Fotografía (c) Javier Bauluz /Piraván

El pasado 20 de diciembre, el Arzobispo de Granada, Javier Martínez, durante su homilía dominical pronunció las siguientes palabras:

Pocas imágenes en la historia más tristes que la que han ofrecido nuestros parlamentarios aplaudiendo lo que por fin se ha convertido en un derecho: matar a niños en el seno de la madre. ¿Y a eso lo llaman progreso? Se promulga una ley que pone a miles de profesionales (médicos, enfermeras,…) -sobre todo, a ellos- en situaciones muy similares a las que tuvieron que afrontar los médicos o los soldados bajo el régimen de Hitler o de Stalin, o en cualquiera de las dictaduras que existieron en el siglo XX y que realmente establecieron la legalidad de otros crímenes, menos repugnantes que el del aborto. Porque es de cobardes matar al débil. Hubo en la Edad Media -en esa preciosa Edad Media que nadie se atreve a recordar porque tampoco es políticamente correcto- una orden militar cristiana donde los caballeros hacían el juramento de no combatir nunca con menos de dos enemigos a la vez, porque para un caballero cristiano era indigno combatir de igual a igual con quien no era cristiano.

El mundo puede llamarlo estupidez. Yo le llamo valor. Pero matar a un niño indefenso, ¡y que lo haga su propia madre! Eso le da a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar del cuerpo de la mujer, porque la tragedia se la traga ella, y se la traga como si fuera un derecho: el derecho a vivir toda la vida apesadumbrada por un crimen que siempre deja huellas en la conciencia y para el que ni los médicos ni los psiquiatras ni todas las técnicas conocen el remedio.

El Arzobispo de Granada, Javier Martínez, es el mismo que también sobresaltó a la opinión pública cuando dijo que el preservativo había propagado el sida en África, sumándose así a la teoría hecha pública por el Papa Benedicto XVI en febrero del pasado año en un viaje por el continente africano, refrendada por algunos medios de comunicación, y que le costó la reprobación de países como Francia y Bélgica y la crítica de importantes sectores del ámbito científico. En aquella carta pública de Javier Martínez apuntaba como culpables de esta situación a:

Los mismos que han decidido que a cualquier cosa —incluso constitutivamente estéril— se la puede llamar matrimonio, haciendo burla de los millones de personas de las que ellos viven, porque son quienes pagan como pueden sus impuestos, aunque ninguna de esas personas —absolutamente ninguna— haya nacido de esas uniones estériles. Los mismos que deciden que matar a un ser humano, siempre que no haya nacido y no tenga voz para gritar, ni acceso a los medios de comunicación para defender sus derechos, ni un sindicato que le defienda, es legítimo, con tal de que les convenga a alguno de los adultos implicados. Los mismos que están a punto de decidir “una salida” igualmente digna y honrosa “a favor” de quienes han dejado ya de producir, para que no sean una carga para la Seguridad Social. Los mismos que piden mil controles para obtener un antibiótico, pero dan a menores, sin que sus padres lo sepan, sin rechistar y sin comentario, y todas las veces que haga falta, una píldora abortiva cuyas consecuencias, absolutamente conocidas en caso de abuso, no se quieren decir, para que no quede rastro o huella alguna, para que nadie les pueda reclamar el día de mañana por este crimen contra la humanidad de nuestros adolescentes (y contra su salud mental, afectiva y corporal).

Que la justicia actúe contra el Arzobispo de Granada

Éste es el nombre del grupo de facebook que en menos de 48 ha conseguido casi 8.000 miembros y que pide que se abra una causa a Javier Martínez por incitar y justificar la violencia de género.

En la carta modelo que se ha elaborado para que sea enviada a diversas instituciones como el Ministerio de Igualdad, el Instituto de la Mujer Nacional así como los autonómicos, el Defensor del Pueblo y que ya ha sido insertada numerosos blogs, leemos:

La violencia de género es una lacra social que se cobra muchas más vidas que el terrorismo. No podemos permitir que nadie, y menos si lo hace desde una tribuna pública o un púlpito, pueda contribuir con sus palabras a su propagación y justificación.

Entendemos que la ley debe ser igual para todas y todos, seas cristian@, musulmán/a, agnóstic@ o ate@, te escondas tras un pasamontañas, una sotana o un despacho institucional.

Y recuerdan que en España, en 2004, un imán fue condenado a quince meses de prisión y una multa de 2.000 euros por justificar la violencia contra la mujer. Lo hacía en un libro en el que enseñaba cómo agredir sin dejar huellas en el cuerpo. Entonces, la sentencia reconocía el derecho constitucional a la libertad religiosa del acusado, pero precisaba que eso no es pretexto para amparar la violencia de género.

Los miles de ciudadanos que le han plantado facebook al arzobispo de Granada han materializado su añoranza medieval por la que los guerreros católicos no se enfrentaban con menos de dos enemigos. Ya son casi ocho mil y probablemente muchos de ellos sean cristianos.

“No es el olvido lo que puede salvar a una comunidad del rencor y la venganza. Sólo el ejercicio de la justicia permite que la comunidad recupere su equilibrio”. Con estas palabras del escritor comienza la carta que la Fundación Mario Benedetti dirige al gobierno del Brasil para que agilice la extradicción del confeso represor del Plan Cóndor, el coronel uruguayo Manuel Cordero. Ésta ha sido la primera iniciativa de una institución que no se creó durante la vida del escritor porque temía que fuese entendida como una falta de modestia, según explica su secretario personal Ariel Silva, gerente de la fundación que, siguiendo los deseos del escritor, dirigen intelectuales con una trayectoria marcada por el compromiso social y que además compartieron amistad, como Daniel Viglietti, Eduardo Galeano, Guillermo Chifflet, el médico Ricardo Elena y Sylvia Lago, presidenta de la institución, con quien ha conversado P+DH.

“Manuel Cordero es responsable de algunos de los vuelos de la muerte donde se traían a los presos desde Argentina, y desde los cuales a veces eran arrojados al mar y otras traídos hasta el país para ser torturados y asesinados. También está perseguido por la justicia argentina por el caso de la Automotores Orletti, donde fueron torturados, desaparecidos y asesinados decenas de uruguayos, por orden de Cordero. Desde 2004 vive en el sur de Brasil bajo arresto domiciliario aduciendo problemas de salud, pero se le ve paseando por el barrio y en cualquier momento podría huir”, nos explica Sylvia Lago. De hecho, Manuel Cordero ya escapó de la justicia cuando un juez abrió una causa contra él por apología de la tortura después de que reivindicará en el semanario uruguayo Búsqueda el uso de la violencia que había practicado durante la dictadura como una forma válida para obtener confesiones. Fue entonces cuando huyó a Brasil y se declaró “perseguido político”. Un año más tarde, fue localizado gracias al trabajo del defensor de derechos humanos Jair Krischke en una investigación realizada en colaboración con La República, por la que encontraron en el consulado uruguayo un documento firmado por Cordero para que un familiar pudiese cobrar su jubilación militar. Mientras la justicia brasileña discutía la posible aplicación de la ley de amnistía de 1979, Cordero pasó algunos meses en una sede policial y  en una militar, hasta que le fue concedida la prisión domiciliaria porque tenía que someterse a una operación de corazón. Desde entonces, las causas judiciales abiertas contra Cordero se han ido acumulando.

“Cordero es uno de los más sanguinarios represores del Plan Cóndor, acusado como asesino, secuestrador, torturador y violador de detenidas, que provocó la desaparición de decenas de personas, entre otros delitos por los que fue denunciado ante la justicia de Uruguay, de Argentina, de Italia y de España”. Éste es el primero de los seis párrafos que los integrantes de la fundación necesitan para explicar el historial de barbarie con el que carga Cordero en una carta que fue entregada por Eduardo Galeano al embajador brasileño en Uruguay. El 11 de septiembre de 2008 el Supremo Tribunal de Brasil, compuesto por diez ministros y un presidente que no vota salvo en caso de empate, negaron la extradicción. Sin embargo, el caso fue retomado gracias al ministro Ricardo Lewandowski quien, refiriéndose a la desaparición de niños que también se le imputa adució que “el secuestro tiene carácter permanente hasta que la víctima sea entregue”. El 7 de agosto se aprobó el traslado del represor a Argentina, pero no a Uruguay, según apuntan, para que no pueda ser juzgado varias veces por el mismo delito. Pero el tribunal aprobó un plazo de treinta días y desde entonces ya han pasado más de tres meses.

La carta ha sido firmada por más de mil personas, entre ellos reconocidos intelectuales y artistas como Joan Manuel Serrat y Juan Gelman, cuya vida ha estado especialmente marcada por este asunto. Manuel Cordero está implicado en la desaparición de su nuera y en el secuestro de la identidad de su nieta, a quien encontró veinte años después de su desaparición. Pero parece que el fin de la impunidad está cerca.  Según nos cuenta Sylvia Lago “el presidente brasileño ha declarado que se está tramitando el proceso de extradicción y que falta mucho menos. La carta ha conseguido agilizar los trámites”.

Sylvia Lago es directora del Departamento de Literatura Uruguaya y Latinoamericana de la Universidad de Humanidades de Montevideo, un cargo que ocupó Benedetti en 1971, cuando ya su reconocimiento era internacional y dos años antes del golpe de Estado que sumió a Uruguay en una dictadura larga y sangrienta y al escritor en un largo exilio. “La fundación Mario Benedetti trabaja con organizaciones de familiares de desaparecidos y presos políticos para el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad y para la aplicación de la Justicia a todos ellos. Hemos participado en la campaña de derogación de la Ley de Caducidad, y aunque ha vuelto a ser denegada en el último referéndum, seguiremos intentándolo porque como decía Mario la esperanza es imposible de decapitar. Tendremos resultados pronto”, nos explica esta mujer de voz juvenil y conversación educada y paciente, tan identificativa de la lucha de las víctimas uruguayas. Sylvia nos atiende desde la Casa del Autor de Montevideo “porque aún estamos en proceso de sucesión de la herencia y aún no tenemos sede ni nada. Pero en cuanto tengamos un lugar, estaremos encantados de recibiros a todos”. Benedetti adjudicó otra función fundamental a la fundación, la de la ayuda a los jóvenes escritores, para los que se organizarán cursos, becas y premios, entre otras actividades. “Mario fue una persona donde literatura y ética andaban a la par. Querido, amado y estudiado, su pérdida es sólo física porque su permanencia en las letras lo ha convertido en un clásico”.
Y con esta primera acción de la Fundación, el compromiso con la justicia de Benedetti ha ganado a la muerte.

Una estudiante Erasmus acude a una manifestación en Turquía al mes y medio de llegar al país. Cuatro semanas después, descubre que podría ser condenada a “cumplir hasta cinco años de cárcel o pagar hasta 50 millones de euros”, según la ley, por delito de propaganda del terrorismo. Ése es el resumen del calvario que está viviendo Adriana Espinosa, sevillana de 24 años que está terminando Periodismo y que espera en España a que se celebre su juicio a principios de julio.

En conversación telefónica con P+DH, y por si alguien necesitara alguna explicación de qué hacía Adriana en una manifestación, la estudiante aclara que acudió por curiosidad periodística para “un trabajo para la Facultad sobre la libertad de prensa en Turquía” y que se trataba de una pequeña concentración pacífica “de unas 100 personas en apoyo de los derechos del pueblo kurdo”, al que pertenecían sus compañeras de piso, convocada por un partido político legal, el DTP. Si bien es cierto que algunas facciones de esta formación están supuestamente vinculadas con grupos que la Unión Europea y el estado turco considera terroristas, la concentración transcurrió sin ningún tipo de incidente y “se disolvió cuando la Policía dio la órden”.

La vida siguió normalmente y Adriana incluso se fue de viaje a Siria. Pero al volver, el portero de su edificio le contó que la Policía había registrado su casa, había detenido a sus compañeras de piso y se había llevado documentos de su ordenador. Documentos que las autoridades turcas “han considerado propaganda del terrorismo” a pesar de que “fueron descargadas de páginas legales, porque las ‘ilegales’ están bloqueadas en Turquía”, matiza Adriana.

Así se lo hicieron saber un mes después, cuando fue llevada por la policía ante un fiscal. “Me interrogaron, sacaron un dossier con fotos mías en la manifestación y datos de mi familia”. Adriana estaba acusada de “dirigir, coordinar y participar” – acciones que se consideran equivalentes en el código penal turco para estos casos – “en manifestación ilegal”.

Miedo a partir de entonces. Que personas bien informadas le confesaran que este tipo de espionaje a los estudiantes “es común” y que era posible que tuviera el teléfono y el correo electrónico intervenidos provocaron su decisión de abandonar su piso, perder el contacto con sus compañeras – a una de ellas “la ví alguna vez, pero no me acerqué a hablar con ella” – e incluso no decirle nada a su familia. Dejó de publicar en su blog. Volvió a España.

Se encuentra en Sevilla. Se ha decidido a contar su historia para reclamar protección a la Universidad y denunciar una persecución policial injustificada. “Algunos amigos me dicen que esto me pasa por moverme y meterme en líos; pero digo yo que no podemos encerrarnos y vivir en islas privilegiadas sin tener un mínimo de curiosidad por el mundo”.

Adriana ha hecho pública su propia narración de los hechos, con detalles que alguien perfectamente podría llevar al cine para hacer un thriller de éxito. Veremos con qué final.

A principios de año el gobierno israelí recomendó a sus militares no viajar a España, Francia, Reino Unido y los países nórdicos porque podrían ser detenidos y juzgados por crímenes de guerra, tal como le sucedió en 1997 al dictador Pinochet. Si la reforma de la Justicia Universal española prospera los culpables de crímenes contra la humanidad podrán seguir paseando su impunidad por el mundo. Contra la propuesta del PP y del PSOE se han alzado más de 100 organizaciones sociales.

La recomendación del gobierno israelí  tuvo lugar el 25 de enero, apenas una semana después de que acabase la ofensiva israelí contra Gaza que asesinó 1400 palestinos en poco más de veinte días. Era la respuesta a las denuncias de numerosos organismos internacionales y de defensa de los derechos humanos contra la comisión de crimenes contra la humanidad y que exigían la apertura de procesos judiciales en los tribunales internacionales y nacionales.

El gobierno israelí también  anuncia una resolución para regir la protección legal y política de los militares que fuesen denunciados fuera del país por crímenes de guerra.

Palestino golpeado y esposado por soldados israelíes durante la primera Intifada. (c) Javier Bauluz /PIRAVÁN

Cuatro días después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acepta a trámite una querella por los ataques israelíes que se produjeron sobre Gaza en el año   2002   y que mataron a 14 personas (un presunto líder de Hamás y el resto civiles), imputando al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer junto a seis militares israelíes.

Inmediatamente, la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, que en esos momentos encabezaba candidatura en plena campaña electoral israelí, realiza unas declaraciones en la que dice que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le ha prometido reformar el sistema judicial para evitar este tipo de acciones. A su vez Moratinos en una entrevista radiofónica reconoce la existencia de la gestión y asegura que se hará lo posible para modificar la normativa española.

-  En marzo, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pide a la Fiscalía que le informe de si debe investigar la querella interpuesta contra seis abogados norteamericanos considerados los “responsables jurídicos” de la creación del centro de detención de Guantánamo. Tras la negativa de la Fiscalía, el caso es asumido por el juez Eloy Velasco quien remite una rogatoria a Estados Unidos en la que pide ser informado si ha realizado alguna investigación en relación a la cárcel de Guantánamo. Paralelamente, ante la desclasificación de los documentos elaborados por los asesores de la Administración Bush, en los que se definía el marco legal para que la CIA empleara la asfixia y el ahogamiento simulados y otras prácticas coercitivas en interrogatorios, el presidente Barack Obama prometía que los ejecutores de las torturas no serían juzgados, aunque dejaba la puerta abierta para los responsables políticos.

El 27 de abril, Garzón abre  una causa para investigar a los posibles “autores materiales, inductores, cooperadores necesarios y cómplices” de los delitos de torturas cometidos en el centro de detención norteamericano de Guantánamo basándose en la desclasificación de los mencionados documentos en los que “se constata lo que antes se intuía: un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido”, apunta el magistrado en el auto.

La noticia tiene gran impacto en Estados Unidos, se convierte en portada de los principales periódicos, es aplaudida por las organizaciones de derechos humanos y rechazada por numerosos representantes del partido republicano, pero también del demócrata, un sector del cual quiere cerrar este asunto del que estaban al tanto durante el mandato de Bush.

- El 5 de mayo, el juez Santiago Pedraz pide a China que le permita interrogar como imputados a tres ministros y cinco altos cargos de su gobierno por su presunta implicación en la represión que se produjo en Tíbet en marzo de 2008, cuatro meses antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín. La acusación es “crimen contra contra la humanidad por la supuesta causación intencionada de muerte o legiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad “.

Inmediatamente, el gobierno chino advierte a España que sus relaciones se pueden ver afectadas si la querella sigue adelante.

Último paseo de Pinochet como presidente. (c) Javier Bauluz /PIRAVÁN

Y el 21 de mayo, todos los partidos políticos españoles, salvo IU-ICV, BNG y ERC, acuerdan aprobar una enmienda antes de que finalice el año por la que los jueces españoles sólo podrán abrir causas referidas a otros países cuando “quede acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad español” y, en todo caso, solamente si un Tribunal Internacional o del país donde ocurrieron los hechos no está llevando a cabo diligencias efectivas.

Y la respuesta de la sociedad civil española tampoco se ha hecho esperar: Más de 100 organizaciones de derechos humanos y profesionales del sector jurídico, y más de 300 personas del ámbito de la Justicia, la Universidad y el Periodismo han hecho público un Manifiesto contrario a  la reforma legislativa que introducirá limitaciones al Ejercicio de la Justicia Universal en España. En el cuarto apartado apuntan:

“España, país pionero y referente en el desarrollo y aplicación de este principio, debe sentirse orgullosa de la asunción por sus tribunales de la universalidad de su jurisdicción penal como expresión de su compromiso solidario con el carácter universal de los Derechos Humanos y de la lucha frente a la impunidad de los más graves crímenes, contribuyendo así a la defensa del  derecho de sus víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

Hablamos con Manuel Ollé, el presidente de la ONG más antigua de España y principal impulsora del principio de Justicia Universal en España, Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).

“La pregunta es tenemos una doble justicia, un doble rasero según el país que sea respecto del cual se esté enjuiciando un determinado crimen. O por el contario los Derechos Humanos son como su nombre indica son universales e iguales para todos. Es lamentable que esta reforma haya surgido como consecuencia de estas presiones“.

¿Por qué la Justicia Universal ha tenido tanta implantación en España?

Como explica el presidente de APDHE en el video, pese a que muchos otros países son igualmente firmantes de los distintos Tratados de Derecho Internacional ante los que la Justicia Universal responde en España, han introducido fundamentalmente dos especificaciones que limitan su desarrollo: la exigencia de que el delito tenga relación con el Estado que va a juzgar y la no admisión de la “acción popular”, es decir, que cualquier interesado puede presentar una denuncia aunque no le afecte de forma directa y que permite a las organizaciones de derechos humanos sostener una acusación aunque el fiscal se oponga.

El big bang de la Justicia Universal Española surgió con el Auto de detención a Augusto Pinochet dictado por el Juez Baltasar Garzón en 1997. El auto se ampara en numerosos tratados internacionales y señalaba que “los crímenes de esta naturaleza son imprescriptibles, sus responsables no disfrutan de inmunidad diplomática ni pueden obtener estatuto de refugiado ni asilo político, y todos los Estados del Mundo están obligados a perseguirles y a colaborar en la persecución que de tales crímenes hagan otros Estados”.

Finalmente, no pudo ser juzgado por genocidio pero la mecha estaba encendida. Era la primera vez que un dictador reconocido internacionalmente veía su impunidad en peligro, el debate dominó los espacios públicos durante todo el proceso y, sin lugar a dudas, se convirtió en un precedente para los delitos posteriores.

En el año 2000, el Tribunal Constitucional ratifica la potestad de la Audiencia Nacional para juzgar el genocidio guatemalteco de los indios maya por el que 200.000 personas fueron desaparecidas en los años ochenta y principios de los noventa denunciado por  Rigoberta Menchú. En el siguiente video pueden ver algunos testimonios de mujeres víctimas de aquel conflicto:

En la actualidad hay abiertas trece causas en la Audiencia Nacional. Entre ellas, la muerte del cámara de televisión José Couso durante la invasión de Irak, el supuesto genocidio cometido por el gobierno chino contra la población del Tibet  y crímenes de tortura, una querella de supervivientes españoles del Holocausto contra miembros de las SS residentes en EEUU, el supuesto genocidio y torturas y desaparición de cientos de saharauis cometidos por trece altos cargos marroquíes, y el asesinato de seis jesuitas por parte del ejército salvadoreño en 1989, entre otros. La querella de este último caso fue presentada por APDHE e investiga a 14 militares.

Además de las presiones diplomáticas ejercidas por los países con importante influencia económica en España durante los últimos meses, Estados Unidos, Israel y China, los detractores de la Justicia Universal pura ejercida en España sostienen otros dos argumentos: su coste y un ánimo de protagonismo por parte de los jueces que la desarrollan. Sin embargo, los casos derivados de este principio sólo representan el 0.005 % de los casos pendientes en España  y en cuanto a la razón que mueve a estos jueces, según las organizaciones de derechos humanos, importantes representantes del mundo jurídico y ellos mismos, sólo están cumpliendo con el papel que la ley establece.

Manifestación de familiares de desaparecidos en Chile. (c) Javier Bauluz / Piraván

El desarrollo del Principio de la Justicia Universal fue el resultado de la suma de los diferentes tratados y convenios jurídicos internacionales que se han ido elaborando desde la construcción de las Naciones Unidas con el objetivo de regir unas relaciones internacionales en las que el uso de la fuerza se fuese reduciendo a la vez que el marco de protección de las víctimas se reforzaba. La suma de diversos factores (un corpus de organismos de derechos humanos fuertemente implicados en su desarrollo, un marco legal favorable, una generación de jueces formados en el derecho internacional y el vínculo histórico con Latinoamérica, uno de los continentes con mayor índice de crímenes contra la humanidad) ha favorecido la implantación de un principio que ha convertido a España en un referente de la defensa jurídica de los Derechos Humanos y en un foco de esperanza para las víctimas de los grandes crímenes contra la humanidad. Sólo uno de estos casos, el que condenó al ex capitán argentino Adolfo Scilingo, penado por un delito de lesa humanidad durante la dictadura argentina, ha terminado en jucio y condena. Sin embargo, las consecuencias ejemplarizantes así como de visualización de las víctimas, de los victimarios y, sobre todo, de la desaparición de la impunidad conllevan la generación de corrientes de opinión y debate en los propios países donde acontecieron los crímenes desestabilizando los países sometidos a dictaduras y generando debates de opinión en los democráticos que pueden terminar incluso en procesos judiciales en los propios países donde acontecieron.

El consejero jurídico de Human Rights Watch, Reed Brody, lo confirma así: “Yo puedo dar testimonio de la importancia de los casos iniciados aquí en España sobre Guantánamo para el debate en Estados Unidos en torno a las responsabilidades de los arquitectos de la política de maltratos y torturas en la llamada guerra contra el terror”,

Sin embargo, son numerosas las ocasiones en las que estos países argumentan estar investigando estos crímenes para impedir su procesamiento en el exterior, una de las premisas que la reforma propuesta recoge para imposibilitar estos procesamientos. Este ha sido el caso que nos explica a continuación Viviana Waisman, presidenta de Women´s Link Worldwide, una organización internacional dedicada al “avance de los derechos de las mujeres a través de la implementación de los estándares internacionales de derechos humanos y del trabajo estratégico con las cortes, incluyendo el litigio estratégico”.

Para escuchar la entrevista pincha sobre el play

[audio:http://blip.tv/file/get/Piravan-EntrevistaAVivianaWaismanDirectoraWomensLinksWordlwidePo269.mp3]

Violación como Tortura en la Justicia Universal

Solamente las víctimas que representan los casos investigados en la Justicia Universal en España en estos momentos ascienden a cientos de miles de personas que fueron asesinadas, desaparecidas, violadas y torturadas, entre otras barbaries. Los agresores cuentan con ya con la protección de la inexistencia de una Corte Penal Internacional suficientemente efectiva, con el silencio internacional y con su poder económico, político y social. La reforma de la Justicia Universal sólo desprotegería más a los más desprotegidos.

Reed Brody, el consejero de justicia de Human Rights Watch, define con esta contundencia la situación:

“Si para muchos España está simbolizada por los equipos de fútbol, por Cervantes o por el Prado, para las víctimas y para los defensores de derechos humanos a través del mundo, España se ha convertido en una referencia en la lucha internacional contra la impunidad. Desde el caso Pinochet, España ha sido sinónimo de justicia. No nos decepcionen”.