Bolivia celebra este domingo elecciones presidenciales, con visos de continuidad. Viajamos al corazón de la heterogeneidad indígena para conocer mejor a los ayoreos. Un reportaje de Mari Luz Peinado y Eugenia Redondo para P+DH.

La escuela de San José de Chiquitos, donde dan clase 16 niños.

Los aymara tienen una bandera que los identifica. Se trata de la wiphala que con sus siete colores representa las creencias y costumbres de esta etnia andina que junto a la quechua es la más numerosa de Bolivia y a la que pertenece Evo Morales. La wiphala no falta en ninguno de los actos electorales en los que participa, para no olvidar que se trata del primer presidente indígena elegido en un país. Durante los tres años que lleva en el poder, Morales ha mostrado su intención de integrar a los indígenas (que aquí suponen la mitad de la población) en una sociedad que durante siglos los ha tratado como ciudadanos de segunda. Sin embargo, y a pesar de que los indígenas han conquistado muchos espacios de la vida pública vetados hasta hace muy poco, la realidad es que algunas de las casi 40 etnias que coexisten en Bolivia agonizan.

Otto es uno de los líderes de Nueva Jerusalén, una comunidad de la etnia ayorea del departamento de Santa Cruz. Además de su liderazgo innato, se ha convertido en uno de los cabecillas del poblado porque habla de manera fluida el castellano, además del ayoreo, algo que no pueden decir muchos de sus vecinos, sobre todo los más mayores. Hasta hace poco más de cuatro décadas, los componentes de esta etnia vivían al margen de la civilización: iban semidesnudos, eran nómadas y se dedicaban a asaltar los pueblos vecinos. Ahora se trata de una etnia en proceso de desestructuración y en peligro de extinción, incapaz de adaptarse a la sociedad que los rodea pero que a su vez está perdiendo su cultura, sus tradiciones y su memoria como grupo. No hay cifras
exactas sobre el número de ayoreos que queda pero se calcula que son entre 1000 y 3000, repartidos entre Bolivia y Paraguay.

En esta comunidad cerca San José de Chiquitos en la que viven 15 familias las casas no tienen paredes. “No se adaptarían a ellas porque sienten que están encerrados y para ellos el contacto con la naturaleza es esencial. En otros pueblos ayoreos se han construido escuelas y casas y al final ellos mismos han acabado vendiendo las ventanas y el resto de materiales. Es inútil intentar que vivan de la manera en la que nosotros creemos que hay que vivir porque así no se consigue que se integren” cuenta Yovana Rivero, responsable del CIEP (Centro de Investigaciones de Energía y Población), una organización que trabaja para intentar mejorar las condiciones de los integrantes de este poblado sin que pierdan su identidad. Pero eso no siempre es fácil: los adultos se quejan de que los 16 niños que acuden a la ‘escuela’ (una rudimentaria construcción de madera y uralita) reciben las clases en castellano y temen que se pierda su lengua. Además han perdido muchas de sus costumbres como las fiestas que celebraban sus antepasados.

La bandera de la comunidad aymara está presente en los actos electorales de Evo Morales

Ese temor a la desaparición es, paradójicamente, uno de los mayores problemas para que este tipo de etnias minoritarias sobrevivan. Los adultos prefieren que sus hijos no abandonen el poblado ni siquiera para estudiar a pesar de que no cuenten con las infraestructuras más básicas como es el agua o la luz. “La ciudad está llena de peligros como las drogas, el alcohol y la delincuencia. Eso no pasa en la naturaleza. Muchos han dejado su comunidad pensando que todo sería más fácil en la ciudad pero sólo se han encontrado cosas malas”, dice una de las mujeres en ayoreo mientras Otto nos hace de intérprete. Para ellos, la agricultura y la artesanía son las únicas fuentes de ingresos.

Y, en parte, esta señora tiene razón. Desde CIEP y Ayuda en Acción – las organizaciones que trabajan en esta comunidad – aseguran que “muchos ayoreos que están en la ciudad (principalmente en Santa Cruz, capital del departamento homónimo) han acabado dedicándose a la prostitución y a la mendicidad”, algo que se puede comprobar fácilmente dando un paseo por la ciudad.

Si a esa barrera que los ayoreos construyen para separase del resto de la sociedad – lo que no significa que sean reservados, al contrario, nos reciben y hablan con una sonrisa, sobre todo los más pequeños, que adoran las cámaras de fotos – sumamos el olvido institucional, tenemos todos los ingredientes para hablar de una comunidad hundida en la miseria que apenas puede pensar en un futuro. El grupo se estableció en estas tierras después de que se les otorgara la titularidad hace unos años por la aplicación de las leyes que reconocían los derechos de los indígenas. Pero las autoridades no se han encargado de nada más, ni de que llegue la luz y el agua ni de acondicionar caminos de entrada o salida a las comunidades.

“Hay muchas dificultades para llegar hasta ellos, desde los propios problemas que ellos ponen, al idioma o el factor físico, porque para venir hasta aquí hay que coger un camino que está a más de una hora andando de la carretera más próxima”, explica Yovana. Ellos lo saben y, algunos, han conseguido organizarse para intentar que su voz también se escuche en este “estado plurinacional”, como el mismo Evo lo definió el día que presentó su primer gabinete en el que incluía a cuatro ministros de origen indígena. Pero no hay ayoreos en ese gobierno y eso a Otto no se le olvida, a pesar de que crea que tener un presidente indígena es un gran avance. “Evo fue nuestro compañero en la marcha indígena y dijo que cuando llegara al poder iba a formar un gobierno plurinacional con representaciones de todas las etnias, pero eso no ha sido así. Los indígenas, sobre todo los grupos mayoritarios, sí han conseguido mejores condiciones pero no todos, no los ayoreos”.

A lo mejor a partir del próximo domingo los habitantes de Nueva Jerusalén se sienten un poco más partícipes de la Bolivia plurinacional, a pesar de que los servicios sanitarios nunca hayan ido a hacer una revisión a los niños y de que los chicos de 18 años estén recibiendo clases de tercer curso del elemental. Eso ocurrirá si Teresa Nominé, de origen ayoreo, consigue salir elegida como diputada por el partido presidencialista. “Pero ésa es una ayorea que vive en la ciudad”, recuerda una de las mujeres, como si de una traición a esa cultura que intentan salvaguardar se tratara.

El gobierno peruano ha dado marcha atrás suspendiendo durante 90 días el decreto conocido como Ley Forestal y de Fauna Silvestre, una de las normas que han provocado las protestas indígenas en el país latinoamericano y que fue declarada inconstitucional por una Comisión creada en el Congreso para investigar su legalidad. Tras los conflictos de la semana pasada el gobierno ha aceptado dialogar con los indígenas a través de la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo.

Los indígenas lo consideran un paso pero no el fin de la lucha con la que esperan conseguir la derogación de los 7 decretos legislativos que el gobierno elaboró para adaptarse al Tratado de Libre Comercio (TLC) alcanzado entre Perú y Estados Unidos, y que regulan la explotación de los recursos forestales e hidráulicos en la región de la Amazonia permitiendo a compañías extranjeras, como la Repsol, Perenco y  PlusPetrol, acceder a la zona norte del país, rica en petróleo, gas natural y minerales.
La suspensión de la ley llega tras la oleada de condenas, dentro y fuera de Perú, contra los hechos que se produjeron el pasado cinco de junio cuando la policía y el ejército desalojaron la carretera de acceso a la ciudad de Bagua, bloqueada por las comunidades de Awajum y Wampis del Alto Marañón, y que acabó con 28 indígenas y 26 policías muertos, 80 detenidos, más de 150 heridos y decenas de desaparecidos.

Alberto Pizango, líder de los indígenas y culpable de los enfrentamientos según el gobierno que ha ordenado su busca y captura, fue acogido en la embajada de Nicaragua donde ha recibido el asilo político.

La Defensoría del Pueblo Peruano, la Conferencia Episcopal y organizaciones internacionales como  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rigths Watch recuerdan al Estado su obligación de esclarecer lo sucedido:

“Según algunos informes de prensa, los helicópteros de la policía habrían disparado indiscriminadamente contra los manifestantes, lesionando a varios de ellos, incluido un conocido líder y activista indígena…Asimismo, los manifestantes habrían presuntamente agredido violentamente y asesinado a varios policías que habían secuestrado en una localidad cercana … En vista de la gravedad de estas acusaciones, y a fin de asegurar que estos delitos se investiguen y juzguen adecuadamente, es de vital importancia que su Fiscalía realice una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de todos los presuntos crímenes, tanto aquellos cometidos por civiles contra policías, como los cometidos por la propia policía”

A pesar de que se va cumplir una semana, los hechos siguen siendo confusos y los indígenas acusan al gobierno de quemar y arrojar los cadáveres de los nativos al río Marañón para ocultar el número real de muertos. “Hasta tres veces se detuvo el helicóptero para recoger los cuerpos. Eso fue entre ocho y nueve de la mañana del viernes” denuncia Luis Padilla de la comunidad Río Santiago. El gobierno denuncia una conspiración contra la estabilidad democrática del país y ha difundido éste vídeo por los canales de televisión.

Los hechos de la semana pasada fueron la punta del iceberg de un conflicto latente en Perú desde hace casi un año y que se endureció a pricipios de abril cuando más de 30 000 indígenas habitantes de las diferentes provincias de la Amazonia y el Alto Andino comenzaron una campaña de protestas bloqueando carreteras y ríos a lo que el gobierno respondió declarando el estado de emergencia en las siete provincias de la región de Amazonas, suspendiendo durante 60 días los derechos constitucionales referidos a la libertad de reunión y tránsito e inviolabilidad de domicilio.
El origen de las protestas está en la elaboración de los decretos en la que Alan García no contó con los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que habitan en la zona, incumpliendo así y el artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo que recoge en su artículo 6:
“Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”

Los indígenas exigen tener voz en las decisiones sobre el desarrollo de la Amazonia, y reclaman la derogación de los decretos. Están respaldados por la Defensoría del Pueblo y los obispos de la Amazonia .“Para nadie es desconocida la contaminación de los ríos con el plomo y otros metales pesados y  sustancias tóxicas como efecto de una actividad minera (formal e informal) y la extracción de petróleo, de manera irresponsable. Somos testigos, además, de la tala indiscriminada de la madera sin ningún tipo de control”.

García hace oídos sordos a las críticas y responde a los indígenas: “Las tierras de la Amazonía son de ustedes, de sus hijos, son de toda la nación, son de todos los peruanos y no de un pequeño grupo que viva allí…Las riquezas de Perú son de todos los peruanos”, los acusa de ser el perro del hortelano.

ONG como Survival International denuncian que más del 70% de la Amazonia peruana ha sido dividida en los últimos años en parcelas concedidas a empresas para la exploración de gas y petróleo, y una serie de descubrimientos amenazan con transformar gran parte de la selva virgen de los indígenas, y según Save Americas Forest desde 2006, año en el que Alan García entró en el gobierno, el número de hectáreas concedidas a las multinacionales ha pasado del 15 al 72%.

Ver más fotos de los enfrentamientos