Foto: COFADEH

A pesar de los esfuerzos de Micheletti por lavar su imagen, cien días después del derrocamiento de Manuel Zelaya del gobierno la indignación entre las organizaciones sociales hondureñas va en aumento a medida que toman conciencia de la dimensión real de las violaciones a los derechos humanos que están registrando. “Esto va a peor, las denuncias por amenzadas y torturas no paran de crecer y la libertad de expresión y de información siguen siendo violadas por mucho que intenten dar la imagen de que aquí ya no pasa nada” denuncia Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en referencia a la cancelación del decreto que restringía las libertades de expresión, circulación y reunión que provocó el cierre de las emisoras Radio Globo y Canal 36, contrarias al golpe.

Para Oliva, se trata de un paso más del presidente de facto Roberto Micheletti en su estrategia para ganarse el reconocimiento internacional de cara a las elecciones del 29 de noviembre. “Ellos sabían que, de seguir vigente, el decreto iría en contra de sus candidatos presidenciales porque no les permitiría hacer campaña política. Además, no les hace falta porque ya han conseguido difundir su mensaje, el pueblo sabe la represión con la que se va a encontrar si se rebela”.

El fin del decreto coincide con la llegada al país de una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que mediará en las negociaciones de los representantes del presidente derrocado Manuel Zelaya, que sigue refugiado en la embajada brasileña, y Micheletti. “Queremos que la situación se resuelva, pero hay que dejar claro que esto sólo es el comienzo. En Honduras no habrá paz ni democracia hasta que no haya marcha atrás en el golpe, se instale una Constituyente y haya juicio contra los golpistas y la dictadura militar”.

Foto: COFADEH

Según los datos de COFADEH, desde el 28 de junio, cuando se produjo el golpe de Estado, 16 personas han muerto “por disparos en las manifestaciones y en el ataque a comunidades, asesinatos cometidos por grupos paramilitares que apoyan el golpe”. Hay 91 acusados de sedición de los que 41 están presos y más de 1000 personas han sido agredidas, cifras que aportan las organizaciones sociales pero que son rechazadas por el gobierno de facto. “Las torturas y amenzadas han sido reiteradas y a los detenidos los acusan de atentar contra el Estado pero sus juicios son injustos y arbitrarios”. Otras organizaciones han presentado informes que denuncian más de 4.000 detenciones improcedentes, incluídas las de 156 niños. Además, desde COFADEH acusan al ejército y a la policía hondureña de haber entrado en varias comunidades de Tegucigalpa “disparando a `bala viva´(a quemarropa) y lanzando gases lacrimógenos “ para desmovilizar a la población. “Han acabado con nuestros derechos y libertades individuales y cuando la gente se ha escondido ellos van a dispararles a sus casas para desarticular el reclamo popular”.

El Comité de Familias de Detenidos Desaparecidos en Honduras trabaja en la denuncia y documentación de las violaciones de derechos humanos cometidas  por la dictadura militar . “Lo que vivimos ahora y lo de los 80 es similar, sólo que entonces era una persecución ideológica a los dirigentes, asesinándolos y desapareciéndolos y hoy han atacado a la masa y a los líderes sociales, creyendo que intimidando al pueblo les harían desistir y no ha sido así. Pero que nadie se engañe, los culpables son los mismos, muchos de los que han respaldado este golpe estaban donde están ahora en aquellos años y ahora tendrán que rendir cuentas”.

Al otro lado del teléfono suena la voz de Mercedes Arbesu, que habla como periodista, que lo es, y como monja, que también lo es. Después de 9 años en África, esta misionera española lleva dos en Honduras trabajando en un hospital rural que existe con la ayuda de la cooperación asturiana, y colaborando con Radio Progreso, la emisora que fue tomada y cerrada por el Ejército el pasado domingo a pesar de que un buen grupo de vecinos plantaron cara a los militares (ver imágenes del momento).

Radio Progreso decidió volver al aire el lunes sin esperar autorización y allí encontramos a Mercedes. “Podemos hablar ahora, si quieres, porque nos quedan 30 minutos para empezar el programa informativo”, hoy marcado por las manifestaciones a favor y en contra de Zelaya, a favor y en contra del autoproclamado presidente Micheletti y por la posibilidad de un adelanto de las elecciones.

[audio:http://blip.tv/file/get/Pmasdh-EntrevistaAMercedesArbesDesdeHonduras358.mp3]

Los trabajadores de Radio Progresa no dejan de recibir amenazas. “No son oficiales”, dice Mercedes, “pero sí son del entorno de Micheletti, que es además de esta ciudad”. En una de las manifestaciones de ayer, en San Pedro Sula, el ejército retuvo y registró a su compañero Romel Gómez. “Me pararon, me empujaron, me tomaron fotos para mandarlas a alguien que no nombraron”, contaba el reportero todavía con la algarabía de los manifestantes de fondo (mp3). “Esto hay que tomárselo como no solo como una agresión a mi persona sino también contra el derecho a la información. No argumentaron ninguna razón. Y me dijeron que si no colaborara, iba a ser peor. Pero nos mantendremos aquí, cumpliendo con nuestra función periodística”.

Vecinos de El Progreso se encaran con el Ejército para impedir el cierre de la radio

Ya está dando la vuelta al mundo la imagen en la que Darío López-Mills, fotoperiodista de Associated Press, es arrinconado por al menos 7 policías que alzan sus porras contra él, después de que López-Mills fotografiara la carga policial contra contra un manifestante de las concentraciones producidas el lunes en Tegucigalpa.

Y si las cosas se complican más aún para los periodistas, ¿qué? En Radio Progreso han recibido la llamada de varias organizaciones para ofrecer protección pública y jurídica, algunas desde Nueva York o Washington como la del Comite de Protección al Periodista. El acceso a la información (artículo 19) no es el único derecho humano que se tambalea estos días en Honduras, según denuncian varias organizaciones sociales, que señalan que se están produciendo agresiones y detenciones sin justificar por parte del Ejército. El asesor jurídico del Ejército hondureño, coronel Herberth Bayardo Inestroza, ha reconocido esta mañana que se cometió “un delito” al sacar al presidente Manuel Zelaya del país pero defiende que se hizo con el fin evitar un derramamiento de sangre.