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Hicham Bouchti tiene 15 días para salir de España. El Gobierno ha rechazado su solicitud de asilo y le obliga a abandonar el país pero Hicham, que lleva 20 días sin comer, asegura que no volverá a Marruecos. El joven tuvo que dejar ayer su habitación en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla estaba realizando su protesta apoyado por otros inmigrantes que le han ayudado a pasar las horas y trasladarse de un lugar a otro. Anoche se despidió de ellos, cogió sus cosas y se trasladó a la plaza de España, donde continúa la huelga de hambre. “Está muy deprimido porque ha recibido un palo muy fuerte. Está abatido físicamente, no tiene fuerzas. No come nada, ni siquiera azúcar, llevaba algunos días bebiendo algo de agua pero desde hace dos días ha dejado de hacerlo. Esto puede tener el peor de los desenlaces y está dispuesto a llevarlo a las últimas consecuecias porque tiene claro que se trata de una decisión política”, asegura José Palazón de Prodein, asociación que asesora a Hicham.

Hicham comenzó la huelga de hambre para forzar una respuesta del Gobierno a la solicitud de asilo por motivos políticos que realizó hace 8 meses, como ya contamos en P+DH. El no ya lo tiene, pero el joven ha anunciado que apelará la decisión, aunque este recurso, cuyo proceso puede durar meses e incluso años en ser resuelto, no paraliza el proceso de expulsión que continúa en marcha y por el que podrá ser devuelto a Marruecos en cualquier momento.


  • La reforma del Código Penal dejará en manos de los jueces si los manteros van a la cárcel, como hasta ahora, o sólo se les impone una multa.
  • El Congreso pide al Gobierno que quienes se dedican al top manta no sean condenados a prisión por ser una medida “desproporcionada”.

Daquella manera/ Flickr

En plena gestación de la reforma del Código Penal las voces que piden la despenalización del top manta se hacen cada vez más visibles. Las últimas dentro del propio Congreso, donde PSOE, CIU y UPyD han respaldado una propuesta de Izquierda Unida donde pide al Gobierno que en la próxima reforma del Código “evite la criminalización y el ingreso en prisión” de las personas que venden CDs y DVDs en el top manta.

La iniciativa, una proposición no de ley aprobada en la Comisión de Justicia del Congreso, no obliga al Gobierno pero sirve para consolidar y respaldar una exigencia que desde hace mucho tiempo reclaman organizaciones como Ferrocarril o Mbolo Moy Doole y la plataforma “Ni un solo mantero en prisión”. Y se suma al gesto de los jueces de la Audiencia Provincial de Vizcaya, quienes acordaron hace poco más de un mes, como ya comentamos en P+DH, que los delitos que juzguen contra la propiedad intelectual (cds y dvds) o industrial (cinturones, bolsos…) por la venta callejera de mercancía no serán castigados con penas de cárcel.

El ruido llega a un debate al que el Gobierno ya se ha adelantado introduciendo un nuevo párrafo en el artículo 270.1:

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique […] una obra […] sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”.

Éste artículo es el foco de las principales críticas y la reforma pretende suavizarlo añadiéndole:

“No obstante, en los casos de distribución al por menor [...], atendidas las circunstancias del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido por éste, el juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días”.

Pero no es suficiente.“Estamos otra vez dependiendo de los jueces y eso sólo nos lleva a que dos personas en la misma situación sean condenadas según del juzgado que lleve su caso a pena de cárcel o a trabajos en beneficio de la comunidad”, dice Patxi de la Fuente, abogado de Mbolo Moy Doole.

Calafellvalo/ Flickr

La preocupación de las organizaciones no se centra sólo en el presente y futuro de los manteros, también en quienes ya han sido condenados porque tanto la Ley de Extranjería vigente [art. 31] como la reforma que se está tramitando contemplan que para obtener un permiso de residencia el inmigrante no puede tener antecedentes penales, y haber sido condenado por vender en el top manta les cierra las puertas a su regularización. La solución para las organizaciones pasa por que deje de ser un delito, y eso tenga carácter retroactivo para los manteros que ya han sido condenados.

Ante ese dilema se encontrará Alaji si consigue quedarse en España. Es un joven senegalés al que hace dos años la policía detuvo junto a un compañero con una mochila con cds y dvds en Torrelavega. Fue condenado a seis meses de cárcel, 900 euros de multa y a indemnizar con 650 euros a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). La pena fue sustituida por la expulsión y el día 3 de julio el juez lo mando a prisión para que no se fugara antes de ser devuelto a su país. Pero el proceso se ha alargado y Alaji no ha sido deportado, está pagando la multa y lleva en prisión 4 meses, 2/3 partes de la condena le impusieron en un principio.

“Está bastante agobiado, sigue en la cárcel, no puede trabajar y no tiene como pagar la multa hasta ahora lo ha hecho con préstamos de sus amigos”. Es la pescadilla que se muerde la cola, sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles. Alaji espera desde la cárcel la respuesta al indulto que ha solicitado, mientras que el compatriota al que detuvieron junto a él y que también pidió el indulto lo hace desde su casa.”Fue el mismo juicio y la misma sentencia pero resultados diferentes, uno espera la respuesta en libertad y el otro en la cárcel”. A Alaji le han concedido el tercer grado y está a la espera de saber si le dan o no la libertad condicional.

La petición de indulto es la vía que está empleando la plataforma “Ni un solo mantero en prisión” en la campaña que ha emprendido con una red de abogados por toda España para sacar a los manteros de la cárcel, ya han presentado al Ministerio de Justicia 50 solicitudes de los 118 manteros (datos de septiembre) que hay en prisión.


  • El representante del nuevo Ministro califica la celda de los niños como “peor que el Infierno de Dante”.
  • Promete cerrar el centro y mejorar las condiciones, la dignidad y acortar los tiempos de detención

El nuevo gobierno griego califica de “inhumano campo de concentración” el centro de detención de Pagani en la isla griega de Lesbos, del que P+DH ha informado en varias ocasiones, y donde los días pasados, los hacinados inmigrantes han incendiado las celdas para denunciar su situación. En Pagani mantienen separados a los padres de las madres y sus hijos, y no les permiten comunicarse ni les informan de su estado y centenares de niños solos están detenidos.

Spyros Vougias,  representante del nuevo Ministro de Protección de los Ciudadanos ha condenado las condiciones "inhumanas" de Pagani. Foto: NoBorders Lesvos 09

Spyros Vougias, representante del nuevo Ministro de Protección de los Ciudadanos ha condenado las condiciones "inhumanas" de Pagani. Foto: NoBorders Lesvos 09

Spyros Vougias, representante del nuevo Ministro de Protección de los Ciudadanos, acompañado por varias ONG, ha visitado Pagani y ha condenado las condiciones “inhumanas” y  propias de un “campo de concentración” y ha reconocido que “no es un lugar para seres humanos”.

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Alegría en Pagani. Foto NoBorders Lesvos 09

Tras hablar con los inmigrantes prisioneros en sus jaulas, Vougias ha calificado la celda de los niños como “peor que el Infierno de Dante” y ha prometido que el centro será cerrado, según ha informado la plataforma Noborders Lesvos 09, quienes también afirman que ayer mismo la policía golpeó a varios inmigrantes y, como es habitual, no les permitió recibir la atención médica necesaria. Por otra parte Vougias ha asegurado que mejorarán las condiciones, la dignidad y se acortará el tiempo de detención de los inmigrantes.

El agua que inunda las celdas moja los sucios colchones donde duermen las familias detenidas. Foto: NoBorders Lesvos 09

El agua que inunda las celdas moja los sucios colchones donde duermen las familias detenidas. Foto: NoBorders Lesvos 09

A pesar de la indiferencia y mayoritario silencio informativo , la denuncia, la presión y el acompañamiento de las organizaciones sociales como MSF, ACNUR y activistas de  NoBorders Lesvos 09 en defensa de los derechos humanos de los inmigrantes de Lesbos, han conseguido la promesa del gobierno de que el centro será cerrado próximamente y que los niños presos sean liberados.

Más de 100 niños están presos Pagani. Foto NoBorders Lesvos 09

Más de 100 niños están presos Pagani. Foto NoBorders Lesvos 09


Quien hace la ley hace la trampa pero en esta ocasión la trampa la puso el traductor. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en contra de lo que dice la versión española del Acuerdo Schengen, España no está obligada a expulsar a los inmigrantes irregulares [PDF]. Se trata de un error en la traducción de la directiva.

El texto en español [PDF], en su artículo 11, dice que la persona “será expulsada”:

1. Cuando el documento de viaje de un nacional de un tercer país no lleve sello de entrada, las autoridades nacionales competentes podrán presumir que el portador no reúne o dejó de reunir las condiciones de duración de la estancia aplicables en el Estado miembro de que se trate. […]
3. De no refutarse la presunción a que se refiere el apartado 1, el nacional del tercer país será expulsado por las autoridades competentes del territorio del Estado miembro de que se trate.»

Inmigrantes senegaleses deportados llegan a su país. Foto:marchaigualdad.blogspot.com

En la versión original el “será expulsado” es un “podrá ser expulsado”, modificando así la naturaleza de la sanción que no se plantea como una obligación, y que deja en manos de la legislación de cada país su aplicación, como recuerda la sentencia del Tribunal de Justicia:

En su versión en español, dicho apartado impone una obligación, en la medida en que prevé que, si no se refuta la presunción, el nacional de un tercer país «será expulsado» del territorio del Estado miembro de que se trate por sus autoridades competentes. En cambio, en todas las demás versiones lingüísticas, la expulsión aparece como facultativa para dichas autoridades.

De hecho, la ley de extranjería española, que está siendo reformada, ya recoge que la expulsión puede ser sustituida por una multa de hasta 6.000 euros. Una práctica que se lleva a cabo de forma desigual en España, donde las resoluciones judiciales varían ante un caso de similares características en función de la sala donde se tramite. El propio Tribunal Supremo ha dictado multitud de sentencias (como ésta, PDF) donde afirma que la sanción a imponer ante estas “faltas graves”, como las denomina la ley, es la de multa y no la de expulsión pues no existe un plus que justifique la sustitución una por la otra.

Ése es el caso de los inmigrantes bolivianos que motivaron la sentencia del Tribunal europeo, ambos recibieron en el año 2006 una orden de expulsión de la Delegación del Gobierno de Murcia y la prohibición de pisar el territorio Schengen durante cinco años. Presentaron un recurso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la comunidad por considerar que la decisión era desproporcionada y pidieron su sustitución por una multa. El TSJ de Murcia ha recurrido [PDF] al Tribunal de Justicia de la UE para preguntarle sobre si el Derecho comunitario obliga o no a expulsar a los inmigrantes sin papeles, y el organismo europeo asegura que esa no es la intención del Acuerdo.

La voluntad real del legislador no fue imponer a los Estados miembros de que se trata la obligación de expulsar de su territorio al nacional de un tercer país que no consigue refutar la presunción contemplada en el apartado 1 de dicho artículo, sino dejarles la facultad para hacerlo.


  • En los últimos días, los inmigrantes presos han incendiado en varias ocasiones las celdas para denunciar su situación.
  • Mantienen separados a los padres de las madres y sus hijos, y no les permiten comunicarse ni les informan de su estado.
  • Trescientos de los novecientos inmigrantes encarcelados en el centro Pagani de Lesbos fueron liberados ayer.
Menores detenidos en el centro Pagani/No borders Camp Lesvos

Menores detenidos en el centro Pagani/Noborders Lesvos

Tras la huelga de hambre que hizo un grupo de menores encarcelados en el centro de detención de Pagani en la isla griega de Lesbos, a finales de agosto, las protestas se han ido agravando durante el último mes y medio. El pasado viernes varios prisioneros incendiaron su celda.El lunes al menos otras dos celdas fueron incendiadas.

Pero, ¿qué está pasando dentro del centro Pagani para que los propios presos metan fuego a sus celdas? Muchas de las novecientas personas, procedentes de Oriente Próximo, el noreste africano y de Europa del Este, llevan meses encarcelados sin saber cuándo serán liberados, ni bajo qué condiciones. Viven hacinados, los padres separados de sus mujeres e hijos, sin poder comunicarse entre ellos, incluso, algunos sin saber si sus familiares permanecen aún en el centro o en cómo y dónde estarán sus mujeres e hijos, puestos en libertad hace algunas semanas. Todo este ambiente de tensión se agravó cuando hace unas semanas fue liberado un grupo de presos, entre los que había personas que llevaban menos tiempo retenido que otras que se quedaron. Hay personas que aseguran llevar cinco meses en el centro.

MSF consiguió que algunos de los niños presos pudieran ver a sus padres ©MSF

MSF consiguió que algunos de los niños presos pudieran ver a sus padres ©MSF

“En una de las celdas, de unos 200 metros cuadrados, encontramos más de 200 mujeres con niños. De los 68 niños, 36 eran menores de cinco años. Entre estas personas, había 5 mujeres embarazadas en su octavo o noveno mes.(…) Cuando llegamos, las mujeres llevaban días sin salir al patio. Una de las primeras cosas que hicimos fue sacar a los niños fuera de la celda y acompañarles a visitar a sus padres (…)Fue un momento muy emotivo para nosotros ver a padres abrazando a sus pequeños a través de los barrotes, a menudo llorando.(..) Un padre no paraba de preguntar acerca de su esposa y su hijo recién nacido que había venido al mundo hacía pocos días. Su esposa y su bebé estaban aún en el hospital y a él no se le permitía visitarles allí. Le preocupaba que su esposa y su hijo fueran devueltos al centro de detención. También nos dijo que tenía miedo de que él y su familia muriesen allí“.

Estos extractos son parte de  la carta publicada por la adjunta del Jefe de una Misión de Médicos Sin Fronteras. Ionna Kotsioni formaba parte del equipo de MSF que volvió en agosto de este año al centro de detención de inmigrantes Pagani, en la isla Lesbos, después de que la organización decidiese abandonar esta misión en septiembre de 2008 porque las autoridades no les dejaban hablar ni antender a los presos que necesitaban ayuda legal o médica.

Gracias a la presión llevada a cabo en agosto por MSF, ACNUR y la plataforma Noborders Lesvos consiguieron que unas 300 personas, en su mayoría mujeres y menores no acompañados, fueran trasladadas a un lugar con mejores condiciones “donde los niños no estuviesen encerrados en celdas y donde pudieran esperar que sus padres fuesen puestos en libertad”, según cuenta MSF. Las autoridades locales ofrecieron el camping de Lesbos, pero sólo podrían quedarse cuatro días. Cuando partían para Atenas llevaban un pase en el que se les pedía que abandonasen Grecia por sus propios medios en los 30 días siguientes. “Entre ellos había dos familias palestinas con niños pequeños y sus madres embarazadas de 8 meses. También había una familia afgana con una niña recién nacida y dos niños pequeños más. La tía del bebé me dijo que decidieron llamar a la pequeña Daría, que significa “mar” y no dejaba de repetirme que era un bebé griego ahora, que había nacido en Grecia. Esta familia y algunas más, en total 40 personas, quedaron abandonadas a su suerte en el puerto sin ningún lugar a donde ir, totalmente abatidas. (…) En realidad, para todos estos migrantes indocumentados no se contempla proveerles con alimentos, refugio ni lo que es más importante, atención sanitaria. (…) A MSF le inquieta la suerte de todas estas personas que se enfrentan a un futuro de indigencia e incertidumbre“, explica la organización en la carta.

Mujeres liberadas del centro de detención de Pagani recién llegadas a Atenas ©MSF

Mujeres liberadas del centro de detención de Pagani recién llegadas a Atenas ©MSF

Ayer, tras los incendios de las celdas, fueron puestas en libertad 300 personas, incluidos familias y hombres. Tuvieron que comprar los tickets para los barcos que les llevarían a Grecia por sus propios medios.  ”Cada día llegan unas cien personas al centro de Lesbos, y cientos siguen aún presas. Pagani no está vacío. Hay mucha policía dentro, los prisioneros sólo pueden salir al patio diez minutos a la semana y la próxima revuelta está a la vuelta de la esquina”. Así termina la última información publicada por la plataforma Noborders Lesvos.

Puesta en libertad de detenidos de Pagani

Inmigrantes puestos en libertad ayer se dirigen al barco que les llevará a Atenas/ Noborders Lesbos



El texto no es definitivo y las organizaciones sociales lo saben. Antes, incluso, de que comenzara el proceso ya advertían de que la reforma era inoportuna en un contexto de crisis como el actual. Ahora, en plena tramitación en el Congreso de los Diputados, reclaman al gobierno que incluya las 100 propuestas y enmiendas que han presentado entidades como Amnistía Internacional [PDF] o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Red Acoge y Cáritas [PDF], a las que se han sumado más de 500 organizaciones de toda España. Las críticas se centran, principalmente, en:

  • El empadronamiento. El extranjero que no tenga permiso de residencia o estancia no podrá empadronarse, lo que le impedirá acceder a derechos básicos como la asistencia sanitaria.
  • El internamiento en los CIES. La ampliación de 40 a 60 días del plazo que puede estar pasar el extranjero en un centro de internamiento.
  • La educación. Tribunal Constitucional reconoce el derecho de los extranjeros a la educación obligatoria y no obligatoria en las mismas condiciones que los españoles. Sin embargo, según las organizaciones, la reforma imita el acceso de los inmigrantes a la educación no obligatoria, impidiendo el acceso de los menores a la educación infantil y de los mayores de edad a los estudios postobligatorios.
  • La reagrupación familiar. Quienes se beneficiarán de este derecho serán los que forman la “familiar nuclear”, es decir padres e hijos. Otras generaciones como padres y abuelos sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años o alegando razones humanitarias.
  • El acceso a la vivienda. La reforma incluye un nuevo requisito, que los inmigrantes aspirantes a ayudas públicas en esta materia lleven en España al menos 5 años.

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Mañana sábado su rechazo a la propuesta del gobierno será materializado en la calle con una manifestación en Madrid convocada por más de 70 organizaciones, entre las que se encuentran la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), CEAR, SOS Racismo-Madrid y decenas de asociaciones de inmigrantes, bajo el lema “Paremos la reforma de la Ley de Extranjería. Tenemos derecho a tener derechos“. En el resto de España habrá concentraciones, manifestaciones y asambleas convocadas por la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI).

Estas protestas se suman a la”marcha por la igualdad que comenzaron el 23 de septiembre alrededor de 100 inmigrantes, quienes recorren a pie los 700 kilómetros que separan Madrid y Barcelona para mostrar su rechazo a una ley que “restringe” sus derechos.


No habrá más cárcel para el top manta en Vizcaya. La Audiencia provincial ha suprimido las condenas de prisión a los detenidos por la venta ambulante de copias de cds y dvds piratas, un acuerdo pionero en España.

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Foto: José Carlos Fernández / Flickr

Los jueces de las seis secciones de la Audiencia, tres civiles y tres penales, han fijado un criterio por el que los delitos contra la propiedad intelectual (cds y dvds) o industrial (cinturones, bolsos…) por la venta callejera de mercancía serán castigados con sanciones civiles y administrativas (multas o similares) pero no con penas de cárcel.

“Hasta ahora había muchas discrepancias entre los magistrados y el inmigrante tenía que jugar a la lotería, dependiendo de en cual de las secciones le tocara podía ser absuelto, multado o condenado a una pena de prisión” afirma Javier Galparsoro, Presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Euskadi. No se trata de una reforma del Código Penal sino un acuerdo sin efectos fuera de la Audiencia provincial. “La ley no cambia, los policías no tienen una orden que les diga que no detengan a los manteros, seguirán deteniéndolos, los jueces de instrucción seguirán condenándolos porque hay fiscales que seguirán acusándolos pero al llegar a la Audiencia no habrá penas de cárcel. La pregunta es si tiene sentido empezar un procedimiento contra una persona sabiendo que al final la van a absolver. Es una pérdida de tiempo, hay que perseguir las conductas más graves y no al último eslabón.”

Bira es uno de éstos eslabones, es senegalés y llegó a España hace dos años y medio. Ha trabajado en la construcción y la recogida de la fruta, pero desde que “no hay trabajo” pasa el día frente a un retal en el que coloca varias decenas de dvds y cds. “No sé cuántas veces los pongo y los quito, tenemos que estar pendientes de la policía porque si viene se lo lleva todo”. Un capítulo que se repite dos o tres veces al mes. El senegalés está al tanto del conflicto legal que genera el top manta. “Yo sé que la gente que graba los cds vive de esto y  yo no le quiero quitar la comida a nadie pero nosotros también tenemos que comer y no podemos hacer otra cosa. Ningún mantero te va a decir que le gusta vender cds”.

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Juan Luis Sánchez / Piraván

Él y un compatriota han pasado la tarde en una céntrica plaza pero no han vendido nada. Hay meses en los que sus ingresos casi no llegan a superar los 100 euros. “Ni siquiera nos da para comer, y menos para enviar dinero a casa”. Sin embargo, después de haber probado suerte en varias ciudades, aseguran que en el norte es donde se encuentran más a gusto. “En Madrid era mucho peor, allí hay demasiado control y te quitan continuamente la mercancía. Varios de mis compañeros han estado en la cárcel”.

En Madrid hay actualmente 25 personas cumpliendo condena por la venta callejera, detrás están provincias como Sevilla con 15 y Valencia con 10. En total, 118 manteros están presos en cárceles españolas por delitos contra la propiedad intelectual según los datos de Instituciones Penitenciarias. Más de 500 desde 2003 cuando se reformó el Código Penal.

“Lo que no sabemos es cuántos han sido expulsados del país por una falta que debe ser administrativa. La mayoría de los manteros está en el primer escalón para su inserción y muchos ni siquiera dominan bien el español, cuando los condenan les cierran las puertas a su regularización porque si se les abren procesos penales no pueden obtener los permisos de residencia” asegura Patxi de la Fuente abogado de la plataforma Mbolo Moye Doole.

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Liz Castro / Flickr

Ésta y otras organizaciones esperan que la decisión de la Audiencia provincial de Vizcaya sea un impulso más para la reforma del artículo 270 del Código Penal que castiga la venta ambulante de copias ilegales de cds y dvds con penas de prisión de seis meses a dos años y multa multas de 12 a 24 meses. Desde noviembre del año pasado un grupo de juristas, con el apoyo de colectivos sociales y de actores, lucha por despenalizar el top manta y conseguir el indulto de aquellos que están actualmente en prisión. “Hemos creado una red de abogados que se está encargando de visitar a los presos en las cárceles y redactar las peticiones de indulto. De momento, ya hemos presentado 20 al Ministerio de Justicia” afirma Julian Ríos Profesor de Derecho Penal en la Universidad de Comillas y portavoz de la plataforma.

Si se cumplen las previsiones del Gobierno, antes de final de año llegará al Congreso la reforma del Código Penal en la que podría incluirse esta modificación, que según la plataforma, está teniendo “buena acogida” entre los grupos parlamentarios y los representantes del Ministerio de Justicia con los que se han reunido. “El sistema actual es muy injusto y por eso hay que cambiarlo, los manteros no dependen de su conducta sino del juez, la provincia y el juzgado que le toque. El derecho penal está para los culpables de todo el proceso no para quienes venden en la calle”.


Casi 300 inmigrantes detenidos para ser deportados.

A pesar del cordón de protección de decenas de ciudadanos europeos defensores de los refugiados

Como ya adelantamos en P+DH en el verano, la Policía antidisturbios francesa comenzó este martes a detener a los inmigrantes que se refugian en el campamento conocido como ‘la jungla’, situado en la ciudad francesa de Calais (oeste), donde estos inmigrantes se congregan para intentar alcanzar Reino Unido, según Reuters

Fotos Vía indymedia.org.uk

Decenas de trabajadores de organizaciones humanitarias formaron una valla humana ante cerca de 100 inmigrantes que portaban pancartas con el lema ‘la jungla es nuestra’, aunque la Policía rodeó a la multitud, arrestó a los inmigrantes y los cargó en los autobuses.

El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, tuvo que salir en defensa de esta operación  que ha sido fuertemente criticada por las organizaciones humanitarias

Según la televisión francesa N24, la Policía antidisturbios ha arrestado a todos los refugiados y los ha llevado hasta los autobuses. “A los periodistas nos dijeron que abandonáramos el lugar, y pudimos ver cómo los inmigrantes eran arrestados”, afirma uno de sus periodistas.

“La mayor parte fue arrestada en espacio de 20 minutos, en unas escenas violentas. Los inmigrantes habían sido protegidos por un cordón de voluntarios de ONG, y la Policía los sacó, e intentó separar a los menores de 18 años de los adultos”, añadió.

Más fotografías del asalto en BBC y vídeo

Sigue la situación en directo por el twitter de los grupos de defensores de los inmigrantes en la zona o en su web

Dernière nuit dans la “jungle” de Calais
por lemondefr

La última noche y el asalto al amanecer


  • 54 inmigrantes indios viven acampados en el monte de Ceuta desde hace casi un año y medio
  • Reclaman al gobierno que les permita cruzar a la península para regularizar su situación

Las huellas de las pisadas sobre el monte del Renegado se pierden entre los árboles hasta desembocar frente a un viejo archivador de oficina sobre el que reposan el retrovisor de un coche y una cuchilla de afeitar. A pocos metros, la chapa de un capó amarrada a plásticos y cartones protege un colchón. La imaginación es el único recurso que hace al monte un lugar un poco más habitable para los 54 inmigrantes indios que desde hace casi un año y medio acampan en él.

Antes vivían en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta pero lo abandonaron cuando comenzaron los rumores sobre su repatriación. “Vimos como otros indios, bengalíes y africanos salían deportados. La policía puede venir a por tí las 3 o las 4 de la mañana y ahí acaba todo. Nosotros no queremos volver así”, dice Gurpreet Singh, Babú como le conocen todos, un joven de 24 años que maneja con soltura el español y actúa como portavoz del grupo.

Dos inmigrantes indios en un campamento del monte de Ceuta. Sept 2009. Fotografía: Sergi Cámara / Piravan (c)

5 años perdidos

La historia de Babú es, con otros nombres y fechas, la de sus 53 compatriotas. Volver es el fracaso del que huye desde hace 5 años cuando salió de la India donde quedó su familia embargada tras ayudarle a costear los 15.000 euros de un viaje que le iba a llevar directo a Europa. Pero desde que cogió el primer avión de Nueva Delhi a Burkina Faso el tiempo comenzó a dilatarse.  Babú enumera cada uno de los puntos de la ruta como si fuese la tabla de multiplicar. “Llegué a Burkina Faso, después Koulikoro y Gao en Mali, Gardaia, Argel y Maghnia en Argelia, Rabat, Tánger, Oujda, Nador y Castillejos en Marruecos”. Recordar el camino es más fácil de lo que fue recorrerlo.

Pasó dos años sometido a las extorsiones de las mafias, detenciones, cárceles, expulsiones que le hacían volver sobre sus pasos y caminadas por el desierto. “Estuvimos 7 meses en el Sáhara, fue muy difícil, casi no comíamos ni bebíamos nada, nos daban arroz mezclado con tierra y agua con gasolina. morir a dos compañeros, los metieron en bolsas de basura y los abandonaron en el desierto”.

Raja Singh se afeita la barba en el campamento del monte. Ceuta. Sept 2009. Fotografía: Sergi Cámara / Piravan (c)

En diciembre de 2006, tras pagar 3000 euros cruzó la frontera de Ceuta escondido en el salpicadero de un coche. “Estaba muy contento, pensaba que podría trabajar y ganar dinero para mi familia. Pero no. Aquí estamos otra vez atrapados, delante tenemos un mar que no podemos cruzar y detrás Marruecos donde no queremos volver”. A la frustración se suma la impotencia a la que se enfrentan cada vez que llaman a los suyos. “Mi familia vendió nuestra casa y ahora viven con mi primo. Siempre me dicen que cuándo habrá una solución y no sé qué decirles. Me preguntan que cuándo iré a la península y sólo sé decir que no lo sé, es difícil llamarles”. Satnam Singh tenía 17 años cuando salió de la región de Punjab.

No hay papeles en Ceuta

Para ellos como para el resto de inmigrantes que aguardan en el CETI, Ceuta es un limbo jurídico en el que sólo les queda esperar el día de regreso a sus países. La orden de expulsión se convierte un billete de vuelta que puede tardar meses o incluso años en ejecutarse. Como les ha ocurrido. En el mes de diciembre 31 de los 54 indios habrán completado 3 años en España.

Legalmente, a partir de entonces podrían solicitar el arraigo social. Sin embargo, “los trámites aquí son muy difíciles, tendrían que demostrar vínculos familiares que en su caso no existen o presentar un informe de los servicios sociales favorable pero ellos no reciben atención municipal. Además, se les pide una oferta de trabajo con contrato de una duración mínima de un año. Si les dejaran cruzar a la península cumplir los requisitos sería más sencillo, allí tendrían más posibilidades, por ejemplo, de encontrar empleo”, aseguran desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Asimismo, al tener una orden de expulsión, su solicitud de arraigo probablemente no sería admitida a trámite por lo que ya han solicitado a la Administración que la sustituya por el pago de una multa que rondaría los 300 euros, pero de momento no han obtenido respuesta.

Campamento del monte del Renegado. Ceuta. Sept 2009. Fotografía: Sergi Cámara / Piravan (c)

La Asociación Elín, que les asesora e imparte clases de español. recuerda además que en Ceuta los inmigrantes no pueden inscribise en el padrón municipal. “Este es un caso excepcional en España. No se les reconoce un derecho tan básico como el empadronamiento que les acceso entre otras cosas al servicio sanitario y que sí tienen en el resto del país”.

Una maraña legal que para Babú tiene una traducción más sencilla. “En una ciudad como Barcelona, Jaén o Pamplona si no trabajas puedes buscar en otro sitio. ¿Por qué no en Ceuta? ¿Por qué no podemos pasar? No somos igual que los inmigrantes de la península. Llevamos 5 años de nuestra vida esperando llegar a Europa y esto no es Europa”.

Para él y sus compatriotas, el tiempo, el esfuerzo y las deudas que adquirieron en sus países para costear el viaje, y que ahora no pueden pagar, son su carta de presentación cuando reclaman al gobierno español que les deje atravesar el Estrecho. Esperan una medida de gracia como la que se tomó hace dos años en el caso de 37 bengalíes que tras una protesta de seis meses en el monte fueron enviados Madrid donde regularizaron su estancia. “Estamos en la misma situación, a ellos les dieron los papeles ¿por qué a nosotros no?”. La misma pregunta que se hacen en Melilla 63 bengalíes que cada fin de semana acampan en el centro de la ciudad.

Pero el trámite de las expulsiones continúa. “La ley es la ley y ellos tienen que irse, la Administración están trabajando en su repatriación. Ahora los indios han dejado de llegar. Si con este trabajo de deportación se consigue que por aquí no entren, se están haciendo las cosas bien. Desde el CETI no podemos hacer más que decirles que tienen la puerta abierta para cuando quieran volver y dejar el monte”, dice Valeriano Hoyos, director del Centro de Estancia Temporal.

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Tres inmigrantes indios lavan la ropa en la playa Benítez. Ceuta. Sept 2009. Fotografía: Sergi Cámara / Piravan (c)

Yo a tu casa y tú a la mía

Desde que comenzaron la protesta, los indios han contado con el respaldo de la Asociación Elín. Con su ayuda organizan la campaña “Yo a tú casa y tu a la mía”, una acampada solidaria en el monte del Renegado a la que esperan que se sumen los 470 inmigrantes que viven dentro del CETI y “quien quiera conocer los problemas que tenemos los inmigrantes en Ceuta”. Quien quiera conocer de cerca la historia de cincuenta y cuatro Ulises.

<<< capítulo anterior. En el laberinto del Estrecho (2) Encerrados en Ceuta


El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta no tiene muros, las rejas verdes que lo rodean dejan ver la rutina de un recinto en el que conviven 470 inmigrantes de 31 nacionalidades diferentes, 470 historias de huidas y peregrinaciones. Los últimos en llegar fueron 25 subsaharianos rescatados el viernes a seis millas de la costa.

Mujeres y niños en el CETI de Ceuta  . Sept 2009. Fotografía: Sergi Cámara / Piravan (c)

Sandra Osato con su hijo Desmond en el CETI de Ceuta . Sept 2009. Fotografía: Sergi Cámara / Piravan (c)

Desde el exterior se escuchan las risas de un grupo de nigerianas que charlan sentadas sobre mesas y bancos de piedra en los que se preparan para trenzarse el cabello. Mientras, varios niños corretean a su alrededor. Para la mayoría el centro es la única casa que conocen, aquí se han criado desde que llegaron a España siendo bebés o en el vientre de sus madres.

Darek es nigeriano, emplea indistintamente su lengua materna y el español, dependiendo de la nacionalidad de su interlocutor. Tiene 4 años, es muy activo y su madre, Sandra Osato, sonríe cuando lo ve desenvolverse con tanta soltura. La inocencia de Darek lo mantiene al margen de la historia que le ha traído a España y que comenzó en 2001 cuando Sandra salió de Nigeria escapando de un matrimonio concertado. “Le dije a mi padre que no podría casarme con un hombre tan viejo como aquel”. Huyó de las amenazas de muerte y del repudio de su familia con el novio que ella había escogido y que después se convertiría en su marido y padre de sus hijos. “Todos me abandonaron, yo estaba desesperada y quería empezar de nuevo”. Después de cruzar Libia y Argelia, llegaron a Marruecos donde sobrevivieron pidiendo en la calle durante 4 años y 5 meses. Cuando se quedó embarazada de Desmond, su segundo hijo, cansada de la vida que llevaba decidió probar suerte en el mar. “Le dije a mi marido que no podíamos seguir así y cogí la patera”. Partió sola con los niños.

Con un bebé en su vientre y otro de tres años en el regazo se subió a la embarcación en la que había otras 23 personas. “El viaje fue muy duro. Le pedía a Dios que todo terminara bien. Decía: ‘No quiero volver, no envíes a la policía para que me detenga’. Cuando nos metimos en el mar el motor se paró, se cayó al agua y empecé a llorar porque pensé que todo se acababa… pero vinieron a rescatarnos”.

 CETI de Ceuta . Sept 2009. Fotografía: Sergi Cámara / Piravan (c)

CETI de Ceuta . Sept 2009. Fotografía: Sergi Cámara / Piravan (c)

Lleva más de un año sin ver a su marido, pero habla con él por el móvil a diario. “Está esperando en Tánger para cruzar porque no tiene dinero, ya ha intentado varias veces pasar la frontera nadando pero la policía marroquí lo coge y lo devuelve a Argelia. De vez en cuando me dice que no puede más y yo le suplico que no me deje sola. Le digo que es normal estar enfadado. A veces en las situaciones difíciles es necesario estarlo.”

El CETI está en una colina casi a las afueras de la ciudad, junto a una urbanización de chalets de varias plantas. Durante el día el trasiego de africanos es continuo en sus alrededores, bajan al centro para trabajar de aparcacoches o ayudando en los supermercados que es a lo que pueden aspirar si no tienen papeles. A la caída de la tarde se reúnen en grupos a la sombra de los árboles o en la playa desde donde los días claros ven emerger el perfil de la península como si sólo les separasen unos cuantos metros.

Chukube Manda mira al frente con indiferencia. Entró a Ceuta con un equipo de salvamento marítimo que lo rescató de una balsa a la deriva. La felicidad que le produjo pisar suelo español se convirtió a los pocos días en desengaño, “Creía que esto sería otra cosa. Lo mejor es ir directamente del bosque (de Marruecos) a la península. Los que llegamos a Ceuta no sabemos si estamos en España o seguimos en Marruecos. No puedes avanzar, te quedas parado. Es como una cárcel donde te tienen sin trabajar y sin hacer absolutamente nada hasta que un día vienen, te cogen y te mandan a tu país”.

CETI de Ceuta . Sept 2009. Fotografía: Sergi Cámara / Piravan (c)

CETI de Ceuta . Sept 2009. Fotografía: Sergi Cámara / Piravan (c)

Chubuka salió en enero de 2008 de Camerún. Ha peregrinado por las fronteras de Nigeria, Níger, Argelia y Marruecos, sin dinero, recorriendo cientos de kilómetros a pie por el desierto y sobreviviendo varios días sin comer ni beber. “Tengo muchos amigos que siguen allí y están en pleno desierto, `locos´ por culpa del sol y sin hacer nada. Pasan demasiado tiempo pensando”.

Actualmente, los residentes del CETI provienen mayoritariamente de países en conflicto como Congo, Somalia, Nigeria o Sudán, aunque los hay de toda la África Negra e incluso de Afganistán, Pakistán y la India, de estos últimos 54 abandonaron el centro y acamparon en el monte ceutí hace más de año medio, en señal de protesta, cuando recibieron sus expedientes de expulsión.

CETI de Ceuta . Sept 2009. Fotografía: Sergi Cámara / Piravan (c)

Dos inmigrantes miran al mar desde la playa Benítez de Ceuta . Sept 2009. Fotografía: Sergi Cámara / Piravan (c)

El 80 por ciento de los inmigrantes de la ciudad han solicitado asilo en España pero más del 70 por ciento de esas peticiones han sido denegadas. Ese dato, sumado a las deportaciones masivas, como la de finales de julio cuando 31 nigerianos fueron trasladados a la península y devueltos en avión a su país, hacen que los inmigrantes vivan entre la inseguridad y el miedo. Ibrahim Conde, costamarfileño, no alberga esperanza alguna en regularizar su situación en Ceuta, “sólo me queda pedir a Dios que el gobierno me mande a España pero que no llegue a repatriarme, como les ha pasado a algunos amigos que tengo en Madrid y Barcelona”. Son casos en los que la deportación no llega a ejecutarse. El inmigrante es trasladado a la península con una orden de expulsión e internado en un CIE (Centro del Internamiento de Inmigrantes) durante 40 días, máximo legal permitido que se verá ampliado a 60 días con la aprobación de la nueva ley de extranjería, si en ese tiempo no es devuelto a su país es puesto en libertad. Sólo entonces Ibrahim daría por concluido su viaje.

Ceuta  . Sept 2009. Fotografía: Sergi Cámara / Piravan (c)

Stea Ishtaiq, de Afganistán es uno de los recién llegados al CETI de Ceuta . Sept 2009. Fotografía: Sergi Cámara / Piravan (c)

Stea Ishtaiq está en la entrada del CETI, ha llegado hace un par de días. Sentado en el suelo con las piernas cruzadas fija sus ojos en el torno de la puerta por el que van desfilando inmigrantes. Tiene la cara hinchada, muy rosada y seca a consecuencia del sol, una metáfora de cómo le ha tratado la vida en los últimos años desde que salió de Afganistán en 2007 con destino a Italia. Stea es pastún y trabajaba de transportista en Kandahar. “Un día al volver a casa me encontré los cadáveres de mis dos hermanos y mi padre, mi madre y mis hermanas no estaban”dice con un susurro que precede a un largo silencio.  A Stea le dieron una paliza y le pidieron dinero bajo amenaza de muerte. “Se lo conté a un amigo que me dijo que me ayudaría a llegar a Italia”. Lo dejó todo atrás y comenzó un viaje que le llevó a Pakistán y a Irán. Cruzó a Dubai como polizón, escondido en un barco. “Pasé dos o tres días sentado en una habitación. Después me taparon los ojos y me llevaron a otro barco en el que viajé durante tres meses hasta Abiyán, (capital de Costa de Marfil)”. De allí a Mali y al desierto de Argelia. Cuando llegó a la frontera con Marruecos le retuvieron con falsas promesas encerrado en un cuarto durante 14 meses.

“Un día me subieron a coche camino a Rabat o a Tánger, no lo sé. Estuve en el maletero durante 12 o 13 horas y después me dejaron en Castillejos (frontera sur de Marruecos y Ceuta), allí me dijeron que sería el último paso hasta Italia”. De Castillejos lo trasladaron a Beliones donde junto a otras 9 personas subió a una lancha a motor la noche del 24 al 25 de agosto.” Al llegar a Ceuta me aseguraron que ya estaba en Italia y me empujaron para que saliera de la barca. Unos indios me dijeron que esto era Ceuta, no Italia y que viniera al CETI. Aquí me han dado comida y ropa, estoy bien, mejor que en mi país. Allí no tengo futuro…no sé por qué mataron a mi familia, no tenemos dinero. Esa gente de Al Qaeda pone bombas en todos sitios, me matarán si vuelvo”.