P+DH – el blog de la redacción de periodismohumano

  • En una homilía navideña, el Arzobispo de Granada, Javier Martínez, dijo que si una mujer aborta “eso da a los varones licencia absoluta de abusar del cuerpo de la mujer” y comparó la situación de los profesionales de la medicina que realizan abortos con la de los soldados de Hitler y Stalin.
  • Casi 8.000 ciudadanos piden que la justicia actúe contra él, por incitación y justificación de la violencia de género, en un grupo de facebook creado hace 48 horas que además ya está llevando a cabo otras acciones concretas.
Fotografía (c) Javier Bauluz /Piravan

Fotografía (c) Javier Bauluz /Piraván

El pasado 20 de diciembre, el Arzobispo de Granada, Javier Martínez, durante su homilía dominical pronunció las siguientes palabras:

Pocas imágenes en la historia más tristes que la que han ofrecido nuestros parlamentarios aplaudiendo lo que por fin se ha convertido en un derecho: matar a niños en el seno de la madre. ¿Y a eso lo llaman progreso? Se promulga una ley que pone a miles de profesionales (médicos, enfermeras,…) -sobre todo, a ellos- en situaciones muy similares a las que tuvieron que afrontar los médicos o los soldados bajo el régimen de Hitler o de Stalin, o en cualquiera de las dictaduras que existieron en el siglo XX y que realmente establecieron la legalidad de otros crímenes, menos repugnantes que el del aborto. Porque es de cobardes matar al débil. Hubo en la Edad Media -en esa preciosa Edad Media que nadie se atreve a recordar porque tampoco es políticamente correcto- una orden militar cristiana donde los caballeros hacían el juramento de no combatir nunca con menos de dos enemigos a la vez, porque para un caballero cristiano era indigno combatir de igual a igual con quien no era cristiano.

El mundo puede llamarlo estupidez. Yo le llamo valor. Pero matar a un niño indefenso, ¡y que lo haga su propia madre! Eso le da a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar del cuerpo de la mujer, porque la tragedia se la traga ella, y se la traga como si fuera un derecho: el derecho a vivir toda la vida apesadumbrada por un crimen que siempre deja huellas en la conciencia y para el que ni los médicos ni los psiquiatras ni todas las técnicas conocen el remedio.

El Arzobispo de Granada, Javier Martínez, es el mismo que también sobresaltó a la opinión pública cuando dijo que el preservativo había propagado el sida en África, sumándose así a la teoría hecha pública por el Papa Benedicto XVI en febrero del pasado año en un viaje por el continente africano, refrendada por algunos medios de comunicación, y que le costó la reprobación de países como Francia y Bélgica y la crítica de importantes sectores del ámbito científico. En aquella carta pública de Javier Martínez apuntaba como culpables de esta situación a:

Los mismos que han decidido que a cualquier cosa —incluso constitutivamente estéril— se la puede llamar matrimonio, haciendo burla de los millones de personas de las que ellos viven, porque son quienes pagan como pueden sus impuestos, aunque ninguna de esas personas —absolutamente ninguna— haya nacido de esas uniones estériles. Los mismos que deciden que matar a un ser humano, siempre que no haya nacido y no tenga voz para gritar, ni acceso a los medios de comunicación para defender sus derechos, ni un sindicato que le defienda, es legítimo, con tal de que les convenga a alguno de los adultos implicados. Los mismos que están a punto de decidir “una salida” igualmente digna y honrosa “a favor” de quienes han dejado ya de producir, para que no sean una carga para la Seguridad Social. Los mismos que piden mil controles para obtener un antibiótico, pero dan a menores, sin que sus padres lo sepan, sin rechistar y sin comentario, y todas las veces que haga falta, una píldora abortiva cuyas consecuencias, absolutamente conocidas en caso de abuso, no se quieren decir, para que no quede rastro o huella alguna, para que nadie les pueda reclamar el día de mañana por este crimen contra la humanidad de nuestros adolescentes (y contra su salud mental, afectiva y corporal).

Que la justicia actúe contra el Arzobispo de Granada

Éste es el nombre del grupo de facebook que en menos de 48 ha conseguido casi 8.000 miembros y que pide que se abra una causa a Javier Martínez por incitar y justificar la violencia de género.

En la carta modelo que se ha elaborado para que sea enviada a diversas instituciones como el Ministerio de Igualdad, el Instituto de la Mujer Nacional así como los autonómicos, el Defensor del Pueblo y que ya ha sido insertada numerosos blogs, leemos:

La violencia de género es una lacra social que se cobra muchas más vidas que el terrorismo. No podemos permitir que nadie, y menos si lo hace desde una tribuna pública o un púlpito, pueda contribuir con sus palabras a su propagación y justificación.

Entendemos que la ley debe ser igual para todas y todos, seas cristian@, musulmán/a, agnóstic@ o ate@, te escondas tras un pasamontañas, una sotana o un despacho institucional.

Y recuerdan que en España, en 2004, un imán fue condenado a quince meses de prisión y una multa de 2.000 euros por justificar la violencia contra la mujer. Lo hacía en un libro en el que enseñaba cómo agredir sin dejar huellas en el cuerpo. Entonces, la sentencia reconocía el derecho constitucional a la libertad religiosa del acusado, pero precisaba que eso no es pretexto para amparar la violencia de género.

Los miles de ciudadanos que le han plantado facebook al arzobispo de Granada han materializado su añoranza medieval por la que los guerreros católicos no se enfrentaban con menos de dos enemigos. Ya son casi ocho mil y probablemente muchos de ellos sean cristianos.


“La muerte le ganó a la justicia”. Con estas palabras, Mario Benedetti se refirió al fallecimiento del dictador Augusto Pinochet. Sin embargo, el escritor uruguayo quiso que su muerte no acabara con su compromiso con la Justicia. Para ello, su testamento destinaba toda su herencia a la Fundación Mario Benedetti a la que encargó dos funciones prioritarias: el fomento de la cultura y la defensa de los Derechos Humanos.

“No es el olvido lo que puede salvar a una comunidad del rencor y la venganza. Sólo el ejercicio de la justicia permite que la comunidad recupere su equilibrio”. Con estas palabras del escritor comienza la carta que la Fundación Mario Benedetti dirige al gobierno del Brasil para que agilice la extradicción del confeso represor del Plan Cóndor, el coronel uruguayo Manuel Cordero. Ésta ha sido la primera iniciativa de una institución que no se creó durante la vida del escritor porque temía que fuese entendida como una falta de modestia, según explica su secretario personal Ariel Silva, gerente de la fundación que, siguiendo los deseos del escritor, dirigen intelectuales con una trayectoria marcada por el compromiso social y que además compartieron amistad, como Daniel Viglietti, Eduardo Galeano, Guillermo Chifflet, el médico Ricardo Elena y Sylvia Lago, presidenta de la institución, con quien ha conversado P+DH.

Sylvia Lago en la presentación de la Fundación Mario Benedetti
Sylvia Lago en la presentación de la Fundación Mario Benedetti

“Manuel Cordero es responsable de algunos de los vuelos de la muerte donde se traían a los presos desde Argentina, y desde los cuales a veces eran arrojados al mar y otras traídos hasta el país para ser torturados y asesinados. También está perseguido por la justicia argentina por el caso de la Automotores Orletti, donde fueron torturados, desaparecidos y asesinados decenas de uruguayos, por orden de Cordero. Desde 2004 vive en el sur de Brasil bajo arresto domiciliario aduciendo problemas de salud, pero se le ve paseando por el barrio y en cualquier momento podría huir”, nos explica Sylvia Lago. De hecho, Manuel Cordero ya escapó de la justicia cuando un juez abrió una causa contra él por apología de la tortura después de que reivindicará en el semanario uruguayo Búsqueda el uso de la violencia que había practicado durante la dictadura como una forma válida para obtener confesiones. Fue entonces cuando huyó a Brasil y se declaró “perseguido político”. Un año más tarde, fue localizado gracias al trabajo del defensor de derechos humanos Jair Krischke en una investigación realizada en colaboración con La República, por la que encontraron en el consulado uruguayo un documento firmado por Cordero para que un familiar pudiese cobrar su jubilación militar. Mientras la justicia brasileña discutía la posible aplicación de la ley de amnistía de 1979, Cordero pasó algunos meses en una sede policial y  en una militar, hasta que le fue concedida la prisión domiciliaria porque tenía que someterse a una operación de corazón. Desde entonces, las causas judiciales abiertas contra Cordero se han ido acumulando.

Manuel Cordero ocultando su rostro a los periodistas
Manuel Cordero ocultando su rostro a los periodistas

“Cordero es uno de los más sanguinarios represores del Plan Cóndor, acusado como asesino, secuestrador, torturador y violador de detenidas, que provocó la desaparición de decenas de personas, entre otros delitos por los que fue denunciado ante la justicia de Uruguay, de Argentina, de Italia y de España”. Éste es el primero de los seis párrafos que los integrantes de la fundación necesitan para explicar el historial de barbarie con el que carga Cordero en una carta que fue entregada por Eduardo Galeano al embajador brasileño en Uruguay. El 11 de septiembre de 2008 el Supremo Tribunal de Brasil, compuesto por diez ministros y un presidente que no vota salvo en caso de empate, negaron la extradicción. Sin embargo, el caso fue retomado gracias al ministro Ricardo Lewandowski quien, refiriéndose a la desaparición de niños que también se le imputa adució que “el secuestro tiene carácter permanente hasta que la víctima sea entregue”. El 7 de agosto se aprobó el traslado del represor a Argentina, pero no a Uruguay, según apuntan, para que no pueda ser juzgado varias veces por el mismo delito. Pero el tribunal aprobó un plazo de treinta días y desde entonces ya han pasado más de tres meses.

La carta ha sido firmada por más de mil personas, entre ellos reconocidos intelectuales y artistas como Joan Manuel Serrat y Juan Gelman, cuya vida ha estado especialmente marcada por este asunto. Manuel Cordero está implicado en la desaparición de su nuera y en el secuestro de la identidad de su nieta, a quien encontró veinte años después de su desaparición. Pero parece que el fin de la impunidad está cerca.  Según nos cuenta Sylvia Lago “el presidente brasileño ha declarado que se está tramitando el proceso de extradicción y que falta mucho menos. La carta ha conseguido agilizar los trámites”.

Sylvia Lago es directora del Departamento de Literatura Uruguaya y Latinoamericana de la Universidad de Humanidades de Montevideo, un cargo que ocupó Benedetti en 1971, cuando ya su reconocimiento era internacional y dos años antes del golpe de Estado que sumió a Uruguay en una dictadura larga y sangrienta y al escritor en un largo exilio. “La fundación Mario Benedetti trabaja con organizaciones de familiares de desaparecidos y presos políticos para el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad y para la aplicación de la Justicia a todos ellos. Hemos participado en la campaña de derogación de la Ley de Caducidad, y aunque ha vuelto a ser denegada en el último referéndum, seguiremos intentándolo porque como decía Mario la esperanza es imposible de decapitar. Tendremos resultados pronto”, nos explica esta mujer de voz juvenil y conversación educada y paciente, tan identificativa de la lucha de las víctimas uruguayas. Sylvia nos atiende desde la Casa del Autor de Montevideo “porque aún estamos en proceso de sucesión de la herencia y aún no tenemos sede ni nada. Pero en cuanto tengamos un lugar, estaremos encantados de recibiros a todos”. Benedetti adjudicó otra función fundamental a la fundación, la de la ayuda a los jóvenes escritores, para los que se organizarán cursos, becas y premios, entre otras actividades. “Mario fue una persona donde literatura y ética andaban a la par. Querido, amado y estudiado, su pérdida es sólo física porque su permanencia en las letras lo ha convertido en un clásico”.
Y con esta primera acción de la Fundación, el compromiso con la justicia de Benedetti ha ganado a la muerte.


  • Adriana Espinosa asegura que acudió “por curiosidad periodística” y para hacer un trabajo académico.
  • Registraron su casa, se llevaron su ordenador y analizaron sus archivos personales.

Una estudiante Erasmus acude a una manifestación en Turquía al mes y medio de llegar al país. Cuatro semanas después, descubre que podría ser condenada a “cumplir hasta cinco años de cárcel o pagar hasta 50 millones de euros”, según la ley, por delito de propaganda del terrorismo. Ése es el resumen del calvario que está viviendo Adriana Espinosa, sevillana de 24 años que está terminando Periodismo y que espera en España a que se celebre su juicio a principios de julio.

Adriana Espinosa, estudiante de periodismoEn conversación telefónica con P+DH, y por si alguien necesitara alguna explicación de qué hacía Adriana en una manifestación, la estudiante aclara que acudió por curiosidad periodística para “un trabajo para la Facultad sobre la libertad de prensa en Turquía” y que se trataba de una pequeña concentración pacífica “de unas 100 personas en apoyo de los derechos del pueblo kurdo”, al que pertenecían sus compañeras de piso, convocada por un partido político legal, el DTP. Si bien es cierto que algunas facciones de esta formación están supuestamente vinculadas con grupos que la Unión Europea y el estado turco considera terroristas, la concentración transcurrió sin ningún tipo de incidente y “se disolvió cuando la Policía dio la órden”.

La vida siguió normalmente y Adriana incluso se fue de viaje a Siria. Pero al volver, el portero de su edificio le contó que la Policía había registrado su casa, había detenido a sus compañeras de piso y se había llevado documentos de su ordenador. Documentos que las autoridades turcas “han considerado propaganda del terrorismo” a pesar de que “fueron descargadas de páginas legales, porque las ‘ilegales’ están bloqueadas en Turquía”, matiza Adriana.

Así se lo hicieron saber un mes después, cuando fue llevada por la policía ante un fiscal. “Me interrogaron, sacaron un dossier con fotos mías en la manifestación y datos de mi familia”. Adriana estaba acusada de “dirigir, coordinar y participar” – acciones que se consideran equivalentes en el código penal turco para estos casos – “en manifestación ilegal”.

Miedo a partir de entonces. Que personas bien informadas le confesaran que este tipo de espionaje a los estudiantes “es común” y que era posible que tuviera el teléfono y el correo electrónico intervenidos provocaron su decisión de abandonar su piso, perder el contacto con sus compañeras – a una de ellas “la ví alguna vez, pero no me acerqué a hablar con ella” – e incluso no decirle nada a su familia. Dejó de publicar en su blog. Volvió a España.

Se encuentra en Sevilla. Se ha decidido a contar su historia para reclamar protección a la Universidad y denunciar una persecución policial injustificada. “Algunos amigos me dicen que esto me pasa por moverme y meterme en líos; pero digo yo que no podemos encerrarnos y vivir en islas privilegiadas sin tener un mínimo de curiosidad por el mundo”.

Adriana ha hecho pública su propia narración de los hechos, con detalles que alguien perfectamente podría llevar al cine para hacer un thriller de éxito. Veremos con qué final.


Texto: Patricia Simón. Entrevistas: Lydia Molina y Jessica Romero. Fotos: Javier Bauluz   (c) PIRAVÁN
A principios de año el gobierno israelí recomendó a sus militares no viajar a España, Francia, Reino Unido y los países nórdicos porque podrían ser detenidos y juzgados por crímenes de guerra, tal como le sucedió en 1997 al dictador Pinochet. Si la reforma de la Justicia Universal española prospera los culpables de crímenes contra la humanidad podrán seguir paseando su impunidad por el mundo. Contra la propuesta del PP y del PSOE se han alzado más de 100 organizaciones sociales.

La recomendación del gobierno israelí  tuvo lugar el 25 de enero, apenas una semana después de que acabase la ofensiva israelí contra Gaza que asesinó 1400 palestinos en poco más de veinte días. Era la respuesta a las denuncias de numerosos organismos internacionales y de defensa de los derechos humanos contra la comisión de crimenes contra la humanidad y que exigían la apertura de procesos judiciales en los tribunales internacionales y nacionales.

El gobierno israelí también  anuncia una resolución para regir la protección legal y política de los militares que fuesen denunciados fuera del país por crímenes de guerra.

Palestino golpeado y esposado por soldados israelíes durante la primera Intifada.    (c) Javier Bauluz /PIRAVÁN

Palestino golpeado y esposado por soldados israelíes durante la primera Intifada. (c) Javier Bauluz /PIRAVÁN

Cuatro días después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acepta a trámite una querella por los ataques israelíes que se produjeron sobre Gaza en el año   2002   y que mataron a 14 personas (un presunto líder de Hamás y el resto civiles), imputando al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer junto a seis militares israelíes.

Inmediatamente, la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, que en esos momentos encabezaba candidatura en plena campaña electoral israelí, realiza unas declaraciones en la que dice que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le ha prometido reformar el sistema judicial para evitar este tipo de acciones. A su vez Moratinos en una entrevista radiofónica reconoce la existencia de la gestión y asegura que se hará lo posible para modificar la normativa española.

-  En marzo, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pide a la Fiscalía que le informe de si debe investigar la querella interpuesta contra seis abogados norteamericanos considerados los “responsables jurídicos” de la creación del centro de detención de Guantánamo. Tras la negativa de la Fiscalía, el caso es asumido por el juez Eloy Velasco quien remite una rogatoria a Estados Unidos en la que pide ser informado si ha realizado alguna investigación en relación a la cárcel de Guantánamo. Paralelamente, ante la desclasificación de los documentos elaborados por los asesores de la Administración Bush, en los que se definía el marco legal para que la CIA empleara la asfixia y el ahogamiento simulados y otras prácticas coercitivas en interrogatorios, el presidente Barack Obama prometía que los ejecutores de las torturas no serían juzgados, aunque dejaba la puerta abierta para los responsables políticos.

El 27 de abril, Garzón abre  una causa para investigar a los posibles “autores materiales, inductores, cooperadores necesarios y cómplices” de los delitos de torturas cometidos en el centro de detención norteamericano de Guantánamo basándose en la desclasificación de los mencionados documentos en los que “se constata lo que antes se intuía: un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido”, apunta el magistrado en el auto.

La noticia tiene gran impacto en Estados Unidos, se convierte en portada de los principales periódicos, es aplaudida por las organizaciones de derechos humanos y rechazada por numerosos representantes del partido republicano, pero también del demócrata, un sector del cual quiere cerrar este asunto del que estaban al tanto durante el mandato de Bush.
Leer más