Arriba las que luchan/ Flickr

Es la cuarta reforma que se aplica a la ley de extranjería desde que entró en vigor hace 9 años. Para el Gobierno se trata de un texto que consolida una inmigración legal, ordenada y adaptada a las necesidades del mercado laboral, mientras que las organizaciones sociales lo ven como un retroceso que convierte al inmigrante en una mera herramienta de trabajo.

El proceso, que comenzó en el mes de junio, cierra mañana una etapa con la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados en la que el Gobierno ya se ha asegurado el apoyo de Convergència i Unió (CIU) y Coalición Canaria (CC) gracias a la incorporación de 40 de las 60 enmiendas presentadas por CIU, la mayoría relacionadas con las competencias de las comunidades autónomas, y la suma de las propuestas de CC vinculadas al traspaso y tutela de los menores inmigrantes.

Más de 500 organizaciones sociales como Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Red Acoge o Cáritas han mostrado, sobre el papel a través de informes y en la calle con manifestaciones, su rechazo a un texto que, dicen, recorta derechos de los inmigrantes y cuyas principales críticas se resumen en estos puntos:

• Se han ampliado de 40 a 60 días los periodos de detención en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), donde son recluidos los días previos a su expulsión. Las organizaciones rechazan esa prolongación, piden que el internamiento sea el último recurso y que se incluyan medidas alternativas aplicando el principio de proporcionalidad ya que estar en situación irregular es una falta administrativa que, a su juicio, no debería privarles de libertad.
• En el ámbito de la educación, la reforma recoge el derecho de los menores inmigrantes indocumentados a acceder a la educación obligatoria, pero no el de los niños de educación infantil y el de los mayores de 18 años que aspiran estudios postobligatorios.
• La reagrupación se realizará si forman parte del núcleo familiar, hijos y cónyuges, incluyéndose las parejas de hecho y siempre en el caso de que los inmigrantes solicitantes lleven al menos 5 años de estancia legal en España. Otras generaciones ascendientes como los abuelos sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años o alegando razones humanitarias.
• Las mujeres inmigrantes en situación irregular que sufran violencia de género obtendrán un permiso temporal de residencia y de trabajo si denuncian a su agresor. Sin embargo, la denuncia como víctima les abre un procedimiento de expulsión, que aunque quedaría paralizado, podría ser un elemento de disuasión para estas mujeres que dificultara su salida de la espiral de violencia en la que se encuentran.
• La nueva ley contemplará multas de hasta 10.000 euros para quienes inviten y acojan a inmigrantes que decidan continuar en España una vez concluido su periodo de estancia legal.
• Se recogen avances en el apartado de los menores, como que éstos puedan nombrar a un defensor judicial en su proceso de repatriación, pero la reforma no incluye el principio de no devolución cuando no existan garantías de que el menor, si es deportado, tenga una vida digna. Tampoco se hace referencia a la obligación del Estado de informar y facilitar al menor su derecho a solicitar asilo.
• A las ayudas a la vivienda sólo podrán optar los inmigrantes que tengan como mínimo 5 años de estancia legal en España.
• La reforma garantiza la justicia gratuita, pero en el caso de los inmigrantes se ha incluído una nueva exigencia por la que se les obliga a solicitar una segunda vez la asistencia de un abogado cuando quieran recurrir una denegación de entrada, devolución o expulsión.
• El texto no contempla el derecho de los polizones a la designación de un abogado. Amnistía Internacional asegura que en muchas Delegaciones del Gobierno no se permiten que reciban asistencia letrada y un intérprete en la primera entrevista con la policía, por lo que solicitan que ésta garantía quede incluida en la reforma.
• Uno de los aspectos más positivos del texto es que por primera vez se reconocen los derechos de reunión y manifestación, asociación, sindicación y huelga de los inmigrantes, aplicando así la Sentencia del Tribunal Contitucional 236/2007 (PDF).

Las ongs, asociaciones de inmigrantes y el resto de organizaciones sociales aseguran que las modificaciones que ha sufrido hasta ahora el texto no son suficientes, aunque confían en que se sigan produciendo cambios hasta su aprobación definitiva que será, si se cumplen las previsiones, antes de que finalice el año.

42 millones de personas huyen en el mundo abandonado sus casas por conflictos y persecuciones raciales, religiosas o ideológicas. El año pasado España registró tan sólo 4500 solicitudes de asilo, un 40% menos que el año anterior y la cifra más baja desde 1989. No piden asilo porque no pueden llegar. El control externalizado de las fronteras que realizan países como Marruecos, Mauritania o Senegal, gracias a los acuerdos alcanzados con la Unión Europea, está provocando que “muchas personas que intentan viajar a España huyendo de violaciones de derechos humanos no hayan podido llegar y pedir asilo o no hayan sido identificadas como personas necesitadas de protección internacional“, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Amnistía Internacional, quienes denuncian que se está produciendo un endurecimiento de las políticas de inmigración. El último de estos casos fue el de cuatro polizones congoleños que el pasado fin de semana llegaron a Valencia y que partieron el lunes hacia Génova sin haber sido asesorados por CEAR.

Inmigrantes recién llegados a Fuerteventura son detenidos por la Guardia Civil. Fotografía de Javier Bauluz / Piravan

El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la ley de asilo. El texto que armoniza la legislación española con las directivas europeas cuenta con el consenso político de los grupos parlamentarios, salvo Izquierda Unida, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, pero no con el de las organizaciones sociales para quienes la nueva normativa es un “retroceso”. CEAR que participó activamente en la elaboración de la actual ley de asilo en 1984 no ha sido convocada en la redacción de la reforma. Ésta y el resto de organizaciones sólo tuvieron acceso al borrador cuando ya había sido publicado en la web del Congreso. Desde entonces han realizado una campaña en defensa del derecho al asilo y mantenido reuniones con los grupos parlamentarios quienes han incorporado algunas de sus reivindicaciones al proyecto de ley. Aún así, se quejan de no haber recibido hasta última hora el documento que ha llegado al Congreso. “Se ha hecho sin contar con las organizaciones más acreditadas, sin haberse reflexionado de forma serena y debatido en profundidad por lo que la urgencia de esta modificación no está justificada.”

Uno de los puntos más controvertidos de la nueva normativa es que no se podrá solicitar el asilo desde las Embajadas o Consulados españolas. Ante la polémica desatada, hace unos días la Comisión encargada de la ley en el Congreso volvió a incluir este punto en el borrador pero sin las mismas garantías que en la normativa vigente. En la ley vigente hasta ahora, si un colombiano quiere pedir el asilo en España tiene que salir de Colombia y solicitarlo desde la embajada española de otro país. Si el gobierno español da el visto bueno, el colombiano viene a España a comenzar los trámites. Con la reforma de la normativa, este mismo ciudadano deberá solicitar directamente el asilo en España, para lo que necesitaría un pasaporte (a veces nada fácil de conseguir para persona que huye de su país) y un visado, quedando así en manos de la embajada española la decisión de que ese persona pueda venir o no España a solicitarlo personalmente. “A veces recibimos llamadas muy angustiosas de personas que están siendo perseguidas y cuya vida corre peligro, este cambio supone dejarlos a su suerte, no es más que un obstáculo añadido a la tarea titánica de llegar a España”.

Los ciudadanos de la UE no podrán solicitar asilo en España, otro “paso atrás” que incumple según las organizaciones la Convención de Ginebra de 1951 cuyo 3º artículo prohibe la discriminación “por motivos de raza, religión o país de origen” y el derecho reconocido en la propia Constitución Española en su artículo 13 “los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.” Para CEAR se trata de “un pensamiento de ingenuidad y soberbia en el que se impone la idea de que Europa es segura. Reconocer que en ella se pueda pedir asilo es reconocer que aquí también se comenten atentados contra los derechos humanos”.

La reforma contempla, además, la elaboración de un listado de “países seguros” en los que no estaría justificada la petición de asilo. En estos países a partir de ahora “se rechazarán las solicitudes sin tener que estudiarlas de forma individual”. CEAR recuerda que existe una sentencia del 2008 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que no acepta la creación de estas listas.

CEAR y Amnistía Internacional critican también la ampliación que contempla el proyecto de ley de los plazos de detención en la frontera, el establecimiento de formas diferentes de solicitar el asilo dependiendo del lugar donde se haga la tramitación, el aumento de las causas que deniegan el asilo, y que se reduce de 3 meses a uno el plazo para solicitarlo desde que se pisa territorio español. Hay muchas personas que llegan huyendo a España sin saber qué es ser un refugiado y que este derecho existe. “En un mes no tenemos tiempo de organizar su atención y recabar la documentación necesaria”.

A pesar de las críticas, la reforma recoge grandes avances como que a partir de ahora España participará en los programas de reasentamiento de refugiados de ACNUR con un cupo anual. A los conceptos de raza, religión y nacionalidad como motivos de persecución a valorar para la concesión del derecho de asilo se suman cuestiones de género, identidad sexual y orientación sexual. Además, el proyecto de la nueva normativa dedica un apartado específico a los menores, recogiendo los casos de niños soldado, los matrimonios forzosos, la mutilación genital, el tráfico de menores, la pornografía o el abuso infantil.