P+DH – el blog de la redacción de periodismohumano

  • El Gobierno reconoce que ha dado la orden de prohibir cruzar a la península a los solicitantes de asilo con la documentación expedida por él mismo
  • El Defensor del Pueblo considera que no es legal “impedirles la libre circulación por todo el territorio español”

Primero fue Melilla y ahora Ceuta. La orden que prohíbe a los solicitantes de asilo con permiso de residencia temporal en España, por la admisión a trámite de sus solicitudes, cruzar a la península se ha formalizado en ambas ciudades autónomas. Se acabaron los tabúes, las Delegaciones del Gobierno, que hasta ahora se habían limitado a guardar silencio derivando las preguntas al Ministerio del Interior han reconocido que la orden existe y la justifican con el cumplimiento del Acuerdo de Schengen, el convenio con el que se suprimieron los controles fronterizos entre la mayoría de países de la Unión Europea, e incluso aseguran que se trata de una medida con la que “no se están vulnerando sus derechos, sino todo lo contrario, ya que se les está dando protección y atención”, según el Delegado del Gobierno melillense, Gregorio Escobar.

tarjeta amarilla

Foto: José Palazón

Estas explicaciones no convencen, ni a organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que ya han mostrado su preocupación y están estudiando la situación, ni al Defensor del Pueblo que abrió una investigación a raíz del caso de Kamel, el primer inmigrante al que se le prohibió cruzar a la península desde Melilla el pasado 26 de enero y del que ya hablamos en P+DH.

El Gobierno argumenta que la prohibición se debe a que Ceuta y Melilla no pertenecen al espacio Schengen, a pesar de ser territorio español, por lo que los extranjeros que acceden a ellas no pueden entrar en la Unión Europera si no están documentados. “España mantendrá controles (controles de identidad y de documentos), en las conexiones marítimas y aéreas provenientes de Ceuta y Melilla que tengan como único destino otro punto del territorio español”, dice el convenio. Pero este punto no justifica que se impida el paso a los solicitantes de asilo admitidos a trámite, ya que ellos sí cuentan con un permiso de residencia en España hasta que el Gobierno les reconozca o no como refugiados, según las declaraciones del Defensor del Pueblo a P+DH. De hecho, “el artículo el artículo 5 del Acuerdo asegura que estas normas no serán un obstáculo para la aplicación de las disposiciones especiales relativas al derecho de asilo”.

El Defensor afirma que “la explicación oficial hasta ahora ofrecida por la que se impidió la salida de Melilla al interesado (Kamel), titular de un documento de identidad de solicitante de asilo, no resulta suficiente [...] Por tanto, no encontramos base legal para impedirle la libre circulación por todo el territorio español a una persona a la que se le haya admitido a trámite su solicitud de asilo en las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla”.

Las investigaciones de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado van en la misma línea que el Defensor. “Las alegaciones de la Policía están cogidas con pinzas. Es una excusa rocambolesca porque la realidad es muy fácil de entender. En Ceuta y Melilla hay fronteras, los españoles las cruzan mostrando su DNI y los solicitantes de asilo mostrando la tarjeta amarilla (el documento que les permite circular por España), como han hecho hasta ahora. Por tanto, están infringiendo los derechos de los solicitantes de asilo y están infringiendo su propio procedimiento porque actúan sin emitir la resolución”, denuncia Alejandro Romero, abogado de CEAR en Ceuta. A pesar de la prohibición, los inmigrantes lo siguen intentando, “el último caso fue el viernes pasado, al chaval le pidieron una autorización expresa de la Delegación o no podía cruzar”, a pesar de que el joven llevaba el documento expedido por el Ministerio del Interior. La situación en Ceuta y Melilla seguirá así, según las Delegaciones del Gobierno de ambas ciudades, hasta que conozcan las conclusiones de un estudio que está elaborando la Abogacía del Estado sobre el futuro de los solicitantes de asilo con la entrada en vigor de la nueva ley de asilo. Mientras unos estudian, otros esperan y el Estrecho sigue cerrado.


Hicham Bouchti tiene 15 días para salir de España. El Gobierno ha rechazado su solicitud de asilo y le obliga a abandonar el país pero Hicham, que lleva 20 días sin comer, asegura que no volverá a Marruecos. El joven tuvo que dejar ayer su habitación en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla estaba realizando su protesta apoyado por otros inmigrantes que le han ayudado a pasar las horas y trasladarse de un lugar a otro. Anoche se despidió de ellos, cogió sus cosas y se trasladó a la plaza de España, donde continúa la huelga de hambre. “Está muy deprimido porque ha recibido un palo muy fuerte. Está abatido físicamente, no tiene fuerzas. No come nada, ni siquiera azúcar, llevaba algunos días bebiendo algo de agua pero desde hace dos días ha dejado de hacerlo. Esto puede tener el peor de los desenlaces y está dispuesto a llevarlo a las últimas consecuecias porque tiene claro que se trata de una decisión política”, asegura José Palazón de Prodein, asociación que asesora a Hicham.

Hicham comenzó la huelga de hambre para forzar una respuesta del Gobierno a la solicitud de asilo por motivos políticos que realizó hace 8 meses, como ya contamos en P+DH. El no ya lo tiene, pero el joven ha anunciado que apelará la decisión, aunque este recurso, cuyo proceso puede durar meses e incluso años en ser resuelto, no paraliza el proceso de expulsión que continúa en marcha y por el que podrá ser devuelto a Marruecos en cualquier momento.


  • ACNUR asegura que con la documentación de solicitante de asilo pueden circular libremente por el territorio español y estudia las posibles irregularidades
  • CEAR prepara una demanda de protección de derechos fundamentales

Una semana después de que se conociera, como contamos en P+DH, que la Policía Nacional no deja cruzar a la península a los solicitantes de asilo acreditados por el Ministerio del Interior con un permiso temporal de residencia en España, la Delegación del Gobierno de Melilla ha confirmado a P+DH que está al tanto de lo que está sucediendo, pero elude hacer declaraciones y pasa la patata caliente al Ministerio del Interior quien “está estudiando el tema”. Mientras, quince inmigrantes documentados continúan sin poder salir de la Ciudad Autónoma porque la Policía Nacional les prohíbe subir al barco que les lleva a la península. Ante esta situación, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) va a presentar una demanda de protección de derechos fundamentales ante los juzgados de Melilla. “Siguen sin poder cruzar, la Policía no nos da más datos y no tenemos conocimiento de que se haya dado ninguna orden por escrito. Queremos que el juez reconozca que se ha lesionado el derecho a la libre circulación de estas personas que recoge la Constitución en su Artículo 19” asegura Mercedes Rubio, abogada de CEAR.

Junto a CEAR, otras organizaciones han dado la voz de alarma, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). “Con la ley en la mano estas personas están acreditadas como solicitantes de asilo, por tanto tienen residencia legal en España y pueden circular libremente por el territorio español. No tenemos conocimiento de que haya una razón especial que limite este derecho” afirma a P+DH Mª Jesús Vega, responsable de Relaciones Externas de ACNUR en España. El Alto Comisionado está investigando las posibles irregularidades que pueden estar cometiendo y asegura que consultará con las autoridades y recabará toda la información necesaria. El Consejo General de la Abogacía Española también ha mostrado su “preocupación” y anuncia que estudiará el caso.

José Luis Rodríguez, abogado experto en extranjería, denuncia que “estas personas tienen el derecho a circular libremente por todo el Estado, por tanto impedirles salir de Melilla es tanto como no considerar a Melilla parte del Estado. Es una decisión muy peligrosa y, por supuesto, ilegal”. El abogado achaca el silencio de las autoridades a esta ilegalidad. “Saben que están actuando al margen de la ley, por eso guardan silencio. No recuerdo ningún caso en el que se le haya prohibido a un solicitante de asilo en esas condiciones moverse por España. Es muy grave lo que está pasando”.


Hicham Bouchti lleva 11 días sin beber ni comer nada, ni siquiera agua y azúcar, en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla y su situación es crítica. Hicham es marroquí y lleva 8 meses esperando una respuesta a su petición de asilo, “lo pido por motivos políticos, si me devuelven a mi país mi vida corre peligro”. El mismo peligro que corre ahora con la huelga de hambre, hace dos días fue hospitalizado durante nueve horas y su salud puede sufrir daños irreversibles.

Vídeo:  melillafronterasur.com

Hicham, que fue miembro del Servicio de Información Militar de Marruecos, no es un desconocido para las autoridades y medios de comunicación españoles. A pesar de tener poco más de 30 años, su historia es ya una complicada madeja de acusaciones cruzadas, contraespionajes, supuestas torturas en cárceles secretas, conspiraciones, periodistas y camuflajes.

La vida le sitúa ahora en Melilla, donde consiguió llegar hace ocho meses para pedir asilo en España por segunda vez. Ocho meses que Bouchti ha vivido con miedo, temiendo que “la policía secreta marroquí vuelva a por mí”. Ayer su caso fue revisado en la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, el órgano que toma la decisión definitiva, pero todavía no le han comunicado nada. Su huelga de hambre continúa.


  • La Policía Nacional impide a inmigrantes solicitantes de asilo con permiso de estancia temporal cruzar a la península desde Melilla
  • Los defensores de derechos humanos advierten de que es ilegal y anuncian acciones legales
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Foto: José Palazón

Feliz y documentado, Kamel compró ayer un billete de barco para cruzar desde Melilla a la península pero no pudo hacerlo. La Policía Nacional se lo prohibió. Kamel es argelino y uno de los quince primeros inmigrantes de la Ciudad Autónoma a los que la nueva Ley de Asilo le ha otorgado la tarjeta amarilla, un documento del Ministerio del Interior que autoriza su estancia temporal en España hasta que obtenga una respuesta a su solicitud de asilo y que le permite viajar por todo el territorio español incluida, claro está, Melilla.

A las doce de la noche zarpaba el barco rumbo a la península, Kamel llegó al puerto una hora antes acompañado de representantes de ONG y varios compatriotas. “Todo fue normal, estaba en la cola y cuando me tocó me dijeron que me pusiera a un lado”. La policía cogió su documentación y lo dejó esperando. Al cabo de un rato, y mientras el resto de viajeros continuaba entrando en el barco, un agente le comunicó que no podía pasar. “Le dijeron ‘tú no subes’, y lo dejaron allí”, afirma José Alonso Sánchez, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla. “Me acerqué, me presenté como abogado y les dije que era ilegal negarle la entrada, que estaba documentado y tenía derecho a subir al barco pero me respondieron que habían llamado a la Jefatura de policía de Melilla y desde allí le habían dado la orden de no dejarle pasar”. No hubo más explicaciones, a pesar de que el reverso de la tarjeta afirma que el titular “queda autorizado a permanecer en España durante el tiempo de validez del mismo”.

Mercedes Rubio de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), abogada de Kamel y del resto de solicitantes de asilo a los que se le ha concedido el permiso, asegura que “se están violando derechos fundamentales de los inmigrantes que recogen tanto la Ley de Asilo, como la Ley de Extranjería y la propia Constitución” y anuncia que van presentar una demanda de protección de los derechos fundamentales en los juzgados de Melilla.

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Foto: José Palazón

Los acontecimientos de anoche no hacen más que constatar los temores que desde que entró en vigor la nueva Ley de Asilo se han expandido entre los defensores de derechos humanos en Melilla. Al haber disminuido los requisitos para que las solicitudes de asilo sean admitidas a trámite, hay más inmigrantes con autorización para vivir en España hasta que se resuelva definitivamente su caso, más inmigrantes que tienen derecho a entrar en la península. “Estábamos expectantes con la nueva Ley y desgraciadamente intuíamos que podría llegar a pasar una cosa así, por eso ayer fuimos todos, íbamos de observadores” afirma el abogado José Alonso. Con la Ley anterior la mayoría de los casos no pasaban el primer filtro y “los pocos que conseguían la tarjeta amarilla podían viajar a la península sin problemas”. El último cruzó el mes pasado.

La semana pasada, los propios inmigrantes habían denunciado que la policía les advirtió de que aunque estuviesen documentados no les dejaría viajar. “Es un disparate, el día que fueron a recoger los papeles les dijeron que no fuesen a comprar billetes de barco o de avión porque no les dejarían cruzar. Eso ilegal, pero aquí les da igual” asegura José Palazón de Prodein. Junto a Kamel otros 14 inmigrantes han recibido el permiso temporal de residencia. Ayer hicieron una colecta entre todos para pagar el billete del argelino y comprobar si las supuestas amenazas de la policía sobre no dejarles cruzar eran ciertas o todo se quedaba en un intento de desanimarlos. “Es una forma de disuadirlos. Esta gente tiene que hacer grandes esfuerzos para pagarse un pasaje, son personas sin recursos y se ríen de ellos” critica Palazón. De madrugada y después de más de dos horas de espera, Karmel y los compatriotas que le acompañaban, todos con sus tarjetas amarillas en los bolsillos, volvieron al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes donde continúan esperando, algunos desde hace meses y otros desde hace años, a que les abran las puertas del barco.


  • Admiten a trámite la solicitud de Fátima, una joven marroquí que podría ser condenada en su país a penas de entre un mes y un año de cárcel por ser madre soltera
  • La expulsión del padre de su hijo, de nacionalidad india, continúa en marcha

26990009“Se llama Vikram” dice Fátima mientras su voz se envuelve en una sonrisa. Harmeet, un joven hindú, y ella acaban de registrar a su hijo recién nacido en los juzgados de Melilla. “Ya somos oficialmente los padres, los dos hemos firmado un papel”.

Hace cuatro meses, Fátima tenía tres preocupaciones: la evolución de su embarazo, la resolución de la solicitud de asilo que ha presentado al Gobierno español y la orden de expulsión de Harmeet. La naturaleza es más rápida que la burocracia y la primera obtuvo respuesta el pasado 2 de enero cuando nació Vikram, su primer hijo, un niño “grande y fuerte”. De la segunda, ha recibido buenas noticias esta semana cuando le notificaron que han admitido a trámite su caso. La tercera preocupación, que acabe separada de su pareja, amenaza con romper la buena racha.

Fátima (nombre ficticio) es una joven marroquí cuya historia ya contamos en P+DH que ha pedido asilo en España para no volver a su país, en el que está amenazada por su familia porque el padre de su hijo es hindú y no musulmán, y donde por ser madre soltera podría enfrentarse a penas de entre un mes y un año de cárcel. En octubre presentó su segunda solicitud respaldada por la Asociación Pro Derechos Humanos de la Infancia (PRODEIN), que inició una campaña de información y envío de mails al Gobierno exigiéndole que diera marcha atrás en su denegación de asilo.

Fátima pudo abandonar la chabola en la que vivía por miedo a ser expulsada y volver al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) donde ha pasado el resto de su embarazo y ahora se recupera del parto. “Todo el mundo está pendiente de mí y otras mujeres inmigrantes me ayudan con el niño porque todavía no puedo moverme bien”. Vikram, tendrá la nacionalidad india, como su padre, ya que su madre no quiere que sea marroquí y no puede ser español a pesar de haber nacido en Melilla. En España los hijos de extranjeros obtienen la nacionalidad de sus padres, no la española.

Fátima

José Palazón/ Prodein

Está feliz porque acaba de saber que, esta vez sí, evaluarán su petición de asilo. Más allá de superar un obstáculo administrativo, la admisión a trámite de la solicitud, en la práctica, es un pasaporte para viajar a la península, la idea que persigue Fátima desde que llegó a Melilla hace más de tres años. Los solicitantes de asilo que pasan ese primer filtro tienen una ventaja que no afecta el resto de inmigrantes del CETI, reciben una tarjeta amarilla que les autoriza a cruzar el Estrecho y permanecer en España hasta que el Gobierno se pronuncie sobre su caso.

Si decidiera irse, Fátima podría ser atendida, junto a su hijo, en un centro de acogida gestionado por una ONG. Pero no se quiere ir porque en sus cuentas ya no es una sola, son tres. Ella, su pareja y su hijo, una suma que no admite restas. “No me voy de aquí si Harmeet no viene conmigo. Es el padre de mi hijo. Ahora somos una familia aunque no lo diga un papel y no podemos separarnos, no imagino vivir en España sin él y menos pensar en que se lo lleven de vuelta a la India”.

Harmeet y Fátima llevan juntos tres años, en abril ella se quedó embarazada y desde entonces no se han separado. Sin embargo, mientras a madre e hijo se les empiezan a abrir las puertas a una regularización, él sigue en la misma situación desde hace cuatro años, cuando llegó a Melilla, sin papeles y con una orden de expulsión que la policía podría ejecutar en cualquier momento. “Mi vida está en España. Vine buscando un trabajo pero he encontrado una familia. Ahora tengo la responsabilidad de mantener a mi hijo y no podré cumplirla si me deportan. El mismo temor tiene Fátima.”¿Qué pasa si yo estoy fuera de aquí y se lo llevan? ¿Cómo voy a saber lo que está pasando?”.

Familia

José Palazón/ Prodein

En tres meses tendrán una respuesta definitiva, como recoge la nueva ley de asilo para los casos tramitados por vía urgente como éste. Si es negativa, la joven no volverá a Marruecos. “Me iría a la India, porque él no podría venir conmigo a mi país, es hindú y mi familia ya nos ha amenazado, tampoco quieren a mi hijo”. Si es positiva y Fátima se queda en España, podrían casarse y solicitar la reagrupación familiar. La otra opción es que ambos sean registrados como familia dentro del CETI y que la Delegación del Gobierno en Melilla los enviara a la península e instalara en centros de acogida o pisos gestionados por una ONG, como hace con otras familias que viven en el centro melillense.

Aquí o donde sea, pero juntos. “Somos una familia normal, queremos casarnos, tener nuestra casa donde criar a Vikram”. Pero los tiempos de la Administración son largos y mientras concluyen su pareja sigue en la cuerda floja, sabiendo ambos que cualquier día Harmeet puede ser detenido en una redada policial de las que habitualmente se realizan en el CETI y deportado, dejando solos en España a su hijo y a su mujer.

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  • Las operaciones policiales se han multiplicado en los últimos días.
  • Los inmigrantes denuncian que son tratados como “delincuentes”
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José Palazón/PRODEIN

A las 7 de la mañana del miércoles, 6 furgones de la policía nacional rodearon el CETI de Melilla mientras los inmigrantes dormían. “Venían a coger ‘morenos’  de Mali, Nigeria y Senegal. Entraron y nos despertaron con gritos mientras localizaban a los que iban buscando”, cuenta un interno. Uno de los detenidos era un nigeriano pareja, y padre del hijo, de una joven nigeriana que salió de la habitación pidiendo que no se llevaran a su compañero, “la mujer tenía al niño en brazos y no paraba de gritar cuando uno de los policías le quitó al hijo, lo dejó en el suelo, la empujó y le pegó mientras otro se llevaba a su novio”. Ese día se llevaron a otros 3 subsaharianos.

Las detenciones dentro del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla se han multiplicado desde el mes de noviembre y las fechas y horas de las operaciones varían continuamente. “Antes venían los lunes por la mañana, los inmigrantes se levantaban de madrugada y salían del CETI antes de que llegaran” dice José Palazón, Presidente de la Asociación PRODEIN. Pero desde hace un mes la rutina ha cambiado y se ha extendido entre los internos una sensación de inseguridad que ha llevado a un grupo de más de 100 inmigrantes, según PRODEIN, a abandonar el centro y trasladarse a chabolas fuera de la ciudad.

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José Palazón/PRODEIN

“Aquí hacen que te sientas como un delincuente, los ves bajar de los coches armados y no dejan salir a nadie de su habitación. Entran en todos los cuartos y nos despiertan gritando ‘levanta, levanta’ y nos hacen enseñarles nuestra identificación”. A los nombres que coinciden con la lista de las expulsiones se los llevan. Mientras unos agentes realizan la búsqueda dentro otros esperan fuera rodeando la valla para evitar que alguien pueda escapar. “ Aquí la gente ya sabe cómo funciona esto, hay grupos que pasan la noche despiertos y avisan a los otros cuando llega la policía. Es una locura, ves a hombres y mujeres que salen corriendo y saltan las vallas, muchos se caen o se clavan los hierros, se hacen heridas y se rompen huesos“. Otros han dejado de arriesgar y se han ido a las chabolas, prefieren el frío y los plásticos a vivir con el miedo de ser devueltos a sus países. La mayoría son hombres porque las mujeres embarazadas o con niños duermen en el CETI, saben que ellas corren menos riesgo de ser deportadas. Al principio eran unos 50 subsaharianos pero desde la semana pasada cuando la policía detuvo a 4o argelinos, casi un centenar de esta nacionalidad se ha trasladado también al campo. “Es una situación muy dura, están viviendo a la intemperie en pleno invierno, con la lluvia. Muchos trabajan como aparcacoches y el dinero que ganan lo juntan entre todos para comprar comida porque saben que si van al CETI se la juegan”. La semana pasada la policía apareció por el recinto a la hora de la cena y se llevó a 15 subsaharianos.

No es la primera vez que los inmigrantes abandonan el centro. Generalmente, a lo largo del año suele haber pequeños grupos viviendo fuera pero cuando aumentan las repatriaciones como ahora el número es muy superior, como también lo es el miedo. “Hay quien lleva cuatro años en España” asegura Palazón, “ahora que se habla mucho de la ampliación de estancia en los CIE a 60 días, ¿qué pasa con esta gente? ¿cúanto tiempo más va a estar así? Llevan años viviendo encarcelados en esta ciudad sin poder salir más que para ser expulsados”.


Sobre oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

Sobre oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

Melilla no es una ciudad cualquiera y eso se aprende en la escuela primaria. Melilla, junto a Ceuta, tiene un estatus administrativo diferente al del resto de las ciudades españolas. Melilla está en África; tiene el tamaño y la población equivalente a la de cualquier barrio pequeño de una gran ciudad y en ella conviven cristianos, hebreos, musulmanes e hindúes. Melilla, fontera sur de Europa, es la puerta de la esperanza para las personas que intentan emigrar. Por eso en Melilla hay un muro metálico ‘atrapainmigrantes’, centros de internamiento y un refuerzo especial de Policía y Ejército.

Eso es lo que se sabe de Melilla. Pero hay mucho más. El periodista Francisco Serrano ha elaborado un documental que ha tenido que publicar finalmente en Internet. Ninguno de los medios de comunicación a los que ha acudido ha querido emitirlo.

Serrano, despues de un año de solitario trabajo, hace en algo más de una hora una amplia disección de la Melilla que ha conocido trabajando en medios locales de la ciudad autónoma y que nunca le han dejado contar. El resultado es un cóctel de escándalos, presuntas irregularidades y delitos que van más allá de lo político, más allá de lo ético, más allá de lo moral, y a veces más allá de lo civilizado: la surrealista situación de los medios de comunicación, indicios de compra de votos a cambio de bonos de comida en elecciones municipales y generales, violaciones de derechos humanos y protocolos fronterizos, tortura a los inmigrantes, muertes sin explicar, mercadeo político por parte de todas las siglas, permisividad al narcotráfico y al mercado negro, exhuberancia ligada a la economía sumergida… y un largo etcétera. Todo oculto por el fino pero pesado manto de la censura. Todo en una ciudad española que se rige – o debería – por las mismas leyes y normas que cualquier otra. Todo contado con testimonios y documentación suficiente para soportar cualquier test de independencia periodística.

Melilla es una bomba de relojería que pone a prueba la capacidad pública y mediática de atajar problemas que son sobradamente conocidos allí pero que requieren soluciones complejas y medioplacistas. Es un error pensar que hablamos de asuntos locales. En este enclave se esconden casos como el de Hicham Bouchti, ex militar marroquí huido de su país al que España ha denegado el asilo, que protagoniza una de las historias de espías más rocambolescas y más oscuras que se puedan imaginar.

Tan compleja es Melilla que un periodista como Serrano siente la necesidad de justificar en una heterodoxa introducción al documental las razones que le han llevado a hacerlo y las presiones que ha sufrido por ello. Ése es el comienzo de este minucioso trabajo periodístico. Y, luego, todo lo demás.

RACHWA Periodista en Melilla
Puedes ver aquí la segunda y la tercera parte.

Francisco Serrano, autor de este documental, decidió abadonar la ciudad autónoma de Melilla después de la realización del mismo.