” de la creación del centro de detención de Guantánamo. Tras la negativa de la Fiscalía, el caso es asumido por el juez Eloy Velasco quien remite una rogatoria a Estados Unidos en la que pide ser informado si ha realizado alguna investigación en relación a la cárcel de Guantánamo. Paralelamente, ante la desclasificación de los documentos elaborados por los asesores de la Administración Bush, en los que se definía el marco legal para que la CIA empleara la asfixia y el ahogamiento simulados y otras prácticas coercitivas en interrogatorios, el presidente Barack Obama prometía que los ejecutores de las torturas no serían juzgados, aunque dejaba la puerta abierta para los responsables políticos.

El 27 de abril, Garzón abre  una causa para investigar a los posibles “autores materiales, inductores, cooperadores necesarios y cómplices” de los delitos de torturas cometidos en el centro de detención norteamericano de Guantánamo basándose en la desclasificación de los mencionados documentos en los que “se constata lo que antes se intuía: un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido”, apunta el magistrado en el auto.

La noticia tiene gran impacto en Estados Unidos, se convierte en portada de los principales periódicos, es aplaudida por las organizaciones de derechos humanos y rechazada por numerosos representantes del partido republicano, pero también del demócrata, un sector del cual quiere cerrar este asunto del que estaban al tanto durante el mandato de Bush.

- El 5 de mayo, el juez Santiago Pedraz pide a China que le permita interrogar como imputados a tres ministros y cinco altos cargos de su gobierno por su presunta implicación en la represión que se produjo en Tíbet en marzo de 2008, cuatro meses antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín. La acusación es “crimen contra contra la humanidad por la supuesta causación intencionada de muerte o legiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad “.

Inmediatamente, el gobierno chino advierte a España que sus relaciones se pueden ver afectadas si la querella sigue adelante.

Último paseo de Pinochet como presidente. (c) Javier Bauluz /PIRAVÁN

Y el 21 de mayo, todos los partidos políticos españoles, salvo IU-ICV, BNG y ERC, acuerdan aprobar una enmienda antes de que finalice el año por la que los jueces españoles sólo podrán abrir causas referidas a otros países cuando “quede acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad español” y, en todo caso, solamente si un Tribunal Internacional o del país donde ocurrieron los hechos no está llevando a cabo diligencias efectivas.

Y la respuesta de la sociedad civil española tampoco se ha hecho esperar: Más de 100 organizaciones de derechos humanos y profesionales del sector jurídico, y más de 300 personas del ámbito de la Justicia, la Universidad y el Periodismo han hecho público un Manifiesto contrario a  la reforma legislativa que introducirá limitaciones al Ejercicio de la Justicia Universal en España. En el cuarto apartado apuntan:

“España, país pionero y referente en el desarrollo y aplicación de este principio, debe sentirse orgullosa de la asunción por sus tribunales de la universalidad de su jurisdicción penal como expresión de su compromiso solidario con el carácter universal de los Derechos Humanos y de la lucha frente a la impunidad de los más graves crímenes, contribuyendo así a la defensa del  derecho de sus víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

Hablamos con Manuel Ollé, el presidente de la ONG más antigua de España y principal impulsora del principio de Justicia Universal en España, Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).

“La pregunta es tenemos una doble justicia, un doble rasero según el país que sea respecto del cual se esté enjuiciando un determinado crimen. O por el contario los Derechos Humanos son como su nombre indica son universales e iguales para todos. Es lamentable que esta reforma haya surgido como consecuencia de estas presiones“.

¿Por qué la Justicia Universal ha tenido tanta implantación en España?

Como explica el presidente de APDHE en el video, pese a que muchos otros países son igualmente firmantes de los distintos Tratados de Derecho Internacional ante los que la Justicia Universal responde en España, han introducido fundamentalmente dos especificaciones que limitan su desarrollo: la exigencia de que el delito tenga relación con el Estado que va a juzgar y la no admisión de la “acción popular”, es decir, que cualquier interesado puede presentar una denuncia aunque no le afecte de forma directa y que permite a las organizaciones de derechos humanos sostener una acusación aunque el fiscal se oponga.

El big bang de la Justicia Universal Española surgió con el Auto de detención a Augusto Pinochet dictado por el Juez Baltasar Garzón en 1997. El auto se ampara en numerosos tratados internacionales y señalaba que “los crímenes de esta naturaleza son imprescriptibles, sus responsables no disfrutan de inmunidad diplomática ni pueden obtener estatuto de refugiado ni asilo político, y todos los Estados del Mundo están obligados a perseguirles y a colaborar en la persecución que de tales crímenes hagan otros Estados”.

Finalmente, no pudo ser juzgado por genocidio pero la mecha estaba encendida. Era la primera vez que un dictador reconocido internacionalmente veía su impunidad en peligro, el debate dominó los espacios públicos durante todo el proceso y, sin lugar a dudas, se convirtió en un precedente para los delitos posteriores.

En el año 2000, el Tribunal Constitucional ratifica la potestad de la Audiencia Nacional para juzgar el genocidio guatemalteco de los indios maya por el que 200.000 personas fueron desaparecidas en los años ochenta y principios de los noventa denunciado por  Rigoberta Menchú. En el siguiente video pueden ver algunos testimonios de mujeres víctimas de aquel conflicto:

En la actualidad hay abiertas trece causas en la Audiencia Nacional. Entre ellas, la muerte del cámara de televisión José Couso durante la invasión de Irak, el supuesto genocidio cometido por el gobierno chino contra la población del Tibet  y crímenes de tortura, una querella de supervivientes españoles del Holocausto contra miembros de las SS residentes en EEUU, el supuesto genocidio y torturas y desaparición de cientos de saharauis cometidos por trece altos cargos marroquíes, y el asesinato de seis jesuitas por parte del ejército salvadoreño en 1989, entre otros. La querella de este último caso fue presentada por APDHE e investiga a 14 militares.

Además de las presiones diplomáticas ejercidas por los países con importante influencia económica en España durante los últimos meses, Estados Unidos, Israel y China, los detractores de la Justicia Universal pura ejercida en España sostienen otros dos argumentos: su coste y un ánimo de protagonismo por parte de los jueces que la desarrollan. Sin embargo, los casos derivados de este principio sólo representan el 0.005 % de los casos pendientes en España  y en cuanto a la razón que mueve a estos jueces, según las organizaciones de derechos humanos, importantes representantes del mundo jurídico y ellos mismos, sólo están cumpliendo con el papel que la ley establece.

Manifestación de familiares de desaparecidos en Chile. (c) Javier Bauluz / Piraván

El desarrollo del Principio de la Justicia Universal fue el resultado de la suma de los diferentes tratados y convenios jurídicos internacionales que se han ido elaborando desde la construcción de las Naciones Unidas con el objetivo de regir unas relaciones internacionales en las que el uso de la fuerza se fuese reduciendo a la vez que el marco de protección de las víctimas se reforzaba. La suma de diversos factores (un corpus de organismos de derechos humanos fuertemente implicados en su desarrollo, un marco legal favorable, una generación de jueces formados en el derecho internacional y el vínculo histórico con Latinoamérica, uno de los continentes con mayor índice de crímenes contra la humanidad) ha favorecido la implantación de un principio que ha convertido a España en un referente de la defensa jurídica de los Derechos Humanos y en un foco de esperanza para las víctimas de los grandes crímenes contra la humanidad. Sólo uno de estos casos, el que condenó al ex capitán argentino Adolfo Scilingo, penado por un delito de lesa humanidad durante la dictadura argentina, ha terminado en jucio y condena. Sin embargo, las consecuencias ejemplarizantes así como de visualización de las víctimas, de los victimarios y, sobre todo, de la desaparición de la impunidad conllevan la generación de corrientes de opinión y debate en los propios países donde acontecieron los crímenes desestabilizando los países sometidos a dictaduras y generando debates de opinión en los democráticos que pueden terminar incluso en procesos judiciales en los propios países donde acontecieron.

El consejero jurídico de Human Rights Watch, Reed Brody, lo confirma así: “Yo puedo dar testimonio de la importancia de los casos iniciados aquí en España sobre Guantánamo para el debate en Estados Unidos en torno a las responsabilidades de los arquitectos de la política de maltratos y torturas en la llamada guerra contra el terror”,

Sin embargo, son numerosas las ocasiones en las que estos países argumentan estar investigando estos crímenes para impedir su procesamiento en el exterior, una de las premisas que la reforma propuesta recoge para imposibilitar estos procesamientos. Este ha sido el caso que nos explica a continuación Viviana Waisman, presidenta de Women´s Link Worldwide, una organización internacional dedicada al “avance de los derechos de las mujeres a través de la implementación de los estándares internacionales de derechos humanos y del trabajo estratégico con las cortes, incluyendo el litigio estratégico”.

Para escuchar la entrevista pincha sobre el play

[audio:http://blip.tv/file/get/Piravan-EntrevistaAVivianaWaismanDirectoraWomensLinksWordlwidePo269.mp3]

Violación como Tortura en la Justicia Universal

Solamente las víctimas que representan los casos investigados en la Justicia Universal en España en estos momentos ascienden a cientos de miles de personas que fueron asesinadas, desaparecidas, violadas y torturadas, entre otras barbaries. Los agresores cuentan con ya con la protección de la inexistencia de una Corte Penal Internacional suficientemente efectiva, con el silencio internacional y con su poder económico, político y social. La reforma de la Justicia Universal sólo desprotegería más a los más desprotegidos.

Reed Brody, el consejero de justicia de Human Rights Watch, define con esta contundencia la situación:

“Si para muchos España está simbolizada por los equipos de fútbol, por Cervantes o por el Prado, para las víctimas y para los defensores de derechos humanos a través del mundo, España se ha convertido en una referencia en la lucha internacional contra la impunidad. Desde el caso Pinochet, España ha sido sinónimo de justicia. No nos decepcionen”.

• “No he recibido ninguna llamada de la embajada después de la notificación”

• “España hace la vista gorda con Marruecos; si las relaciones están bien, cruzan menos inmigrantes, pasa menos hachís…”

Hoy en P+DH, entrevistamos a Rafa Marchante, fotoperiodista, que este viernes se ha convertido en noticia porque el Gobierno de Marruecos, donde lleva trabajando 3 años para la agencia Reuters, ha decidido que no le quieren por allí. No le renuevan el permiso de trabajo. O para que nos entendamos: que le echan del país.

Rafa Marchante fotografiando, fotografiado por Luis de Vega

“Es una expulsión velada“, como nos cuenta Rafa a través de Internet todavía desde Rabat, donde está “a la espera de noticias”. Mientras tanto, sigue a la espera de que el Gobierno de España tenga algo que decir.

P+DH: ¿Qué supone exactamente que te retiren el permiso de trabajo?

Rafa Marchante: Pues que si ahora mismo publicara una foto estaría cometiendo una ilegalidad al no tener el permiso del Gobierno para trabajar.

P. Tu delito debe ser terrible…

R. En realidad lo que pasa es que mi trabajo molesta, y por eso se agarran a todo para expulsarme.

Una de las fotos publicadas en el reportaje de Interviú, excusa para expulsar a Marchante

En la última reunión que tuve en el ministerio me dijeron que estaban molestos porque había publicado un reportaje en Interviú. El reportaje era espinoso porque denunciábamos el negocio lucrativo que se había creado alrededor de un santo con supuestos poderes para curar los problemas psíquicos, y para desenganchar a jóvenes de la droga. Según ellos, el problema era que como yo no estaba acreditado en Marruecos por Interviú pues no podía trabajar para ellos, cosa que tanto yo como otros compañeros hemos hecho y nunca pasó nada. Es una excusa más para expulsarme. En esa misma reunión me acusaron de pasarles informes al gobierno de estado unidos. A mí me dió la risa.

P. No es la primera vez que tienes problemas con las autoridades marroquíes.

R. No, el año pasado también me estuvieron amenazando con la expulsión porque se molestaron por una foto que le hize al Rey. Pero lo  que ha molestado este año ha sido que he trabajado el problema de los diplomados en paro, que se manifiestan todos los días desde hace un año en frente del paralamento de rabat pidiendo trabajo. La policía carga duramente contra ellos y ellas.

P. ¿Y contra ti?

Costado de Rafael Marchante el mayo de 2008 tras una manifestación que cubrió como periodista

R. Si, he sido agredido tres veces durante las manifestaciones. En la primera agresión me patearon entre varios miembros de la Fuerzas Auxiliares, me rompieron mi acreditación de prensa, y unos de ellos me robó la cámara de fotos, valorada en 6.000 euros. Ni el Gobierno Marroquí ni la embajada española hicieron nada.

P. ¿Has recibido alguna llamada del Gobierno de España después de que Marruecos te comunicara que no puedes seguir trabajando?

R. A día de hoy no he recibido ninguna llamada de la embajada de España. Yo informé al consejero de prensa el viernes a las 12 y él me respondió “el lunes se lo comentaré al embajador”. El embajador se enteró un día después porque se encontró a un periodista en la medina de Rabat… Se tendría que reflexionar sobre qué tipo de cobertura diplomática tenemos los españoles en Marruecos.

P. ¿Te da la sensación, por casos como este o por la situaciones de los subsaharianos en el país, de que hay una cierta impunidad o “vista gorda” de España respecto a Marruecos?

R. Por supuesto que la hay. Y este es un caso claro. ¿Qué habría pasado si en vez de mí hubiera sido un fotógrafo francés o americano el que recibiera una agresión como la mia? Yo estoy seguro que sus embajadas habrían protestado enérgicamente; nuestra embajada ni siquiera hizo una queja formal sobre mi agresión.

P. ¿Hay un sentimiento generalizado de que España tiene desprotegidos a los corresponsales españoles en Marruecos?

R. Sí que lo hay. El año pasado intentaron expulsar a dos compañeras Carla Fibla de la SER y Beatriz Mesa de la COPE y al final tuvo que intervenir la ministra De la Vega. Pero solo reaccionaron cuando los corresponsales hicimos una carta denunciando el acoso al que esábamos sometidos, tras 4 meses aguantando presiones de todo tipo por parte del Ministerio de la Comunicación marroquí, que ha tomado la desagradable costumbre de coaccionar a los corresponsales españoles. Ellos saben además que tienen carta blanca porque ya saben cómo se ‘preocupa’ nuestra embajada por nosotros.

P. ¿A qué crees que se debe esa permisividad de España?

R. Pues por el bien de las buenas relaciones. Si las relaciones están bien cruzan menos inmigrantes, pasa menos hachís, etc. y estos elementos los saben utilizar muy bien las autoridades marroquíes cuando se sientan en una mesa de negociaciones.

P. Si esto os pasa a vosotros… ¿qué no les pasará a los periodistas locales?

R. Ya ves. Algunos van a juicios, incluso alguno ha pisado la cárcel, o se cierran publicaciones…

P. ¿Crees en el periodismo?

R. Yo creo que el periodismo es indispensable en todos los países del mundo; es un controlador de las injusticias y los periodistas que nos dedicamos a esto tenemos que adquirir este compromiso moral con la profesión. Por eso yo estoy tranquilo porque me expulsan por ser fiel a este compromiso. Denunciar realidades injustas haciendo fotos me parece un regalo del destino

Manifestaciones como esta, fotografiada por Luis de Vega, son las que Marruecos no quiere que conozcamos

[ACTUALIZACIÓN] El gobierno marroquí reitera su decisión de no renovar la acreditación de Rafael Marchante como fotógrafo de Reuters en Marruecos, y lo declara “adversario político” aunque asegura que “nunca pidió su expulsión”. (más)

[ACTUALIZACIÓN] Buenas noticias. El ministerio de comunicación marroquí ha decidido renovar la acreditación de Rafael Marchante. Esta decisión, según las fuentes de la agencia pública de noticias marroquí, ha sido tomada tras una serie de contactos entre el ministerio y la agencia de noticias británica Reuters.