El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, y el director de la FAO, la agencia de la ONU encargada de cuestiones alimentarias, Jacques Diouf, han hecho este fin de semana una ‘huelga de hambre’ de 24 horas. El objetivo de ambos es llamar la atención sobre la Cumbre mundial de seguridad alimentaria que comienza hoy en Roma, con poco apoyo internacional y mediático pero con datos de malnutrición sin precedentes: más de 1.000 millones de personas pasan hambre en el mundo.

El director de la FAO concede una entrevista durante su ayuno (foto: FAO)

El director de la FAO escenificó su ayuno en su sede de Roma. A las 8 de la tarde se acomodó en la sala de entrada de las oficinas, se puso el pijama y se cubrió con un abrigo, una bufanda y un sombrero para soportar el frío del edificio, que por la noche no tiene calefacción. Luego improvisó una cama con colchones de gomaespuma, según un comunicado de prensa. “He dormido bastante bien”, dijo después Diouf.

Esta inusual inciativa pone en evidencia dos caras de la misma moneda. La primera es la del debate sobre si es procedente ético que los líderes mundiales, de quienes se espera una solución, se valgan de una cómoda ‘huelga de hambre’ de 24 horas como herramienta de marketing para protestar contra el hambre. La segunda es la de la evidencia de que esto es síntoma de que Naciones Unidas ha perdido el pulso: ni los principales gobiernos ni los grandes medios de comunicación les tienen como referencia para conformar el debate internacional. Solo les queda llamar la atención.

En Roma no estará Obama (que acaba de esterilizar junto a China otra cumbre, la del cambio climático), ni Sarkozy, ni Brown, ni Merkel, ni casi nadie que pueda hacer algo por el supuesto objetivo de esta reunión: destinar 29.500 millones de euros cada año a ayudar a los países pobres a ser autosuficientes en el ámbito alimentario.

Es probable que los medios de comunicación no centren su escrutinio y presión sobre una enésima declaración de intenciones sino en otros aspectos más ‘digeribles’. En el año 2002, este mismo encuentro pasó a las hemerotecas no por su incapacidad de llegar a ningún acuerdo ejecutivo sino por el menú del banquete de sus asistentes, compuesto de 19 platos entre los que se encontraba una jugosa “ternera de Kioto bañada en algas y condimentada con espárragos y salsa de sésamo, tacos de atún con aguacate, salsa de soja y shiso, sopa de almejas, congrio con azucenas y vinagreta de soja, langostinos, rollitos de anguila a la plancha envueltos en bardana, boniatos, gobio frito en aceite de soja”.

Los resultados políticos, mientras tanto, quedan en segundo plano. En 2002, según se recoge en FAO.org, “se adoptó por unanimidad una declaración que pide a la comunidad internacional cumplir el anterior compromiso [de 1996] de reducir el número de personas hambrientas a alrededor de 400 millones para el año 2015″. En 2009, según el borrador de las conclusiones preparado para esta semana, el acuerdo será mantener vivas las intenciones de hace 13 años a pesar de que la situación ha empeorado dramáticamente y no habrá cifras concretas para las ayudas a la alimentación. Eso sí, ante el escándalo mediático suscitado, este año las autoridades comerán pasta, ensalada de aceitunas y, de postre, macedonia. Vino del país.

• Naciones Unidas define como violación de los derechos humanos que la policía pida la documentación según el color de piel de las personas
  
• “Es una práctica discriminatoria, podría propagar actitudes xenófobas e incumple los tratados internacionales”

Control policial (Foto: Olmo Rotos / Flickr)

No tener ‘pinta de español’ no puede hacerte sospechoso de ninguna ilegalidad. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido a España de que las actuaciones policiales basadas en el color de piel de las personas “son discriminatorias”, son “contradictorias con una política efectiva de lucha contra la discriminación racial”, “podrían propagar actitudes xenófobas entre la población” e incumplen los acuerdos internacionales sobre derechos civiles que España se ha comprometido a cumplir (ver documento en PDF).

La mecha de este histórico pronunciamiento la encendió hace 17 años Rosalind Williams, una ciudadana española de raza negra a la que la policía solicitó la documentación sospechando que se trataba de una inmigrante ilegal. Williams, que contó con la representación legal de Diego López Garrido – hoy Secretario de Estado del Gobierno para la Unión Europea – denunció que los agentes le pidieron el DNI a ella y no a su marido (blanco) o a cualquiera de las decenas de personas que, como ella, estaban en la estación de tren de Valladolid. La reivindicación cayó en el saco roto de la justicia y la administración: ni los juzgados provinciales, ni el Ministerio del Interior, ni la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Constitucional consideraron que se hubiera vulnerado ningún derecho al solicitar a Williams los papeles por ser negra. La sentencia del Constitucional merece, por paradigmática y por contundente, una lectura:

“La actuación policial usó el criterio racial como meramente indicativo de una mayor probabilidad de que la interesada no fuera española. Ninguna de las circunstancias acaecidas en dicha intervención indica que el comportamiento del funcionario de la Policía Nacional actuante fuese guiado por un prejuicio racista o por una especial prevención contra los integrantes de un determinado grupo étnico (… )”

El argumento estadístico de los jueces – la probabilidad de ser ‘ilegal’ según la raza -  fue compartido por el  Gobierno. “Parece inevitable admitir que los controles policiales [para controlar la inmigración ilegal](…) pueden tomar en consideración determinadas características físicas o étnicas como razonablemente indiciarias del origen no nacional de la persona”, dijo el ejecutivo español en 2007 ante el Comité de Derechos Humanos. Una lógica que no ha convencido al organismo iternacional, que exige a España que se disculpe oficial y públicamente ante Williams y que tome medidas para que no ocurra más.

El caso Williams como precedente

Rosalind vive en Madrid, estos días atiende entrevistas y repasa documentos. “Estoy contenta, muy ocupada”. Pero su caso, además de una historia personal, una carrera de fondo salplicada con problemas psicológicos y económicos, puede marcar a millones de personas más en España. El pronunciamiento de Naciones Unidas se refiere a su caso en particular pero incuye instrucciones aplicables a otras situaciones y que son así de tajantes: “España tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar que sus funcionarios no incurran en actos como los del presente caso“.

“Los controles de inmigración en España no han cambiado mucho en estos 17 años por lo cual esta decisión es de inmensa importancia hoy en día”, nos cuenta Viviana Waisman, de Women’s Link Worldwide, la ONG que ha representado legalmente a Williams ante el Comité. “En una sociedad multiétnica no sirven esos estereotipos y prejuicios. ¿Cuál es el look español o europeo? El color de la piel no puede definir ni la nacionalidad ni la situación administrativa de una persona”, dice Waisman.

Durante todo el proceso legal, España ha argumentado, respaldada por el Tribunal Constitucional en 2007, que “no existe una orden o instrucción específica de identificar a los individuos de una determinada raza”. Sin embargo, tal y como hemos contado en P+DH, se han documentado varios casos recientes de redadas policiales en busca de extranjeros que pudieran ser inmigrantes sin permiso de residencia. Ocurrió mientras se repartía comida en una asociación de Madrid o en la hora del almuerzo en un comedor social de Tenerife. El objetivo de las redadas era, en algunos casos, llegar a un cupo de extranjeros detenidos por cada comisaría.

Circular de una comisaría madrileña sobre los cupos de extranjeros, emitida a principios de 2009

“Es un hecho generalizado. Si hay 40 personas en un sitio, le piden la documentación solo a una, a la que tiene un color de piel diferente”, explica como quien describe algo rutinario Antonio Díez, premio 2008 al Voluntariado y presidente de la asociación Karibú. Vivana Waisman pone otro ejemplo que han tenido que llevar hasta Constitucional después de agotar todos los pasos previos: “el caso de Beauty Solomon, una chica nigeriana a la que dos policías nacionales le pidieron la documentación en una zona de prostitución de Palma de Mallorca. Le pidieron los papeles a ella y no al resto de chicas de aspecto europeo, y después le gritaron ‘¡puta, negra, fuera de aqui!‘”.

“Los estados tienen un interés legítimo en controlar la inmigración ilegal”, pero habrá que buscar la manera de que “ese control siempre respete los derechos humanos”, concluye la directora de Women’s Link Worldwide. Para casos en los que no sea así, la organización de apoyo Ferrocarril ha elaborado una guía de actuación para documentar y denunciar controles injustos.

Y si no, ¿qué?

¿Puede tener este dictámen alguna consecuencia real en la vida de los millones de personas que viven en España y cuyo color de piel no es el blanco? Depende de lo que a España le importe que la ONU le siga poniendo en evidencia porque, de hecho, es lo único que puede hacer. “Sanciones morales”, lo llaman en Ginebra.

El Gobierno tiene 180 días para dar explicaciones a Naciones Unidas sobre el caso Williams y será interesante comprobar si rectifica en algo su política. España es firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por tanto tiene la obligación de cumplirlo. Sin embargo, no hay mecanismos de castigo más allá de la reprimenda. Si el Gobierno no toma las medidas que se les exige, el efecto boomerang puede acabar volviendo este dictámen en contra de Naciones Unidas en forma de desprecio internacional hacia su propia esencia y autoridad.