• El Gobierno reconoce que ha dado la orden de prohibir cruzar a la península a los solicitantes de asilo con la documentación expedida por él mismo
• El Defensor del Pueblo considera que no es legal “impedirles la libre circulación por todo el territorio español”

Primero fue Melilla y ahora Ceuta. La orden que prohíbe a los solicitantes de asilo con permiso de residencia temporal en España, por la admisión a trámite de sus solicitudes, cruzar a la península se ha formalizado en ambas ciudades autónomas. Se acabaron los tabúes, las Delegaciones del Gobierno, que hasta ahora se habían limitado a guardar silencio derivando las preguntas al Ministerio del Interior han reconocido que la orden existe y la justifican con el cumplimiento del Acuerdo de Schengen, el convenio con el que se suprimieron los controles fronterizos entre la mayoría de países de la Unión Europea, e incluso aseguran que se trata de una medida con la que “no se están vulnerando sus derechos, sino todo lo contrario, ya que se les está dando protección y atención”, según el Delegado del Gobierno melillense, Gregorio Escobar.

Foto: José Palazón

Estas explicaciones no convencen, ni a organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que ya han mostrado su preocupación y están estudiando la situación, ni al Defensor del Pueblo que abrió una investigación a raíz del caso de Kamel, el primer inmigrante al que se le prohibió cruzar a la península desde Melilla el pasado 26 de enero y del que ya hablamos en P+DH.

El Gobierno argumenta que la prohibición se debe a que Ceuta y Melilla no pertenecen al espacio Schengen, a pesar de ser territorio español, por lo que los extranjeros que acceden a ellas no pueden entrar en la Unión Europera si no están documentados. “España mantendrá controles (controles de identidad y de documentos), en las conexiones marítimas y aéreas provenientes de Ceuta y Melilla que tengan como único destino otro punto del territorio español”, dice el convenio. Pero este punto no justifica que se impida el paso a los solicitantes de asilo admitidos a trámite, ya que ellos sí cuentan con un permiso de residencia en España hasta que el Gobierno les reconozca o no como refugiados, según las declaraciones del Defensor del Pueblo a P+DH. De hecho, “el artículo el artículo 5 del Acuerdo asegura que estas normas no serán un obstáculo para la aplicación de las disposiciones especiales relativas al derecho de asilo”.

El Defensor afirma que “la explicación oficial hasta ahora ofrecida por la que se impidió la salida de Melilla al interesado (Kamel), titular de un documento de identidad de solicitante de asilo, no resulta suficiente [...] Por tanto, no encontramos base legal para impedirle la libre circulación por todo el territorio español a una persona a la que se le haya admitido a trámite su solicitud de asilo en las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla”.

Las investigaciones de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado van en la misma línea que el Defensor. “Las alegaciones de la Policía están cogidas con pinzas. Es una excusa rocambolesca porque la realidad es muy fácil de entender. En Ceuta y Melilla hay fronteras, los españoles las cruzan mostrando su DNI y los solicitantes de asilo mostrando la tarjeta amarilla (el documento que les permite circular por España), como han hecho hasta ahora. Por tanto, están infringiendo los derechos de los solicitantes de asilo y están infringiendo su propio procedimiento porque actúan sin emitir la resolución”, denuncia Alejandro Romero, abogado de CEAR en Ceuta. A pesar de la prohibición, los inmigrantes lo siguen intentando, “el último caso fue el viernes pasado, al chaval le pidieron una autorización expresa de la Delegación o no podía cruzar”, a pesar de que el joven llevaba el documento expedido por el Ministerio del Interior. La situación en Ceuta y Melilla seguirá así, según las Delegaciones del Gobierno de ambas ciudades, hasta que conozcan las conclusiones de un estudio que está elaborando la Abogacía del Estado sobre el futuro de los solicitantes de asilo con la entrada en vigor de la nueva ley de asilo. Mientras unos estudian, otros esperan y el Estrecho sigue cerrado.

• Se están incumplendo las órdenes de Interior de no realizar detenciones arbitrarias
• Los agentes aprovecharon el reparto de comida en dos centros de ayuda de Madrid y Tenerife
• Uno de los detenidos ayuda habitualmente a las monjas en la cocina y lleva 20 años en Canarias

En España se siguen produciendo las detenciones aleatorias de inmigrantes denunciadas en febrero a pesar de las órdenes del Gobierno. El Ministerio del Interior admitió entonces que en determinadas comisarías los agentes tenían que cumplir un cupo mensual de inmigrantes arrestados, calificó esta práctica como un “error operativo” e hizo circular la orden de actuar solo para evitar problemas de delincuencia “en el ámbito de las infracciones penales” y “siempre de manera individualizada”.

O el Ministerio del Interior dice una cosa y hace otra o “hay alguien en la Policía Nacional incumpliendo órdenes”. Esta última opción es la que le consta a Antonio Diaz, director de la Asociación Karibu, una de las más reconocidas organizaciones de ayuda humanitaria para inmigrantesen Madrid, en cuya sede de Madrid se ha vivido una de estas redadas.

Ocurrió el 12 de junio a las 12 de la mañana. “Había unas 120 personas en la sede de la Asociación, algunos inmigrantes nos estaban ayudando a cargar y empezar a distribuir la comida cuando se presentaron dos policías”, se colocaron cada uno en cada puerta “y comenzaron a pedir la documentación a la gente”, comenta Díaz para P+DH en un relato que también ha remitido por escrito ante el Gobierno.

El director describe cómo los propios agentes “se encontraban muy incómodos por tener que pedirle los papeles a madres, niños y hombres que estaban simplemente recibiendo leche, arroz, pasta o medicamentos. Ellos mismos decían que les daba vergüenza tener que hacer aquello, pero que estaban cumpliendo órdenes“. Órdenes de la Comisaría de la zona madrileña de Chamberí. Antonio Díez sabe, “de buena fuente, que en el Ministerio del Interior están en contra de los cupos y que las normas internas dicen que esto no puede pasar, así que alguien les está engañando“.

Finalmente, en aquella redada hubo un detenido. “Se tenían que llevar a alguno y, ante nuestra oposición, decidieron llevarse solo a uno porque tenían que cumplir el expediente con el jefe, según sus propias palabras”, sostiene el director de Karibu, que ha recibido en 2008 el Premio al Voluntariado concedido por la Secretaría de Estado de Política Social y Familiar del Gobierno. “Ayer nos dieron un premio y hoy nos lo quitan”.

Más de 20 policías esperándoles

Un hecho que sería aislado si no se hubiera repetido por ejemplo esa misma semana en Santa Cruz de Tenerife. Sor Josefina, junto a sus compañeras hermanas de La Caridad, regenta un comedor social en el centro de la ciudad. “Aquí vienen para poder comer, pero también a abrigarse, ducharse o lavar algo de ropa. En el salón caben como 80 personas y aquel día estaba lleno”, recuerda la monja por teléfono. “Llegaron más de 20 policías y se pusieron en la puerta a esperar que la gente terminara de comer y saliera. Se llevaron detenidos a un buen grupo” que Josefina no sabe especificar pero que el diario canario El Día cifra en 17. “Algunos han vuelto por aquí, pero otros estarán en un centro de internamiento esperando que los expulsen a su país o a cualquier sitio”.

Una de las personas retenidas se llama Filemón Panoso, es boliviano y lleva dos años y cuatro meses en España. Le faltan seis meses para poder regularizarse por arraigo, a pesar de que tiene un hermano y un sobrino en la isla y a pesar de que ha estado trabajando sin papeles para poder mandar dinero a su mujer y a sus tres hijos en Bolivia. Estaba ya consiguiendo una oferta legal de empleo para cuando se cumplieran los 3 años que exige la ley. “De todas formas, algunos jueces tramitan la expulsión argumentando precisamente que si van a un comedor social es que no tienen nada aquí y, por tanto, no existe el arraigo“, comenta una fuente que ha seguido el caso de Filemón. La única persona que ha podido hablar con él hasta ahora es su abogado, Plácido Peña, que tiene claro que “si con patrullas en cada puerta y cordón policial eso no es una redada, que venga el ministro y lo vea. Y si está pasando en Madrid y en más sitios, es que son instrucciones de arriba”. Peña tiene experiencia en inmigración y asegura que las instituciones “están actuando casi al margen de la ley en asuntos de extrajería”.

Paradojas y vacíos legales

En la cocina del comedor de Tenerife hay alguien especial para las hermanas: “nos ayuda todos los días para cargar los sacos de patatas y cosas con peso que nos trae la gente, porque como la mayoría somos jubiladas, solas no podemos”. Y hasta la cocina entraron cuatro policías para detener a esta persona de origen magrebí que lleva 20 años viviendo en España. Después de 8 horas en los calabozos, a las diez de la noche fue puesto en libertad, llamó a las monjas y les dijo “ya estoy libre, mañana vuelvo al comedor a ayudaros”. “Y aquí está”, comenta Sor Josefina.

En el caso de Madrid hay otra lectura paradójica que solo es comprensible a la luz de un vacío legal. La comida y medicamentos que suministra Karibu, como otros colectivos de ayuda humanitaria, procede de los excedentes de la Unión Europea que gestiona el Gobierno. En otras palabras, es comida ‘pública’ que se pone en manos de determinadas organizaciones seleccionadas y reguladas para que hagan los repartos. “Nosotros entregamos la comida y los medicamentos según la necesidad de cada uno. No miramos si tienen papeles o no, eso la administración lo sabe. Y si no puede ser así, no queremos las subvenciones”, espeta Antonio Díaz. “No tiene sentido que manden a la policía a detener a aquellos que están recibiendo una ayuda pública a la que reconocen que tienen derecho”.

Diferentes asociaciones han denunciado más casos como éste y están recogiendo testimonios directos para probar que las redadas arbitrarias siguen existiendo.

Más de ochenta colectivos sociales de Galicia se manifestan en Santiago contra “la creciente persecución policial” de inmigrantes  que “hace que parezcan terroristas internacionales”.