Tres contra dos. Tres votos a favor. Dos en contra. Y madres y padres de desaparecidos, huérfanos, torturados, defensores de la vida y de la Justicia, todos ninguneados, alzaron sus brazos, gritaron, se abrazaron y lloraron en bares, casas y rincones de todo Chile. Y en muchos otros países. Cinco jueces lores británicos acaban de votar a favor de retirarle la inmunidad soberana al general Pinochet, lo que podría suponer su extradicción a España para ser juzgado si el gobierno británico lo permite.

El escritor Juan Gelman contaba ayer en el diario argentino Página 12: “Conocí al juez Garzón en 1997, cuando, con mi esposa Mara La Madrid, le elevamos una denuncia por el asesinato de mi hijo Marcelo Ariel y la desaparición de mi nuera María Claudia, padres de una niña o un niño nacido en cautiverio del cual supe la existencia por la Secretaría de Estado de El Vaticano. Era el único juez ante quien podíamos hacerlo: no había otro en el mundo dispuesto a escuchar el relato de los crímenes cometidos por la dictadura militar argentina. No había otro juez en el mundo que atendiera las heridas de las víctimas de Pinochet y no hubo otro que decidiera procesarlo”.

Último paseo de Pinochet como presidente. (c) Javier Bauluz /Piraván

El juez Baltasar Garzón había decidido emprender el que sería el proceso que, entre otras cosas, iniciaría a España en la práctica de la Justicia Universal. Algunos de los periodistas españoles que cubren el acontecimiento en Chile tienen que mentir sobre su nacionalidad. Ser español en Chile en aquellos momentos podía ocasionarles graves problemas entre los partidarios de Pinochet. Alguno de ellos lo recuerda como la única vez que han visto contentas a las víctimas.

El día de esta histórica votación era 25 de Noviembre de 1998 y cientos de miles de personas en todo el mundo reafirmaron su convicción en la justicia como única vía para combatir la impunidad. Muchos sintieron la necesidad de compartir sus impresiones, sus convicciones democráticas pero la única forma que tenían a su alcance era escribir una carta al Juez, para muchos de ellos extranjero, que había hecho este caso posible, aprovechar los medios de comunicación si algún periodista les preguntaba o, simplemente reunirse con personas con las que compartían su alegría cargada de dolor.

Y mientras, un movimiento de solidaridad internacional se gestaba a través de las imágenes de televisión, fotografías y crónicas. Pero no podían relacionarse entre ellos ni demostrar públicamente su apoyo al proceso sin intermediarios. Desde entonces han pasado sólo once años, pero las vías y herramientas para ejercer el derecho a la libertad de expresión permiten hoy alzar la voz de una forma inmediata, pública y en interacción con los otros de una manera que, inevitablemente, va a cambiar los mecanismos democráticos y el peso de la opinión pública en éstos.

El pasado miércoles por la mañana los medios de comunicación daban la noticia: la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial había acordado por unanimidad iniciar los trámites para suspender de funciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Era el resultado, entre otros, del intento del juez de juzgar los crímenes de la dictadura franquista, lo que desencadenó una ofensiva en su contra por parte de dos grupos de extrema derecha, Falange Española y Manos Limpias. Le acusan de prevaricación por intentar localizar y exhumar a los víctimas de la dictadura franquista.

Al mediodía de este mismo miércoles, se hacía público un Manifiesto por la Justicia de Garzón a través de una web y un grupo de Facebook donde todo aquel que quisiera pudiera unirse. En poco más de 48 horas han firmado el manifiesto  2.000  ciudadanos en el grupo de Facebook y casi 1.000 en la web. Casi 3.000 personas con sus nombres, apellidos y profesión una gran mayoría, enfermeros, secretarios, profesores, periodistas, jubilados, parados, cooperantes, conserjes, profesores, catedráticos, publicistas, escritores, estudiantes, abogados, soldados, magistrados, ciudadanos en definitiva, han contado con la posibilidad de hacerse oir públicamente. Y no sólo como un mero número. La mayoría además ha explicado el por qué, rompiendo así no sólo con las barreras impuestas hasta ahora para la expresión de la opinión pública si no con los miedos a hablar alto y claro.

Para desmentir los rumores que ha señalado algún medio de que detrás de este manifiesto está un secreto y supuesto lobby dirigido por abogados y un vocal del Consejo General del Poder Judicial amigos de Garzón, me declaro culpable de haber expresado mi opinión como ciudadana y de haber creado las herramientas y las vías para que otros ciudadanos pudieran hacerlo igualmente.

A este manifiesto hay que sumarle otras muchas otras reacciones. Un grupo de intelectuales, entre los que se encuentran José María Caballero Bonald, Manuel Rivas, Ian Gibson, Juan Goytisolo y otros, ha manifestado que se consideran “sentados en el mismo banquillo que Garzón” y que están convencidos de que asistirán“al kafkiano proceso de un tribunal que encausa, en carne, a la Justicia, sufriendo con ello nuestra democracia el peor golpe desde el 23-F”.

La periodista Maruja Torres, en su columna en El País, explica a través de un ingenioso cuento como “un dragón muy malo (…) llamado Garrzón” fue por fin enfrentado por unos héroes acompañados de “Mary Provida, Mary Demagogia y el señor Odios” que encontraron en la Justicia “implacables justicieros como ellos”. David Trueba, en el mismo periódico, apuntaba a cómo “van a matar con un tecnicismo” a Garzón y que “no se entiende nada porque todo es una ficción judicial”.

"Falange Española pide ayuda para sentar a Garzón en el banquillo. Dada la escasez de recursos de FE JONS, solicitamos tu colaboración" dicen en su web. "FE JONS muestra su alegría por lo que podría ser el principio del fin de la impunidad (..) y quiere felicitar al Sindicato Manos Limpias y a los Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por su valentía".

La periodista Rosa María Artal también publicó un texto, suscrito por periodistas como Enrique Meneses y Fernando Berlín, en el que señalaba como “los países democráticos no pueden entender la condición de intocable del franquismo en España”refiriéndose al apoyo que ha recibido el juez por parte de prestigiosos juristas internacionales. De hecho, en el nuevo recurso presentado por el juez Garzón incluye cinco juristas internacionales como testigos para demostrar que los crímenes contra la humanidad no son amnistiables según tratados internacionales suscritos por España. Entre ellos, se encuentran Carla del Ponte, ex fiscal del Tribunal Internacional para los crímenes de guerra de la ex Yugoslavia y de la Corte Penal Internacional y Eugenio R. Zaffaroni, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina cuando ésta derogó las leyes de amnistía posteriores a la dictadura de ese país.

Amnistía Internacional ha manifestado que Garzón no puede ser acusado de  “delito de prevaricación por intentar localizar y exhumar a las víctimas de los crímenes del franquismo, justificándolo como contrario a la ley de Amnistía del año 1977″ porque “la impunidad de crímenes contra el derecho internacional no puede ser convalidada por ninguna ley de amnistía. Es el deber de las autoridades judiciales españolas investigar, sancionar y reparar todos aquellos crímenes que hayan sido cometidos en un país, aunque sea en el pasado”.

Familiares de los cinco republicanos asesinados, según testigos, por falangistas y que fueron enterrados en la Fosa de Turanzas (Llanes, Asturias) observan la exhumación de los restos. (c) Javier Bauluz / Piraván

Jueces por la Democracia junto a la Unión Progresistas de Fiscales han expresado que este proceso supone “criminalizar la discrepanacia jurídica” puesto que la investigación de los crímenes de lesa humanidad “se ajusta completamente a la legalidad nacional e internacional”.

El ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha definido la trayectoria de Garzón en la Cadena Ser como “el juez que más se ha enfrentado a ETA y a su entorno, el que más eficazmente ha combatido el narcotráfico y la delincuencia financiera. Desarticuló las cuentas secretas del BBVA en Jersey o el caso Pretoria, que alcanza a Alavedra y Prenafeta. Combatió la guerra sucia contra el terrorismo del GAL, el caso Gürtel de corrupción en el seno del PP, las dictaduras latinoamericanas. El factor determinante es que se atrevió a lo que nadie se había atrevido, a investigar las desapariciones forzadas, cien mil desapariciones”. Según Jiménez Villarejo “la extrema derecha española ha conseguido poner a su servicio a una parte de la magistratura” movidos por el “recelo, de envidia, de venganza”.

También políticos del PSOE y de IU han mostrado su apoyo a Garzón: el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, le definió como un “profesional decente” y mostró su esperanza de  “que le vaya lo mejor que le pueda ir en este trance”. El coordinador general del IU, Cayo Lara, dijo que IU está en  “completa solidaridad” con el juez.

Son muchos los perfiles y los ciudadanos que se han mostrado en contra de este proceso contra el Juez Garzón. Y en esta ocasión, como cada vez es más habitual, los ciudadanos no han tenido que esperar a que otros se manifiesten, se generen corrientes de opinión desde las altas esferas o desde los medios de comunicación para expresar sus opiniones y sentimientos. El nuevo ecosistema de comunicación de los ciudadanos funciona. Y su voz puede ser expresada y escuchada.

• Enlaces de interés: web.  Manifiesto por la Justicia de Garzón y grupo en Facebook
• El Manifiesto en Menéame
  

• Carlos Villán Durán es uno de los dos abogados internacionales de Aminatou Haidar, que trabaja junto a otras dos letradas centradas en el ámbito nacional.

• Jurista, trabajó durante más de veinte años como investigador de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en el Instituto Internacional de DDHH de Estrasburgo.
• En 2008, fundó la Asociación Española para el Derecho Internacional de los DDHH y fue promotor de la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz.

¿Cuál es la situación de Aminatou Haidar?

La situación de la señora Haidar es de extrema debilidad y no se ha muerto aún porque ingiere agua azucarada que es lo que la mantiene mínimamente en vida. Pero esta situación se puede deteriorar en cualquier momento. Es una persona que sufre varias patologías previas y además es una antigua torturada. Durante los primeros cuatro años que estuvo detenida y desaparecida por Marruecos, fue torturada y violada diariamente.

Sus abogados internacionales hemos trabajado en el plano de los derechos humanos de la política internacional. Solicitamos y se ha realizado una intervención de la Alta Comisionada de los DDHH de las Naciones Unidas, pidiendo al gobierno de Marruecos que reconozca el derecho de Aminatou a volver a su tierra. La Relatora Especial para los Defensores de los DDHH de la ONU también ha realizado una acción urgente para que pueda volver. El regreso es una condición sine quae non, y además es que es un derecho humano básico que no puede ser condicionado ni suspendido. Y su voluntad es seguir en huelga de hambre hasta regresar a su tierra, viva o muerta. Esa es la apuesta por la que está jugándose la vida, una apuesta que significa la defensa de la dignidad humana, familiar y como representante del pueblo saharaui. Y es evidente que es muy respetable la lucha de esta madre coraje que cuando habla por teléfono con sus hijos no hace más que llorar. Imagínate qué sufrimiento.

De izda a dcha: Carlos Villán, el abogado palestino Raji Sourani y el diputado de Izquierda Unida, Gaspar LLamazares en las jornadas sobre la justicia universal celebradas en Gijón el pasado viernes. Foto: Patricia Simón

Carlos Villán ha sido uno de los participantes de la jornada dedicada al recorte de la Justicia Universal en España, organizada por el Comité de Apoyo a la Causa Árabe en Gijón (Asturias). Allí, ante el público asistente volvió a pedirle públicamente a Haidar que finalice la huelga de hambre para salvar su vida y así poder seguir representando la lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui.

Además de la intervención ante organismos internacionales, ¿van a llevar a cabo acciones judiciales?

Por supuesto. Los abogados españoles ya están trabajando en la denuncia que Haidar interpuso contra las autoridades españolas porque no le permitían volver a Marruecos durante sus primeros días en Lanzarote. Estaba retenida en el aeropuerto. Felizmente el gobierno español rectificó a los quince días y reconoció que Haidar tiene todo el derecho a volver a su país e intentó facilitarle su regreso, que impidió Marruecos con la negativa al vuelo que se preparó. Aún así España tiene responsabilidades internacionales que van más allá de esto. En relación con el ejercicio de la libre determinación del pueblo saharaui autóctono, España tiene un compromiso como antigua potencia colonial que no está asumiendo.

Diversos organismos y observadores consideran que el aumento de la represión contra los defensores de los DDHH y de la autodeterminación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos responde a un miedo por un alejamiento de la administración estadounidense y de la ONU desde la llegada de Obama al gobierno. ¿Qué opina de esta teoría?

Todavía son más expectativas que realidades, pero me parece muy legítimo alimentar las expectativas. El cambio de la administración estadounidense es una expectativa que tenemos que alimentar porque es difícil imaginar un panorama más gris o negro. En el caso del gobierno de Obama parece que sí hay una serie de movimientos que tratan de alejarse de un alineamiento vergonzoso y total con los intereses de Marruecos que ha mantenido EEUU y Francia todos estos años, y que iba arrastrando cada vez más a España. También ayuda el cambio de representante de la ONU porque el anterior fue un desastre. Quiso legalizar ante la ONU la anexión del Sáhara mediante la concesión de un estatuto de autonomía descafeinada que los saharauis no aceptaron -y que yo les aconsejaría que nunca aceptaran- porque ¿qué tipo de autonomía pueden tener en un régimen teocrático y dictatorial?

¿Cómo va a afectar internacionalmente el recorte de la justicia universal en España?

La jurisdicción universal es una institución emergente que aún no se ha consolidado en el plano del derecho internacional pero que tiene mucha importancia porque trata de perseguir a los criminales de guerra y de lesa humanidad. Por tanto, se trata de una gran contribución a la lucha contra la impunidad que es la moneda corriente cuando hablamos de este tipo de delitos. Éste es el caso paradigmático de las violaciones de derechos fundamentales que comete Israel contra el pueblo palestino y por la que ningún político,  militar ni religioso ha sido juzgado, lo que explica que puedan actuar de una manera tan despiadada. Por ejemplo, el caso de Pinochet, con independencia de que al final no pudiera ser juzgado en España por la vergonzosa decisión del por entonces Ministro de Interior británico, Jack Straw, produjo dos efectos importantísimos: que el dictador Pinochet no se sintiera impune nunca más y que el juez chileno Guzmán, apoyado por el juez Garzón y por organizaciones de defensa de los DDHH, abriera una causa contra él. El proceso quedó inconcluso porque Pinochet murió, pero murió procesado por sus propios tribunales.

De todas formas, la reforma no impide absolutamente el ejercicio del principio de la justicia universal puesto que no puede contradecir los tratados universales que España ha firmado y que le obligan a ejercerla: los cuatro convenios de Ginebra sobre Derecho Humanitario Internacional, las convenciones de las Naciones Unidas contra la tortura, el apartheid, el genocidio, la piratería, la trata de seres humanos… Eso es insalvable. Además no tiene efecto retroactivo por lo que la causa que se abrió en enero de 2009 en la Audiencia Nacional por el asesinato de varias decenas de seres humanos durante uno de los ataques selectivos que Israel realiza en zonas de viviendas, sigue su proceso para juzgar a los responsables de este crimen de guerra.

La justicia universal además se enfrenta a determinadas normas internacionales muy aceptadas como la inmunidad de los dirigentes políticos mientras ejercen sus funciones. Pero la consolidación de la Corte Penal Internacional y el ejercicio de la Justicia Universal son dos reductos muy claros que avisan al criminal de guerra que su impunidad ya no está garantizada.

¿Cómo interpreta la huelga de hambre que realizaron el Secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, y el director de la FAO, Jacques Diouf, durante la última Cumbre de seguridad alimentaria?

Es una demostración de dos realidades palpables: la debilidad de las organizaciones internacionales, porque olvidamos que son intergubernamentales, que son sus Estados miembros los que tienen el poder y que sus directivos son sólo ejecutores de lo que acuerdan los gobiernos, por lo que su campo de maniobra es bastante limitado. A esto le añadimos un contexto de crisis sistemática que brota por todas partes y evidencia la debilidad del sistema. Ahora mismo, oficialmente, hay 1020 millones de seres humanos que pasan hambre todos los días y muchos de ellos están condenados a morir, especialmente las mujeres y los niños. ¿Por qué está aumentando el número de personas hambrientas si en realidad, si los gobiernos fueran coherentes con los objetivos del milenio en 2015, deberían ser la mitad de los 850 millones de entonces? Pero las expectativas son que en 2015 serán 1200 millones de personas hambrientas. ¿Es el hambre algo imposible de combatir? En absoluto. Los científicos dicen claramente que con lo que tenemos podríamos alimentar al doble de la población actual. Entonces, no deriva de la capacidad, sino de que se ha construido un gran negocio  en torno a la comida y al agua. Para tener acceso a ellos hay que pagar y los pobres no pueden, además de que una botella de agua es infinitamente más cara en Palestina o en el Sáhara que en Gijón. El capitalismo neoliberal ha establecido las reglas de enriquecimiento sin límites de las multinacionales, incluidas las de los alimentos. Y el que menos recibe en esta cadena es el que los produce, el campesino. La mayoría de la gente que se muere de hambre son agricultores. No tiene ningún sentido.

En este sentido, los líderes de la ONU y de la FAO han intentado, a través de esta huelga de hambre, llamar la atención de los líderes para que cumplan con sus compromisos de una vez. Pero no lo han conseguido porque lo que se aprobó es un texto retórico sin promesa concreta ni cifras.

Pero, ¿qué le parece que se pongan en huelga de hambre?

Si yo estuviera en su piel no dudaría en dimitir inmediatamente porque, desde el punto de vista moral y de coherencia política, sería la única salida posible. Si no me hacen caso me voy. Pero también me parece que ninguno de los dos comparten mis mismos principios morales. El señor Diouf tiene mucha retórica pero viene de un país profundamente corrupto y él es un señor profundamente corrupto. Habla del hambre en el mundo, pero la verdad es que podría hacer mucho más de lo que hace en la FAO. Una organización dominada por estructuras de la Guerra Fría en la que la atención al derecho a la alimentación lo gestiona un equipo de unas cinco personas. No dedica los recuersos humanos y materiales necesarios, y a su disposición, para combatir el hambre. Y en cuanto a Ban Ki Moon, creo que es un señor muy gris y muy triste, con poca capacidad de liderazgo internacional, muy mediatizado por Estados Unidos. La ONU tiene cierto margen de autonomía que podría utilizar de una manera más eficaz. Por ejemplo, en el caso de Haidar. Sabemos por los medios que se ha interesado por su situación ante el gobierno marroquí pero ¿ha visto que haya comparecido en una rueda de prensa o ante una cámara de televisión y haya dicho eso? Y lo podría decir, pero le supondría un tirón de orejas por parte de Marruecos y es uno de sus aliados más fieles. Pero yo como secretario general podría soportarlo porque es legítimo exigir a los Estados que cumplan con el derecho internacional, y recordarles que el derecho a la autodeterminación de los pueblos está consagrado en las cartas internacionales.

Texto: Patricia Simón. Entrevistas: Lydia Molina y Jessica Romero. Fotos: Javier Bauluz   (c) PIRAVÁN

A principios de año el gobierno israelí recomendó a sus militares no viajar a España, Francia, Reino Unido y los países nórdicos porque podrían ser detenidos y juzgados por crímenes de guerra, tal como le sucedió en 1997 al dictador Pinochet. Si la reforma de la Justicia Universal española prospera los culpables de crímenes contra la humanidad podrán seguir paseando su impunidad por el mundo. Contra la propuesta del PP y del PSOE se han alzado más de 100 organizaciones sociales.

La recomendación del gobierno israelí  tuvo lugar el 25 de enero, apenas una semana después de que acabase la ofensiva israelí contra Gaza que asesinó 1400 palestinos en poco más de veinte días. Era la respuesta a las denuncias de numerosos organismos internacionales y de defensa de los derechos humanos contra la comisión de crimenes contra la humanidad y que exigían la apertura de procesos judiciales en los tribunales internacionales y nacionales.

El gobierno israelí también  anuncia una resolución para regir la protección legal y política de los militares que fuesen denunciados fuera del país por crímenes de guerra.

Palestino golpeado y esposado por soldados israelíes durante la primera Intifada. (c) Javier Bauluz /PIRAVÁN

Cuatro días después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acepta a trámite una querella por los ataques israelíes que se produjeron sobre Gaza en el año   2002   y que mataron a 14 personas (un presunto líder de Hamás y el resto civiles), imputando al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer junto a seis militares israelíes.

Inmediatamente, la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, que en esos momentos encabezaba candidatura en plena campaña electoral israelí, realiza unas declaraciones en la que dice que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le ha prometido reformar el sistema judicial para evitar este tipo de acciones. A su vez Moratinos en una entrevista radiofónica reconoce la existencia de la gestión y asegura que se hará lo posible para modificar la normativa española.

-  En marzo, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pide a la Fiscalía que le informe de si debe investigar la querella interpuesta contra seis abogados norteamericanos considerados los “responsables jurídicos” de la creación del centro de detención de Guantánamo. Tras la negativa de la Fiscalía, el caso es asumido por el juez Eloy Velasco quien remite una rogatoria a Estados Unidos en la que pide ser informado si ha realizado alguna investigación en relación a la cárcel de Guantánamo. Paralelamente, ante la desclasificación de los documentos elaborados por los asesores de la Administración Bush, en los que se definía el marco legal para que la CIA empleara la asfixia y el ahogamiento simulados y otras prácticas coercitivas en interrogatorios, el presidente Barack Obama prometía que los ejecutores de las torturas no serían juzgados, aunque dejaba la puerta abierta para los responsables políticos.

El 27 de abril, Garzón abre  una causa para investigar a los posibles “autores materiales, inductores, cooperadores necesarios y cómplices” de los delitos de torturas cometidos en el centro de detención norteamericano de Guantánamo basándose en la desclasificación de los mencionados documentos en los que “se constata lo que antes se intuía: un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido”, apunta el magistrado en el auto.

La noticia tiene gran impacto en Estados Unidos, se convierte en portada de los principales periódicos, es aplaudida por las organizaciones de derechos humanos y rechazada por numerosos representantes del partido republicano, pero también del demócrata, un sector del cual quiere cerrar este asunto del que estaban al tanto durante el mandato de Bush.
Leer más