• En los últimos días, los inmigrantes presos han incendiado en varias ocasiones las celdas para denunciar su situación.
• Mantienen separados a los padres de las madres y sus hijos, y no les permiten comunicarse ni les informan de su estado.
• Trescientos de los novecientos inmigrantes encarcelados en el centro Pagani de Lesbos fueron liberados ayer.

Menores detenidos en el centro Pagani/Noborders Lesvos

Tras la huelga de hambre que hizo un grupo de menores encarcelados en el centro de detención de Pagani en la isla griega de Lesbos, a finales de agosto, las protestas se han ido agravando durante el último mes y medio. El pasado viernes varios prisioneros incendiaron su celda.El lunes al menos otras dos celdas fueron incendiadas.

Pero, ¿qué está pasando dentro del centro Pagani para que los propios presos metan fuego a sus celdas? Muchas de las novecientas personas, procedentes de Oriente Próximo, el noreste africano y de Europa del Este, llevan meses encarcelados sin saber cuándo serán liberados, ni bajo qué condiciones. Viven hacinados, los padres separados de sus mujeres e hijos, sin poder comunicarse entre ellos, incluso, algunos sin saber si sus familiares permanecen aún en el centro o en cómo y dónde estarán sus mujeres e hijos, puestos en libertad hace algunas semanas. Todo este ambiente de tensión se agravó cuando hace unas semanas fue liberado un grupo de presos, entre los que había personas que llevaban menos tiempo retenido que otras que se quedaron. Hay personas que aseguran llevar cinco meses en el centro.

MSF consiguió que algunos de los niños presos pudieran ver a sus padres ©MSF

“En una de las celdas, de unos 200 metros cuadrados, encontramos más de 200 mujeres con niños. De los 68 niños, 36 eran menores de cinco años. Entre estas personas, había 5 mujeres embarazadas en su octavo o noveno mes.(…) Cuando llegamos, las mujeres llevaban días sin salir al patio. Una de las primeras cosas que hicimos fue sacar a los niños fuera de la celda y acompañarles a visitar a sus padres (…)Fue un momento muy emotivo para nosotros ver a padres abrazando a sus pequeños a través de los barrotes, a menudo llorando.(..) Un padre no paraba de preguntar acerca de su esposa y su hijo recién nacido que había venido al mundo hacía pocos días. Su esposa y su bebé estaban aún en el hospital y a él no se le permitía visitarles allí. Le preocupaba que su esposa y su hijo fueran devueltos al centro de detención. También nos dijo que tenía miedo de que él y su familia muriesen allí“.

Estos extractos son parte de  la carta publicada por la adjunta del Jefe de una Misión de Médicos Sin Fronteras. Ionna Kotsioni formaba parte del equipo de MSF que volvió en agosto de este año al centro de detención de inmigrantes Pagani, en la isla Lesbos, después de que la organización decidiese abandonar esta misión en septiembre de 2008 porque las autoridades no les dejaban hablar ni antender a los presos que necesitaban ayuda legal o médica.

Gracias a la presión llevada a cabo en agosto por MSF, ACNUR y la plataforma Noborders Lesvos consiguieron que unas 300 personas, en su mayoría mujeres y menores no acompañados, fueran trasladadas a un lugar con mejores condiciones “donde los niños no estuviesen encerrados en celdas y donde pudieran esperar que sus padres fuesen puestos en libertad”, según cuenta MSF. Las autoridades locales ofrecieron el camping de Lesbos, pero sólo podrían quedarse cuatro días. Cuando partían para Atenas llevaban un pase en el que se les pedía que abandonasen Grecia por sus propios medios en los 30 días siguientes. “Entre ellos había dos familias palestinas con niños pequeños y sus madres embarazadas de 8 meses. También había una familia afgana con una niña recién nacida y dos niños pequeños más. La tía del bebé me dijo que decidieron llamar a la pequeña Daría, que significa “mar” y no dejaba de repetirme que era un bebé griego ahora, que había nacido en Grecia. Esta familia y algunas más, en total 40 personas, quedaron abandonadas a su suerte en el puerto sin ningún lugar a donde ir, totalmente abatidas. (…) En realidad, para todos estos migrantes indocumentados no se contempla proveerles con alimentos, refugio ni lo que es más importante, atención sanitaria. (…) A MSF le inquieta la suerte de todas estas personas que se enfrentan a un futuro de indigencia e incertidumbre“, explica la organización en la carta.

Mujeres liberadas del centro de detención de Pagani recién llegadas a Atenas ©MSF

Ayer, tras los incendios de las celdas, fueron puestas en libertad 300 personas, incluidos familias y hombres. Tuvieron que comprar los tickets para los barcos que les llevarían a Grecia por sus propios medios.  ”Cada día llegan unas cien personas al centro de Lesbos, y cientos siguen aún presas. Pagani no está vacío. Hay mucha policía dentro, los prisioneros sólo pueden salir al patio diez minutos a la semana y la próxima revuelta está a la vuelta de la esquina”. Así termina la última información publicada por la plataforma Noborders Lesvos.

Inmigrantes puestos en libertad ayer se dirigen al barco que les llevará a Atenas/ Noborders Lesbos

Por Carlos Sardiña para P+DH

Segunda y última parte de la entrevista que el periodista británico Andy Worthington ha concedido en exclusiva a P+DH [periodismo + derechos humanos]. Tras la primera parte, publicada el lunes, esta segunda entrega se centra en el futuro de los ex prisioneros de Guantánamo liberados, una cuestión que tiene una especial relevancia en España, que acogerá a algunos de ellos.

P: Algunas fuentes del Pentágono declararon este año que uno de cada siete prisioneros liberados de Guantánamo “regresa al terrorismo”. Algunos están utilizando esa supuesta reincidencia para justificar su oposición al cierre de la prisión y a la liberación de los prisioneros y todo ese asunto ha provocado una enorme controversia. ¿Qué piensas de ese supuesto nivel de reincidencia?

R: Como expliqué en un artículo poco después de que el New York Times publicara en primera plana la noticia que ofrecía aquella estadística, “en seguida surgieron voces críticas –básicamente quienes conocían el excelente trabajo que realizó la Facultad de Derecho de la Universidad de Seton Hall desmontando los informes del Pentágono sobre la ‘reincidencia’ (PDF)– que denunciaron aquella noticia”. También escribí: “El 28 de mayo, el Times brindó a Peter Bergen y Katherine Tiedemann, de la New America Foundation, la oportunidad de escribir una columna en respuesta al artículo de Bumiller, en el que concluían, a partir de un análisis del informe (PDF), que era más probable que la tasa de reincidencia se situara ‘en torno al 4 % de los 534 hombres puestos en libertad’ (basándose en el hecho de que ‘era posible confirmar de forma independiente la participación de doce ex prisioneros en atentados terroristas contra objetivos estadounidenses y había otros ocho sospechosos de tomar parte en esos actos’)“.

En cualquier caso, los informes de la Facultad de Derecho de Seton Hall son la mejor fuente disponible para desmontar los mitos del Pentágono. Recomiendo su último informe (PDF), que ofrece pruebas concluyentes de que los numerosos informes publicados por el Pentágono a lo largo de los años no son más que propaganda. Fue penoso que el New York Times se dejara engañar con tanta facilidad.

P: En España cobra una especial relevancia el tema de los presos inocentes de Guantánamo que van a ser liberados en terceros países. El caso de los uigures chinos es quizá el más famoso y el más representativo. Hace mucho tiempo que el ejército estadounidense declaró que no son “combatientes enemigos”, pero no pueden volver a China, donde se enfrentarían a torturas, o incluso a algo peor. Sin embargo, el gobierno estadounidense se niega a aceptar en su propio territorio a esos y otros prisioneros declarados inocentes incluso después de que un juez ordenara el año pasado que se permitiera entrar a 17 uigures en Estados Unidos y haya allí comunidades de compatriotas dispuestas a acogerlos. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos se niega con tanta terquedad a aceptar la entrada en su territorio de unos prisioneros cuya inocencia está más allá de toda duda razonable?

R: Los jueces que anularon el valiente y justo fallo del juez Ricardo Urbina que acabas de citar pertenecen al Tribunal de Apelaciones, cuyo carácter conservador es bien conocido, por lo que no es sorprendente que lo anularan. En cualquier caso, lo más preocupante de la postura de Obama es que pone de relieve, casi más que ninguna otra, que a veces le falta coraje cuando es más necesario.

En lugar de recusar al tribunal de apelaciones y/o ordenar la liberación de los uigures en Estados Unidos cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, vaciló y permitió que Dick Cheney y otros políticos en activo iniciaran una campaña para asustar y desinformar sobre los prisioneros de Guantánamo que no sólo hizo imposible trasladar a los uigures a Estados Unidos, y permitió a algunos políticos imponer sus condiciones a los planes de Obama para cerrar Guantánamo, sino que también hizo que Obama perdiera gran parte de la iniciativa necesaria no sólo para vender sus planes de desmantelamiento, sino para asegurarse de que el pueblo estadounidense conociera en toda su magnitud las políticas erróneas de la administración Bush, que supusieron el encarcelamiento ilegal de casi 800 hombres, la mayoría de los cuales no tenía ninguna relación con al-Qaeda o el terrorismo internacional.

P: ¿Podría el gobierno estadounidense enfrentarse a problemas legales si esos hombres entraran alguna vez en Estados Unidos y decidieran pedir que se hiciera justicia en el sistema judicial estadounidense?

R: No parece que eso vaya a suceder, pero me atrevería a decir que cualquier persona a la que se libere en cualquier parte del mundo debería poder pedir, en algún momento, una  compensación por lo que le ha ocurrido.

P: Se sabe que España aceptará a cuatro o cinco ex prisioneros de origen tunecino y argelino. Se ha dicho que los prisioneros liberados en España disfrutarán de libertad de movimientos dentro del país, aunque estarán vigilados, pero no podrán viajar al extranjero. ¿Cuál será la situación legal de los prisioneros liberados en terceros países? ¿Cuáles son las responsabilidades de los países de acogida, y especialmente de España, con respecto a ellos?

R: Yo creo que no cabe esperar que ningún país esté dispuesto a aceptar a prisioneros declarados inocentes a no ser que los gobiernos de esos países tengan la certeza de que no son peligrosos. Eso es parte del problema en este momento, ya que la administración Obama no está dispuesta a admitir, como debería, que no ha logrado demostrar que la mayoría de los hombres encarcelados en Guantánamo tenga alguna vinculación con el terrorismo, porque la mayoría de ellos fueron capturados por sus aliados afganos o pakistaníes en una época en la que estaban a la orden del día las recompensas, de 5.000 dólares de media por cabeza, a cambio de “sospechosos de al-Qaeda o talibán” y porque la mayor parte de las llamadas “pruebas” que el gobierno esgrime en su contra proceden de interrogatorios a otros prisioneros, a los cuales, como han mostrado las apelaciones de habeas corpus, a menudo se torturó, coaccionó o sobornó para que hicieran declaraciones intrínsecamente poco fiables. Es necesario que los potenciales países de acogida entiendan estos hechos para que puedan comprender realmente por qué los funcionarios de los servicios secretos han afirmado durante años que sólo dos o tres decenas de prisioneros han tenido alguna relación con el terrorismo y también es necesario que recuerden que muy pocos ex prisioneros han causado algún problema y que, por lo general, los países occidentales nunca se han implicado en el gasto inútil de mantener bajo vigilancia a presos liberados. Sin embargo, sigo creyendo que este proceso sería mucho más fácil si Estados Unidos asumiera la responsabilidad de algunos de sus errores.

P: ¿Van a recibir los países de acogida algo del gobierno estadounidense a cambio?

R: Creo que cabe esperar que se produzcan negociaciones entre bastidores…

P: En España, el principio de jurisdicción universal podría permitir a los ex prisioneros demandar al gobierno estadounidense pero, cediendo a la presión diplomática, las leyes que lo recogen van a ser seriamente recortadas, lo que va a hacer imposible emprender algunas acciones legales contra el gobierno de Estados Unidos. ¿Hay algún lugar en el que los prisioneros liberados tengan la posibilidad de emprender acciones legales contra sus captores? ¿Existe algún trato entre los países de acogida y Estados Unidos para evitar que pueda suceder algo así?

R: No soy un experto en la materia, pero tengo entendido que algunos países pueden emprender acciones legales contra funcionarios de alto rango. No obstante, lo que más me interesa es si el gobierno de Obama –o, más concretamente, el fiscal general Eric Holder, puesto que es su responsabilidad– va a designar a un fiscal independiente para que investigue los crímenes de la administración Bush, como se ha insinuado en los últimos días (véase mi artículo al respecto).

Sabemos que Obama es reacio a hacerlo pero, como ya he dicho, en última instancia no es cosa suya y la cruda realidad es que si Holder no investiga los delitos de la administración Bush (porque la tortura es un delito según la ley estadounidense), habrá demostrado que los funcionarios estadounidenses de más alto rango pueden quebrantar tantas leyes como se les antoje siempre y cuando acaben dejando su cargo al final del mismo, y eso, simplemente, no es aceptable.

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NOTA: Pocos días después de la realización de esta entrevista el periodista Sami Al Hajj (un cámara de Al Yazira al que las autoridades estadounidenses mantuvieron seis años encerrado en Guantánamo sin presentar nunca cargos en su contra y que fue liberado en mayo 2008) anunciaba su intención de presentar junto a otros antiguos prisioneros una demanda conjunta contra George Bush y otros altos cargos de su administración por la detención ilegal y las torturas que sufrieron durante su cautiverio en Guantánamo. Para ello, han creado una nueva organización llamada Guantánamo Justice Centre, con sede en Ginebra y dirigida por el ex-prisionero británico  Moazzam Begg, que se dedicará a reunir las pruebas necesarias y estudiará la mejor manera de demandar a la administración Bush, lo que probablemente harán en un tribunal europeo.

Entrevista a Andy Worthington, autor del libro The Guantánamo Files

Por Carlos Sardiña para P+DH

El periodista británico Andy Worthington es probablemente uno de los mayores especialistas del mundo en la prisión militar de Guantánamo, un tema sobre el que escribe regularmente en su blog y en publicaciones como The Guardian, Huffington Post o AlterNet. Desde 2006, no sólo ha investigado la vida de los 774 prisioneros retenidos en el limbo legal de la base estadounidense en Cuba, una exhaustiva investigación que recoge en su libro The Guantánamo Files, sino que también ha hecho un seguimiento casi diario de la “guerra contra el terrorismo” en sus vertientes legal y política, documentando rigurosamente las violaciones de los derechos humanos cometidas en su nombre.

En esta entrevista en exclusiva para P+DH [periodismo + derechos humanos], y que publicaremos en dos partes, nos habla de temas como el futuro de los prisioneros de Guantánamo, las similitudes y diferencias entre George Bush y Barack Obama en el trato de los prisioneros de la “guerra contra el terrorismo” o el marco legal en el que el gobierno de Estados Unidos sigue librando una guerra contra un enemigo desconocido y difuso en la que, a efectos prácticos, no existe la presunción de inocencia.

P. En su discurso de investidura, Obama dijo que consideraba “falsa la disyuntiva entre la seguridad y los ideales” de su nación, y una de sus promesas electorales más importantes fue comenzar una nueva época de respeto al Estado de derecho y los derechos humanos. Sin embargo, la propuesta de “detención preventiva”, expuesta por primera vez en un discurso pronunciado en mayo, y la noticia de que la Casa Blanca está redactando una orden ejecutiva que “reafirmaría la autoridad presidencial para encarcelar indefinidamente a sospechosos de terrorismo” sugieren que Obama está dando marcha atrás en algunas de sus propuestas. Con respecto al tratamiento de los prisioneros de la “guerra contra el terrorismo”, ¿cuáles son las principales diferencias entre la administración Bush y la de Obama?

R: Hay, por supuesto, numerosas diferencias entre la administración Bush y la de Obama. No me cabe la menor duda de que Obama está totalmente decidido a cerrar Guantánamo antes de enero de 2010 y a mantener la prohibición de la tortura que la administración Bush manipuló y dejó de lado de una manera tan indignante, y tengo bastante confianza en que la administración no va a tener muchas dificultades para decidir que debe repatriar a más de la mitad de los 229 prisioneros que quedan o encontrar nuevos países en los que puedan vivir.

Sin embargo lamento profundamente que la administración mantenga demasiadas opciones disponibles y se niegue a adoptar la única política aceptable: juzgar a los prisioneros en tribunales federales o ponerlos en libertad. Como he dicho, me horroriza el proyecto de aprobar una ley que justifique la “detención preventiva” (que es lo que, de hecho, ha estado ocurriendo en Guantánamo durante siete años y medio) y también lamento profundamente que el gobierno y el congreso parezcan estar decididos a reactivar las comisiones militares, como ya expliqué con detalle en un artículo.

A decir verdad, hay otras muchas decepciones, aunque creo que a menudo el gobierno se mueve en la dirección correcta, y no cabe duda de que Bush y Cheney le han dejado un descomunal quebradero de cabeza. Para no extenderme demasiado, me centraré especialmente en la negativa de la administración a aceptar el fallo de un juez que determinaba que el derecho de habeas corpus (el derecho a cuestionar ante un juez los motivos de una detención) es aplicable a los prisioneros extranjeros “entregados” desde otros países a la prisión estadounidense de la base aérea de Bagram, en Afganistán (sobre lo que he informado aquí y aquí), y la clara incapacidad del Departamento de Justicia para modificar sus postura sobre las peticiones de habeas corpus de los prisioneros (a raíz de un trascendental dictamen del Tribunal Supremo del pasado mes de junio) con respecto a la de la administración Bush. Como consecuencia de ello han llegado a los tribunales algunos casos evidentemente imposibles de ganar, como demostraron recientemente los casos de Alla Ali Bin Ali Ahmed, uno de los diecisiete prisioneros capturados en una residencia universitaria de Pakistán, y Abdul Rahim al-Ginco, un sirio al que torturó al-Qaeda acusándole de espionaje antes de que lo encarcelaran los talibán y al que el ejército estadounidense “liberó” y envió a Guantánamo. Leer más