Análisis

El Estado de derecho no puede ser el principal obstáculo para el cumplimiento del deber del Estado. Sin embargo, así se ha planteado incansablemente durante las semanas que ha durado el secuestro del Alakrana. “El gobierno tiene que traer de vuelta a casa los pescadores como sea. Para eso apenas hay límites. Lo de la justicia es otra cosa“. Éste ha sido el mensaje que importantes creadores de opinión de nuestro país han repetido hasta la saciedad. Pero, ¿realmente puede el interés del Estado encontrar en el Estado de derecho un obstáculo? ¿Qué se está diciendo realmente cuando se plantea el cumplimiento de la justicia como un error? ¿Por qué el caso del Alakrana ha roto con alguno de los consensos más básicos sobre los pilares de la democracia?

A continuación analizamos las tres principales ideas cuestionables que han dominado el debate en torno al secuestro del Alakrana:

El juez ha cometido un gravísimo error al abrir una causa a los dos presuntos piratas extraditados a España. Lo ha complicado todo.

O  El juez ordena traer a España a los dos piratas, como aún podemos leer en algún medio de comunicación.

Los dos somalíes fueron detenidos y extraditados a España por órdenes del Gobierno español. Una vez que la abogacía del Estado presenta el caso en la Audiencia Nacional el juez, en este caso estaba de guardia Baltasar Garzón, tiene la obligación de iniciar el procedimiento judicial.
Pero desde muchos ámbitos se achacó la decisión al juez, se rechazó de repente y sin precedentes el papel de la Justicia en este caso de crimen organizado porque se presentaba, de nuevo sin precedentes, a la justicia como un obstáculo para la consecución de los objetivos más inmediatos, la liberación de los secuestrados. Se han presentado los vacíos y las juegos de equilibrio legales como las mejores vías para solucionar “el desaguisado que había montado la justicia” y poder así liberar a los dos presuntos secuestradores inmediatamente.  Se ha presentado a los abogados defensores como otro escollo a esquivar y, sobre todo, se ha presentado a la justicia como un impedimento molesto para saltarse la legalidad.

Según nos explica el catedrático de Derecho Internacional Público y director del Insituto de Estudios Europeos de la Universidad de Coruña, José Manuel Sobrino Heredia, “los jueces han hecho lo que tenían que hacer”. Y apostilla que, desde el punto de vista de la gestión del gobierno “el interés de Estado hubiera permitido que los dos supuestos piratas fueran trasladados a Kenia para ser juzgados allí, con quien la Unión Europea tiene convenios, donde existe el delito de piratería e, incluso desde el punto de vista de los derechos humanos, es más recomendable por la cercanía con el lugar de lo hechos. Eso no hubiera significado una afrenta al Estado de Derecho, que a lo que obliga al gobierno es a operar para que estos somalíes sean juzgados. Esto fue la oportunidad perdida”.

Hay que pagar el rescate que sea y rápido.
España es un país experimentado en la lucha contra el terrorismo, que se ha negado social, política y judicialmente a sucumbir a los chantajes a los que ETA le ha sometido en numerosos secuestros; donde durante la última tregua de 2008, la oposición acusó al gobierno de estar humillando al Estado por estar negociando con terroristas;  y donde la batalla contra estos se ha librado durante los últimos veinte años principalmente desde el ámbito judicial. Sin embargo, como ha sucedido en anteriores ocasiones con los secuestros de españoles en el extranjero, los más recientes el del fotoperiodista José Cendón o los tripulantes de la embarcación Playa de Bakio y ahora con el caso del Alakrana, el discurso general ha cambiado radicalmente. Se ha exigido el pago del rescate desde la mayoría de los ámbitos “el que sea y rápido “. ¿Por qué mantener posiciones distintas frente al crimen nacional e internacional?

Hay que armar a los buques pesqueros que fanean en esa zona. De lo contrario estaríamos abandonando a nuestros pescadores, a nuestra gente.
Esta idea, que sí ha encontrado una mínima oposición, ha dado lugar a una curiosa situación. Así como sí se podía plantear esta idea, no se admitía de buen grado el cuestionar la permanencia de flota pesquera en esta región, no sólo por cuestiones de seguridad sino también en términos de mercado justo. Introducir elementos nuevos en el debate público se consideraba enturbiar el ambiente de unidad necesario para la consecución de la liberación.  Sí se podía exigir la incorporación de seguridad privada o militar en la flota pesquera española que faena en esta región, pero no se podía cuestionar su permanencia.

A través del secuestro del Alakrana, públicamente, se  ha criminalizado la justicia, se ha embargado el principio de no aceptar chantajes ni sobornos de los criminales y se ha aceptado sin debate previo el endurecimiento de las condiciones en las que se va a desarrollar la pesca española en aguas internacionales. ¿Por qué? Mucho lo achacarán a la necesidad de responder a la desesperación de las familias y las víctimas. Sin embargo, ahora que está resuelta la situación, es el momento de plantear cómo nos enfrentaremos a situaciones similares en el futuro. Cómo defenderemos el Estado de derecho, la legalidad, frente al ataque de los criminales.