por Cristina F. Pereda. Washington D.C.

Un soldado norteamericano gesticula ante un grupo de haitianos durante un reparto de ayuda humanitaria.19 de Enero, 2010. (AP Photo / Jae C. Hong)

Haití no es Nueva Orleáns después del Huracán Katrina. Haití no pertenece a Estados Unidos. Pero la respuesta norteamericana a las consecuencias del terremoto bien podría equipararse a la que daría el gobierno de Obama ante cualquier catástrofe dentro de su territorio. O la que muchos exigieron a Bush tras el paso del huracán en 2005. Desde la donación inmediata de 100 millones de dólares a las promesas casi diarias de que Estados Unidos no abandonará a Haití una vez terminadas las labores de rescate y emergencia, Obama parece mirar a Haití como un Estado más. Y los medios americanos así lo contaron: “Haití, en todos los sentidos, se convirtió en el Estado número 51 el martes a las 4.53h de la tarde con el terremoto”, publicaba la revista Time bajo el título El ejército americano en Haití: Una invasión compasiva.

Una semana antes de que la tierra sacudiera Haití, Hillary Clinton comparecía en Washington para hablar sobre USAID, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. USAID es una agencia con el orgullo herido, atrapada entre la falta de fondos para ayudas y acusaciones de que las últimas respuestas en el tsunami de 2004 y los terremotos en China en 2008 no fueron suficientes. Una semana antes de la catástrofe, la Secretaria de Estado norteamericana anunciaba reformas en USAID para convertirla en un ejemplo a nivel internacional.

Pero el despliegue de ayuda no se ha visto con los mismos ojos dentro y fuera de Estados Unidos. Para los americanos, empujados por el lenguaje de los medios de comunicación, el ejército y los marines han dejado de imponer su imagen más dura para dedicarse a entregar agua y comida. Aunque vayan armados. En el extranjero, sobran las preguntas sobre por qué hacían falta 10.000 efectivos del ejército, un buque y la guardia costera mientras Haití clamaba por personal sanitario y medicamentos.

Aterrizaje de los marines ante el Palacio Presidencial de Haití (Ramón Espinosa/ AP)

Algunos editoriales defendieron que el terremoto en Haití no pone tanto a prueba a Estados Unidos como a Obama. Es la oportunidad de cumplir otra de sus promesas: que no dejarán sólo a ningún país o pueblo necesitado. Y de rebote, la posibilidad de mejorar la imagen de Estados Unidos en el extranjero. Pero Obama respondió igual que Bush durante Katrina. Cuando el estadio de Nueva Orleáns quedaba atestado de desplazados por el huracán a finales de Agosto de 2005 y los servicios de emergencia de Louisiana fallaron, Bush envió al personal de Blackwater, la agencia privada de seguridad que después manchó su nombre en Irak.

El diario Los Ángeles Times ha descrito el despliegue de medios de comunicación en Puerto Príncipe como el mayor desde el tsunami en Asia en 2004. Y parecieron trabajar al unísono. Mientras las televisiones estadounidenses mostraban imágenes de haitianos arañando el cemento para rescatar a familiares, los titulares dictaban la preocupación sobre la seguridad. A ningún locutor le chirriaba ese rótulo hablando del peligro en las calles de Puerto Príncipe, cuando su voz acompañaba escenas de heridos, desplazados, huérfanos y haitianos solidarios con desconocidos bajo los escombros. Las cámaras de la CNN tardaron varios días en encontrar escenas de gente en busca de comida entre los cascotes de los supermercados. Para entonces, la llegada de miles de marines parecía obedecer el dictado de los titulares: “La seguridad se convierte en la preocupación número uno”.

Un artículo de la revista online Slate titulado “Por qué Estados Unidos se centró en la seguridad en vez de ayudar a los haitianos” concluía la semana pasada que cualquier respuesta a esta pregunta es negativa para los americanos. O bien Estados Unidos tiene intereses en el país caribeño que sólo el tiempo va a revelar, “o no importa de qué color sea nuestro presidente. Incluso cuando esté haciendo las cosas bien, el gobierno americano puede ser racista y, aún en una operación civil y puramente burocrática, salvajemente cruel”.

Los rostros de los haitianos pidiendo ayuda han recordado a muchos a las víctimas afroamericanas de Katrina. Los mismos que se quejaron por el lenguaje utilizado en función del color de las víctimas del huracán Katrina -el adjetivo de saqueador siempre acompañaba a los afroamericanos, los blancos eran víctimas-, se preguntan estos días por qué después del tsunami en Asia o el terremoto en China los titulares no nombraron problemas de seguridad.

Las televisiones norteamericanas se dieron prisa por retratar a los marines como guardianes de la ayuda. Para apoyar esta teoría, todos los días llegaban imágenes del mismo rincón comercial de la ciudad. Grupos de haitianos escalando entre los escombros para conseguir cualquier cosa. Comida o una caja de cartón. Algo que pudieran vender. Los reporteros norteamericanos a veces tuvieron suerte y hasta encontraban imágenes de la policía intentando hacerse con el control. La estrella de la CNN Anderson Cooper (en sus peores cifras de audiencia antes de aterrizar en Puerto Príncipe) se topa con un adolescente desorientado. Le acaba de caer una pedrada en la cabeza. La imagen de Cooper llevando al joven ensangrentado hasta otra esquina alimenta el horario de la CNN durante toda la tarde.

Un trabajador de una organización estadounidense de asistencia médica en catástrofes sostiene la mano de un niño herido (Gerald Herbert / AP)

En España Francisco Perejil nos contaba que para encontrar escenas como esta, bastaba con ir al mismo cruce de calles donde antes estaba la actividad comercial. En Estados Unidos nadie confesó que repetían localización a diario.

Las imágenes de Haití llegaban con los nombres y apellidos que los norteamericanos nunca ponen a sus víctimas nacionales. Sean soldados o civiles, sus heridas nunca llegan a la pantalla de televisión ni a las páginas de un periódico. Las de los haitianos aparecían después de dos mensajes. Uno, la advertencia de que podían herir la sensibilidad de algunos televidentes. Y dos, que los medios se veían obligados a mostrarlas porque “esa es la realidad ahora mismo”. Si los norteamericanos necesitaban ver el terremoto en directo desde dentro de un orfanato, esos 15 segundos de gritos en la oscuridad, o si de verdad hacía falta poner el micrófono del reportero de la CNN entre los escombros para escuchar a las víctimas pidiendo ayuda, no lo sabemos.

Este fin de semana los defensores del lector del New York Times y Washington Post dedicaron una columna a justificar el uso de estas imágenes. Para el Times, “resultó duro mirar algunas imágenes de sufrimiento y muerte, pero era imposible no publicarlas”. En el Washington Post, sin embargo, reconocen que los lectores esperaban ese tipo de imágenes, “pero no estaban preparados para ver durante días una representación tan gráfica de la muerte”.

Puede que sin esas imágenes no hubieran llegado millones de dólares a través de mensajes de texto. Aunque, seguramente, sin cada uno de esos fotogramas dedicado a una víctima el argumento de que el ejército estaba allí para ayudar no sería sostenible.

Rebecca Solnit, autora del libro “Un Paraíso Construido en el Infierno” sobre Nueva Orléans después de Katrina, estudia la reacción de las autoridades en catástrofes naturales. Según Solnit, desde el terremoto de San Francisco en 1906 las autoridades y las leyes que les amparan están más preocupados por la propiedad que por las vidas humanas. “En casos de emergencia”, escribe Solnit, “la gente puede y de hecho acaba muriendo por esas prioridades. O son disparados por pequeños robos o por robos imaginarios. Los medios no sólo empujan estos resultados sino que casi de forma repetitiva prepara el camino para que se dé esta reacción”.

Con ayuda de los medios o no, Estados Unidos ha conseguido crear una imagen de salvador en Haití. Sólo los marines podían garantizar la entrega de ayuda, por eso la custodiaron en el aeropuerto de la capital durante días, mientras las organizaciones internacionales en el terreno se quedaban sin palabras para explicar que necesitaban la entrada de personal sanitario y medicamentos. Sólo los marines podían garantizar la seguridad de aquellos que entregarían las botellas de agua y raciones de comida. Por eso esperaron los haitianos.

El buque hospital militar "Comfort" de EEUU, junto al barco de Greenpeace "Esperanza" con ayuda humanitaria para Médicos sin Fronteras, ambos atracados en Puerto Príncipe. Haití. 24 de Enero, 2010 (AP Photo/Gregory Bull)

En casa, Obama ha vendido el mejor ejemplo de su prometida diplomacia humanitaria, la de la compasión y el diálogo. La compasión llegó en forma de dólares, buques y soldados. El diálogo aterrizó con Hillary Clinton, quien se sentó junto a René Préval, presidente de Haití. No hubo imágenes de Clinton sobrevolando la zona de la catástrofe en helicóptero. Llegó, escuchó y se marchó.

En el terreno, quedan los marines sin fecha de regreso.

• Con 58 disidentes presos, encabeza la lista de países con menos libertad de expresión en Internet
  
• Las ONG han denunciado una campaña de represión coincidiendo con la visita de Obama
  
• 40.000 personas trabajan en el control de los contenidos de la Red

Ilustración: Guy Billout / Wired

“Soy un gran partidario de la no censura”. Barack Obama capeaba el asunto de la falta de libertad de expresión en China durante su encuentro con un grupo de universitarios de Shanghai preparado por la Embajada estadounidense. El eco de sus palabras ha retumbado más fuera que dentro del país, donde sólo pudieron ser publicadas en 30 páginas web.

Organizaciones como Human Rights in China (HRIC) o Chinese Human Rights Defenders (CHRD) han denunciado que durante la reciente visita del presidente estadounidense, el Gobierno de Hu Jintao realizó una campaña de control y detención de disidentes y activistas, entre las que se encuentran 90 personas que se manifestaban en Pekín contra la demolición de sus casas ante la celebración de la Exposición Universal de Shanghai 2010. Según CHRD hubo 42 arrestados que fueron trasladados a las “cárceles negras“, centros de detención ilegales donde se violan los derechos de los prisioneros según Human Rights Watch.

En el gigante asiático hay 300 millones usuarios de internet de los que 60 millones son blogueros. China tiene la mayor comunidad de internautas del mundo, tan grande como su capacidad de censurar miles de webs, incluidas las de Facebook y Twitter. En su tarea cuenta con el respaldo de Microsoft, Google, Yahoo y Baidu.cn (éste último acapara el 60% de las búsquedas), que filtran los contenidos “subversivos” y colaboran en la desaparición de informaciones relativas los derechos humanos, el Dalai Lama, la Carta 08 o la democracia y en el bloqueo del acceso a las páginas de Internet de organizaciones como Reporteros sin Fronteras y Amnistía Internacional.

A éstas se suman otras estrategias como la orden de que los ordenadores fabricados a partir de julio llevasen instalado un software de control de contenidos, que ante el rechazo que suscitó entre los usuarios y los propios fabricantes quedó como una opción voluntaria para las marcas, a la que se acojen muchas de ellas. Un estudio de OpenNet Initiative afirma que esta medida no es más que una forma con la que el Estado pretende limitar los contenidos políticos y religiosos.

40.000 empleados del Estado y el Partido vigilan los ficheros que circulan por la Red. El informe “Los enemigos de Internet” de RFS asegura que sólo en 2008 alrededor de 3.000 páginas fueron bloqueadas a través de un sistema de “palabras prohibidas” que serían, por ejemplo, las asociadas a la matanza de Tiananmen en 1989: oleada estudiantil del 89, movimiento estudiantil del 89, alteraciones, revueltas, masacres, etc.

En China 58 ‘ciberdisidentes’ están encarcelados, algunos de ellos desde hace más de 9 años. Tras la breve apertura a la que se vio forzado el país con la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín, el Gobierno ha vuelto a levantar la Gran Muralla virtual que comparte países como Arabia Saudí, Birmania, Cuba, Egipto, Irán, Uzbekistán, Siria, Túnez, Turkmenistán o Vietnam.

Niveles de filtro de contenidos | Mapa: OpenNet Initiative

Por Carlos Sardiña para P+DH

Segunda y última parte de la entrevista que el periodista británico Andy Worthington ha concedido en exclusiva a P+DH [periodismo + derechos humanos]. Tras la primera parte, publicada el lunes, esta segunda entrega se centra en el futuro de los ex prisioneros de Guantánamo liberados, una cuestión que tiene una especial relevancia en España, que acogerá a algunos de ellos.

P: Algunas fuentes del Pentágono declararon este año que uno de cada siete prisioneros liberados de Guantánamo “regresa al terrorismo”. Algunos están utilizando esa supuesta reincidencia para justificar su oposición al cierre de la prisión y a la liberación de los prisioneros y todo ese asunto ha provocado una enorme controversia. ¿Qué piensas de ese supuesto nivel de reincidencia?

R: Como expliqué en un artículo poco después de que el New York Times publicara en primera plana la noticia que ofrecía aquella estadística, “en seguida surgieron voces críticas –básicamente quienes conocían el excelente trabajo que realizó la Facultad de Derecho de la Universidad de Seton Hall desmontando los informes del Pentágono sobre la ‘reincidencia’ (PDF)– que denunciaron aquella noticia”. También escribí: “El 28 de mayo, el Times brindó a Peter Bergen y Katherine Tiedemann, de la New America Foundation, la oportunidad de escribir una columna en respuesta al artículo de Bumiller, en el que concluían, a partir de un análisis del informe (PDF), que era más probable que la tasa de reincidencia se situara ‘en torno al 4 % de los 534 hombres puestos en libertad’ (basándose en el hecho de que ‘era posible confirmar de forma independiente la participación de doce ex prisioneros en atentados terroristas contra objetivos estadounidenses y había otros ocho sospechosos de tomar parte en esos actos’)“.

En cualquier caso, los informes de la Facultad de Derecho de Seton Hall son la mejor fuente disponible para desmontar los mitos del Pentágono. Recomiendo su último informe (PDF), que ofrece pruebas concluyentes de que los numerosos informes publicados por el Pentágono a lo largo de los años no son más que propaganda. Fue penoso que el New York Times se dejara engañar con tanta facilidad.

P: En España cobra una especial relevancia el tema de los presos inocentes de Guantánamo que van a ser liberados en terceros países. El caso de los uigures chinos es quizá el más famoso y el más representativo. Hace mucho tiempo que el ejército estadounidense declaró que no son “combatientes enemigos”, pero no pueden volver a China, donde se enfrentarían a torturas, o incluso a algo peor. Sin embargo, el gobierno estadounidense se niega a aceptar en su propio territorio a esos y otros prisioneros declarados inocentes incluso después de que un juez ordenara el año pasado que se permitiera entrar a 17 uigures en Estados Unidos y haya allí comunidades de compatriotas dispuestas a acogerlos. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos se niega con tanta terquedad a aceptar la entrada en su territorio de unos prisioneros cuya inocencia está más allá de toda duda razonable?

R: Los jueces que anularon el valiente y justo fallo del juez Ricardo Urbina que acabas de citar pertenecen al Tribunal de Apelaciones, cuyo carácter conservador es bien conocido, por lo que no es sorprendente que lo anularan. En cualquier caso, lo más preocupante de la postura de Obama es que pone de relieve, casi más que ninguna otra, que a veces le falta coraje cuando es más necesario.

En lugar de recusar al tribunal de apelaciones y/o ordenar la liberación de los uigures en Estados Unidos cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, vaciló y permitió que Dick Cheney y otros políticos en activo iniciaran una campaña para asustar y desinformar sobre los prisioneros de Guantánamo que no sólo hizo imposible trasladar a los uigures a Estados Unidos, y permitió a algunos políticos imponer sus condiciones a los planes de Obama para cerrar Guantánamo, sino que también hizo que Obama perdiera gran parte de la iniciativa necesaria no sólo para vender sus planes de desmantelamiento, sino para asegurarse de que el pueblo estadounidense conociera en toda su magnitud las políticas erróneas de la administración Bush, que supusieron el encarcelamiento ilegal de casi 800 hombres, la mayoría de los cuales no tenía ninguna relación con al-Qaeda o el terrorismo internacional.

P: ¿Podría el gobierno estadounidense enfrentarse a problemas legales si esos hombres entraran alguna vez en Estados Unidos y decidieran pedir que se hiciera justicia en el sistema judicial estadounidense?

R: No parece que eso vaya a suceder, pero me atrevería a decir que cualquier persona a la que se libere en cualquier parte del mundo debería poder pedir, en algún momento, una  compensación por lo que le ha ocurrido.

P: Se sabe que España aceptará a cuatro o cinco ex prisioneros de origen tunecino y argelino. Se ha dicho que los prisioneros liberados en España disfrutarán de libertad de movimientos dentro del país, aunque estarán vigilados, pero no podrán viajar al extranjero. ¿Cuál será la situación legal de los prisioneros liberados en terceros países? ¿Cuáles son las responsabilidades de los países de acogida, y especialmente de España, con respecto a ellos?

R: Yo creo que no cabe esperar que ningún país esté dispuesto a aceptar a prisioneros declarados inocentes a no ser que los gobiernos de esos países tengan la certeza de que no son peligrosos. Eso es parte del problema en este momento, ya que la administración Obama no está dispuesta a admitir, como debería, que no ha logrado demostrar que la mayoría de los hombres encarcelados en Guantánamo tenga alguna vinculación con el terrorismo, porque la mayoría de ellos fueron capturados por sus aliados afganos o pakistaníes en una época en la que estaban a la orden del día las recompensas, de 5.000 dólares de media por cabeza, a cambio de “sospechosos de al-Qaeda o talibán” y porque la mayor parte de las llamadas “pruebas” que el gobierno esgrime en su contra proceden de interrogatorios a otros prisioneros, a los cuales, como han mostrado las apelaciones de habeas corpus, a menudo se torturó, coaccionó o sobornó para que hicieran declaraciones intrínsecamente poco fiables. Es necesario que los potenciales países de acogida entiendan estos hechos para que puedan comprender realmente por qué los funcionarios de los servicios secretos han afirmado durante años que sólo dos o tres decenas de prisioneros han tenido alguna relación con el terrorismo y también es necesario que recuerden que muy pocos ex prisioneros han causado algún problema y que, por lo general, los países occidentales nunca se han implicado en el gasto inútil de mantener bajo vigilancia a presos liberados. Sin embargo, sigo creyendo que este proceso sería mucho más fácil si Estados Unidos asumiera la responsabilidad de algunos de sus errores.

P: ¿Van a recibir los países de acogida algo del gobierno estadounidense a cambio?

R: Creo que cabe esperar que se produzcan negociaciones entre bastidores…

P: En España, el principio de jurisdicción universal podría permitir a los ex prisioneros demandar al gobierno estadounidense pero, cediendo a la presión diplomática, las leyes que lo recogen van a ser seriamente recortadas, lo que va a hacer imposible emprender algunas acciones legales contra el gobierno de Estados Unidos. ¿Hay algún lugar en el que los prisioneros liberados tengan la posibilidad de emprender acciones legales contra sus captores? ¿Existe algún trato entre los países de acogida y Estados Unidos para evitar que pueda suceder algo así?

R: No soy un experto en la materia, pero tengo entendido que algunos países pueden emprender acciones legales contra funcionarios de alto rango. No obstante, lo que más me interesa es si el gobierno de Obama –o, más concretamente, el fiscal general Eric Holder, puesto que es su responsabilidad– va a designar a un fiscal independiente para que investigue los crímenes de la administración Bush, como se ha insinuado en los últimos días (véase mi artículo al respecto).

Sabemos que Obama es reacio a hacerlo pero, como ya he dicho, en última instancia no es cosa suya y la cruda realidad es que si Holder no investiga los delitos de la administración Bush (porque la tortura es un delito según la ley estadounidense), habrá demostrado que los funcionarios estadounidenses de más alto rango pueden quebrantar tantas leyes como se les antoje siempre y cuando acaben dejando su cargo al final del mismo, y eso, simplemente, no es aceptable.

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NOTA: Pocos días después de la realización de esta entrevista el periodista Sami Al Hajj (un cámara de Al Yazira al que las autoridades estadounidenses mantuvieron seis años encerrado en Guantánamo sin presentar nunca cargos en su contra y que fue liberado en mayo 2008) anunciaba su intención de presentar junto a otros antiguos prisioneros una demanda conjunta contra George Bush y otros altos cargos de su administración por la detención ilegal y las torturas que sufrieron durante su cautiverio en Guantánamo. Para ello, han creado una nueva organización llamada Guantánamo Justice Centre, con sede en Ginebra y dirigida por el ex-prisionero británico  Moazzam Begg, que se dedicará a reunir las pruebas necesarias y estudiará la mejor manera de demandar a la administración Bush, lo que probablemente harán en un tribunal europeo.

Entrevista a Andy Worthington, autor del libro The Guantánamo Files

Por Carlos Sardiña para P+DH

El periodista británico Andy Worthington es probablemente uno de los mayores especialistas del mundo en la prisión militar de Guantánamo, un tema sobre el que escribe regularmente en su blog y en publicaciones como The Guardian, Huffington Post o AlterNet. Desde 2006, no sólo ha investigado la vida de los 774 prisioneros retenidos en el limbo legal de la base estadounidense en Cuba, una exhaustiva investigación que recoge en su libro The Guantánamo Files, sino que también ha hecho un seguimiento casi diario de la “guerra contra el terrorismo” en sus vertientes legal y política, documentando rigurosamente las violaciones de los derechos humanos cometidas en su nombre.

En esta entrevista en exclusiva para P+DH [periodismo + derechos humanos], y que publicaremos en dos partes, nos habla de temas como el futuro de los prisioneros de Guantánamo, las similitudes y diferencias entre George Bush y Barack Obama en el trato de los prisioneros de la “guerra contra el terrorismo” o el marco legal en el que el gobierno de Estados Unidos sigue librando una guerra contra un enemigo desconocido y difuso en la que, a efectos prácticos, no existe la presunción de inocencia.

P. En su discurso de investidura, Obama dijo que consideraba “falsa la disyuntiva entre la seguridad y los ideales” de su nación, y una de sus promesas electorales más importantes fue comenzar una nueva época de respeto al Estado de derecho y los derechos humanos. Sin embargo, la propuesta de “detención preventiva”, expuesta por primera vez en un discurso pronunciado en mayo, y la noticia de que la Casa Blanca está redactando una orden ejecutiva que “reafirmaría la autoridad presidencial para encarcelar indefinidamente a sospechosos de terrorismo” sugieren que Obama está dando marcha atrás en algunas de sus propuestas. Con respecto al tratamiento de los prisioneros de la “guerra contra el terrorismo”, ¿cuáles son las principales diferencias entre la administración Bush y la de Obama?

R: Hay, por supuesto, numerosas diferencias entre la administración Bush y la de Obama. No me cabe la menor duda de que Obama está totalmente decidido a cerrar Guantánamo antes de enero de 2010 y a mantener la prohibición de la tortura que la administración Bush manipuló y dejó de lado de una manera tan indignante, y tengo bastante confianza en que la administración no va a tener muchas dificultades para decidir que debe repatriar a más de la mitad de los 229 prisioneros que quedan o encontrar nuevos países en los que puedan vivir.

Sin embargo lamento profundamente que la administración mantenga demasiadas opciones disponibles y se niegue a adoptar la única política aceptable: juzgar a los prisioneros en tribunales federales o ponerlos en libertad. Como he dicho, me horroriza el proyecto de aprobar una ley que justifique la “detención preventiva” (que es lo que, de hecho, ha estado ocurriendo en Guantánamo durante siete años y medio) y también lamento profundamente que el gobierno y el congreso parezcan estar decididos a reactivar las comisiones militares, como ya expliqué con detalle en un artículo.

A decir verdad, hay otras muchas decepciones, aunque creo que a menudo el gobierno se mueve en la dirección correcta, y no cabe duda de que Bush y Cheney le han dejado un descomunal quebradero de cabeza. Para no extenderme demasiado, me centraré especialmente en la negativa de la administración a aceptar el fallo de un juez que determinaba que el derecho de habeas corpus (el derecho a cuestionar ante un juez los motivos de una detención) es aplicable a los prisioneros extranjeros “entregados” desde otros países a la prisión estadounidense de la base aérea de Bagram, en Afganistán (sobre lo que he informado aquí y aquí), y la clara incapacidad del Departamento de Justicia para modificar sus postura sobre las peticiones de habeas corpus de los prisioneros (a raíz de un trascendental dictamen del Tribunal Supremo del pasado mes de junio) con respecto a la de la administración Bush. Como consecuencia de ello han llegado a los tribunales algunos casos evidentemente imposibles de ganar, como demostraron recientemente los casos de Alla Ali Bin Ali Ahmed, uno de los diecisiete prisioneros capturados en una residencia universitaria de Pakistán, y Abdul Rahim al-Ginco, un sirio al que torturó al-Qaeda acusándole de espionaje antes de que lo encarcelaran los talibán y al que el ejército estadounidense “liberó” y envió a Guantánamo. Leer más