P+DH – el blog de la redacción de periodismohumano

Quien hace la ley hace la trampa pero en esta ocasión la trampa la puso el traductor. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en contra de lo que dice la versión española del Acuerdo Schengen, España no está obligada a expulsar a los inmigrantes irregulares [PDF]. Se trata de un error en la traducción de la directiva.

El texto en español [PDF], en su artículo 11, dice que la persona “será expulsada”:

1. Cuando el documento de viaje de un nacional de un tercer país no lleve sello de entrada, las autoridades nacionales competentes podrán presumir que el portador no reúne o dejó de reunir las condiciones de duración de la estancia aplicables en el Estado miembro de que se trate. […]
3. De no refutarse la presunción a que se refiere el apartado 1, el nacional del tercer país será expulsado por las autoridades competentes del territorio del Estado miembro de que se trate.»

Inmigrantes senegaleses deportados llegan a su país. Foto:marchaigualdad.blogspot.com

En la versión original el “será expulsado” es un “podrá ser expulsado”, modificando así la naturaleza de la sanción que no se plantea como una obligación, y que deja en manos de la legislación de cada país su aplicación, como recuerda la sentencia del Tribunal de Justicia:

En su versión en español, dicho apartado impone una obligación, en la medida en que prevé que, si no se refuta la presunción, el nacional de un tercer país «será expulsado» del territorio del Estado miembro de que se trate por sus autoridades competentes. En cambio, en todas las demás versiones lingüísticas, la expulsión aparece como facultativa para dichas autoridades.

De hecho, la ley de extranjería española, que está siendo reformada, ya recoge que la expulsión puede ser sustituida por una multa de hasta 6.000 euros. Una práctica que se lleva a cabo de forma desigual en España, donde las resoluciones judiciales varían ante un caso de similares características en función de la sala donde se tramite. El propio Tribunal Supremo ha dictado multitud de sentencias (como ésta, PDF) donde afirma que la sanción a imponer ante estas “faltas graves”, como las denomina la ley, es la de multa y no la de expulsión pues no existe un plus que justifique la sustitución una por la otra.

Ése es el caso de los inmigrantes bolivianos que motivaron la sentencia del Tribunal europeo, ambos recibieron en el año 2006 una orden de expulsión de la Delegación del Gobierno de Murcia y la prohibición de pisar el territorio Schengen durante cinco años. Presentaron un recurso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la comunidad por considerar que la decisión era desproporcionada y pidieron su sustitución por una multa. El TSJ de Murcia ha recurrido [PDF] al Tribunal de Justicia de la UE para preguntarle sobre si el Derecho comunitario obliga o no a expulsar a los inmigrantes sin papeles, y el organismo europeo asegura que esa no es la intención del Acuerdo.

La voluntad real del legislador no fue imponer a los Estados miembros de que se trata la obligación de expulsar de su territorio al nacional de un tercer país que no consigue refutar la presunción contemplada en el apartado 1 de dicho artículo, sino dejarles la facultad para hacerlo.


El protagonista del “vídeo de Barajas” habla para P+DH

Es la primera vez que Massamba Secki es entrevistado en España. Este joven senegalés no es conocido por su nombre sino por un vídeo en el que varios policías españoles le atan e inmovilizan junto a la escalerilla del avión en el que iba a ser deportado a Dakar. Las imágenes, grabadas y colgadas en Youtube por uno de los pasajeros que esperaba en la sala de embarque, y de las que ya informamos en P+DH, ocuparon durante unas horas las portadas de los medios españoles y provocaron la condena de las organizaciones sociales y del gobierno de Senegal. Desde entonces nadie ha dado noticias de la identidad, el paradero y la historia del joven senegalés, solo reacciones policiales contradictorias y mutismo oficial.

Por favor, active Javascript y Flash para poder ver el vídeo Blip.tv.

Hasta ahora Massamba ha estado oculto, con el miedo de volver a ser detenido e intentando olvidar la vergüenza que sintió aquel día. “No quería contarlo, me duele por mí, por mi familia, por mis amigos … Así no se trata a una persona, ni a los animales los tratan así”. Massamba, que lleva 5 años en España, fue detenido en Algeciras y recluido 37 días en el Centro de Internamiento de Extranjeros, de allí lo llevaron al CIE de Madrid donde pasó tres días hasta que lo trasladaron al aeropuerto de Barajas. Al llegar le notificaron que iba a ser deportado, le colocaron una camisa de fuerza y fue escoltado por los agentes hasta la escalera del avión. Una vez allí, “me amarraron (la camisa de fuerza) y les dije: `para llevarme a mi país no me tienes que amarrar como a un esclavo´, y el policía me dijo: `como un esclavo no, pero te vamos a amarrar como a un perro´”. Massamba niega haberse mostrado violento como denunció la policía y dice que sólo opuso resistencia cuando uno de los agentes le dobló el brazo. “Me resistí porque me hacía daño. Me tiraron al suelo y empezaron a amarrarme con cinturones. Un agente me arrastró y otro me puso el pie en la cabeza. Así me tuvieron 25 ó 30 minutos”

Tras ese tiempo lo trasladaron a la comisaría del aeropuerto de Barajas. “Al  tirarme a la furgoneta me lastimaron el brazo, y en la comisaría me dejaron tirado dos horas, con los cinturones amarrados…No podía respirar bien, les pedí que me soltaran y no me hicieron ni caso, después me dijeron que estaba libre”. El senegalés firmó un documento con el que fue puesto en libertad. “Le dije al policía que me diera una copia y él dijo que no me iba a dar nada. Me acompañaron hasta el metro y me dijeron `vete´¨.

Massamba ha puesto su caso en manos de la embajada senegalesa y quiere que se investigue porque está seguro de que su experiencia pueden haberla vivido otros que no hayan tenido la suerte de que alguien los grabara. Él mismo no sabía que existían imágenes de su fallida deportación. “Encendí la televisión y lo ví. Me llevé dos días sin comer, llamé a mi familia y estaban todos llorando porque pensaban que estaba muerto, cuando mi padre cogió el teléfono decía `gracias a Dios, gracias a Dios´… desde que vieron las imágenes en la televisión mi familia está destrozada.

Desde un cibercafé de Algeciras nos cuenta que hace cinco años que salió de Senegal, como tantos otros, para mantener a los suyos. Llegó en patera y su primer trabajo fue vendiendo cds en el top manta. Lo detuvieron, y le dieron la orden de expulsión de la que huía hasta que lo volvieron a arrestar en mayo. Durante este tiempo trabajado por temporadas en campañas de recogida de fruta y como peón en el puerto de Algeciras. ” Siempre he trabajado, me gano la vida con mi sudor, pero ahora ¿qué puedo esperar de los españoles si me trataron así? ¿qué puedo esperar del gobierno de España si es el gobierno el que me trató así? … la ley es la ley, existen leyes de extranjería en todo el mundo y nadie puede pasar por encima pero si tienen que expulsarte que lo hagan con un trato digno y humano, no salvaje”


  • El autor del vídeo de Barajas habla para P+DH desde Senegal
  • Las versiones policiales son contradictorias y niegan un trato indigno
  • Asociaciones profesionales de abogados están investigando el caso

Lydia Molina / Juan Luis Sánchez

Su vídeo se ha convertido en uno de los más vistos del día en los medios de comunicación, pero casi nadie le ha llamado desde España para saber qué ocurrió. Lamine Mbengue, productor audiovisal senegalés que vive y trabaja en España, grabó cómo la Policía Nacional reducía a un inmigrante al pie de un avión con unos métodos que han condenado varias organizaciones sociales.

Lamine se disponía a subir a ese mismo avión con destino Dakar el pasado martes 16 de junio. Antes de comenzar a embarcar, “vimos que la Policía intentaba meter a una persona en el avión, pero que éste no quería subirse. Nosotros podíamos ver a la Policía, pero ellos a nosotros no”. Lamine, como el resto del pasaje – “españoles, franceses, senegaleses” – observó “cómo uno de los policías le pegaba”. Y entonces “saqué mi cámara”.

“Le han pegado, le han metido una cosa en la boca para que no gritara, le han atado… le han tratado como a una oveja. No es normal”, comenta Lamine. “Nosotros sabemos que hacer volver a un senegalés así a su país es como matarlo, porque matas la esperanza de toda su familia”. Lamine niega que su compatriota mostrara una actitud agresiva: “no intentó pegarle a la Policía. Es solo un chico que no quería subir a un avión. ¡Ya está!”.

Surgió entonces “un movimiento de solidaridad con esta persona maltratada entre los pasajeros”, que no querían subir al avión para impedir que saliera con el inmigrante a bordo. Tras más de 8 minutos inmovilizándolo, la Policía subió al detenido a la furgoneta y le perdieron de vista.

Reacciones policiales contradictorias

Las declaraciones de las diferentes fuentes policiales no coinciden. Tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como la Conferación Española de Policía (CEP) han sostenido que el ciudadano senegalés es un inmigrante en situación irregular procedente del Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras que “ha sido puesto en libertad instantes después del incidente” porque “el plazo para su repatriación”, tras el máximo legal de 40 días, “expiraba el martes”. Sin embargo, fuentes de la Policía Nacional han asegurado que el detenido es “un delincuente con antecedentes” que, al mostrar resistencia a ser deportado, “fue trasladado a dependencias policiales”.

Por otro lado, el sindicato mayoritario de policías reclama a las autoridades que les indique claramente hasta qué punto pueden ejercer la fuerza en estos casos. La respuesta está en las Normas de Actuación en las Repatriaciones (…) (pdf), aprobadas en septiembre de 2007 por el Ministerio del Interior, que establece que los expulsados que se resistan “podrán ser inmovilizados por medios que no pongan en peligro su dignidad e integridad física” (punto 4.3.8).

En el minuto 5:25 del vídeo se aprecia cómo uno de los agentes tapa la boca del detenido, ya inmovilizado en el suelo. La CEP acusa a una de las organizaciones que han denunciado los hechos de “mentir de forma temeraria al afirmar que a los inmigrantes ‘se les pone un bozal’”. Hace menos de un mes, el Defensor del Pueblo ha tenido que reclamar que “no se obstruyan las vías respiratorias”.

La Asociación de Abogados Europeos de Inmigración (ABEDIE) y la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM) han confirmado a P+DH que están investigando el caso y que lo han puesto en conocimiento del Colegio de Abogados de Madrid.

Senegal, pendiente del caso

La noticia está ya en todos los medios senegaleses, según cuenta Lamine: “todo el país quiere saber dónde está el chico, si está vivo o muerto, si tiene problemas, si le han maltratado mucho y qué van a hacer con los policías que han hecho una cosa así. Si el Gobierno de España no dice nada, es que está de acuerdo con lo que ha hecho la Policía”.


Según cifras de 2008, el 11,3% de la población censada es extranjera y cada cierto tiempo tienen que poner en orden sus permisos de residencia y de trabajo. No queremos dar datos, sino mostraros lo que  diariamente se ve y vive durante las interminables esperas para formilizar o actulizar los papeles que a este 11,3% les permite estar en España. Y lo hacemos de la mano de Roger Casas-Alatriste quien ilustra la situación con Otro día, en extranjería.

Otro Día, En Extranjería from Roger Casas-Alatriste on Vimeo.

Desde la primera vez que estuve ahí, hace cuatro años cuando hice 11 horas de cola para que luego me rechazaran la solicitud por una imprecisión en un documento, hasta el día de hoy, las visitas a la Delegación de Extranjería de la Avenida de los Poblados en Madrid resultan siempre una experiencia nefasta.

En los últimos cuatro años he acudido para hacer todos los trámites concernientes a mi permiso de residencia y trabajo: ingresar solicitudes, poner huellas digitales y recoger credenciales -la original y dos renovaciones-  más las muchas otras veces que hay que regresar al día siguiente por tener información errónea sobre los documentos a presentar, o por no saber las fechas u horarios en los que se reciben (los teléfonos de información están colapsados siempre y en la entrada al edificio hay fotocopias improvisadas que dan ciertas instrucciones sobre algunos procesos) por lo que calculo que voy a la Brigada de Aluche una media de tres veces al año.