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La revista colombiana que desveló, gracias a un curtido equipo de periodistas de investigación, la parapolítica colombiana, es decir, el vínculo entre muchos políticos y miembros del Gobierno de Uribe con el paramilitarismo; los falsos positivos, es decir, los asesinatos de civiles por parte del Ejército que luego son presentados como miembros de la guerrilla para conseguir ascensos y parabienes, así como para demostrar a la ciudadanía el éxito de la lucha contra las guerrillas; la concesión de subsidios agrarios a jefes del paramilitarismo, entre otros, ha sido cerrada por sus dueños, la Casa Editorial El Tiempo del grupo español Planeta.

La revista Cambio nació en los noventa como una filial del periódico español Cambio 16, pero poco más tarde fue adquirida por una editorial en la que participaba García Márquez, quien la dirigió durante algunos años y donde escribió algunos de sus mejores trabajos periodísticos. El 3 de febrero, su propietaria la Casa Editorial Tiempo anunció que esta revista semanal pasaría a publicarse mensualmente y que dejaría de ser un medio de análisis político para dedicarse al entretenimiento. Argumentaban problemas económicos aunque según su editora Jefa, María Elvira Samper, “fuimos víctimas de ejecuciones extrajudiciales y presentados como muertos en el combate de las cifras. Pero hay mucho más que eso”.  Numerosos organismos nacionales e internacionales apuntan a que  la decisión se ha adoptado por tratarse de un medio crítico con el gobierno de Uribe y porque estamos en vísperas de las elecciones, a las que pretende volver a presentarse modificando la Constitución, y de una adjudicación de un canal televisivo mediante un concurso en el que el Grupo Planeta es candidato. El grupo español Prisa también compite por este canal.

El periodista Hollman Morris, que denunció la semana pasada la persecución y amenazas por parte de una agencia estatal de las que ha sido víctima, ha entrevistado a la editora jefa de la revista Cambio.

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Una de las pruebas encontradas por la Fiscalía que vinculan al DAS con la campaña de terror y desprestigio llevada a cabo contra Hollman Morris

Una de las pruebas encontradas por la Fiscalía en las dependencias del DAS.

El presidente Álvaro Uribe Vélez es el máximo y directo responsable de los actos criminales ejecutados por el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 en contra del periodismo y la libre expresión en el país, y debe pedir perdón públicamente por los ataques que durante su gobierno y desde el DAS se han cometido contra periodistas en Colombia”.

Así se han expresado hoy, día del Periodista en Colombia, dos de los reporteros más reconocidos en este país, Hollman MorrisClaudia Duque, durante la rueda de prensa que han dado en la Universidad Javeriana de Bogotá para denunciar la persecución policial secreta a la que llevan sometidos desde hace años. Las pruebas y los testimonios judiciales que han presentado y que se encuentran en poder de la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia “son contundentes en señalar la responsabilidad del jefe del Estado, por acción y omisión, en la persecución contra más de 300 personas entre miembros de ONGs, periodistas, magistrados y líderes de la oposición” según han explicado.

Entrevista de Hollman Morris en Radio W momentos antes de la rueda de prensa:

[audio:http://blip.tv/file/get/Pmasdh-EntrevistaAHollmanMorrisEnWRadio942.mp3]

Hollman Morris, premiado como defensor del año 2007 por Human Right Watch, entre otros, ha trabajado para los medios de comunicación más importantes de Colombia, es corresponsal de Radio Francia Internacional y desde 2003 es el director del programa Contravía, reconocido internacionalmente por sus reportajes sobre las distintas facetas y actores del conflicto colombiano. En 2003, Hollman Morris y Claudia Duque, de cuya situación en peligro ya informamos en P+DH, elaboraron un documental en el que se demostraba la existencia de un montaje puesto en marcha por el Departamento Administrativo de Seguridad Colombiano (DAS) para desviar la investigación sobre el asesinato del periodista y humorista más conocido en aquel momento en Colombia, Jaime Garzón.

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Desde entonces, la persecución contra ambos reporteros y sus familias se incrementó. En el caso de Hollman Morris, según las pruebas referenciadas por los periodistas, el DAS diseñó una campaña de desprestigio nacional e internacional que incluía la elaboración de un video que lo señalaba como miembro de la guerrilla. “Según las pruebas en poder de la Fiscalía, al parecer serían ejecutadas en coordinación con el Ejército nacional y las AUC (los paramilitares). El DAS tenía planeado“bloquear” la financiación internacional del programa Contravía y la obtención de visas para otros países (…)”.

En el caso de Claudia Duque, después de años de amenazas que la llevaron al exilio, la Fiscalía encontró pruebas que demostraban que el DAS había desarrollado un protocolo de actuación para infundirle terror y en el que se especificaba cómo realizar las llamadas telefónicas o las cosas que debían decirle, como que iban a violar y a quemar viva a su hija de diez años.

Los dos periodistas han acusado directamente a Álvaro Uribe de su situación, puesto que “la Constitución de Colombia define que el DAS actuará bajo la dirección del Presidente de la República, responsable del nombramiento del director”. Cuatro de los cinco responsables del DAS en el gobierno de Uribe han salido del organismo por graves escándalos de paramilitarismo, persecución política y espionaje ilegal. El exdirector del DAS, Jorge Noguera, a quien vemos en el documental sobre el asesinato de Jaime Garzón, y que en la actualidad está siendo juzgado por paramilitarismo y homicidio, confesó la semana pasada haber recibido órdenes de Uribe para el nombramiento de José Miguel Narváez como subdirector del DAS, responsable en la práctica del ente  y vinculado en la investigación por el asesinato del periodista Jaime Garzón y del senador Manuel Cepeda Vargas.

El presidente Uribe ha admitido haber ordenado al DAS “hacerle inteligencia al terrorismo”. Sin embargo, como llevan años denunciando grupos de defensores de los Derechos Humanos y de periodistas, el problema es qué considera Uribe terrorismo. Según el infome de Human Rights Watch de 2009, “un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno, [quienes los acusan de] ‘terroristas’ o ‘guerrilleros’”. De hecho tras un discurso presidencial en septiembre de 2003 contra los defensores de derechos humanos, un documento interno del DAS calificó a Claudia Duque como “traficante de derechos humanos”. Los ataques públicos contra Hollman Morris por parte del presidente Uribe son conocidos popularmente en Colombia. Le ha acusado de “hacer alianzas con el terrorismo para grabar atentados”, pidió que se le investigara penalmente por “entrevistar bajo presión”policías y soldados recién liberados por las FARC, acusó a la OEA y a la ONU de no ser imparciales con la valoración que hicieron del proceder del periodista, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que retirase las medidas de protección cautelares que le han otorgado al reportero, y le acusó de evadir la protección del Estado para viajar a encuentros con la guerrilla. El ex Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo de él que era “afín a las FARC”. Inmediatamente recibió 50 e-mails amenazándole. Meses después, la Fiscalía archivó la investigación contra Hollman Morris, admitiendo que había obrado conforme a la ética periodística.

Día del periodista en Colombia: “En Colombia son empresarios quienes destruyen sus propios medios para congraciarse con el gobierno”

“Contrario a la campaña internacional que realiza el gobierno nacional sobre el “existoso” modelo colombiano para la protección de periodistas, las cifras demuestran un preocupante aumento de los ataques contra los informadores: mientras en el año 2007 la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) y el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, registró 97 agresiones contra el ejercicio periodístico y durante el 2008 110, el año pasado los ataques denunciados por periodistas ascendieron a 167″.

Con esta frase comienza el informe que FECOLPER ha publicado con motivo del día del Periodista en Colombia. Y siguen sumando. Sobre el cierre de la famosa revista Cambio apuntan “un secreto a voces que se trata de una determinación política para castigar la independencia del medio frente al gobierno nacional. Resulta paradójico que mientras en otros países los gobiernos ejecutan la censura con el cierre de medios, en Colombia son empresarios quienes destruyen sus propios medios para congraciarse con el gobierno”. Tanto la revista como el diario Hoy, que también ha cerrado, son propiedad del grupo español Planeta que compite con el también grupo español PRISA por la concesión de un canal de televisión por parte del gobierno.

Más. Los procesos judiciales que sufrieron 9 reconocidos periodistas en 2009, 5 de ellos con la demanda del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Alfredo Escobar Araújo “quien a pesar de su reconocida amistad con un extraditado miembro de la mafia italiana -de quien recibió regalos según consta en grabaciones- consideró mancillado su buen nombre, cuando los columnistas hicieron mención al tema”, apunta FECOLPER.

Y como fin de fiesta de la celebración del día del periodista, el fallo que se comunicará mañana de la demanda en contra del periodista, escritor y sociólogo Alfredo Molano por delito de injuria y calumnia, hecha por miembros de una reconocida familia de políticos, dos de cuyos miembros tuvieron orden de captura en su contra y uno se encuentra tras las rejas. “Pasamos del crimen, del asesinato, a la limitación y la autocensura, y luego a llevar a los periodistas a los tribunales; me parece que ahí hay una concatenación interna, sólida y peligrosa”, advierte Molano en una entrevista realizada por Radio Nederland.


La periodista Claudia Duque

La periodista Claudia Duque

  • La Federación Internacional de Periodistas denuncia las amenazas sufridas por la periodista Claudia Duque, quien fue espiada durante años por una agencia del gobierno colombiano siguiendo un protocolo establecido para este fin.
  • Los guardaespaldas que el Estado le asignó para protegerla eran los propios encargados de elaborar los infomes que serían utilizados para intimidarla.
  • La Federación Internacional de Periodistas ha denunciado las amenazas sufridas por la periodista colombiana Claudia Duque, quien no sólo habría sido espiada por el Departamento Administrativo de Seguridad colombiano (DAS), sino que esos intentos de intimidación habrían seguido un protocolo establecido por los agentes del DAS.

    El DAS, dependiente de la Presidencia de la República, ha sido un organismo de inteligencia que -durante varios años- se ha visto implicado en casos de escuchas ilegales, de operaciones turbias y de corrupción. El presidente Uribe anunció su reforma hace pocos meses, pero el caso de la periodista Claudia Julieta Duque pone de manifiesto que los mismos agentes que se encargaban de la protección de periodistas amenazados, podrían estar implicados en el esquema que intentaba infundirles miedo e inseguridad.

    En octubre de 2008, la periodista logró una sentencia de la Corte Constitucional que exigía al DAS que le entregase toda la información recabada de manera ilegal sobre su persona, desde el 2001. No lo ha hecho, pero sí han continuado las amenazas y la intimidación.

    Los documentos incriminatorios para el DAS han aparecido entre la documentación descubierta en diversos allanamientos ordenados por la Fiscalía General de la Nación. Ahí se incluían todos los datos personales, teléfonos, correos electrónicos de Claudia Duque, así como los pasos para actuar sin ser detectado, y cómo tener cuidado para evitar señalarse ante la Policía Nacional de Colombia. Éstas son algunas de las directrices encontradas:

    • Hacer la llamada en cercanía a las instalaciones de Inteligencia de la Policía.
    • No tartamudear, ni durar en la llamada más de 49 segundos.
    • Llamar preferiblemente desde un teléfono de la empresa ETB.
    • Constatar que en el perímetro no haya cámaras de seguridad. Así sean de tránsito.
    • Quien realice la llamada la debe hacer sólo y desplazarse en bus hasta el sitio.
    • Extremar las medidas preventivas dado que Claudia Julieta avisará inmediatamente de la llamada al coronel Novoa de la Policía Nacional (el mismo que en otras oportunidades nos ha afectado institucionalmente).
    • claudiaduque

      Michel Cambon, Asociación Mundial de Periódicos

    También se decía cómo amenazar a la periodista, diciéndole que su hija –que en aquel momento tenía 10 años- podía ser violada y quemada viva. “Su hija va a sufrir, la vamos a quemar viva, le vamos a esparcir los dedos por la casa”, le dijeron una vez. La periodista y su hija abandonaron el país por un tiempo.

    Según le explicó a la Federación Colombiana de Periodistas la propia afectada, fue ella quien descubrió el siniestro manual de instrucciones al revisar la documentación que la Fiscalía manejaba tras haberla confiscado en la sede del DAS. La periodista ha sufrido amenazas en distintos períodos, después de que empezara a investigar el caso del periodista y humorista, Jaime Garzón, asesinado en 1999 por los paramilitares de extrema derecha y cuyo entierro provocó una gran manifestación de duelo popular. La periodista ahora amenazada encontró indicios de la tergiversación y desviación de pruebas por parte del DAS en el caso Garzón.

    En una entrevista de la Asociación Mundial de Periódicos, Duque explicaba así las consecuencias de su investigación periodística en este caso: “Tres exilios, múltiples amenazas de muerte contra mi persona y la de mi hija, aislamiento, silencio y sufrimiento. También pesa sobre mí una demanda legal, hecha por el ex director adjunto del DAS. A través de los años, he aprendido que no existe en Colombia ni perdón ni olvido para quienes combaten la impunidad en casos flagrantes de violaciones de los derechos humanos. Hubo épocas en las que no podía salir a disfrutar del sol ni ir a un parque a jugar con mi hija pequeña, quien ha tenido que aprender a no responder al teléfono, a no dar detalles de índole personal y a no confiar en nadie”.

    Con respecto a la situación de los periodistas en Colombia, Duque explicaba que “la única manera de garantizar algún día la instauración de algo que pueda llamarse una auténtica libertad de expresión es acabar con la impunidad en los casos de asesinatos, torturas, intimidaciones y amenazas contra los periodistas, una situación que no he experimentado ni remotamente. La consolidación de programas alternativos de protección a los periodistas debería acompañarse de una política auténtica en favor de las libertades civiles en Colombia. Mientras el propio Presidente, junto con sus amigos cercanos y otros altos mandatarios estatales, sigan amenazando y poniendo en tela de juicio el derecho a la libertad de expresión y estigmatizando a los periodistas y disidentes, no será posible crear un marco seguro para que se desarrolle el periodismo en este país”.

    “Lo que es de manual, pero del manual más sombrío, es el esquema puesto en marcha para lanzar las amenazas”, ha dicho Paco Audije, de la Federación Internacional de Periodistas.“En toda sociedad sana y democrática, esas amenazas deben ser rechazadas, investigadas y castigadas, sean quienes sean sus autores. Especialmente si son funcionarios del Estado. Estamos en contacto con nuestros colegas de FECOLPER y de nuestro Centro de Solidaridad en Bogotá, para apoyar en todo lo posible a Claudia Duque. En Colombia, quizá son las propias instituciones las que tienen que revisar profundamente sus propias cloacas y debilidades internas”, ha añadido Audije, antes de concluir “Por el contrario, el caso Duque, como otros en aquel país, nos muestra -una vez más- el servicio que los periodistas colombianos prestan a sus ciudadanos y al ejercicio de las libertades democráticas”.


    Siete parlamentarios laboristas de Gran Bretaña y 10 líderes sindicales de ese país, estadounidenses y canadienses se declararon en “estado de shock” tras su visita a Colombia, según informó Constanza Vieira (IPS). Entre los parlamentarios  se destaca el ex ministro de Defensa y ex portavoz del gabinete británico Peter Kilfoyle, quien renunció en 2000 por considerar que el entonces primer ministro Tony Blair no estaba cumpliendo el mandato del Partido Laborista. 

    En un fuerte comunicado  leído en plena sede del parlamento colombiano, la misión parlamentaria y sindical acusó al gobierno del derechista Álvaro Uribe de ser presunto “cómplice en delitos de lesa humanidad”. “No tenemos dudas, dadas las evidencias recibidas, de que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe y la fuerza pública son cómplices de abusos de derechos humanos”, dice el comunicado leído por la parlamentaria Sandra Osborne, del gobernante Partido Laborista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña.  “Además, estamos convencidos de que las actividades asesinas de los paramilitares son aprobadas y activamente apoyadas por el gobierno y el ejército“, leyó Osborne en referencia a las milicias de ultraderecha.

    Foto Javier Bauluz/ Piraván

    Foto Javier Bauluz/ Piraván

    Según un informe de octubre de 2008 de Amnistía Internacional, en 2007 fueron asesinados fuera de combate 1.400 civiles. En 2006 los asesinados fueron 1.300. En el primer semestre de 2008, cerca de 270.000 personas huyeron de sus hogares, lo que constituyó un aumento del desplazamiento forzado de 41 por ciento respecto de 2007.  Además, desde mediados de 2002 han sido asesinados al menos 1.200 civiles indefensos para ser presentados como bajas de la guerra contrainsurgente, es decir éxitos militares. Y adema Amnistía Internacional dice que el Presidente Álvaro Uribe, debe cesar sus acusaciones falsas y peligrosas contra grupos de derechos humanos que critican a su gobierno

    Por otra parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aseguró que en 2008 se registraron al menos 1.610 violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Colombia, perpetradas por “todas las partes” en el marco del conflicto interno de este país. Entre estas violaciones se produjeron al menos 300 casos de ejecuciones sumarias, 289 desapariciones …“.

    Yves Heller dedicó un capítulo especial a la situación de los desplazados entre los 2,5 y los cuatro millones, más de la mitad son menores de 18 años. “Son niños, con las consecuencias que se pueden esperar para el desarrollo económico y social del país”, afirmó Heller. Aparte, advirtió, “más del 70 por ciento de los desplazados no pueden volver nunca a sus casas”, con lo que pasan de ser campesinos con tierras propias para ganarse la vida por sí mismos a pobres necesitados de la ayuda humanitaria en las ciudades, advirtió. “Los desplazados son el grupo de población más pobre de Colombia”, explicó.

    Por otra parte Human Rights Watch y otras siete organizaciones pidieron al gobierno colombiano respetar y retractarse de declaraciones gubernamentales que ponen en riesgo a defensores de los derechos humanos.