“Hoy es 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos (…) yo, que soy defensora de los Derechos Humanos, estoy en huelga de hambre desde hace 25 días a causa de la injusticia y de la falta de respeto de los Derechos Humanos”.

Aminatou Haidar ha enviado una carta en la que ha recordado a “los compañeros encarcelados, sufro pensando en los siete activistas de Derechos Humanos que, por decisión arbitraria del gobierno marroquí, van a comparecer ante un tribunal militar y son amenazados con la pena de muerte. Pienso también en la población saharaui, oprimida y reprimida diariamente por la policía marroquí en el Sáhara Occidental. Y pienso en su futuro”.

Rueda de prensa de Aminatou Haidar

Mientras la salud de la activista saharaui más reconocida internacionalmente se debilita, la sociedad civil ha reforzado las manifestaciones públicas para salvar su vida y su deseo de “abrazar a mis hijos, deseo vivir con ellos y con mi madre, pero con dignidad”. Entre otras, numerosos universitarios se han manifestado en varias ciudades españolas, muchos ayuntamientos apagarán su alumbrado navideño durante veinticinco minutos, una marcha silenciosa y con velas, la Marcha de las Luciérnagas, recorrerá el trayecto que une la Puerta del Sol y el Ministerio de Asuntos Exteriores  y el periodista Pedro Barbadillo ultima el documental sobre la activista saharaui, a la que acompaña desde hace años, y con la que se encontraba cuando fue detenida en El Aaiún. “Aminatou volvía de Nueva York de recoger el Premio al Coraje Civil de la Fundación Train. Hablé con ella y me dijo que era muy probable que la detuviesen a su llegada al Sáhara , por lo que el fotógrafo Pedro Guillén y yo decidimos acompañarle. Nos unimos a ella en Las Palmas y en cuanto llegamos al aeropuerto de El Aaiún, que estaba tomado por el ejército, nos separaron de ella y nos estuvieron interrogando durante siete horas. Nos acusaban de haber cometido un delito gravísimo, de haber grabado objetivos militares (por el aeropuerto) y nos amenazaban con quitarnos los equipos.Se quedaron con las cintas y nos enviaron de vuelta a Las Palmas a las siete de la tarde. Mientras no sabíamos nada de Aminatou. Hasta el día siguiente cuando fue enviada a Lanzarote”.  Barbadillo ya había realizado un documental sobre Haidar, Con el viento de cara, en el que recorría la trayectoria de una mujer que ya en en 1987, con sólo 21 años, por participar en una manifestación pacífica para exigir el referéndum de independencia fue encarcelada sin cargos ni juicio durante cuatro años en las llamadas cárceles secretas, donde fue torturada. En 2005, volvió a ser condenada a siete meses de prisión en un juicio que fue denunciado de irregularidades por un observador de Amnistía Internacional. Gracias a la presión internacional, incluida una resolución del Parlamento Europeo que exigía su liberación, fue puesta en libertad. Desde entonces ha recibido prestigiosos premios e incluso estuvo nominada para el Premio Nobel de la Paz en 2008.

Amnistía Internacional recoge más de 50.000 firmas

La campaña de recogida de firmas de Amnistía Internacional para la liberación inmediata de 8 presos de conciencia y la vuelta al Sahara Occidental de Aminatou Haidar ya cuenta con más de 52.000 firmas dirigidas al primer ministro marroquí. Según Miguel Ángel Calderón, responsable de comunicación de Amnistía Internacional España, “Pueden parecer muchas, y lo son, pero es necesaria mucha presión para que el gobierno marroquí rectifique. No se trata de una situación humanitaria sino de una violación de derechos humanos. Es fundamental no sólo que el gobierno marroquí deje de hostigarla sino que garantice su derecho a la libertad de expresión. Tanto Aminatou como el resto de los presos son de conciencia porque están siendo castigados única y exclusivamente por hacer uso de su libertad de expresión”. Amnistía Internacional hace hincapié en la gravedad y urgencia de resolver la situación y explica que las firmas recogidas “se envían directamente al primer ministro marroquí para hacer la mayor presión y lo antes posible”.

La campaña de AI comenzó por el encarcelamiento de los siete activistas de derechos humanos saharauis y el periodista marroquí que fueron detenidos por Marruecos en octubre. Éste último,director de la publicación semanal Almichaal, fue detenido el 15 de octubre tras publicar un artículo sobre la salud del rey Mohamed VI. Fue declarado culpable de difundir información falsa con “intención maliciosa” y fue encarcelado inmediatamente, a pesar de que la defensa había recurrido contra el fallo. “Está en régimen de aislamiento, no le dejan salir al aire libre tanto tiempo como a otros reclusos y tiene que dormir sobre unas mantas”, nos explican Calderón. En cuanto a los otros siete activistas saharauis, que fueron detenidos cuando volvían de los campamentos de refugiados de Tinduf, forman parte del endurecimiento de la represión que los defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y observadores han sufrido y constatado desde el mes de octubre. Serán juzgados por un tribunal militar que los juzgaran por delitos contra la seguridad y la integridad territorial, y podrían ser condenados a muerte.

Escalada de represión en el Sáhara Occidental

Como recoge la última denuncia de Human Rights Watch sobre el Sáhara Occidental “Marruecos ha adoptado otra medida regresiva para los derechos humanos al impedir las visitas “no autorizadas” de extranjeros a los hogares de activistas saharauis del Sáhara Occidental”. La organización informa sobre cinco visitas de periodistas y abogados españoles a los que se les impidió visitar a reconocidos activistas de derechos humanos porque carecían “del permiso”. Uno de ellos es el abogado Luis Malgrané quien, acompañado por la también abogada Dolores Travieso, fue a El Aaiún como observador del Consejo General de la Abogacía para el juicio de Hassana Alouate. “Antes del juicio fuimos a visitar a Hassan Duihi, miembro de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos. A los diez minutos, varios policías llamaron a la puerta y después de hablar tres minutos con Hassan tuvimos que irnos porque no teníamos el permiso necesario para visitar a alguien en su casa. Yo llevo dos años yendo al Sáhara y nunca me lo habían pedido. No sabían decirme qué permiso”, nos explica Malgrané, quien además es miembro de la junta directiva de la organización Um Draiga, Amigos del Sáhara de Aragón. “Al día siguiente, después de que se suspendiese el juicio de Hassana, decidí viajar hasta Boujdour a visitar a Sultana Khaya, quien había perdido un ojo durante una manifestación pacífica por los derechos de los saharauis en la Universidad de Marrakech, y a quien había conocido en España donde recibió tratamiento. “Nada más bajarme del autobús, donde ella me estaba esperando con un hermano y un amigo, una pareja de policía vestidos de paisano empezó a seguirnos. Cuando llegamos a su casa había un furgón policial y muchos policías esperándonos. Se pusieron ante la puerta y me dijeron que no podía entrar sin el permiso. Me fui a la comisaría con una hermana de Sultana y allí me dijeron que sólo me podía reunir con ella en un lugar público o en un hotel. Cuando me reencontré con Sultana estaba llorando porque estaba enfadada porque esta gente, que les niega tantos derechos fundamentales, ahora ni siquiera les dejaba estar en su casa con quien quisiera. La misma pareja de policía que siempre nos seguía se sentaron en la mesa de al lado de la cafetería donde fuimos. Y se burlaban de ella. Llegaron muchos jóvenes saharauis y más policías y se montó un cristo. A mi me retuvieron dentro y a ella la sacaron. Cuando salí, ya no estaba y a mi me obligaron a coger un taxi e irme de la ciudad”. Luis Malgrané es un buen conocedor del Sáhara Occidental y de las numerosas violaciones de derechos fundamentales que se llevan cometiendo en este territorio desde hace 35 años. Sin embargo, coincide con el periodista Pedro Barbadillo y con los últimos informes de organizaciones internacionales que la situación ha empeorado en los últimos meses y que la declaración del rey Mohammed VI con motivo del 34ª aniversario de la “Marcha Verde” el pasado 6 de noviembre en el que declaró “Una persona o es marroquí o no lo es (). Uno es un patriota o es un traidor. No hay término medio”. Según Luis Malgrané, las razones de este endurecimiento de la postura de Marruecos con respecto al Sáhara es un intento de “frustar las negociaciones. A lo mejor es agarrarse a un clavo ardiendo, pero lo cierto es que desde la llegada de Obama al gobierno estadounidense ha habido un cambio en los planteamientos en la ONU. Ya no se menciona el Plan de Autonomía, y el nuevo delegado de la ONU, Chistopher Ross no tiene nada que ver con su predecesor. Esto ha despertado mucho miedo en Marruecos”. Pedro Barbadillo añade el hecho de que “el Ejército, que es el que en la práctica mantiene la ocupación, ha impuesto al rey una línea más dura”.

Luis Malgrané describe el papel de España en la situación de Aminatou Haidar de “cómplice de un delito. La policía marroquí la metió a la fuerza en el avión, y el piloto llamó al jefe de operaciones para decirle que no podía despegar con una mujer sin pasaporte y que se negaba a viajar a España. El jefe de operaciones hizo una llamada a Madrid, que se sigue sin saber quién fue, que le ordena que la traiga y la dejan entrar en el país, supuestamente porque tenía permiso de residencia y por razones humanitarias. Y después lo del avión medicalizado, que parece que cuando la subieron ya sabían que Marruecos había denegado los permisos para ese vuelo”. España le ofreció a Haidar el estatuto de refugiado y la nacionalidad española, al tiempo que pedía ayuda a la ONU para resolver la situación. En este sentido, Malgrané apunta que “en febrero en la ONU se planteó la ampliación de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental al ámbito de la protección de los derechos humanos.  Si se hubiese aprobado la ONU podría intervenir ahora directamente en el tema, pero España votó en contra. En cualquier caso, España sigue teniendo margen de maniobra. Igual que Zapatero envió al Rey Juan Carlos I a mediar con el presidente argelino Abdelaziz Buteflika con motivo de la crisis del gas, un tema económico, ahora lo podría hacer por un tema de Derechos Humanos”. Éste es el objetivo de la carta que ha sido presentada hoy  por los premios Nobel José Saramago, Darío Fo y Günter Grass dirigida al Rey Juan Carlos y firmada por destacadas personalidades del mundo de la cultura. Apenas unas horas antes el Secretario General de Izquierda Unida, Cayo Lara, haya hecho pública unas horas antes una carta de la Casa Real, en respuesta a una en la que le solicitaba ya su intervención, y en la que el Rey se muestra dispuesto “a hacer las gestiones oportunas” pero que el gobierno español considera que “no es el momento oportuno”.

Aminatou Haidar, en una multitudinaria rueda de prensa, ha declarado esta tarde que “el representante único y legítimo del pueblo saharaui es el Frente Polisario” por lo que es es con éste “con quien Marruecos tiene que negociar su futuro”. Haidar ha cumplido hoy su 25º día en huelga de hambre.

• Unos 160 menores inmigrantes no acompañados están encarcelados en el Centro de Detención de la isla griega Lesbos.
• Tienen entre doce y diecisiete años, la mayoría proceden de Afganistán, Somalia e Irak, viven hacinados en celdas con más de 100 personas y han pasado cuatro días en huelga de hambre por unas condiciones que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura calificó de “abominables”.
• Esto está ocurriendo en un país de la Unión Europea, en Grecia. Y es la segunda vez que ocurre.

El pasado 18 de agosto, unos 160 menores presos en el Centro de Detención de Pagani, en la isla griega Lesbos, comenzaron una huelga de hambre poco después de que tuvieran lugar numerosas redadas policiales de inmigrantes en las principales ciudades del país. Los menores mantuvieron cuatro días la huelga mientras organizaciones internacionales empezaban a lanzar la voz de alarma.

La situación geográfica de Grecia la ha convertido en el principal puente para las personas procedentes de Europa del Este, Oriente Próximo y el Noreste de África que quieren llegar a la Unión Europea. Según fuentes policiales, de enero a agosto de 2008, fueron detenidas 69.845 inmigrantes, casi siete veces que en las mismas fechas en España. Grecia también se ha convertido en el foco negro de las denuncias internacionales sobre las violaciones de derechos humanos a las que son sometidas éstas personas una vez logran alcanzar sus costas. Incluidos los niños.

Hasta hace apenas unos días no habíamos tenido acceso a unas imágenes que mostrasen las condiciones de insalubridad y hacinamiento en las que cientos de personas malviven en los centros de internamiento griegos. Hoy tenemos acceso a ellas gracias a la Plataforma Noborders Camp Lesvos, compuesta por organizaciones antiracistas europeas,  que está dirigiendo una campaña desde la isla Levos contra “la política inhumana para los refugiados del gobierno griego, y un cambio fundamental en las políticas de inmigración europeas”. En el video pueden ver cómo conviven más de 160 niños y adultos en una celda de 200 m2, con las letrinas en el interior, con literas de tres y cuatro camas de altura y colchones tirados por el suelo. Hombres y niños desesperados.

La iniciativa de Noborders Camp Lesvos 09 ha conseguido llamar la atención mundial sobre la situación de estas personas mediante la organización de un campamento en la misma isla del centro en el que están participando más de 150 personas de numerosas nacionalidades. Diariamente se congregan en la puerta del Centro, manteniendo el contacto con los presos e informando a través de una radio online, su web y el twitter. En uno de sus últimos comunicados relatan cómo “los menores están encerrados en la misma habitación, compartiendo un solo baño. Muchos se ven obligados a dormir en el suelo porque las camas son insuficientes. Algunos niños sólo tienen ocho o nueve años. Cincuenta de ellos llevan más de dos meses presos”.

En 2008 llegaron a Grecia más de 1000 menores inmigrantes no acompañados, pero este país sólo cuenta con unas 300 plazas para el cuidado estatal de estos niños. Por lo que según Human Rights Watch “todo niño que entra en Grecia tiene muchas probabilidades de terminar en centros de detención o en las calles”. De hecho, el informe de 111 páginas que elaboró esta organización el pasado año dedicado exclusivamente a este asunto se llamaba “Abandonados para sobrevivir” y denunciaba “las condiciones miserables de vida, la amplia violencia experimentada a manos de la policía y la guardia costera, la explotación en la agricultura y la construcción, y el riesgo que corren de acabar en manos de traficantes”.

Según una de las entrevistas que recoge el informe de HRW, un joven afgano,que había estado retenido 34 días en este centro resumía así las condiciones de éste: “Me enfrenté  a gran cantidad de dificultades ahí… todo estaba muy sucio. En una semana, sólo nos dejaron salir al patio durante 15 o 20 minutos. Nos enfermábamos cada día”.

El viernes pasado la Plataforma Noborders junto a grupos de solidaridad locales celebraron una manifestación delante del Centro que terminó con los gritos de “libertad, libertad” de los defensores de los derechos humanos y de los presos unidos.

El impacto de la manifestación, la denuncia de Human Rights Watch sobre la huelga de hambre de los menores presos y de ACNUR “alarmada por la detención de niños no documentados”, provocó una reacción en el gobierno. El sábado llegó el rumor al campamento de los activistas de que las autoridades habían decidido poner en libertad a 450 personas -en su mayoría familias y niños-. La noticia ya había llegado al centro de internamiento, y cientos de hombres se pusieron en huelga de hambre para pedir su liberación también. Efetivamente, cuando llegaban al Centro miembros de la plataforma un centenar de inmigrantes eran trasladados en autobuses a otro centro desde donde serían liberados. Poco después, un grupo de manifestantes aprovecha la salida de un camión del recinto para entrar y permanecen durante horas  en el patio del centro.

Desde entonces, no se han vuelto a poner en libertad a más inmigrantes, las manifestaciones ante el centro se han mantenido y la presión policial se ha endurecido. De hecho, según Noborders Camp, esta mañana han sido detenidos varios miembros de la campaña y ya han sido puestos en libertad.

ACNUR ha declarado su preocupación por las 850 personas que ocupan estas instalaciones cuando no tienen capacidad para más de 300. “Una habitación algerga a más de 150 mujeres y 50 bebés, muchos de ellos sufriendo enfermedades derivadas del estado de hacinamiento e insalubridad del centro” declaró la portavoz en Ginebra de la Comisión para los Refugiados de la ONU, Andrej Mahecic.  ACNUR definió la situación como “parte de un sistema de asilo que requiere una reforma total, una recomendación que se le hizo al país el año pasado pero que no ha sido implementeada”.

De hecho, en 2008, casi la mitad de los 54.000 extranjeros indocumentados internados en centros fueron repatriados y en el primer semestre de 2009, de los 57.000 interceptados hasta ahora, la mitad ha sido repatriada a diversos países de Asia y África. Human Rights Watch también manifestó que “se le está dificultando a esa gente pedir asilo”, cuando Grecia “acepta sólo el 0,05 por ciento de las solicitudes”. A continuación podéis ver un reportaje de Al Jazzeera English sobre la política de asilo griega.

Esta no es la primera huelga de hambre que hacen los menores presos en Grecia. Hace un año, 100 niños inmigrantes detenidos en otra isla, Leros, se pusieron en huelga de hambre por las mismas razones. En aquella ocasión, como en esta, la policía trasladó a un centenar de niños a centros de alojamiento abiertos, ejerciendo una presión adicional sobre estas instalaciones, algunas de las cuales ya han excedido su capacidad.

Estas detenciones son ilegales puesto que Grecia ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a “proporcionar protección y asistencia humanitaria a todos los niños sin un padre o cuidador, incluyendo los que buscan refugio, considerando primordialmente el mejor interés del niño”. Y la detención debe utilizarse “sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”.

Texto: Patricia Simón. Entrevistas: Lydia Molina y Jessica Romero. Fotos: Javier Bauluz   (c) PIRAVÁN

A principios de año el gobierno israelí recomendó a sus militares no viajar a España, Francia, Reino Unido y los países nórdicos porque podrían ser detenidos y juzgados por crímenes de guerra, tal como le sucedió en 1997 al dictador Pinochet. Si la reforma de la Justicia Universal española prospera los culpables de crímenes contra la humanidad podrán seguir paseando su impunidad por el mundo. Contra la propuesta del PP y del PSOE se han alzado más de 100 organizaciones sociales.

La recomendación del gobierno israelí  tuvo lugar el 25 de enero, apenas una semana después de que acabase la ofensiva israelí contra Gaza que asesinó 1400 palestinos en poco más de veinte días. Era la respuesta a las denuncias de numerosos organismos internacionales y de defensa de los derechos humanos contra la comisión de crimenes contra la humanidad y que exigían la apertura de procesos judiciales en los tribunales internacionales y nacionales.

El gobierno israelí también  anuncia una resolución para regir la protección legal y política de los militares que fuesen denunciados fuera del país por crímenes de guerra.

Palestino golpeado y esposado por soldados israelíes durante la primera Intifada. (c) Javier Bauluz /PIRAVÁN

Cuatro días después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acepta a trámite una querella por los ataques israelíes que se produjeron sobre Gaza en el año   2002   y que mataron a 14 personas (un presunto líder de Hamás y el resto civiles), imputando al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer junto a seis militares israelíes.

Inmediatamente, la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, que en esos momentos encabezaba candidatura en plena campaña electoral israelí, realiza unas declaraciones en la que dice que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le ha prometido reformar el sistema judicial para evitar este tipo de acciones. A su vez Moratinos en una entrevista radiofónica reconoce la existencia de la gestión y asegura que se hará lo posible para modificar la normativa española.

-  En marzo, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pide a la Fiscalía que le informe de si debe investigar la querella interpuesta contra seis abogados norteamericanos considerados los “responsables jurídicos” de la creación del centro de detención de Guantánamo. Tras la negativa de la Fiscalía, el caso es asumido por el juez Eloy Velasco quien remite una rogatoria a Estados Unidos en la que pide ser informado si ha realizado alguna investigación en relación a la cárcel de Guantánamo. Paralelamente, ante la desclasificación de los documentos elaborados por los asesores de la Administración Bush, en los que se definía el marco legal para que la CIA empleara la asfixia y el ahogamiento simulados y otras prácticas coercitivas en interrogatorios, el presidente Barack Obama prometía que los ejecutores de las torturas no serían juzgados, aunque dejaba la puerta abierta para los responsables políticos.

El 27 de abril, Garzón abre  una causa para investigar a los posibles “autores materiales, inductores, cooperadores necesarios y cómplices” de los delitos de torturas cometidos en el centro de detención norteamericano de Guantánamo basándose en la desclasificación de los mencionados documentos en los que “se constata lo que antes se intuía: un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido”, apunta el magistrado en el auto.

La noticia tiene gran impacto en Estados Unidos, se convierte en portada de los principales periódicos, es aplaudida por las organizaciones de derechos humanos y rechazada por numerosos representantes del partido republicano, pero también del demócrata, un sector del cual quiere cerrar este asunto del que estaban al tanto durante el mandato de Bush.
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